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  • Modelo 720: declaración de bienes en el extranjero, obligados y sanciones

    Respuesta rápida: El Modelo 720 es la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero que presentan los residentes fiscales en España cuando el valor de cada bloque (cuentas, valores o inmuebles) supera los 50.000 euros a 31 de diciembre. Se presenta entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente.

    ¿Qué es el Modelo 720?

    El Modelo 720 es la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero que deben presentar ante la Agencia Tributaria (AEAT) las personas físicas y jurídicas residentes fiscales en España que posean activos en el exterior por encima de determinados umbrales.

    Introducido en 2012 como parte de las medidas de lucha contra el fraude fiscal internacional, el Modelo 720 generó desde su nacimiento una enorme controversia por el régimen sancionador desproporcionado que establecía. En febrero de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que ese régimen era contrario al Derecho de la UE, lo que llevó a una profunda reforma operada por la Ley 5/2022. A pesar de esta reforma, la obligación de declarar sigue plenamente vigente.

    ¿Quiénes están obligados a presentar el Modelo 720?

    Están obligados a presentar el Modelo 720 las personas físicas y jurídicas residentes en España, así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes, que sean titulares, beneficiarios, autorizados o tengan poder de disposición sobre bienes y derechos en el extranjero que superen los 50.000 euros por cada uno de los tres bloques de bienes.

    La obligación se estructura en tres bloques independientes:

    • Bloque 1 — Cuentas en entidades financieras extranjeras: cuentas corrientes, de ahorro, de crédito, valores u otras en bancos o entidades financieras situadas en el extranjero.
    • Bloque 2 — Valores, derechos, seguros y rentas depositados en el extranjero: acciones, participaciones en fondos de inversión, seguros de vida o invalidez contratados con aseguradoras extranjeras, y rentas temporales o vitalicias generadas en el exterior.
    • Bloque 3 — Bienes inmuebles situados en el extranjero: inmuebles y derechos reales sobre inmuebles ubicados fuera de España.

    La obligación de declarar surge cuando el valor conjunto de todos los bienes de cada bloque supera los 50.000 euros a 31 de diciembre del ejercicio. Si en ejercicios posteriores ese valor no experimenta un incremento superior a 20.000 euros respecto al último declarado, no es obligatorio volver a presentar la declaración.

    Plazo de presentación

    El Modelo 720 debe presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al que se refiere la declaración. Es una declaración anual informativa, sin ingreso tributario asociado directamente, aunque su incumplimiento sí tiene consecuencias sancionadoras y puede motivar inspecciones sobre el IRPF o el IP del contribuyente.

    La reforma de 2022: fin del régimen sancionador desproporcionado

    El régimen sancionador original del Modelo 720 era uno de los más severos de toda la legislación tributaria española: multas fijas de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, con un mínimo de 10.000 euros; imputación como ganancia patrimonial no justificada del valor de los bienes no declarados sin prescripción; y reducción de las bases negativas.

    La sentencia del TJUE de 27 de enero de 2022 (Asunto C-788/19) declaró este régimen incompatible con el Derecho de la UE por vulnerar las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Ley 5/2022 eliminó las consecuencias más desproporcionadas: desapareció la imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas y se moderaron las sanciones.

    Hoy en día, el incumplimiento del Modelo 720 se sanciona conforme al régimen general de infracciones tributarias, que sigue siendo relevante pero mucho más proporcionado que el anterior.

    ¿Qué información hay que declarar?

    Para cada bien o derecho incluido en la declaración, hay que informar de:

    • Identificación de la entidad financiera, emisor o inmueble
    • País donde se encuentra el bien
    • Fecha de incorporación al patrimonio
    • Valor del bien a 31 de diciembre (y, en el caso de cuentas, saldo medio del último trimestre)
    • Condición del declarante: titular, representante, autorizado, beneficiario o con poder de disposición

    Consecuencias de no presentar el Modelo 720

    Aunque la reforma de 2022 moderó el régimen sancionador, las consecuencias de no presentar o presentar incorrectamente el Modelo 720 siguen siendo significativas:

    • Sanciones formales por incumplir la obligación informativa
    • Inspección de IRPF o Impuesto sobre el Patrimonio derivada de la detección de bienes no declarados mediante cruces de información internacional (CRS, FATCA, DAC)
    • Imputación como ganancia patrimonial no justificada de los bienes no declarados, cuando no pueda acreditarse que corresponden a rentas declaradas

    España participa activamente en los sistemas de intercambio automático de información fiscal entre países (CRS de la OCDE y FATCA con Estados Unidos), lo que significa que la AEAT recibe información de entidades financieras extranjeras sobre los saldos de residentes españoles. La probabilidad de detección de bienes no declarados es actualmente muy alta.

    Modelo 720 y regularización voluntaria

    Los contribuyentes que no hayan presentado el Modelo 720 cuando debían, o que lo hayan presentado incorrectamente, pueden acogerse a la regularización voluntaria antes de ser requeridos por la AEAT. Esta vía permite reducir significativamente las sanciones aplicables y evitar la calificación como infracción grave.

    La regularización debe ir acompañada, en su caso, de la correspondiente declaración complementaria de IRPF o del Impuesto sobre el Patrimonio si los bienes en el exterior generaron rentas o incrementaron el patrimonio computable no declarado.

    Documentación necesaria para presentar o regularizar el Modelo 720

    Antes de presentar o regularizar el Modelo 720 conviene reunir los extractos a 31 de diciembre, el saldo medio del último trimestre en el caso de las cuentas, los títulos de adquisición de inmuebles y valores, y el detalle de la condición del declarante (titular, autorizado, beneficiario o con poder de disposición). Con esta información puede determinarse si cada bloque supera el umbral y si existen rentas o patrimonio sin declarar en el IRPF o en el Impuesto sobre el Patrimonio.

    Un error frecuente es declarar un valor distinto del que consta en la fuente de información que recibe la AEAT por intercambio automático. Las discrepancias entre el Modelo 720 y los datos remitidos por las entidades extranjeras son un criterio de selección habitual para solicitar aclaraciones.

    Para ampliar información, pueden consultarse los artículos sobre el régimen sancionador del Modelo 720, las preguntas frecuentes sobre el Modelo 720 y la fiscalidad de las criptomonedas y el Modelo 721. El marco general de los procedimientos y sanciones está en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

    Si no tienes claro si estás obligado o necesitas regularizar ejercicios anteriores, LRB Tax & Legal ofrece asesoramiento sobre el Modelo 720 y 721 de bienes en el extranjero. Contacto: Contacto@LRB.es o +34 684 234 831.

    Preguntas frecuentes sobre el Modelo 720

    ¿Quién está obligado a presentar el Modelo 720?

    Están obligados los residentes fiscales en España, personas físicas o jurídicas, y los establecimientos permanentes de no residentes que sean titulares, beneficiarios, autorizados o con poder de disposición sobre bienes y derechos en el extranjero, cuando el valor de alguno de los tres bloques supere los 50.000 euros a 31 de diciembre.

    ¿Cuándo hay que presentar el Modelo 720?

    Se presenta cada año entre el 1 de enero y el 31 de marzo y refleja la situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior. Una vez presentado, solo hay que volver a declarar un bloque si su valor aumenta en más de 20.000 euros respecto al declarado, o si se extingue la titularidad de alguno de los bienes.

    ¿Qué ocurre si no presento el Modelo 720?

    La omisión o la presentación incorrecta se sanciona conforme a la Ley General Tributaria, con multas por dato omitido, y puede motivar una inspección de IRPF o Patrimonio. Tras la Ley 5/2022 ya no se aplica la multa proporcional del 150 % ni la imprescriptibilidad automática de las ganancias patrimoniales no justificadas.

    ¿Las criptomonedas se declaran en el Modelo 720?

    No. Las criptomonedas custodiadas por plataformas o custodios situados en el extranjero se declaran en el Modelo 721, que tiene su propio umbral y plazo de presentación. Quien tiene activos digitales y bienes tradicionales en el exterior debe analizar ambos modelos para saber qué obligaciones informativas le corresponden.

    ¿Se puede regularizar un Modelo 720 no presentado?

    Sí. Presentarlo de forma voluntaria antes de recibir un requerimiento reduce las sanciones y evita la calificación más grave. Si los bienes generaron rentas no declaradas, debe acompañarse de las declaraciones complementarias de IRPF o Patrimonio, con recargos e intereses que dependen del tiempo transcurrido.

  • Perito judicial tributario: funciones y cuándo contratarlo

    Respuesta rápida: Un perito judicial tributario es un experto en Derecho Tributario que emite un informe pericial ante los tribunales para aclarar al juez cuestiones técnicas de naturaleza fiscal. Puede ser designado por el juzgado o aportado por una de las partes, interviene en procesos penales, civiles y contencioso-administrativos, y su prueba se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

    ¿Qué es un perito judicial tributario?

    Un perito judicial tributario es un experto en Derecho Tributario y fiscalidad que, designado judicialmente o aportado por una de las partes, emite un informe pericial ante los tribunales para ilustrar al juez sobre cuestiones técnicas de naturaleza fiscal que exceden el conocimiento jurídico general.

    Su figura está regulada en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) y resulta esencial en procesos judiciales donde la resolución del litigio depende de la correcta interpretación de normas tributarias, la valoración de activos con implicaciones fiscales, o la determinación de la cuota defraudada en procedimientos penales por delito contra la Hacienda Pública.

    A diferencia del asesor fiscal, cuya función es asesorar y representar al cliente, el perito judicial tributario actúa como auxiliar del juez: su objetivo es aportar conocimiento técnico imparcial (si es designado judicialmente) o defender una posición técnica fundada (si es aportado como perito de parte). En ambos casos, su informe tiene un peso probatorio determinante en el proceso.

    ¿En qué procesos interviene el perito judicial tributario?

    La intervención de un perito judicial tributario es necesaria o muy recomendable en los siguientes tipos de procesos:

    Procedimientos penales por delito fiscal

    El artículo 305 del Código Penal tipifica el delito contra la Hacienda Pública cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros. En estos procesos, la determinación de la cuota defraudada es una cuestión eminentemente técnica. El perito judicial tributario analiza la contabilidad, las declaraciones presentadas, los criterios de imputación aplicados y calcula la cuota real, pudiendo cuestionar los cálculos realizados por los peritos de la AEAT o del Ministerio Fiscal.

    Litigios sobre valoración de empresas y participaciones

    En procesos de separación de socios, compraventa de empresas impugnadas o liquidación de sociedades, la valoración de participaciones sociales tiene implicaciones fiscales directas (IRPF, ISD, ITP). El perito tributario aporta el criterio técnico sobre cómo valorar correctamente esas participaciones a efectos fiscales, diferenciando entre el valor de mercado, el valor teórico contable y los valores fiscales de referencia.

    Procesos contencioso-administrativos tributarios

    Aunque en la jurisdicción contencioso-administrativa el papel del perito es menos frecuente que en el orden civil o penal, la prueba pericial puede ser decisiva cuando el litigio gira en torno a cuestiones como la correcta calificación fiscal de una operación, la valoración de activos por métodos complejos, o la procedencia de determinadas deducciones.

    Procesos civiles con componente fiscal

    En herencias litigiosas, divorcios con patrimonio empresarial, reclamaciones entre socios o litigios entre empresas, los aspectos fiscales de las operaciones discutidas pueden ser determinantes. El perito judicial tributario cuantifica el impacto fiscal de las distintas alternativas y ayuda al juez a comprender las consecuencias tributarias de su resolución.

    Diferencia entre perito de designación judicial y perito de parte

    La LEC contempla dos modalidades de prueba pericial con importantes diferencias:

    • Perito de designación judicial: designado por el juez de entre los incluidos en las listas de peritos elaboradas por los colegios profesionales o entidades acreditadas. Actúa con independencia de las partes y su informe tiene presunción de imparcialidad.
    • Perito de parte: contratado directamente por una de las partes para elaborar un informe que apoye su posición procesal. Su informe debe aportarse con la demanda o contestación, o en los momentos procesales habilitados para ello.

    En la práctica, la prueba pericial de parte es la más utilizada en litigios tributarios complejos, porque permite que el experto conozca en profundidad la posición del cliente y construya el informe de forma estratégicamente orientada a la defensa de sus intereses, siempre desde el rigor técnico.

    Acreditación y requisitos del perito judicial tributario

    En España no existe un colegio profesional único de peritos judiciales. El artículo 340 de la LEC exige que el perito posea el título oficial correspondiente a la materia del dictamen y, si la materia no está comprendida en títulos oficiales, permite nombrar a personas entendidas en ella. En materia fiscal, lo habitual es acudir a profesionales con formación jurídica y tributaria, experiencia comprobable en procedimientos y, en su caso, pertenencia a asociaciones profesionales de peritos.

    Antes de contratar a un perito conviene revisar tres aspectos: su formación en Derecho Tributario, su experiencia en informes presentados ante tribunales o ante la Administración y su disponibilidad para ratificar el dictamen en el juicio o la vista. Un buen informe que el perito no puede defender oralmente pierde buena parte de su valor probatorio.

    Los equipos que combinan conocimiento jurídico tributario y metodología pericial, como el de informes periciales tributarios de ValiTax, elaboran dictámenes estructurados para su uso ante tribunales, en inspecciones y en reclamaciones económico-administrativas.

    Qué debe contener un buen informe pericial tributario

    La calidad del informe pericial es determinante para su eficacia probatoria. Un informe pericial tributario bien elaborado debe contener:

    • Identificación del perito y sus credenciales (titulación, acreditaciones, experiencia)
    • Objeto del encargo pericial: las preguntas concretas que debe responder el perito
    • Documentación analizada: relación completa de la documentación examinada
    • Marco normativo y doctrinal aplicable: las normas tributarias, consultas de la DGT y jurisprudencia relevante
    • Análisis técnico: el núcleo del informe, con la aplicación de los criterios técnicos al caso concreto
    • Conclusiones: claras, numeradas y directamente respondiendo al objeto del encargo
    • Juramento o promesa de veracidad del perito

    El perito debe estar preparado para ratificar el informe ante el tribunal y responder a las preguntas del juez y de las partes en el acto del juicio oral o de la vista.

    Cuándo debes contratar un perito judicial tributario

    Estos son los indicadores de que necesitas un perito judicial tributario:

    • Estás siendo investigado por posible delito fiscal y la AEAT ha elaborado un informe calculando la cuota defraudada
    • Tienes un litigio en el que la valoración fiscal de activos o participaciones es objeto de controversia
    • La AEAT ha aplicado métodos de estimación indirecta para calcular tu base imponible y quieres impugnar sus conclusiones
    • Estás inmerso en un proceso civil donde la fiscalidad de las operaciones discutidas es relevante para el resultado
    • El juez ha designado un perito judicial y quieres contrarrestar su informe con uno de parte

    Cómo preparar la prueba pericial

    La prueba pericial se prepara con antelación. En el proceso civil, el dictamen de parte debe aportarse con la demanda o la contestación, o en la audiencia previa si no pudo emitirse antes. Por eso conviene encargar el informe en cuanto se identifica la controversia técnica y no esperar a que se acerque la fecha de presentación.

    Para profundizar en el contenido y el uso de estos dictámenes, pueden consultarse los artículos sobre el contenido, plazos y honorarios del informe pericial, la prueba pericial en el contencioso tributario y la segunda opinión pericial sobre una liquidación.

    Si necesitas valorar si tu caso requiere un dictamen, LRB Tax & Legal presta servicios de peritaje judicial tributario. Contacto: Contacto@LRB.es o +34 684 234 831.

    Preguntas frecuentes sobre el perito judicial tributario

    ¿Qué hace un perito judicial tributario?

    Un perito judicial tributario analiza la documentación contable y fiscal, aplica la normativa tributaria al caso y emite un informe que ayuda al juez a decidir sobre cuestiones técnicas, como la cuota defraudada en un delito fiscal o la valoración fiscal de participaciones. Después debe ratificar el informe y responder a las preguntas del tribunal y de las partes.

    ¿Qué diferencia hay entre un perito de parte y un perito judicial?

    El perito de parte lo contrata una de las partes y su informe se aporta con la demanda o la contestación; el perito de designación judicial lo nombra el juzgado y actúa con independencia de las partes. En litigios tributarios complejos es más frecuente aportar el informe de un perito de parte.

    ¿Cuándo es necesario un perito en un delito fiscal?

    Es muy recomendable cuando se atribuye una cuota defraudada superior a 120.000 euros, umbral del artículo 305 del Código Penal, porque su cálculo depende de la contabilidad y de criterios técnicos discutibles. Un informe pericial puede cuestionar la cuota, el período imputado o los criterios de imputación temporal aplicados.

    ¿Qué debe incluir un informe pericial tributario?

    Debe incluir la identificación y credenciales del perito, el objeto del encargo, la documentación analizada, el marco normativo aplicable, el análisis técnico, las conclusiones numeradas y la manifestación de que ha actuado con la mayor objetividad posible y conoce las consecuencias de faltar a ella. Conviene que sea claro y verificable.

    ¿Cuánto cuesta un perito judicial tributario?

    No existe una tarifa oficial: los honorarios dependen de la complejidad del asunto, del volumen de documentación y de si hay que ratificar el informe en juicio. Lo habitual es pedir un presupuesto tras revisar el caso. Si el perito es designado judicialmente, sus honorarios se abonan conforme a la provisión de fondos que fije el tribunal.

  • Régimen FEAC: fiscalidad de las reestructuraciones empresariales en España

    Respuesta rápida: El régimen FEAC es el régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores que permite reestructurar empresas con neutralidad fiscal, difiriendo la tributación de las plusvalías hasta una transmisión posterior. Exige motivo económico válido y comunicar la operación a la AEAT en el plazo de tres meses.

    ¿Qué es el régimen FEAC?

    El régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores —conocido como régimen FEAC— es el marco tributario que permite realizar operaciones de reestructuración empresarial con neutralidad fiscal, es decir, difiriendo el pago de impuestos que se generarían si la operación tributara por el régimen general.

    Regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), el régimen FEAC traspone a España la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, sobre reestructuraciones entre sociedades de distintos Estados miembros, aunque su aplicación se extiende también a operaciones puramente nacionales.

    La lógica es la siguiente: cuando una empresa se reestructura por motivos económicos válidos, no debería aflorar una tributación que no refleja ningún ingreso real de caja, sino una mera reorganización interna. El régimen FEAC permite que las plusvalías latentes no tributen en el momento de la operación, sino cuando se materialicen en una transmisión posterior a terceros.

    Operaciones cubiertas por el régimen FEAC

    El régimen FEAC ampara las siguientes operaciones societarias:

    • Fusión: una o varias sociedades transmiten en bloque su patrimonio a otra ya existente o de nueva creación, recibiendo los socios acciones o participaciones de la absorbente.
    • Escisión total: una sociedad divide todo su patrimonio en dos o más bloques que se transfieren a otras sociedades, disolviéndose la escindida.
    • Escisión parcial: una sociedad segrega una o varias ramas de actividad y las transfiere a otra sociedad, manteniéndose la escindida con el resto del patrimonio.
    • Aportación de rama de actividad: una sociedad aporta una unidad económica autónoma a otra sociedad, recibiendo a cambio participaciones.
    • Canje de valores: una sociedad adquiere una participación de control en otra mediante la entrega de sus propias acciones.
    • Aportación no dineraria especial: aportación de valores representativos de participaciones en fondos propios cuando se obtiene o refuerza una posición de control.

    Requisito esencial: el motivo económico válido

    El requisito más importante —y el que genera mayor litigiosidad con la AEAT— es la exigencia de que la operación esté motivada por razones económicas válidas y no tenga como objetivo principal o exclusivo el fraude o la evasión fiscal.

    El artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades excluye el régimen cuando la operación tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, lo que ocurre, en particular, si no se efectúa por motivos económicos válidos, como la reestructuración o la racionalización de las actividades. En ese caso, la AEAT puede denegar la aplicación del régimen especial y regularizar la operación como si hubiera tributado por el régimen general, con los correspondientes intereses y, en su caso, sanciones.

    Los tribunales y la Dirección General de Tributos han admitido como motivos económicos válidos, entre otros:

    • La separación de actividades para facilitar la gestión o la captación de inversores
    • La concentración de recursos para competir mejor en el mercado
    • La sucesión empresarial ordenada
    • La segregación de activos inmobiliarios para reducir el riesgo operativo
    • La creación de una estructura holding para internacionalización
    • La simplificación de estructuras societarias complejas

    La clave está en documentar adecuadamente los motivos antes de la operación, no construirlos a posteriori. En operaciones relevantes, los informes periciales para reestructuraciones y régimen FEAC ayudan a dejar esa justificación acreditada.

    Comunicación a la AEAT: obligación formal clave

    La aplicación del régimen FEAC no requiere autorización previa, pero sí exige la comunicación formal a la AEAT en el plazo de tres meses desde la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil (o desde su otorgamiento, si no es inscribible). La falta de comunicación constituye una infracción tributaria y, según el criterio que mantienen los tribunales, no determina por sí sola la pérdida del régimen, aunque conviene cumplir siempre este trámite.

    Alternativamente, las empresas pueden solicitar a la DGT una consulta vinculante previa que confirme la aplicabilidad del régimen a su operación concreta. Aunque no es obligatoria, esta consulta proporciona seguridad jurídica frente a posibles regularizaciones posteriores.

    Ventajas fiscales del régimen FEAC

    Las ventajas del régimen FEAC son sustanciales:

    • Neutralidad en el Impuesto sobre Sociedades: las plusvalías generadas en la transmisión de activos no tributan en sede de la sociedad transmitente. Los elementos patrimoniales se valoran en la adquirente por los mismos valores fiscales que tenían en la transmitente.
    • Neutralidad en IRPF para los socios personas físicas: el canje de valores o la recepción de participaciones en la operación no genera ganancia patrimonial para el socio en el momento del canje. La tributación se difiere al momento de la transmisión futura de los nuevos valores.
    • No sujeción en IVA: las transmisiones de unidades económicas autónomas en el marco de una reestructuración quedan fuera del ámbito del IVA (art. 7.1 LIVA), evitando el coste financiero del impuesto.
    • Exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: las operaciones de reestructuración están exentas de la modalidad de operaciones societarias del ITP.
    • Subrogación en créditos fiscales: la sociedad adquirente se subroga en las bases imponibles negativas, deducciones pendientes y otros atributos fiscales de la transmitente.

    Riesgos y conflictos con la AEAT

    El régimen FEAC es uno de los más auditados por la AEAT. Los principales focos de conflicto son:

    • Ausencia de motivo económico válido: operaciones diseñadas principalmente para generar una ventaja fiscal (por ejemplo, crear una estructura holding para aplicar la exención de dividendos sin actividad económica real).
    • Incumplimiento del concepto de rama de actividad: la LIS exige que los elementos aportados constituyan una unidad económica autónoma capaz de funcionar por sus propios medios. Si la AEAT considera que no existe una verdadera rama de actividad, deniega el régimen.
    • Operaciones en cadena: cuando tras la reestructuración se produce rápidamente la venta de los activos o participaciones, la AEAT puede cuestionar que la operación tenía finalidad económica y no era un mero preámbulo para evitar tributar en la transmisión.

    Reestructuración empresarial y planificación sucesoria

    El régimen FEAC es también una herramienta fundamental en la planificación de la sucesión de empresas familiares. Permite segregar activos inmobiliarios de la actividad operativa, crear estructuras holding que centralicen la gestión patrimonial, y facilitar la transmisión ordenada de las participaciones a los herederos, optimizando la tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

    Combinado con la reducción del 95% en el ISD por empresa familiar (art. 20.2.c de la Ley del ISD) y con los beneficios de la exención en el IRPF del donante (art. 33.3.c LIRPF), el régimen FEAC permite diseñar estrategias de transmisión intergeneracional de empresas con una carga fiscal mínima.

    ¿Cuándo es aconsejable utilizar el régimen FEAC?

    El régimen FEAC es especialmente recomendable en los siguientes escenarios:

    • Empresarios que quieren separar el patrimonio inmobiliario de la actividad operativa para protegerlo de riesgos empresariales
    • Grupos familiares que desean crear una sociedad holding para centralizar dividendos y gestionar el patrimonio de forma eficiente
    • Empresas que van a recibir inversión externa y necesitan una estructura más ordenada
    • Fusiones de empresas complementarias para ganar tamaño y competitividad
    • Procesos de sucesión empresarial en los que el fundador quiere transmitir la empresa a sus hijos de forma ordenada

    Planificación previa y documentación de la operación

    Una reestructuración mal planificada puede acabar en una regularización que anule los beneficios buscados y genere sanciones. Los puntos que más se revisan son el motivo económico válido, la comunicación a la AEAT y la configuración de la rama de actividad, y los tres deben quedar documentados antes de firmar la escritura.

    Para profundizar, pueden consultarse los artículos sobre los motivos económicos válidos en el FEAC, el canje de valores para crear una holding y la reestructuración de la empresa familiar.

    Si estás valorando una operación de este tipo, LRB Tax & Legal ofrece asesoramiento en reestructuración empresarial, desde el diseño hasta la comunicación a la AEAT. Contacto: Contacto@LRB.es o +34 684 234 831.

    Preguntas frecuentes sobre el régimen FEAC

    ¿Qué operaciones entran en el régimen FEAC?

    El régimen FEAC cubre fusiones, escisiones totales y parciales, aportaciones no dinerarias de ramas de actividad, canjes de valores y cambios de domicilio social de sociedades europeas. Todas deben cumplir los requisitos del capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y responder a motivos económicos válidos.

    ¿Hay que pedir autorización a Hacienda para aplicar el régimen FEAC?

    No hay autorización previa, pero sí una comunicación a la AEAT dentro de los tres meses siguientes a la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil o, si no es inscribible, a su otorgamiento. Es una obligación formal cuyo incumplimiento constituye infracción tributaria, por lo que conviene cumplirla siempre.

    ¿Qué se considera un motivo económico válido?

    Es una razón empresarial distinta del ahorro fiscal que justifica la operación, como reestructurar o racionalizar actividades, separar negocios, facilitar la entrada de inversores u ordenar la sucesión. Debe documentarse antes de ejecutar la operación; si el objetivo principal es el fraude o la evasión fiscal, el régimen no se aplica.

    ¿Qué pasa con las bases imponibles negativas en una fusión FEAC?

    La sociedad adquirente se subroga en las bases imponibles negativas y deducciones pendientes de la transmitente, pero su aprovechamiento está sujeto a los límites y condiciones de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La Administración puede restringirlo si aprecia que la operación se hizo para aprovechar esos créditos fiscales.

    ¿Puede la AEAT cuestionar la operación años después?

    Sí. La AEAT puede comprobar la aplicación del régimen mientras no haya prescrito su derecho a liquidar, con carácter general cuatro años, y cuestionar el motivo económico o el concepto de rama de actividad. Por eso conviene conservar la documentación de la operación y, si hay dudas, plantear una consulta vinculante a la DGT.

  • Inspección tributaria: fases, derechos y cómo defenderte

    Respuesta rápida: La inspección tributaria es el procedimiento con el que la AEAT comprueba la situación fiscal de un contribuyente en uno o varios impuestos y ejercicios. Se inicia con una comunicación formal, dura por regla general 18 meses (27 en ciertos supuestos) y termina con un acta de conformidad, de disconformidad o con acuerdo.

    ¿Qué es una inspección tributaria de Hacienda?

    Una inspección tributaria es el procedimiento mediante el cual la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) comprueba y verifica el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente. Es el procedimiento de control más intenso que puede iniciar Hacienda, y el que mayores consecuencias puede tener para empresas y particulares.

    A diferencia de los procedimientos de gestión (como las comprobaciones limitadas o los requerimientos de información), la inspección tributaria tiene un alcance general o parcial sobre uno o varios impuestos y ejercicios, y puede terminar en liquidaciones con cuotas, intereses de demora y sanciones de considerable magnitud.

    Cada año, la AEAT publica su Plan de Control Tributario, en el que identifica los sectores, colectivos y tipos de operaciones que serán objeto de mayor vigilancia. Conocer este plan permite anticiparse y estar preparado. Sin embargo, las inspecciones también pueden iniciarse al margen del plan general, por cruces de información, denuncias o alertas internas.

    ¿Quién puede ser objeto de una inspección tributaria?

    En principio, cualquier persona física o jurídica con obligaciones tributarias en España puede ser inspeccionada. No obstante, la AEAT concentra sus recursos en perfiles de mayor riesgo fiscal:

    • Grandes empresas y grupos consolidados
    • Empresarios y autónomos con facturación elevada o discrepancias entre declaraciones y movimientos bancarios
    • Contribuyentes con operaciones internacionales o con territorios de baja tributación
    • Personas con patrimonio significativo y rentas declaradas bajas
    • Empresas en sectores con alta economía sumergida (hostelería, construcción, comercio minorista)
    • Contribuyentes que aplican regímenes especiales o deducciones de elevada cuantía

    El simple hecho de recibir una comunicación de inicio de inspección no implica que Hacienda tenga pruebas de irregularidad. En muchos casos, son actuaciones de comprobación rutinaria que, con una defensa adecuada, no terminan en regularización.

    Fases del procedimiento inspector

    1. Inicio de las actuaciones

    La inspección puede iniciarse de oficio (por decisión de la AEAT) o a petición del contribuyente (autoinspección). Lo habitual es que se comunique mediante una notificación formal en la que se indica el alcance (general o parcial), los impuestos y ejercicios afectados, y la fecha y lugar de la primera comparecencia.

    Desde el momento de la notificación, queda interrumpido el plazo de prescripción de los impuestos inspeccionados. El plazo general de prescripción es de cuatro años (art. 66 LGT), de modo que la AEAT puede revisar los ejercicios no prescritos; para comprobar bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicar, el plazo es de diez años (art. 66 bis LGT).

    2. Desarrollo de las actuaciones

    Durante esta fase, el inspector actuario solicita documentación, realiza diligencias de constancia de hechos y puede efectuar visitas a las instalaciones del contribuyente. Es la fase más larga del procedimiento y la más determinante para el resultado final.

    El plazo general para concluir las actuaciones inspectoras es de 18 meses (art. 150 LGT), que pasa a 27 meses cuando el obligado supera determinada cifra de negocios o forma parte de un grupo fiscal. Si la Administración excede el plazo sin causa justificada, las actuaciones dejan de interrumpir la prescripción, lo que puede beneficiar al contribuyente.

    3. Trámite de audiencia y propuesta de regularización

    Antes de dictar el acta, el inspector da traslado al contribuyente de sus conclusiones a través del trámite de audiencia. Este es el momento clave para presentar alegaciones, aportar documentación adicional y rebatir los argumentos de la AEAT antes de que la propuesta se consolide en un acta formal. Cuando la discrepancia es de carácter económico o contable, un informe pericial tributario aporta soporte técnico independiente a esas alegaciones.

    4. Las actas de inspección

    El procedimiento inspector puede concluir con tres tipos de actas:

    • Acta de conformidad: el contribuyente acepta la propuesta del inspector. Supone una reducción del 30% en las sanciones pero renuncia a impugnar la liquidación.
    • Acta de disconformidad: el contribuyente no acepta la propuesta. Mantiene abierta la vía de recurso y reclamación, aunque no aplica la reducción por conformidad.
    • Acta con acuerdo: modalidad que permite pactar la valoración de elementos de hecho inciertos a cambio de una reducción del 50% en las sanciones y la renuncia a impugnar.

    La decisión sobre qué acta firmar es una de las más importantes del procedimiento y debe tomarse siempre con asesoramiento jurídico especializado. Firmar en conformidad cuando existen argumentos sólidos para impugnar puede suponer asumir una deuda tributaria injustificada.

    Derechos del contribuyente en una inspección

    La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que aprueba el reglamento de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección, reconocen un amplio catálogo de derechos al contribuyente inspeccionado:

    • Derecho a ser informado del alcance y naturaleza de las actuaciones
    • Derecho a actuar mediante representante (abogado, asesor fiscal)
    • Derecho a no aportar documentos que no sean exigibles legalmente
    • Derecho a que las actuaciones se realicen con las menores molestias posibles
    • Derecho al secreto de las comunicaciones con el asesor legal
    • Derecho a conocer la identidad del personal inspector
    • Derecho a obtener copia de las diligencias suscritas

    Conocer y ejercer estos derechos desde el primer momento puede marcar la diferencia en el resultado del procedimiento.

    Los errores más comunes ante una inspección

    La experiencia en procedimientos inspectores revela que los contribuyentes cometen una serie de errores recurrentes que deterioran su posición:

    • Acudir sin representación: comparecer ante el inspector sin asesor fiscal o abogado tributarista es el error más grave. Las manifestaciones realizadas en diligencia tienen valor probatorio.
    • Aportar documentación excesiva o no solicitada: entregar más información de la requerida puede abrir frentes que el inspector no había detectado.
    • Firmar en conformidad sin análisis previo: la urgencia o el deseo de «cerrar el tema» lleva a muchos contribuyentes a firmar actas de conformidad cuando existían argumentos sólidos para impugnar.
    • No controlar los plazos: el incumplimiento de plazos por parte de la AEAT (dilaciones, superación del plazo máximo) puede generar consecuencias que solo detecta un profesional vigilante.
    • Confundir un requerimiento con una inspección: no todos los contactos de Hacienda son inspecciones. La respuesta adecuada es diferente en cada caso.

    Qué hacer si recibes una notificación de inspección

    Los primeros pasos condicionan el resto del procedimiento:

    • No ignorar la notificación: el silencio o la no comparecencia no detiene el procedimiento y puede agravar la situación.
    • Contratar asesoramiento especializado de inmediato: no esperes a la primera comparecencia. Un abogado tributarista necesita tiempo para analizar tu situación, revisar la documentación y preparar la estrategia de defensa.
    • Recopilar toda la documentación contable y fiscal de los ejercicios afectados: libros contables, facturas, contratos, declaraciones presentadas.
    • No realizar movimientos contables o financieros inusuales: cualquier alteración posterior al inicio de la inspección puede ser interpretada negativamente.

    La vía de recurso tras la inspección

    Si el resultado de la inspección es una liquidación con la que no estás de acuerdo, dispones de varias vías de impugnación:

    • Recurso de reposición: ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes.
    • Reclamación económico-administrativa: ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) o el TEAC, según la cuantía. Gratuita y compatible con la suspensión del ingreso.
    • Recurso contencioso-administrativo: ante los Tribunales de Justicia (Audiencia Nacional o Tribunal Superior de Justicia autonómico), una vez agotada la vía económico-administrativa.
    • Recurso de casación ante el Tribunal Supremo: cuando exista interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

    Cada vía tiene plazos estrictos y requisitos formales que deben cumplirse rigurosamente. La pérdida de un plazo puede significar la firmeza de una liquidación impugnable.

    Cuándo conviene contar con un especialista

    Una inspección es un procedimiento técnico con consecuencias económicas relevantes: una alegación presentada a tiempo, un argumento jurisprudencial bien fundado o un defecto de procedimiento pueden modificar la liquidación. Por eso conviene recibir asesoramiento desde la comunicación de inicio y no solo al llegar el acta.

    Si la inspección afecta a una sociedad de cierto tamaño, resulta útil revisar la inspección tributaria a grandes empresas. Cuando el debate gira en torno a cifras o valoraciones, es habitual aportar un informe pericial en la inspección. Y para anticipar qué colectivos revisa la AEAT, puede consultarse el Plan de Control Tributario de 2026.

    Si has recibido una comunicación de inicio y quieres valorar tu situación, el equipo de LRB Tax & Legal presta defensa en inspecciones tributarias y puede estudiar tu caso. Contacto: Contacto@LRB.es o +34 684 234 831.

    Preguntas frecuentes sobre la inspección tributaria

    ¿Cuánto dura una inspección tributaria?

    El plazo general de las actuaciones inspectoras es de 18 meses desde la notificación de inicio y sube a 27 meses en supuestos como cifras de negocio elevadas o grupos fiscales. Las dilaciones imputables al contribuyente y las suspensiones previstas en la ley no computan, por lo que la duración real puede ser mayor.

    ¿Qué diferencia hay entre un acta de conformidad, de disconformidad y con acuerdo?

    La diferencia está en lo que aceptas y en lo que conservas. Con la conformidad aceptas la propuesta y obtienes una reducción del 30 % de la sanción; con la disconformidad la discutes y mantienes la vía de recurso; con el acta con acuerdo se pacta la valoración de hechos inciertos a cambio de una reducción del 50 % de la sanción.

    ¿Puedo negarme a que Hacienda me inspeccione?

    No. Colaborar con la Administración es una obligación legal, y negarse a atender requerimientos o a permitir el acceso puede constituir una infracción tributaria sancionable. Lo que sí puedes hacer es actuar mediante representante, no aportar documentos que no sean exigibles y recurrir las actuaciones o liquidaciones que consideres incorrectas.

    ¿Qué debo hacer al recibir la comunicación de inicio de una inspección?

    Lo primero es no ignorarla y anotar la fecha de notificación y la de la primera comparecencia. Después conviene reunir la documentación contable y fiscal de los ejercicios afectados y designar un representante antes de comparecer, porque lo que declares en diligencia puede utilizarse como prueba durante el procedimiento.

    ¿Se puede recurrir una liquidación derivada de una inspección?

    Sí. Cabe recurso de reposición o reclamación económico-administrativa ante el TEAR, ambos en el plazo de un mes, y después recurso contencioso-administrativo. En la vía económico-administrativa puede solicitarse la suspensión de la deuda, normalmente aportando garantía, salvo los supuestos de suspensión sin garantía que la ley prevé.

  • Fiscalidad del holding: ventajas fiscales en España

    Respuesta rápida: La fiscalidad del holding en España se basa en la exención del 95 % de los dividendos y de las plusvalías por transmisión de participaciones prevista en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Exige una participación mínima del 5 % (o 20 millones de euros de coste) mantenida durante un año, y una holding con medios y funciones reales.

    ¿Qué es una sociedad holding?

    Una sociedad holding es una entidad cuyo objeto principal es la tenencia de participaciones en otras sociedades, para gestionar y controlar un grupo empresarial desde la cúspide de la estructura societaria. La normativa española no ofrece una definición específica de «holding», pero el concepto está plenamente asentado en el derecho mercantil y en la práctica fiscal.

    Estas estructuras se utilizan en grupos familiares, en empresarios con varias actividades y en grupos multinacionales con presencia en España. Su atractivo principal es el régimen de exención de dividendos y plusvalías del artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), al que se suman ventajas de planificación sucesoria, financiación y protección patrimonial.

    La exención del artículo 21 LIS en la fiscalidad del holding

    El artículo 21 LIS declara exentos los dividendos y las rentas obtenidas en la transmisión de participaciones, tanto de entidades residentes como no residentes, cuando se cumplen los siguientes requisitos:

    • Participación mínima: al menos el 5 % del capital de la participada o un valor de adquisición superior a 20 millones de euros.
    • Tenencia ininterrumpida: la participación debe haberse mantenido durante el año anterior al día en que el dividendo sea exigible o en que se transmita.
    • Requisitos adicionales en filiales extranjeras: que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS, con un tipo nominal mínimo del 10 %, y que no resida en un país o territorio calificado como paraíso fiscal, con las salvedades previstas para la Unión Europea.

    Cuando se cumplen, la exención alcanza el 95 % de los dividendos y de las plusvalías; el 5 % restante se integra en la base imponible como gastos de gestión de la participación. Con un tipo general del 25 %, la tributación efectiva de estas rentas queda en torno al 1,25 %.

    La exención tiene matices que conviene revisar caso a caso: las pérdidas por transmisión o deterioro de participaciones siguen reglas propias, y las rentas que no cumplen los requisitos tributan al tipo general, con posibilidad de aplicar la deducción por doble imposición. La guía sobre los dividendos y el artículo 21 LIS desarrolla estos supuestos con detalle.

    Ventajas adicionales de la estructura holding

    Planificación sucesoria

    La holding facilita la transmisión del patrimonio empresarial a la siguiente generación. La donación o herencia de participaciones de la holding puede beneficiarse de la reducción del 95 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones si se cumplen los requisitos de empresa familiar: actividad económica, participación mínima, y ejercicio de funciones de dirección con la remuneración exigida. Concentrar las participaciones en una sola sociedad simplifica la operación y evita repetir trámites por cada filial. Las condiciones concretas dependen de la normativa estatal y de la autonómica aplicable a cada contribuyente.

    Financiación intragrupo

    La holding puede captar financiación externa y redistribuirla entre las filiales mediante préstamos intragrupo. Los intereses pagados por las filiales son deducibles en su IS con los límites del artículo 16 LIS, y las operaciones deben documentarse a valor de mercado conforme a las reglas de operaciones vinculadas. Una financiación mal documentada o excesiva es una fuente habitual de conflictos en inspección.

    Separación de riesgos

    Mantener en la holding el patrimonio inmobiliario, las marcas o los activos estratégicos, y dejar la actividad operativa en filiales separadas, aísla los activos valiosos de los riesgos propios de la explotación. Esta separación tiene ventajas de protección patrimonial, pero no debe plantearse como una pantalla: las garantías personales, la responsabilidad de los administradores y la posible derivación de deudas siguen siendo relevantes.

    Holdings con filiales extranjeras

    Hasta 2014 existía un régimen específico para las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE). La LIS vigente lo integró en el régimen general de exención del artículo 21, de modo que una holding española que participa en entidades extranjeras aplica las mismas reglas, con los requisitos adicionales de tributación mínima de la filial descritos antes.

    Los dividendos que la holding distribuye a socios no residentes pueden quedar exentos de retención si se cumplen las condiciones de la normativa de no residentes y de la Directiva matriz-filial, o reducirse mediante un convenio para evitar la doble imposición. En estructuras internacionales conviene analizar siempre el convenio aplicable y la normativa antiabuso.

    Riesgos fiscales: sustancia económica y abuso de derecho

    La AEAT y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigen sustancia económica real a las holdings que quieren aplicar beneficios fiscales. Una sociedad sin personal, sin medios materiales y sin más función que la tenencia formal de participaciones puede ver cuestionada la exención o rechazados los beneficios de un convenio, si se considera que responde a un esquema artificioso.

    Los riesgos más frecuentes en la práctica son los siguientes:

    • Calificación como sociedad patrimonial: una holding sin medios para dirigir y gestionar sus participadas puede perder incentivos fiscales y beneficios de empresa familiar.
    • Operaciones vinculadas: préstamos, servicios de gestión y cesiones de activos entre la holding y las filiales que no se valoran a precio de mercado.
    • Constitución mediante aportación de participaciones: si se utiliza el canje de valores, hay que acreditar un motivo económico válido; puede consultarse la guía sobre el canje de valores para crear una holding.
    • Distribución de dividendos sin análisis: repartir resultados sin valorar el efecto en la tributación de los socios personas físicas.

    Cuándo tiene sentido crear una holding

    Una holding suele aportar valor cuando existen varias sociedades operativas, activos que conviene separar del riesgo empresarial, previsión de venta parcial del negocio, entrada de inversores o necesidad de ordenar la sucesión. En cambio, para una sola sociedad pequeña, sin horizonte de reestructuración, el coste de mantener una estructura adicional puede superar el beneficio. El análisis de cuándo conviene y cuándo no una holding ayuda a tomar esa decisión con criterio.

    El diseño de la estructura requiere asesoramiento especializado. LRB Tax & Legal presta servicios de estructuras holding y protección patrimonial, y la valoración de las participaciones de la estructura puede apoyarse en un informe de valoración de empresas. Contacto: Contacto@LRB.es o +34 684 234 831.

    Preguntas frecuentes sobre la fiscalidad del holding

    ¿Qué porcentaje de los dividendos de una holding está exento?

    Está exento el 95 % de los dividendos y de las plusvalías por transmisión de participaciones si se cumplen los requisitos del artículo 21 LIS. El 5 % restante se integra en la base imponible como gasto de gestión, por lo que la tributación efectiva con un tipo del 25 % es del 1,25 %.

    ¿Qué participación mínima necesita una holding para aplicar la exención?

    La holding necesita una participación directa o indirecta de al menos el 5 % del capital de la filial, o un valor de adquisición superior a 20 millones de euros. Además, debe haberla mantenido de forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que el dividendo sea exigible o se transmita la participación.

    ¿Una holding sin empleados puede aplicar la exención?

    Puede cumplir los requisitos formales del artículo 21 LIS, pero asume un riesgo alto de cuestionamiento. La AEAT puede considerar que carece de sustancia económica o calificarla como sociedad patrimonial, con la consiguiente pérdida de incentivos. Conviene que la holding cuente con medios materiales y personales para dirigir y gestionar sus participadas.

    ¿Una holding sirve para reducir el Impuesto sobre Sucesiones?

    Puede facilitarlo, porque las participaciones de la holding pueden beneficiarse de la reducción del 95 % por empresa familiar si se cumplen los requisitos de actividad económica, participación y dirección. No es automático: dependen de la estructura, de las funciones del donante o causante y de la normativa de cada comunidad autónoma.

    ¿Qué ocurre con el régimen ETVE tras la reforma del Impuesto sobre Sociedades?

    El régimen específico de las ETVE desapareció con la Ley 27/2014, que integró la tenencia de participaciones extranjeras en el régimen general de exención del artículo 21 LIS. Hoy una holding española aplica las mismas reglas a filiales residentes y no residentes, con requisitos adicionales de tributación mínima para estas últimas.

  • IVA en España: guía práctica para empresas y autónomos

    Respuesta rápida: El IVA en España es un impuesto indirecto sobre el consumo que empresas y autónomos repercuten a sus clientes, deducen en sus compras y liquidan en la diferencia, normalmente cada trimestre con el modelo 303. Se aplica con tipos del 21, 10 y 4 por ciento, con exenciones, prorrata y regímenes especiales.

    Cómo funciona el IVA en España

    El Impuesto sobre el Valor Añadido grava el consumo de bienes y servicios en el territorio de aplicación del impuesto, que comprende la península y Baleares. Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos indirectos propios. Su regulación básica está en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

    Quien soporta el impuesto es el consumidor final, pero empresarios y profesionales actúan como intermediarios de la Hacienda Pública: repercuten el IVA a sus clientes, deducen el soportado en sus compras y gastos afectos, y ingresan la diferencia. Esta mecánica hace del IVA una obligación de gestión continua para cualquier empresa o autónomo, y una de las materias donde más regularizaciones se producen en las comprobaciones de la AEAT.

    Tipos impositivos del IVA

    • Tipo general del 21 por ciento: se aplica a la mayoría de entregas de bienes y prestaciones de servicios.
    • Tipo reducido del 10 por ciento: afecta, entre otras, a operaciones de hostelería y restauración, transporte de viajeros, determinados alimentos y obras de construcción o rehabilitación de vivienda.
    • Tipo superreducido del 4 por ciento: alimentos básicos, libros, periódicos y revistas, medicamentos de uso humano y determinados bienes para personas con discapacidad.

    Los tipos aplicables a alimentos y a otros productos se han modificado con frecuencia en los últimos ejercicios mediante medidas temporales. Antes de facturar conviene comprobar el tipo vigente en la fecha de devengo de cada operación, porque un tipo erróneo obliga a rectificar la factura y puede generar cuotas pendientes.

    Operaciones exentas de IVA

    La Ley 37/1992 contiene un catálogo de operaciones exentas con consecuencias muy distintas según el tipo de exención:

    Exenciones plenas, con derecho a deducción: como las exportaciones y las entregas intracomunitarias de bienes. El empresario no repercute IVA, pero conserva el derecho a deducir el soportado, de modo que puede generar un saldo a su favor que se compensa o se solicita en devolución. Para la recuperación del impuesto soportado puede consultarse el servicio de devolución de IVA nacional y del extranjero.

    Exenciones limitadas, sin derecho a deducción: como los servicios sanitarios, la enseñanza, las operaciones financieras y de seguros o el alquiler de vivienda. El empresario no repercute IVA y tampoco deduce el soportado en sus gastos, que pasa a ser un coste.

    La regla de la prorrata

    Cuando se realizan operaciones con derecho a deducción y operaciones sin él, se aplica la regla de la prorrata para determinar qué parte del IVA soportado es deducible. La prorrata general es el porcentaje que representan las operaciones con derecho a deducir sobre el total de operaciones. Existe también la prorrata especial, que permite deducir con criterios más específicos y que se aplica por opción o de forma obligatoria cuando el resultado de la general se aparta de forma relevante de la realidad.

    Es un campo con mucha litigiosidad, especialmente en sectores con actividades mixtas. El artículo sobre IVA y prorrata en el sector audioprotésico muestra un ejemplo de este tipo de conflictos.

    Regímenes especiales del IVA

    • Régimen simplificado: para determinados autónomos que tributan por módulos en el IRPF, con cuota calculada a partir de índices y módulos y no de las operaciones reales.
    • Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: el agricultor no repercute IVA, pero cobra una compensación a tanto alzado cuando vende a empresarios.
    • Recargo de equivalencia: para comerciantes minoristas. El proveedor repercute un recargo y el minorista queda liberado de presentar declaraciones periódicas de IVA.
    • Régimen especial del criterio de caja: el devengo y la deducción se retrasan al momento del cobro o del pago, con un límite temporal. Es útil cuando los clientes pagan con retraso.

    La elección entre regímenes tiene efectos fiscales y de liquidez. El autónomo que valora un cambio puede revisar la planificación fiscal para autónomos.

    Obligaciones formales del IVA

    Los sujetos pasivos deben llevar libros registro de facturas emitidas, facturas recibidas y bienes de inversión. Los obligados al Suministro Inmediato de Información (SII), entre ellos las grandes empresas, los grupos de IVA y quienes se inscriben voluntariamente en el registro de devolución mensual, remiten los registros de facturas a la AEAT por vía electrónica en un plazo breve, desde la expedición o la recepción de cada factura. La información oficial figura en la página de la sede electrónica de la AEAT sobre el SII.

    Las declaraciones periódicas se presentan con el modelo 303, trimestralmente con carácter general y mensualmente para los obligados a ello, como las grandes empresas. Se completan con la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (modelo 349) y con el resumen anual del impuesto, cuya obligación debe verificarse según el ejercicio. Las exigencias de facturación con sistemas informáticos, Verifactu, y de factura electrónica entre empresas tienen un calendario de aplicación que conviene comprobar; el servicio de obligaciones de facturación y Verifactu reúne la información.

    Errores frecuentes en la gestión del IVA

    • Deducir IVA soportado en gastos no afectos a la actividad o sin factura completa.
    • Aplicar un tipo incorrecto a una operación y no rectificar a tiempo.
    • No aplicar la prorrata cuando se realizan operaciones exentas y sujetas.
    • Presentar el modelo 303 fuera de plazo o con datos que no coinciden con los registros.

    Ante una comprobación de IVA, la defensa ante inspecciones de la AEAT ayuda a ordenar la documentación y a responder a los requerimientos dentro de plazo.

    Preguntas frecuentes sobre el IVA en España

    ¿Qué tipos de IVA existen en España?

    Los tipos de IVA son el general del 21 por ciento, el reducido del 10 por ciento y el superreducido del 4 por ciento. El tipo depende del bien o servicio y se fija en la Ley 37/1992. Algunos tipos se han modificado de forma temporal, así que hay que comprobar el vigente en la fecha de devengo.

    ¿Cuándo se presenta el IVA de autónomos y empresas?

    Con carácter general, autónomos y empresas presentan el modelo 303 cada trimestre. Los obligados al SII y las grandes empresas lo presentan mensualmente. Los plazos concretos los fija la normativa de cada ejercicio, por lo que conviene consultar el calendario del contribuyente de la AEAT antes de cada periodo.

    ¿Qué diferencia hay entre una operación exenta y una no sujeta?

    Una operación exenta está sujeta al IVA pero la ley la libera del pago, con o sin derecho a deducir el IVA soportado según el tipo de exención. Una operación no sujeta queda fuera del ámbito del impuesto. La diferencia afecta a la deducción, a la prorrata y a las obligaciones de declaración.

    ¿Cuándo se aplica la regla de la prorrata del IVA?

    Se aplica cuando el empresario realiza a la vez operaciones que dan derecho a deducir el IVA soportado y operaciones que no lo dan. La prorrata general calcula el porcentaje deducible según el peso de las primeras sobre el total. En ciertos casos se aplica la prorrata especial, por opción o por obligación.

    ¿Qué es el criterio de caja en el IVA?

    Es un régimen especial por el que el IVA se devenga cuando se cobra la factura, y el soportado se deduce cuando se paga, con un límite temporal. Es útil para empresas y autónomos con clientes que pagan tarde, porque evita adelantar a Hacienda un IVA que todavía no se ha cobrado.

  • Operaciones vinculadas y precios de transferencia en España

    Respuesta rápida: Las operaciones vinculadas son las realizadas entre personas o entidades relacionadas, por ejemplo una sociedad y sus socios o administradores. La Ley del Impuesto sobre Sociedades exige valorarlas a precio de mercado y, según su importe, documentarlas y declararlas. Un precio mal fijado permite a la AEAT ajustar la base imponible y sancionar.

    Qué son las operaciones vinculadas

    Las operaciones vinculadas son transacciones entre partes que mantienen una relación de vinculación definida en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Entre los supuestos más habituales están la sociedad y un socio que participa al menos en el 25 por ciento, la sociedad y sus administradores, las sociedades del mismo grupo y la sociedad con el cónyuge o los familiares hasta el tercer grado de sus socios o administradores.

    La norma exige que estas operaciones se valoren por su valor de mercado, el que habrían pactado partes independientes en condiciones de libre competencia. El objetivo es evitar que se trasladen beneficios entre entidades vinculadas para pagar menos impuestos. La regla afecta tanto a grupos multinacionales como a pymes familiares: un alquiler pactado con un socio o un préstamo entre sociedades de un mismo propietario también son operaciones vinculadas.

    Métodos de valoración admitidos

    La ley recoge, en línea con las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia, varios métodos para determinar el valor de mercado:

    • Precio libre comparable: compara el precio pactado con el de operaciones idénticas o similares entre partes independientes.
    • Coste incrementado: añade un margen de beneficio apropiado al coste del proveedor vinculado, frecuente en fabricación y servicios.
    • Precio de reventa: parte del precio de venta a terceros y descuenta el margen del distribuidor.
    • Margen neto operacional: compara el margen neto de la entidad con el de empresas independientes comparables, y es muy utilizado por su flexibilidad.
    • Distribución del resultado: reparte el beneficio conjunto según la contribución de cada parte, indicado para operaciones muy integradas.

    La elección del método debe justificarse. Cuando no hay comparables fiables, un informe técnico independiente refuerza la posición del contribuyente. En casos prácticos de peritaje en precios de transferencia se ve cómo se construye esa justificación.

    Obligaciones de documentación y declaración

    Las entidades con operaciones vinculadas deben mantener, con los umbrales y exclusiones que fija el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, la documentación que respalda la valoración:

    • Documentación del grupo (Master File): estructura del grupo, actividades, intangibles, financiación intragrupo y posición fiscal.
    • Documentación de la entidad (Local File): descripción de cada operación, importe, método utilizado, análisis de comparabilidad y justificación del precio.
    • Informe país por país: exigido a grupos multinacionales que superan el umbral de cifra de negocios consolidada de 750 millones de euros.

    Las entidades con cifra de negocios inferior a 45 millones de euros tienen obligaciones de documentación simplificadas, pero siguen obligadas a valorar a precio de mercado. Además, determinadas operaciones deben comunicarse a la AEAT mediante la declaración informativa de operaciones vinculadas (modelo 232), que se presenta en el plazo que establece la normativa para cada ejercicio. Conviene revisar el importe de cada operación y el tipo de vinculación para saber si se alcanza el umbral de declaración.

    Ejemplo práctico de ajuste por operaciones vinculadas

    Una sociedad limitada alquila un local de su socio mayoritario por una renta muy inferior a la de mercado. En una comprobación, la inspección estima el valor de mercado con comparables de la zona y ajusta la renta. La diferencia aumenta la base imponible de la sociedad y puede generar también un ajuste en el IRPF del socio, con intereses de demora y posible sanción. La defensa más eficaz suele ser tener ya el contrato, los comparables y la justificación del precio, preparados antes del requerimiento.

    Riesgos ante la inspección tributaria

    Las operaciones vinculadas son un foco recurrente de las actuaciones de la AEAT. La diferencia entre el precio declarado y el valor de mercado que determine la inspección se integra en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, con intereses de demora y, en su caso, sanciones. La falta o la inexactitud de la documentación se sanciona conforme al artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con multas fijas por dato omitido y una sanción proporcional si hay ajuste sin documentación. Los importes concretos deben consultarse en la norma vigente.

    Para sostener el precio pactado ante un requerimiento resulta útil la defensa ante inspecciones de la AEAT con apoyo pericial. En operaciones de pymes, el artículo sobre precios de transferencia en pymes detalla los riesgos más habituales.

    Acuerdos previos de valoración

    Para eliminar la incertidumbre sobre la valoración de operaciones relevantes existe el acuerdo previo de valoración con la AEAT. Es un acuerdo vinculante que fija el método y los criterios de valoración durante un periodo determinado, con posibilidad de prórroga. Si se suscribe entre las administraciones de dos países, el acuerdo bilateral reduce además el riesgo de doble imposición. Su tramitación es larga y exige aportar información detallada, de modo que suele reservarse para operaciones de importe elevado y recurrentes.

    Si tu empresa realiza operaciones con entidades o personas vinculadas y necesitas revisar la valoración y la documentación, puedes consultar el servicio de asesoramiento fiscal para empresas. La relación con el impuesto general de la sociedad se desarrolla en el artículo sobre el Impuesto sobre Sociedades en España.

    Preguntas frecuentes sobre operaciones vinculadas

    ¿Cuándo existe vinculación entre una sociedad y un socio?

    Existe vinculación cuando el socio participa en el capital de la sociedad en un porcentaje igual o superior al 25 por ciento. También hay vinculación entre la sociedad y sus administradores, y entre sociedades de un mismo grupo. La Ley del Impuesto sobre Sociedades enumera los supuestos en su artículo 18.

    ¿Qué es el valor de mercado en una operación vinculada?

    Es el precio que habrían acordado partes independientes en condiciones de libre competencia. La norma lo exige en las operaciones entre vinculados para que no se trasladen beneficios de forma artificial. Si el precio pactado se aparta de ese valor, la Administración puede practicar un ajuste en la base imponible.

    ¿Qué documentación exige la AEAT en operaciones vinculadas?

    Según los umbrales del Reglamento, la AEAT puede exigir la documentación del grupo y la de la entidad, que explican cada operación, el método de valoración y el análisis de comparabilidad. Las entidades con cifra de negocios inferior a 45 millones de euros tienen obligaciones simplificadas, no una exención total.

    ¿Qué ocurre si la AEAT ajusta el precio de una operación vinculada?

    La diferencia entre el precio declarado y el valor de mercado se suma a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, con intereses de demora y, si procede, sanción. El ajuste puede afectar también al socio o a la otra entidad. Se puede recurrir aportando comparables y un informe técnico.

    ¿Para qué sirve un acuerdo previo de valoración?

    Sirve para acordar con la AEAT, antes de realizar la operación, el método y los criterios de valoración durante un periodo determinado. Aporta seguridad jurídica y, si es bilateral, reduce el riesgo de doble imposición. Su tramitación es larga y se reserva normalmente para operaciones relevantes y recurrentes.

  • Delito fiscal en España: cuándo se produce y cómo defenderse

    Respuesta rápida: El delito fiscal se produce cuando una persona defrauda a la Hacienda Pública una cuota superior a 120.000 euros por tributo y periodo, con dolo, según el artículo 305 del Código Penal. Se castiga con prisión de uno a cinco años y multa de hasta el séxtuplo de lo defraudado. La regularización completa antes de la actuación administrativa evita la responsabilidad penal.

    Qué es el delito fiscal

    El delito fiscal o delito contra la Hacienda Pública está tipificado en el artículo 305 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Lo comete quien, por acción u omisión, defrauda a la Hacienda estatal, autonómica, foral o local eludiendo el pago de tributos, retenciones o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales, siempre que la cuota defraudada supere los 120.000 euros.

    La pena básica es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y de disfrutar de beneficios fiscales durante un periodo. El tipo agravado, aplicable entre otros supuestos si la cuota supera los 600.000 euros, si se utilizan personas o entidades interpuestas o jurisdicciones opacas, o si hay organización criminal, eleva la pena de prisión a dos a seis años.

    Cómo llega un caso al ámbito penal

    El camino habitual es la inspección de Hacienda. Cuando la AEAT aprecia indicios de delito, por una cuota aparente superior al umbral y posibles elementos dolosos, debe pasar el tanto de culpa a la jurisdicción penal o remitir el expediente al Ministerio Fiscal, y suspende el procedimiento administrativo sobre los hechos afectados.

    Desde la reforma de la Ley General Tributaria por la Ley 34/2015, la Administración puede practicar liquidaciones vinculadas al delito en determinados supuestos, de modo que la exigencia de la deuda tributaria y el proceso penal pueden coexistir. Para ampliar los umbrales y las consecuencias puedes consultar el artículo sobre cuantía y consecuencias del delito fiscal.

    Elementos del tipo penal

    Para que exista delito fiscal deben concurrir tres elementos:

    • Elemento objetivo: una defraudación superior a 120.000 euros por cada tributo y periodo impositivo o de declaración, o por el año natural cuando se trata de tributos sin periodo.
    • Elemento subjetivo (dolo): el sujeto actúa de forma consciente y voluntaria, sabiendo que defrauda. La mera discrepancia interpretativa con Hacienda no constituye dolo.
    • Resultado: el perjuicio efectivo a la Hacienda Pública.

    La ausencia de dolo es una de las principales líneas de defensa. Un informe pericial tributario, elaborado por un perito judicial tributario o por especialistas en defensa ante inspecciones de la AEAT, puede acreditar que la posición del contribuyente respondía a una interpretación razonable de la norma.

    La regularización voluntaria: la vía para evitar la pena

    El artículo 305.4 del Código Penal prevé que quien regulariza su situación tributaria queda exento de responsabilidad penal si lo hace antes de que la Administración le notifique el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, o, si no se han iniciado, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración interpongan denuncia o querella o practiquen diligencias. La regularización exige reconocer y pagar completamente la deuda tributaria, incluidos los intereses de demora.

    Es la opción más favorable cuando el contribuyente detecta un riesgo penal antes de que actúe la Administración. Una regularización parcial o tardía no tiene este efecto, de modo que conviene calcular con precisión la deuda y revisar qué ejercicios y tributos están afectados antes de presentar las declaraciones complementarias.

    Estrategias de defensa ante el delito fiscal

    • Cuestionar el dolo: acreditar que la conducta respondía a una interpretación sostenible de la norma, apoyada en consultas vinculantes de la DGT o en criterios de los tribunales.
    • Cuestionar la cuantía: si la cuota real es inferior a 120.000 euros, no hay delito. El informe pericial puede rebatir la cuantificación de la AEAT.
    • Prescripción penal: el delito básico prescribe a los cinco años desde su comisión y, si la pena máxima supera los cinco años, el plazo se amplía a diez. Es independiente de la prescripción tributaria.
    • Cuestionar la simulación: si la AEAT califica las operaciones como simuladas, esa calificación es presupuesto de la imputación y puede discutirse jurídicamente.
    • Cuestionar la prueba: comprobar si los documentos y las declaraciones obtenidos en el procedimiento administrativo pueden utilizarse en el proceso penal y con qué garantías.

    Responsabilidad de administradores y de la sociedad

    En las personas jurídicas responden penalmente las personas físicas que han cometido el delito, normalmente los administradores y los directivos con poder de decisión sobre las obligaciones tributarias. La sociedad puede responder además conforme al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con multas, inhabilitaciones o, en casos graves, la disolución. Sobre este punto, véase el artículo sobre la responsabilidad penal de los administradores por delitos fiscales.

    Ejemplo práctico

    Una sociedad rechaza como no deducibles varias facturas de un proveedor y la inspección propone una cuota de 150.000 euros en un ejercicio. La defensa encarga un informe pericial que demuestra la realidad de los servicios y recalcula la cuota en 90.000 euros. Al quedar por debajo del umbral, la conducta no es constitutiva de delito y el asunto se discute en vía administrativa. Este resultado solo se obtiene si la documentación se organiza desde el primer requerimiento y se actúa antes de que el expediente pase al ámbito penal.

    Si te enfrentas a una investigación, puedes consultar el servicio de defensa en inspecciones tributarias para valorar tu caso.

    Preguntas frecuentes sobre el delito fiscal

    ¿A partir de qué cantidad es delito fiscal?

    Hay delito fiscal cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, calculada por cada tributo y periodo impositivo o de declaración, o por año natural en tributos sin periodo. Por debajo de esa cifra la conducta se sanciona en vía administrativa, sin responsabilidad penal.

    ¿Qué pena tiene el delito fiscal?

    La pena básica es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada. En los supuestos agravados, como cuotas superiores a 600.000 euros o uso de entidades interpuestas, la prisión es de dos a seis años, además de otras consecuencias accesorias.

    ¿Cómo se puede evitar la responsabilidad penal por delito fiscal?

    Regularizando de forma completa la situación tributaria antes de que la Administración notifique el inicio de actuaciones de comprobación o se presente denuncia o querella. La regularización exige reconocer y pagar la deuda, con intereses. Si ya ha comenzado la actuación administrativa, la vía es la defensa técnica.

    ¿Cuánto tarda en prescribir un delito fiscal?

    El delito fiscal básico prescribe a los cinco años desde su comisión. Si se aplica un tipo agravado cuya pena máxima supera los cinco años, el plazo es de diez. La prescripción penal es distinta de la tributaria y se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra el investigado.

    ¿Puede responder el administrador de una sociedad por un delito fiscal?

    Sí. Responden las personas físicas que cometen o cooperan en el delito, habitualmente administradores y directivos con capacidad de decisión sobre las obligaciones tributarias. La sociedad puede responder además penalmente en los supuestos previstos, con multas, inhabilitaciones o, en casos graves, la disolución.

  • Planificación fiscal para autónomos: cómo reducir impuestos legalmente

    Respuesta rápida: La planificación fiscal para autónomos consiste en reducir la carga tributaria dentro de la ley: deducir correctamente los gastos afectos a la actividad, gestionar los pagos fraccionados y el IVA, aprovechar las aportaciones a sistemas de previsión y valorar si compensa operar mediante una sociedad cuando el rendimiento neto es elevado.

    El autónomo ante el sistema tributario español

    A diferencia del trabajador por cuenta ajena, el autónomo liquida directamente sus impuestos: el IRPF mediante pagos fraccionados trimestrales, el IVA cada trimestre y, en su caso, el Impuesto sobre Actividades Económicas. A ello se suman las cotizaciones a la Seguridad Social, que desde 2023 se calculan por tramos de rendimientos netos reales.

    El sistema reconoce un catálogo amplio de gastos deducibles y varias vías para diferir o reducir la tributación. La planificación fiscal para autónomos consiste en usarlas con antelación, con la documentación en orden y sin forzar interpretaciones que la Agencia Tributaria pueda cuestionar. Para una visión de conjunto del régimen aplicable puedes consultar la guía básica de fiscalidad de los autónomos.

    Gastos deducibles para autónomos en el IRPF

    Un gasto es deducible en estimación directa cuando está afecto a la actividad, se justifica con factura, está registrado contablemente y se imputa al periodo en que se devenga. La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y su Reglamento fijan las reglas. Los gastos más habituales son:

    • Cotizaciones a la Seguridad Social: la cuota de autónomo es deducible como gasto de la actividad.
    • Sueldos y salarios: las retribuciones de los trabajadores contratados y las cotizaciones a cargo del empleador.
    • Alquiler del local u oficina: deducible cuando el espacio está destinado a la actividad.
    • Suministros de la vivienda habitual: si se trabaja desde casa, se deduce el 30 por ciento de la parte proporcional de los suministros según los metros cuadrados afectos.
    • Vehículo: la deducción es restrictiva. Solo se admite con claridad en actividades en las que el vehículo es herramienta esencial, como agentes comerciales o transporte, y la Administración exige acreditar la afectación.
    • Amortizaciones: los bienes de inversión se deducen según las tablas reglamentarias.
    • Gastos financieros: intereses de préstamos destinados a la actividad.
    • Seguros: responsabilidad civil profesional, bienes afectos y, con límite, la prima de seguro de enfermedad del propio autónomo y de su familia.
    • Dietas y manutención: con los límites del Reglamento del IRPF, siempre que se paguen por medios electrónicos, se produzcan fuera del municipio de la actividad y del domicilio y estén justificadas.

    Un análisis detallado de partidas y criterios se encuentra en el artículo sobre gastos deducibles de actividades económicas en el IRPF.

    Pagos fraccionados del IRPF: modelos 130 y 131

    Los autónomos en estimación directa presentan el modelo 130 cada trimestre e ingresan el 20 por ciento del rendimiento neto acumulado desde el inicio del año, descontando los pagos anteriores y las retenciones soportadas. Los que tributan por estimación objetiva (módulos) presentan el modelo 131, calculado con los índices y módulos de su actividad. El régimen de módulos tiene condiciones de acceso y de renuncia que conviene revisar cada año, como se explica en el artículo sobre la estimación objetiva y la renuncia a módulos.

    Una medida de planificación sencilla es programar con tiempo las inversiones y los gastos del último trimestre, siempre que respondan a una necesidad real de la actividad, para reducir el cuarto pago fraccionado y la cuota de la declaración anual. No se trata de fabricar gastos, sino de decidir el momento de operaciones que ya estaban previstas.

    IVA para autónomos: gestión y control

    El autónomo repercute IVA a sus clientes y deduce el soportado en compras y gastos afectos. La diferencia se ingresa o se compensa cada trimestre. El IVA solo es neutro para el cliente que puede deducirlo; cuando se factura a consumidores finales o a entidades con exención, el impuesto se convierte en un coste que el autónomo debe trasladar al precio.

    Conviene comprobar tres puntos: si la actividad está sujeta o exenta, qué tipo de gravamen corresponde a cada operación y si existe derecho a deducir el IVA soportado en cada gasto. Los errores en esta materia son una de las principales causas de regularizaciones en las comprobaciones de la AEAT.

    Planificación fiscal de autónomos: ¿conviene constituir una sociedad?

    Una de las decisiones más relevantes es valorar si resulta más eficiente operar mediante una sociedad limitada. La referencia habitual es el rendimiento neto: cuando supera una cifra elevada de forma estable, el tipo del Impuesto sobre Sociedades, que es del 25 por ciento con carácter general y menor para entidades de reducida dimensión y microempresas, puede ser inferior al tipo marginal del IRPF. A ello se suma la posibilidad de retener beneficios en la sociedad.

    La comparación no se agota en el tipo. La sociedad añade costes de contabilidad y de declaración, tributación de los dividendos cuando se reparten, límites a la retribución del socio y obligaciones formales que el autónomo no tiene. También debe analizarse la extracción de fondos, la sucesión y el patrimonio personal. Sobre la retribución del socio puede ampliarse con el artículo sobre la retribución del socio trabajador en una SL.

    El cambio de forma jurídica requiere un estudio cuantitativo previo. Para plantearlo con criterio puede consultarse el servicio de asesoramiento fiscal para empresas, y si hay que justificar una valoración de la actividad en la aportación a la sociedad, la valoración de empresas y activos aporta la base técnica.

    Aportaciones a planes de pensiones y mutualidades

    Las aportaciones a planes de pensiones individuales y a planes de empleo simplificados para autónomos reducen la base imponible del IRPF dentro de los límites anuales legales, que se actualizan con las leyes de presupuestos y con las reformas del sistema de pensiones. Las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de autónomos también permiten reducciones con límites propios. Antes de aportar, conviene verificar el límite aplicable al ejercicio, ya que el exceso no genera reducción.

    Errores frecuentes que generan problemas con Hacienda

    • Deducir gastos mixtos, de la vivienda o del vehículo, sin poder acreditar la afectación.
    • No conservar facturas completas, o conservarlas sin los requisitos formales exigidos.
    • Confundir el momento de devengo con el de pago al imputar gastos e ingresos.
    • Mantener los módulos sin revisar si se cumplen los límites de acceso.
    • Reaccionar tarde ante un requerimiento, lo que reduce las posibilidades de defensa.

    Si ya has recibido una comunicación de la AEAT sobre tus gastos o tu IVA, el servicio de defensa en inspecciones tributarias puede ayudarte a preparar la respuesta con la documentación adecuada.

    Preguntas frecuentes sobre planificación fiscal de autónomos

    ¿Qué es la planificación fiscal para autónomos?

    Es el conjunto de decisiones legales que permiten reducir la carga tributaria del autónomo: deducir bien los gastos, ordenar el calendario de pagos e inversiones, elegir el régimen adecuado y valorar la sociedad. Debe hacerse durante el año, no solo al preparar la declaración de la renta.

    ¿Qué gastos puede deducir un autónomo en el IRPF?

    Puede deducir los gastos afectos a la actividad que estén justificados con factura y contabilizados: cotizaciones, sueldos, alquileres, suministros proporcionales, amortizaciones, intereses, seguros y dietas con límite. Los gastos mixtos, como el vehículo o la vivienda, exigen acreditar la afectación a la actividad.

    ¿Cuándo se presenta el modelo 130 de pago fraccionado?

    El modelo 130 se presenta cada trimestre natural, en los plazos de abril, julio y octubre, y en enero para el cuarto trimestre. Quienes están en estimación directa ingresan el 20 por ciento del rendimiento neto acumulado, menos los pagos fraccionados anteriores y las retenciones soportadas.

    ¿Cuándo compensa pasar de autónomo a sociedad limitada?

    Suele compensar cuando el rendimiento neto es alto y estable, y parte de los beneficios puede quedarse en la sociedad. No depende solo del tipo impositivo: hay que contar los costes de gestión, la tributación de los dividendos y las obligaciones formales. Conviene hacer una simulación previa con cifras reales.

    ¿Puede un autónomo reducir el IRPF con un plan de pensiones?

    Sí. Las aportaciones a planes de pensiones y a determinados sistemas de previsión reducen la base imponible del IRPF hasta el límite anual vigente. Antes de aportar conviene comprobar el límite del ejercicio y la situación personal, porque el exceso sobre el máximo no genera reducción fiscal.

  • Ley Beckham: régimen fiscal para trabajadores desplazados

    Respuesta rápida: La Ley Beckham es el régimen especial del artículo 93 de la Ley del IRPF para trabajadores desplazados a España. Permite tributar como no residente al 24 % hasta 600.000 euros de rentas del trabajo (47 % el exceso) durante el año del traslado y los cinco siguientes. Exige no haber sido residente fiscal en España los cinco años anteriores y comunicar la opción con el modelo 149.

    Qué es la Ley Beckham

    La Ley Beckham es el nombre popular del régimen especial de tributación de los trabajadores desplazados a territorio español, regulado en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y desarrollado en los artículos 113 a 120 de su reglamento (Real Decreto 439/2007). El apodo procede de que se difundió con el fichaje de un futbolista extranjero en 2003, aunque su objetivo es atraer profesionales cualificados y emprendedores.

    El régimen permite a quien se traslada a España por motivos laborales o profesionales y adquiere la residencia fiscal optar por tributar con las reglas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), en lugar de aplicar la escala general del IRPF. Quien opta sigue siendo residente a efectos de los convenios para evitar la doble imposición.

    Ventaja fiscal principal: tipo fijo del 24 %

    Las rentas del trabajo se gravan a un tipo fijo del 24 % hasta 600.000 euros anuales, y el exceso tributa al 47 %. Frente a una escala general cuyos tipos marginales superan el 45 % en muchas comunidades autónomas, la diferencia es relevante para rentas medias y altas.

    Además, el contribuyente tributa en España, con carácter general, solo por las rentas de fuente española, lo que supone una ventaja para perfiles con ingresos o inversiones en varios países. Con todo, la comparación debe hacerse caso por caso: el régimen general admite deducciones y mínimos personales que el régimen especial no contempla, y el resultado depende de la composición de las rentas. Puedes ver una comparación en el artículo IRPF general frente al régimen de impatriados.

    Requisitos para acogerse al régimen

    • No haber sido residente fiscal en España en ninguno de los cinco periodos impositivos anteriores al traslado.
    • Que el traslado responda a un motivo previsto en la ley: un contrato de trabajo, incluido el teletrabajo para una empresa extranjera con el visado correspondiente; la adquisición de la condición de administrador de una entidad; el desarrollo de una actividad emprendedora; o la prestación de servicios como profesional altamente cualificado a empresas emergentes o en actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación.
    • No obtener rentas mediante establecimiento permanente en España, con las excepciones que la propia ley establece para determinados emprendedores y profesionales.

    Ampliación del régimen con la Ley de Startups

    La Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, amplió el ámbito del régimen para los traslados producidos desde 2023. Entre otras novedades, redujo de diez a cinco años el periodo previo de no residencia, incorporó a los teletrabajadores internacionales, a los emprendedores y a los profesionales altamente cualificados que prestan servicios a startups, y permitió extender el régimen a determinados familiares.

    Pueden acogerse en las condiciones legales el cónyuge del contribuyente principal y sus hijos menores de 25 años o con discapacidad, siempre que adquieran la residencia en España y cumplan los requisitos de fechas y de renta que fija la norma.

    Cómo solicitar el régimen: modelo 149

    La opción se ejerce con el modelo 149 ante la AEAT, en el plazo de seis meses desde la fecha de alta en la Seguridad Social o de inicio de la actividad, acompañando la documentación que exige el artículo 119 del Reglamento del IRPF. El plazo es improrrogable, por lo que conviene preparar la documentación antes del traslado: contrato, documentos que acrediten la no residencia previa y, en su caso, acreditación de la actividad emprendedora.

    Una vez aceptada la opción, la AEAT emite un documento acreditativo que el trabajador entrega a su pagador para que practique las retenciones conforme al régimen. Puedes tramitar el modelo y consultar el procedimiento en la sede electrónica de la AEAT. Para una revisión previa de tu caso, puedes consultar el servicio de régimen de impatriados y Ley Beckham.

    Duración del régimen y declaración anual

    El régimen se aplica durante el periodo impositivo en que se adquiere la residencia y los cinco siguientes, es decir, hasta seis años. Cada año se presenta la declaración del modelo 151, específico de este régimen, en lugar del modelo 100 del IRPF general. Se puede renunciar al régimen, pero la renuncia impide volver a acogerse a él, de modo que la decisión debe estudiarse con antelación.

    Ejemplo práctico

    Un directivo que no ha residido en España en los últimos cinco años se traslada con un contrato laboral y percibe 150.000 euros anuales de una empresa española. Presenta el modelo 149 en los seis meses siguientes al alta y su empleador retiene el 24 %, es decir, 36.000 euros. Si en lugar de ello tributara con la escala general de su comunidad, la cuota sería superior, aunque el cálculo exacto depende de las deducciones y de las rentas del capital que pudiera tener. Si además mantiene inversiones en su país de origen, conviene comprobar cómo tributan esas rentas y si el convenio aplicable resuelve las posibles dobles imposiciones.

    Preguntas frecuentes sobre la Ley Beckham

    ¿Qué es la Ley Beckham?

    Es el régimen especial de tributación para trabajadores desplazados a España, previsto en el artículo 93 de la Ley del IRPF. Permite tributar con las reglas del IRNR, al 24 % hasta 600.000 euros de rentas del trabajo, durante el año del traslado y los cinco siguientes, si se cumplen los requisitos legales.

    ¿Quién puede acogerse a la Ley Beckham?

    Puede acogerse quien no haya sido residente fiscal en España en los cinco años anteriores y se traslade por un contrato de trabajo, para ser administrador de una entidad, para emprender o como profesional altamente cualificado al servicio de startups o de actividades de I+D+i. También pueden hacerlo, con condiciones, el cónyuge y los hijos.

    ¿Cuál es el plazo para solicitar la Ley Beckham?

    El plazo es de seis meses desde la fecha de alta en la Seguridad Social o de inicio de la actividad, y se solicita con el modelo 149. Es un plazo improrrogable: si se deja pasar, no puede aplicarse el régimen y se tributa por la escala general del IRPF.

    ¿Cuántos años dura la Ley Beckham?

    Se aplica durante el periodo impositivo del cambio de residencia y los cinco siguientes, esto es, hasta seis ejercicios. Durante ese tiempo se presenta cada año el modelo 151 en lugar de la declaración ordinaria del IRPF, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones del régimen.

    ¿Conviene siempre la Ley Beckham frente al IRPF general?

    No siempre. Resulta ventajosa para rentas medias y altas, pero el régimen general permite aplicar mínimos y deducciones que el especial no admite, y la tributación de las rentas del capital y del patrimonio también varía. Antes de optar conviene simular ambas opciones con las rentas previstas de cada ejercicio.