Una segunda opinión pericial es el análisis independiente de una propuesta de liquidación o de regularización de Hacienda, encargado a un perito distinto de quien intervino hasta entonces, para comprobar si los importes, los criterios y la motivación de la Administración son correctos. Su utilidad es práctica: permite decidir con información si conviene firmar el acta, alegar, recurrir o negociar, y llegar al trámite de alegaciones con argumentos técnicos y cifras contrastadas en lugar de con una discrepancia genérica.
Recibir una propuesta de liquidación genera inquietud, sobre todo si incluye cuota, intereses y sanción. Muchos contribuyentes la aceptan por cansancio, por desconocimiento o por el temor a que discutir empeore las cosas. Sin embargo, la propuesta es eso, una propuesta: la Administración debe motivarla y el contribuyente tiene derecho a contradecirla. Una segunda opinión experta sirve precisamente para saber, con rigor, qué parte de la propuesta resiste el análisis y cuál no.
Qué se revisa en una propuesta de liquidación
La revisión pericial no consiste en repetir el trabajo de la Administración, sino en someterlo a un examen crítico. En una propuesta de regularización derivada de una inspección o de una comprobación, conviene analizar al menos los siguientes aspectos:
- Hechos. Si los hechos descritos en la propuesta coinciden con la documentación aportada y con la realidad de la operación.
- Calificación jurídica. Si la operación se ha calificado correctamente y si existen interpretaciones alternativas razonables.
- Valoraciones. Si los valores empleados, cuando los hay, se apoyan en un método adecuado y en datos verificables.
- Cálculos. Si las bases, tipos, deducciones, compensaciones y retenciones se han aplicado de forma correcta.
- Intereses de demora. Si el cómputo del periodo y del tipo es el que corresponde.
- Sanciones. Si existe una conducta tipificada, si se aprecia culpabilidad y si la propuesta cumple los requisitos de motivación.
Cada uno de estos puntos puede dar lugar a una alegación distinta. A veces la clave está en un error de cálculo; otras, en una valoración mal fundamentada; otras, en una calificación jurídica discutible. Detectar dónde está el problema exige tiempo y método, de ahí la utilidad de una revisión específica.
Cuándo se presenta la propuesta y qué plazos hay
El momento en que se recibe la propuesta depende del procedimiento. En un procedimiento de inspección que termina con acta de disconformidad, la Ley General Tributaria, en su artículo 157, permite formular alegaciones en el plazo de quince días desde la fecha del acta, antes de que se dicte el acuerdo de liquidación. En los procedimientos de gestión, como la comprobación limitada, la propuesta de liquidación va acompañada de un trámite de audiencia cuyo plazo se indica en la notificación, que en general oscila entre diez y quince días.
Estos plazos son cortos y no suelen ampliarse con facilidad. Por eso el perito debe intervenir cuanto antes, con acceso al expediente y a la documentación. Un informe presentado dentro del trámite de alegaciones se incorpora al expediente y la Administración debe valorarlo al dictar el acuerdo. Si más adelante se recurre, el informe forma parte de la prueba disponible en vía económico-administrativa o contenciosa.
Qué aporta una segunda opinión frente a la primera
Quien ha intervenido desde el inicio, ya sea un asesor, una gestoría o el propio contribuyente, tiene a veces una visión condicionada por lo que ha hecho. Un perito externo ve el asunto con distancia, sin compromiso con las decisiones anteriores y con la libertad de señalar fallos que otros podrían dudar en reconocer. Esa independencia es parte de su valor.
Además, una segunda opinión sirve para evaluar la fortaleza real de la posición del contribuyente. A veces el análisis confirma que la propuesta es correcta en lo esencial, lo que permite considerar una conformidad con una reducción de sanción o, según el caso, un acuerdo. Otras veces revela errores relevantes que justifican una oposición firme. En ambos supuestos, la decisión se toma con información fiable, que es lo que realmente aporta valor.
Cómo se desarrolla el trabajo
- Acceso a la documentación. Se solicita la propuesta, el acta o la notificación, el expediente disponible, las declaraciones, los requerimientos y las respuestas.
- Delimitación de las cuestiones. Se identifican los puntos discutibles, separando lo técnico de lo jurídico.
- Análisis y recálculo. Se verifican las cifras, se reconstruyen los cálculos y, cuando procede, se elabora una valoración alternativa.
- Conclusiones razonadas. El informe indica qué partes de la propuesta son correctas, cuáles son discutibles y cuál sería, en su caso, la cuantía alternativa.
- Coordinación con la defensa. Se integra el resultado en las alegaciones y se prepara, si hace falta, la ratificación del perito.
Ejemplo hipotético
La Administración propone regularizar a una sociedad por considerar no deducible una parte de sus gastos de servicios, con una cuota, intereses y sanción. Un perito externo revisa el expediente y comprueba que los contratos, las facturas y la correspondencia acreditan la prestación efectiva de los servicios y su vinculación con la actividad. También detecta que la propuesta aplica el tipo de gravamen sin tener en cuenta una deducción debidamente practicada. El informe, incorporado a las alegaciones, cuantifica el efecto y respalda la petición de que se rectifique la propuesta. Todos los datos son ficticios y solo ilustran el método.
La importancia de la motivación
La Administración está obligada a motivar sus actos. En materia sancionadora, el principio de culpabilidad exige que se acredite la existencia de una conducta tipificada y la concurrencia de dolo o negligencia, sin que baste una referencia genérica. La carga de probar los hechos constitutivos recae sobre quien los afirma, conforme a los artículos 105 y 106 de la Ley General Tributaria. Una revisión pericial puede mostrar que la motivación es insuficiente o que los hechos no se corresponden con la documentación aportada.
La Administración es una parte más del procedimiento: sus conclusiones deben fundarse en pruebas y razonamientos verificables, y el contribuyente tiene derecho a oponer los suyos. Para ejercer ese derecho en igualdad de condiciones, el apoyo técnico es esencial. Un peritaje en la defensa de la inspección de la AEAT permite integrar el informe en la estrategia desde las primeras alegaciones.
Qué hacer después del informe
Con las conclusiones en la mano, el contribuyente y su equipo jurídico pueden elegir. Cabe aportar el informe en las alegaciones y pedir la rectificación de la propuesta; firmar el acta con conformidad si el análisis la respalda; o prepararse para recurrir el acuerdo de liquidación si no se atienden los argumentos. En este último caso, el siguiente paso suele ser el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, ambos en el plazo de un mes desde la notificación. En este blog hemos descrito cómo impugnar una liquidación de Hacienda paso a paso, un buen complemento de lo expuesto aquí.
Cuando el asunto es complejo o la cuantía elevada, resulta recomendable que la defensa jurídica y el análisis pericial estén coordinados desde el principio. La asesoría legal y fiscal que dirige la estrategia puede apoyarse en el informe para decidir la línea más adecuada, y el informe pericial tributario aporta la base técnica que sostiene esa línea.
Conclusión
Una propuesta de liquidación no es una sentencia: es el planteamiento de una de las partes de un procedimiento. Pedir una segunda opinión pericial antes de contestar ayuda a distinguir lo correcto de lo discutible, a elegir la estrategia y a presentar alegaciones fundadas. El tiempo es limitado, pero un análisis técnico a tiempo cambia la calidad de la defensa y la capacidad de negociar con seguridad.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pedir una segunda opinión si ya he firmado el acta?
Si se firmó en conformidad, las posibilidades de impugnación son limitadas. Si se firmó en disconformidad, todavía cabe alegar antes de la liquidación. Conviene consultar el caso concreto cuanto antes.
¿La segunda opinión sustituye a mi asesor actual?
No. Complementa su trabajo con una revisión independiente. Lo ideal es que ambos colaboren y compartan la información.
¿Cuánto tiempo necesita el perito?
Depende de la complejidad y de la rapidez con que se facilite la documentación. Dado que los plazos de alegaciones son breves, conviene contactar de inmediato.
¿Qué ocurre si el informe confirma la propuesta de Hacienda?
Es información valiosa: permite valorar la conformidad con reducción de sanción o negociar el pago, evitando litigios con pocas posibilidades de éxito.
¿El informe se puede usar después en un recurso?
Sí. Si se incorpora al expediente o se aporta como prueba, puede utilizarse en la reclamación económico-administrativa y en la vía contenciosa, donde el perito podrá ser llamado a ratificarlo.
Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

