Etiqueta: defensa tributaria

  • Gastos deducibles en inspección: cómo acreditar su necesidad

    Gastos deducibles en inspección: cómo acreditar su necesidad

    Para defender los gastos deducibles en una inspección, debes acreditar que el gasto es real, está documentado y guarda correlación con los ingresos de la actividad. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa de la necesidad del gasto frente al criterio de la Agencia Tributaria.

    ¿Por qué Hacienda cuestiona un gasto deducible?

    Hacienda cuestiona un gasto cuando duda de su realidad, de su documentación o de su relación con la actividad. En el Impuesto sobre Sociedades, el resultado contable se corrige con los ajustes que fija la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y su artículo 15 enumera gastos que no son deducibles.

    En la práctica, la discusión rara vez es teórica. Los inspectores revisan facturas, contratos, pagos y justificantes, y comparan el gasto con la actividad real de la empresa. Si no entienden para qué sirvió el servicio o por qué se pagó ese importe, tienden a negar la deducción y a regularizar la diferencia.

    Las categorías más frecuentes de gastos discutidos son los servicios entre empresas vinculadas, los honorarios de profesionales y consultores, los gastos de representación y atenciones, los vehículos y gastos mixtos, y las retribuciones a socios o administradores. En todos ellos pesa el mismo triángulo: realidad, justificación y necesidad.

    ¿Qué debe probar el contribuyente para deducir un gasto?

    La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece como regla general que quien hace valer un derecho debe probar los hechos que lo constituyen. Aplicado a un gasto, el contribuyente debe acreditar su existencia, su importe y su vinculación con la actividad, y debe contar con la documentación que la norma exige.

    • Realidad: el servicio o bien se recibió efectivamente, y existe evidencia de su prestación.
    • Justificación documental: factura, contrato y pago coherentes entre sí y con la contabilidad.
    • Correlación con los ingresos: el gasto se vincula razonablemente con la obtención de los ingresos de la actividad.
    • Necesidad: el gasto responde a una finalidad empresarial y no a una liberalidad o a un uso personal.
    • Importe razonable: el precio se corresponde con el de mercado, sobre todo entre partes vinculadas.

    La correlación con los ingresos es un criterio que la Administración y los tribunales aplican con frecuencia al analizar la deducibilidad. Conviene comprobar su alcance exacto en la doctrina y la jurisprudencia vigentes para cada tipo de gasto, porque los matices varían según el impuesto y el supuesto.

    ¿Qué puede acreditar un informe pericial sobre un gasto?

    Un informe pericial es un medio de prueba regulado en los artículos 335 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En materia de gastos, permite poner en orden los hechos y explicar técnicamente por qué una partida era necesaria para la actividad.

    No sustituye a las facturas ni a los contratos. Los complementa, de manera que la Administración o el tribunal puedan seguir el hilo desde el gasto hasta el ingreso. Un buen informe reconstruye esa cadena con datos y con una explicación comprensible.

    • Análisis de la actividad: cómo funciona el negocio y qué función cumple el gasto.
    • Trazabilidad: relación entre el gasto, los servicios recibidos y los ingresos generados.
    • Comparación de precios: contraste con valores de mercado cuando se discute el importe.
    • Revisión contable: coherencia del registro, de la imputación temporal y de los pagos.
    • Respuesta a los argumentos de la inspección con datos concretos del expediente.

    Ejemplo ilustrativo: servicios de gestión entre empresas del mismo grupo

    Ejemplo ilustrativo e hipotético, con cifras redondas. Una sociedad operativa paga 100.000 euros anuales a su matriz por servicios de gestión. En la inspección, el actuario sostiene que no hay prueba de que los servicios se prestaran ni de que beneficiaran a la actividad, y propone eliminar el gasto.

    La sociedad encarga un informe pericial que describe las funciones realizadas, recopila los entregables y comunicaciones, y relaciona los servicios con las necesidades de la actividad. También contrasta el precio con alternativas de mercado. La defensa presenta así una explicación estructurada de la necesidad del gasto y de su importe, en lugar de depender de afirmaciones genéricas.

    El resultado no está garantizado, porque depende de las pruebas reales del caso. Pero este planteamiento da a la Administración elementos objetivos para revisar su criterio y, si no lo hace, deja preparada la prueba para la reclamación económico-administrativa o el recurso judicial.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios están visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal y perito judicial. El visado refuerza la admisibilidad y el peso del informe frente a un informe interno sin visar.

    Ante una inspección que cuestiona gastos, un informe pericial de ValiTax revisa la documentación, analiza la necesidad y la correlación de cada partida y expone sus conclusiones de forma ordenada para las alegaciones. Puedes ver el servicio en la página de defensa ante inspección de Hacienda y prueba pericial y en la de finalidades del informe pericial.

    Como referencia, un informe estándar requiere de 10 a 15 días hábiles, uno complejo de 20 a 30 y uno de urgencia de 3 a 5, plazos que se confirman en cada encargo. Si el plazo de alegaciones está próximo a vencer, existe el informe exprés. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto es a medida.

    ¿Informe interno o informe pericial visado de ValiTax?

    AspectoInforme interno o de parteInforme pericial visado de ValiTax
    AutoríaContabilidad o dirección de la empresaPerito avalado por Luis Miguel Larriba
    VisadoNoVisado por ASPEJURE
    EnfoqueExplicación del propio gastoAnálisis contrastado de necesidad y correlación
    Precio de mercadoEstimación propiaComparación con fuentes verificables
    Fase de usoLimitadaAlegaciones, recursos y vía judicial

    Errores frecuentes al defender gastos en una inspección

    • Aportar solo la factura sin contrato, entregables ni explicación de la finalidad empresarial.
    • Contestar con argumentos genéricos como «es necesario para la actividad» sin datos.
    • Descuidar la coherencia contable entre el registro, el pago y la fecha del servicio.
    • Ignorar el precio de mercado en operaciones con partes vinculadas.
    • Dejar la prueba pericial para tarde, cuando el plazo de alegaciones apenas permite prepararla.

    Si estás en medio de una comprobación, conviene ordenar la estrategia desde el principio. Puedes ver cómo se desarrolla en nuestra guía de la inspección tributaria a grandes empresas y en la página de LRB Tax & Legal sobre defensa en comprobaciones e inspecciones tributarias.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué requisitos debe cumplir un gasto para ser deducible?

    Debe ser real, estar justificado documentalmente, estar correctamente contabilizado y guardar relación con la actividad que genera los ingresos. No puede ser una liberalidad ni un gasto expresamente no deducible. Cuando lo cuestiona Hacienda, el contribuyente debe aportar la prueba que respalde cada uno de esos elementos.

    ¿Conviene aportar un informe pericial cuando Hacienda cuestiona un gasto?

    Conviene cuando la discusión es técnica, como la necesidad del servicio o su precio de mercado. Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los de ValiTax, ordena los hechos, contrasta importes y vincula el gasto con los ingresos, lo que refuerza la defensa en las alegaciones y en los recursos.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en una inspección sobre gastos?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes, visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, aportan prueba técnica independiente sobre la necesidad, la correlación con los ingresos y el importe de los gastos que la inspección cuestiona.

    ¿Quién debe probar que un gasto es deducible?

    En general, corresponde al contribuyente probar los hechos que sustentan la deducción. Por eso debe conservar facturas, contratos, justificantes de pago y evidencias de la prestación. La Administración, por su parte, debe motivar las razones por las que rechaza el gasto y no limitarse a afirmaciones genéricas.

    ¿Se puede presentar el informe pericial con el plazo de alegaciones a punto de vencer?

    Sí, es posible mediante un informe exprés. ValiTax trabaja con plazos de urgencia de 3 a 5 días hábiles, que se confirman en cada encargo según la complejidad. Conviene contactar cuanto antes y reunir la documentación esencial para que el informe pueda prepararse a tiempo.

    Conclusión: reúne la prueba del gasto antes de contestar

    Defender un gasto deducible exige demostrar su realidad, su documentación y su relación con los ingresos. Cuando la discusión es técnica, un informe pericial ordena los hechos y refuerza la posición del contribuyente. Si necesitas un informe pericial tributario de ValiTax, escribe a Contacto@LRB.es, llama al +34 684 234 831 o solicita presupuesto en la página de contacto de ValiTax.

    Actualizado en octubre de 2026. Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Prueba pericial en contencioso tributario: cómo ratificarla

    Prueba pericial en contencioso tributario: cómo ratificarla

    La prueba pericial en el contencioso tributario se propone en los escritos de demanda o contestación y, si el tribunal la admite, el perito la ratifica en sala ante las partes. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE y con ratificación presencial, refuerza la prueba y la defensa del recurrente frente a la liquidación impugnada.

    ¿Qué papel tiene la prueba pericial en un recurso contencioso-administrativo?

    El recurso contencioso-administrativo se rige por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esta norma regula el recibimiento a prueba y remite, en lo no previsto, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que desarrolla los dictámenes de peritos.

    En el contencioso tributario, muchas controversias son técnicas. Se discute el valor de un bien, la cuantificación de un ajuste, la existencia de un motivo económico o la necesidad de un gasto. El tribunal conoce el derecho, pero no siempre dispone de los conocimientos para resolver sobre esas cuestiones, y para eso sirve el perito.

    Hay que evitar un error habitual: pensar que el expediente administrativo ya contiene toda la prueba. Cuando el contribuyente no pudo o no supo aportar un análisis técnico en vía administrativa, la fase judicial ofrece una nueva oportunidad, siempre que cumpla las reglas de proposición y práctica de la prueba.

    ¿Cuándo y cómo se propone la prueba pericial en el contencioso?

    La prueba se solicita en los escritos de demanda o de contestación, indicando los puntos de hecho sobre los que debe versar. Si el tribunal acuerda el recibimiento a prueba, se admiten los medios propuestos que sean pertinentes y útiles. La pertinencia exige una relación clara entre el informe y los hechos controvertidos.

    En la práctica, conviene anticipar el trabajo pericial antes de presentar la demanda. De ese modo, el abogado puede construir los argumentos sobre conclusiones técnicas ya contrastadas y acompañar el informe al escrito. Los plazos y trámites concretos deben revisarse en el texto vigente de la ley y en las instrucciones del órgano judicial, porque varían según el procedimiento.

    • Hechos controvertidos: define con precisión qué cuestión técnica debe resolver el perito.
    • Documentación disponible: reúne expediente, contabilidad, contratos y datos de mercado antes de proponer la prueba.
    • Objeto del dictamen: formula preguntas claras y evita planteamientos genéricos.
    • Coordinación con la demanda: alinea los argumentos jurídicos con las conclusiones del informe.

    ¿Qué exige la Ley de Enjuiciamiento Civil a un informe pericial?

    Los artículos 335 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regulan el dictamen de peritos. Parten de una idea sencilla: cuando se necesitan conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, las partes pueden aportar el dictamen de un perito que los posea.

    Además, el perito debe actuar con objetividad e imparcialidad, y su informe debe explicar el método, los datos y las conclusiones de manera comprensible. El tribunal valora el dictamen según las reglas de la sana crítica, por lo que un informe poco motivado puede perder fuerza aunque esté firmado por un profesional.

    Si quieres entender la diferencia entre el perito que aporta la parte y el designado por el tribunal, tienes un análisis en nuestro artículo sobre perito de parte o perito judicial.

    ¿Cómo se ratifica el informe pericial en sala?

    Ratificar el informe significa que el perito comparece ante el tribunal para confirmar su contenido y responder a las preguntas de las partes y del órgano judicial. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la actuación de los peritos en el juicio o la vista, y el contencioso la aplica con las adaptaciones de su propio procedimiento.

    Es un momento decisivo. El perito explica cómo llegó a sus conclusiones, aclara los puntos dudosos y responde a las objeciones de la Administración demandada o de su abogado. Un perito que domina el expediente y expone con sencillez refuerza la credibilidad del informe.

    • Preparación previa: repasar el expediente, los datos y las hipótesis del informe.
    • Exposición clara: resumir el método y las conclusiones sin jerga innecesaria.
    • Respuesta a preguntas: aclarar con precisión y reconocer los límites del análisis cuando existan.
    • Coherencia con el escrito: mantener lo afirmado por escrito, sin contradicciones.

    Si el tribunal o la contraparte lo piden, el perito debe poder aclarar o complementar su dictamen. Por esta razón conviene elegir a un profesional con experiencia en comparecer ante los órganos judiciales y capaz de defender su trabajo de forma serena.

    Ejemplo ilustrativo: la valoración de un inmueble en litigio

    Ejemplo ilustrativo e hipotético, con cifras redondas. Una empresa recurre ante el tribunal una liquidación que eleva de 500.000 a 800.000 euros el valor de un local transmitido. El recurso alega que la comprobación no justificó el método empleado.

    Junto con la demanda, la recurrente propone una prueba pericial. El informe analiza las características del local, los comparables de su entorno y la fecha del devengo. En la vista, el perito se ratifica, explica por qué la valoración administrativa omitió factores relevantes y responde a las preguntas de la defensa de la Administración. El tribunal dispone así de una base técnica para valorar la discrepancia, y no solo de las alegaciones de cada parte.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Elabora informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal y perito judicial. El trabajo es telemático, y la ratificación se realiza de forma presencial en sala cuando el procedimiento lo requiere.

    En un contencioso tributario, un informe pericial de ValiTax delimita el objeto del dictamen, desarrolla la metodología y se presenta con estructura clara para su revisión por el tribunal. Puedes consultar el servicio en la página de prueba pericial en procedimientos judiciales y arbitrales y la información de metodología y plazos de ValiTax.

    Como referencia, un informe estándar tarda de 10 a 15 días hábiles, uno complejo de 20 a 30 y uno de urgencia de 3 a 5, plazos que se confirman en cada encargo. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto se ajusta a cada caso. También es posible solicitar una segunda opinión pericial o un contrainforme frente a la pericial de la parte contraria.

    ¿Informe interno o informe pericial visado de ValiTax?

    AspectoInforme interno o de parteInforme pericial visado de ValiTax
    AutorPersonal de la empresa o asesor habitualPerito avalado por Luis Miguel Larriba
    VisadoSin visadoVisado por ASPEJURE
    PresentaciónDocumento informativoDictamen con método y conclusiones motivadas
    RatificaciónDudosa o limitadaPresencial en sala cuando procede
    Valoración judicialMenor por su origenMayor, según la sana crítica

    Errores frecuentes con la prueba pericial en sede judicial

    • Proponer la prueba fuera de plazo o sin concretar los hechos que debe aclarar.
    • Encargar el informe demasiado tarde, cuando ya no cabe incorporarlo con tiempo suficiente.
    • Presentar conclusiones sin método ni datos verificables.
    • No preparar la ratificación y exponer de forma confusa ante el tribunal.
    • Descuidar la prueba contraria y no pedir un contrainforme cuando la Administración aporta el suyo.

    Para situar la prueba pericial en la estrategia general del recurso, puedes consultar la visión de LRB Tax & Legal sobre recursos tributarios: reposición, económico-administrativa y contencioso. Allí se explica cómo encajan las distintas fases.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuándo se propone la prueba pericial en un contencioso tributario?

    Se propone en los escritos de demanda o de contestación, indicando los hechos que debe aclarar. Conviene encargar el informe antes de presentar la demanda para poder acompañarlo y construir los argumentos sobre conclusiones técnicas ya contrastadas. Verifica siempre los plazos aplicables a tu procedimiento.

    ¿Conviene aportar un informe pericial en un recurso contencioso-administrativo?

    Conviene cuando la discusión depende de valoraciones, cálculos o criterios técnicos. Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los de ValiTax, ofrece al tribunal una base técnica contrastable y puede ratificarse en sala, lo que refuerza la prueba del recurrente frente a la liquidación impugnada.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en un procedimiento judicial?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Aporta informes jurídicos, empresariales y tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba. En un procedimiento judicial elabora el dictamen y se ratifica de forma presencial en sala cuando el tribunal lo requiere.

    ¿Qué ocurre si el perito no se ratifica en sala?

    Si el tribunal o la parte contraria piden la comparecencia y el perito no se ratifica, el informe puede perder valor probatorio. Por eso conviene contratar a un profesional que pueda acudir a la vista, explicar su trabajo y responder a las preguntas de las partes.

    ¿Puedo pedir un contrainforme si la Administración aporta su pericial?

    Sí, es posible encargar una segunda opinión o un contrainforme que analice y rebata la pericial de la contraparte. ValiTax ofrece este servicio, que ayuda a detectar errores de método o de datos y a presentar al tribunal una valoración alternativa fundada.

    Conclusión: prepara la pericial antes de la demanda

    La prueba pericial puede marcar la diferencia en un contencioso tributario cuando la controversia es técnica. Proponerla bien, motivarla con rigor y ratificarla con solvencia en sala son las claves. Si necesitas un informe pericial tributario de ValiTax, escribe a Contacto@LRB.es, llama al +34 684 234 831 o solicita presupuesto en la página de contacto de ValiTax.

    Actualizado en octubre de 2026. Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Sanciones tributarias: cómo probar la ausencia de culpa

    Sanciones tributarias: cómo probar la ausencia de culpa

    Para combatir las sanciones tributarias, el contribuyente debe acreditar que actuó con la diligencia necesaria o con una interpretación razonable de la norma, porque sin culpabilidad no hay infracción. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa en el trámite de alegaciones y en los recursos posteriores.

    ¿Por qué la culpabilidad es clave en las sanciones tributarias?

    El derecho sancionador tributario exige culpabilidad. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, define las infracciones como acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas en una ley. Por tanto, la Administración no puede sancionar por el solo hecho de que exista una regularización.

    Esta diferencia es esencial en la práctica. Una cosa es que Hacienda corrija la cuota porque discrepa de tu criterio, y otra muy distinta es que además te imponga una sanción. La regularización recupera el impuesto; la sanción castiga una conducta culpable, y esa conducta debe estar motivada y probada por la Administración.

    Por eso, cuando recibes un acuerdo de inicio de procedimiento sancionador o una propuesta de sanción, conviene separar dos frentes. El primero es la corrección de la cuota, donde puede ser necesaria una valoración técnica. El segundo es la culpabilidad, donde pesa la documentación que demuestre cómo y por qué actuaste del modo en que lo hiciste.

    ¿Cuándo no hay responsabilidad por infracción tributaria?

    El artículo 179.2 de la Ley General Tributaria enumera los supuestos en que las acciones u omisiones tipificadas no dan lugar a responsabilidad por infracción. Uno de ellos, el de la letra d), se refiere a los casos en que el obligado ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

    La propia norma precisa que se entiende que existe esa diligencia, entre otros supuestos, cuando el contribuyente actúa amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando ajusta su conducta a los criterios que ha manifestado la Administración. Estos conceptos son jurídicos, pero su prueba suele ser técnica y documental, y ahí interviene la pericia.

    • Interpretación razonable de la norma: la norma admite más de una lectura defendible y el contribuyente aplicó una de ellas con fundamento.
    • Criterio de la Administración: el obligado siguió las indicaciones publicadas o contestadas por la propia Administración.
    • Diligencia en la documentación: las operaciones estaban registradas, valoradas y soportadas con criterios coherentes.
    • Ausencia de ocultación: los datos relevantes constaban en la declaración o se facilitaron al requerirlos.

    Conviene verificar siempre el texto vigente del artículo y la doctrina aplicable al caso concreto antes de construir la defensa. Esta página ofrece una orientación general y no sustituye el análisis de tu expediente.

    ¿Qué puede acreditar un informe pericial en una sanción?

    Un informe pericial es un medio de prueba regulado en los artículos 335 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se elabora para el caso concreto y permite explicar a la Administración, o más tarde al tribunal, cuestiones técnicas que no resultan evidentes en el expediente.

    En materia sancionadora, la pericia no sustituye al razonamiento jurídico de la defensa, pero lo respalda con hechos y cálculos verificables. Puede cumplir varias funciones a la vez.

    • Reconstruir el criterio aplicado por el contribuyente y mostrar que respondía a una práctica contable o fiscal sostenible.
    • Valorar la operación controvertida y demostrar que la diferencia con Hacienda deriva de un método de valoración y no de una ocultación.
    • Cuantificar correctamente la regularización para que la base de la sanción no se calcule sobre una cuota excesiva.
    • Documentar la diligencia: asesoramiento recibido, controles internos y coherencia entre ejercicios.

    Este último punto es relevante porque la sanción suele calcularse sobre la cuota regularizada. Si el informe pericial reduce la cuota, reduce también la base sobre la que se impone la multa. Por ello el trabajo pericial puede impactar en dos cifras a la vez: el impuesto y la sanción.

    Ejemplo ilustrativo: una valoración distinta, no una ocultación

    Ejemplo ilustrativo e hipotético, con cifras redondas. Una sociedad transmite un activo intangible a otra empresa del grupo por 200.000 euros. Tras una inspección, Hacienda considera que su valor era de 300.000 euros, regulariza la diferencia y propone una sanción por dejar de ingresar parte de la deuda.

    La sociedad había documentado la operación con una valoración basada en flujos de caja y datos de mercado, y declaró todos los elementos de la transacción. En las alegaciones, aporta un informe pericial que explica el método, justifica las hipótesis y demuestra que otra valoración razonable podía llegar a la cifra declarada. La defensa sostiene así que existió discrepancia de valoración con base técnica, y no un incumplimiento culpable.

    Este tipo de planteamiento no garantiza el resultado, porque cada expediente tiene sus hechos. Sin embargo, ofrece a la Administración y a los tribunales elementos objetivos para apreciar si hubo diligencia, y eso es precisamente lo que la prueba pericial puede aportar.

    ¿Cuándo presentar el informe pericial en el procedimiento sancionador?

    Lo ideal es aportarlo lo antes posible, durante el trámite de alegaciones del procedimiento de regularización y del sancionador. Una prueba presentada en la primera fase permite que la Administración la valore antes de dictar el acuerdo, y deja constancia de ella en el expediente para eventuales recursos.

    Si la sanción ya se ha impuesto, el informe pericial puede incorporarse al recurso de reposición, a la reclamación económico-administrativa o al recurso contencioso-administrativo, según el caso. En esos escenarios, el momento procesal y las reglas de admisión de la prueba condicionan su utilidad, por lo que conviene planificar la estrategia con antelación. Puedes ver un panorama general en recursos tributarios: reposición, económico-administrativa y contencioso.

    Si aún no tienes la propuesta definitiva, también puede ser útil una revisión previa. Lo explicamos en nuestro artículo sobre la segunda opinión pericial sobre una propuesta de liquidación.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios están visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal y perito judicial. El visado refuerza la admisibilidad y el peso del informe frente a un informe interno sin visar.

    Ante una sanción, un informe pericial de ValiTax revisa el expediente, analiza el criterio aplicado y reconstruye las valoraciones o cálculos discutidos. Después expone las conclusiones de manera clara, de modo que la Administración y los tribunales puedan comprobar su fundamento. Encontrarás el servicio en la página de defensa ante la inspección de Hacienda de ValiTax y en la de informes periciales tributarios.

    Los plazos de referencia son de 10 a 15 días hábiles para un informe estándar, de 20 a 30 para uno complejo y de 3 a 5 días hábiles en urgencias, siempre confirmados en cada encargo. Si el plazo de alegaciones está próximo a vencer, existe un informe exprés. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto se elabora a medida.

    ¿Informe interno o informe pericial visado de ValiTax?

    AspectoInforme interno o de parteInforme pericial visado de ValiTax
    OrigenLa propia empresa o su asesor habitualPerito independiente avalado por Luis Miguel Larriba
    VisadoNoVisado por ASPEJURE
    ObjetivoExplicar la posición de la empresaAportar prueba técnica contrastable
    Peso ante HaciendaMenor, por su origenMayor, como prueba ad hoc
    Ratificación en salaNo siempre posiblePosible cuando el procedimiento lo requiere

    Errores frecuentes al defenderse de una sanción

    • Mezclar la discusión de la cuota con la de la culpabilidad en un único escrito sin distinguir ambas cuestiones.
    • Presentar solo alegaciones genéricas sin documentos ni informes que respalden la diligencia.
    • Dejar la prueba para el recurso cuando podría haberse incorporado en la fase de alegaciones.
    • Ignorar la motivación de la propuesta de sanción, que debe razonar la culpabilidad.
    • Confiar en una pericial sin visado o sin relación directa con los hechos controvertidos.

    Para ordenar el conjunto de la defensa, conviene tener presente cómo se desarrolla el procedimiento. LRB Tax & Legal lo resume en su página de procedimientos tributarios y defensa frente a Hacienda.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se puede evitar una sanción tributaria si el criterio de Hacienda es distinto al mío?

    Sí, puede evitarse si acreditas que actuaste con la diligencia necesaria o con una interpretación razonable de la norma. La discrepancia de criterio, por sí sola, no basta para sancionar. Conviene respaldar tu postura con documentación y, cuando la cuestión sea técnica, con un informe pericial.

    ¿Conviene aportar un informe pericial en el procedimiento sancionador?

    Conviene cuando la defensa depende de cuestiones técnicas, como una valoración o un cálculo. Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los que elabora ValiTax, documenta el criterio aplicado y permite cuantificar la regularización, lo que puede influir tanto en la cuota como en la sanción.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en una sanción tributaria?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes, visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, aportan una prueba técnica independiente que ayuda a demostrar la diligencia del contribuyente y a cuantificar con rigor la regularización que sirve de base a la sanción.

    ¿Quién debe probar la culpabilidad en una sanción tributaria?

    Corresponde a la Administración motivar y probar la culpabilidad que sustenta la sanción. No basta con invocar la regularización practicada. Aun así, el contribuyente mejora su posición si aporta prueba propia de su diligencia, porque contrarresta los indicios que Hacienda utilice.

    ¿Cuánto tarda un informe pericial para presentar alegaciones?

    Depende de la complejidad. ValiTax trabaja con 10 a 15 días hábiles en un informe estándar, de 20 a 30 en uno complejo y de 3 a 5 en urgencias, además de un informe exprés para plazos próximos a vencer. Los plazos se confirman en cada encargo.

    Conclusión: separa cuota y sanción y refuerza la prueba

    Una regularización no implica automáticamente una sanción, porque la Administración debe motivar y probar la culpabilidad. Documentar la diligencia y respaldar con un informe pericial las cuestiones técnicas puede reducir tanto la cuota como la multa. Si necesitas un informe pericial tributario de ValiTax, escribe a Contacto@LRB.es, llama al +34 684 234 831 o solicita presupuesto en la página de contacto de ValiTax.

    Actualizado en octubre de 2026. Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Tasación pericial contradictoria: cuándo pedirla y probarla

    Tasación pericial contradictoria: cuándo pedirla y probarla

    Pedir la tasación pericial contradictoria es posible cuando no aceptas el valor que Hacienda fija tras una comprobación de valores, y el artículo 135 de la Ley General Tributaria lo permite frente a la liquidación resultante. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa del contribuyente desde el primer momento.

    ¿Qué es la tasación pericial contradictoria y qué dice el artículo 135 LGT?

    La tasación pericial contradictoria es un procedimiento que permite al contribuyente discutir el valor comprobado por la Administración mediante la valoración de un perito propio. Está regulada en el artículo 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y se plantea frente a la liquidación que se apoya en valores comprobados.

    Su utilidad es práctica. Cuando Hacienda aplica a un inmueble, a unas participaciones o a otro bien un valor que no refleja la realidad, el contribuyente no queda obligado a aceptarlo ni a limitarse a una impugnación genérica. Puede oponer una valoración técnica y obligar a contrastarla.

    Conviene distinguir este mecanismo de otras vías. La tasación pericial contradictoria discute el valor; el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa pueden discutir además la motivación de la comprobación. Ambas vías pueden combinarse, y en nuestra web explicamos el recurso por falta de motivación en cómo impugnar una comprobación de valores.

    ¿Cuándo conviene pedir la tasación pericial contradictoria?

    Conviene pedirla cuando existe una diferencia relevante entre el valor comprobado y el valor que puedes sostener con datos objetivos. No se trata de reclamar por sistema, sino de valorar si la prueba disponible permite defender otra cifra con solidez.

    • La comprobación aplica coeficientes o valores medios que no reflejan las características concretas del bien.
    • El bien presenta circunstancias singulares: estado de conservación, cargas, uso, ubicación o liquidez de las participaciones.
    • La diferencia de valor genera una cuota tributaria o una sanción que justifican el coste de la pericial.
    • Existe documentación objetiva que Hacienda no ha ponderado: tasaciones previas, cuentas anuales, contratos o estudios de mercado.

    En cambio, no suele compensar cuando el valor comprobado se acerca al real o cuando no hay documentación que respalde una cifra distinta. Una valoración sin base documental pierde peso ante el tercer perito y ante los tribunales.

    ¿Cómo se tramita la tasación pericial contradictoria?

    El contribuyente debe solicitarla dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación practicada con los valores comprobados. La solicitud reserva el derecho a interponer después el recurso o la reclamación y suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para interponerlos, según prevé la propia norma.

    A partir de ahí, la secuencia general es la siguiente. Primero, el contribuyente designa a su perito y presenta su valoración. Después, la Administración contrasta esa valoración con la de su propio perito. Si ambas difieren en los términos que fija la ley, interviene un tercer perito designado conforme al procedimiento legal, cuya valoración resuelve la discrepancia.

    Los plazos concretos y los umbrales que activan el tercer perito deben comprobarse siempre en el texto vigente del artículo 135 y en su desarrollo reglamentario. Por eso un error de plazo es el fallo más caro de este trámite: si el plazo del primer recurso vence, la vía se cierra. Puedes ampliar el procedimiento general en nuestro artículo sobre cuándo procede y cómo funciona el proceso.

    ¿Qué debe contener el informe pericial que apoya la tasación?

    Un informe pericial es un medio de prueba regulado en los artículos 335 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Para que sirva en una tasación pericial contradictoria, debe responder a lo que la Administración hizo mal o dejó sin ponderar, no limitarse a ofrecer otra cifra.

    • Identificación del bien y de la fecha de valoración que corresponde al hecho imponible.
    • Método de valoración elegido, con su justificación y las alternativas descartadas.
    • Datos de mercado o contables verificables, con su fuente y su fecha.
    • Crítica razonada del método y de los datos empleados por la Administración.
    • Conclusión motivada, con el valor propuesto y los límites o hipótesis de la valoración.

    Un informe interno o redactado por la propia parte puede ser útil como borrador de trabajo. Sin embargo, pesa menos que un informe elaborado ad hoc por un perito independiente, firmado y visado, porque el juez o el tercer perito pueden dudar de su imparcialidad.

    Ejemplo ilustrativo: participaciones valoradas por encima de su valor real

    Ejemplo ilustrativo e hipotético, con cifras redondas. Una persona recibe por donación el 100 % de las participaciones de una sociedad y declara un valor de 400.000 euros. Hacienda comprueba el valor, lo eleva a 700.000 euros y practica una liquidación complementaria.

    El contribuyente observa que la comprobación no tuvo en cuenta una deuda financiera relevante ni la caída de los resultados del último ejercicio. Solicita la tasación pericial contradictoria y aporta un informe pericial que recalcula el valor con esos datos. La discrepancia queda ahora respaldada por un análisis técnico que puede contrastarse con la valoración de la Administración, en lugar de depender de una simple alegación.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios están visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal y perito judicial. El visado refuerza la admisibilidad y el peso del informe frente a un informe de parte sin visar.

    En una tasación pericial contradictoria, un informe pericial de ValiTax analiza el método de comprobación, reconstruye el valor con datos verificables y expone las conclusiones de forma que el tercer perito o el tribunal puedan contrastarlas. Puedes consultar el servicio en la página de valoración de empresas y activos de ValiTax y, para el contexto procedimental, en prueba pericial en comprobaciones e inspecciones.

    Los plazos de referencia son de 10 a 15 días hábiles para un informe estándar y de 3 a 5 días hábiles en el informe de urgencia, que se confirman en cada encargo. Existe también un informe exprés para quienes tienen un plazo de alegaciones o de recurso próximo a vencer. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto se ajusta a cada caso.

    ¿Informe interno o informe pericial visado de ValiTax?

    AspectoInforme interno o de parteInforme pericial visado de ValiTax
    AutoríaElaborado por la propia parte o su entornoPerito independiente avalado por Luis Miguel Larriba
    VisadoNo lo tieneVisado por ASPEJURE
    Peso probatorioMenor, por su posible falta de imparcialidadMayor, como medio de prueba elaborado ad hoc
    RatificaciónNo siempre previstaPosible en sala cuando el procedimiento lo requiere
    Uso en recursosLimitadoAlegaciones, reposición, TEAR y TEAC

    Errores frecuentes al pedir la tasación pericial contradictoria

    • Dejar pasar el plazo del primer recurso o reclamación contra la liquidación.
    • Aportar una cifra sin método, sin datos verificables ni crítica de la valoración administrativa.
    • Elegir una fecha de valoración incorrecta, distinta de la del devengo del impuesto.
    • Confundir el valor de mercado con el valor contable o con un valor de venta posterior.
    • No evaluar el coste y el beneficio antes de iniciar el procedimiento.

    Si la comprobación forma parte de un procedimiento más amplio, conviene coordinar la pericial con la defensa general. En inspecciones tributarias y comprobaciones LRB Tax & Legal integra la prueba pericial en la estrategia del procedimiento.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuándo se puede pedir la tasación pericial contradictoria?

    Se puede pedir dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación practicada con los valores comprobados por la Administración. Esa solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir, de modo que conviene comprobar la fecha exacta de notificación antes de actuar.

    ¿Conviene aportar un informe pericial en una tasación pericial contradictoria?

    Sí, conviene, porque el procedimiento gira en torno a valoraciones técnicas. Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los que elabora ValiTax, aporta método, datos verificables y una crítica razonada de la comprobación administrativa, lo que mejora la posición del contribuyente ante el tercer perito y ante los tribunales.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en una comprobación de valores?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Elabora informes periciales tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba. En una comprobación de valores aporta una valoración técnica independiente que puede usarse en alegaciones, reposición, reclamación económico-administrativa o en sede judicial.

    ¿Qué ocurre si las dos tasaciones no coinciden?

    Si la diferencia entre la valoración del contribuyente y la de la Administración supera los umbrales que fija la ley, interviene un tercer perito. Su valoración resuelve la discrepancia, por lo que la calidad técnica y documental del informe inicial condiciona el resultado final del procedimiento.

    ¿Cuánto tarda en prepararse el informe pericial?

    Depende de la complejidad del caso. Como referencia, ValiTax trabaja con 10 a 15 días hábiles para un informe estándar, de 20 a 30 para uno complejo y de 3 a 5 en urgencias. Los plazos se confirman en cada encargo, y la consulta inicial no tiene coste.

    Conclusión: valora el caso y reúne la prueba a tiempo

    La tasación pericial contradictoria es una herramienta eficaz cuando el valor comprobado se aleja de la realidad y existe documentación para demostrarlo. El plazo es corto y la calidad del informe pericial condiciona el resultado, por lo que conviene actuar con antelación. Si necesitas un informe pericial tributario de ValiTax, escribe a Contacto@LRB.es, llama al +34 684 234 831 o solicita presupuesto en la página de contacto de ValiTax.

    Actualizado en octubre de 2026. Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Fiscalidad clínica dermatología: IVA, prorrata y defensa

    Fiscalidad clínica dermatología: IVA, prorrata y defensa

    La fiscalidad de una clínica de dermatología depende de una pregunta previa: si cada acto médico tiene finalidad terapéutica o estética. Esa distinción decide si el IVA está exento o tributa al 21 %, condiciona la deducción del IVA soportado y marca el terreno de cualquier comprobación posterior de la Administración tributaria.

    La dermatología es una especialidad especialmente expuesta a esta frontera. En una misma consulta conviven el tratamiento del acné, la psoriasis o la extirpación de lesiones sospechosas con peelings, láser depilatorio, rellenos o venta de cosmética. Cada línea de actividad recibe un tratamiento distinto y la clínica debe poder demostrarlo con documentación, no con simples afirmaciones. Este artículo, escrito desde la óptica del asesoramiento a distancia a profesionales sanitarios y de la defensa del contribuyente, repasa los puntos que más conflictos generan. El análisis completo del sector está en la guía sobre la fiscalidad de clínicas de dermatología.

    Fiscalidad clínica dermatología: el punto de partida es la exención sanitaria

    El artículo 20.Uno.3º de la Ley del IVA declara exentas las prestaciones de asistencia sanitaria realizadas por profesionales médicos o sanitarios cuando tienen finalidad de diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades. La exención es objetiva en cuanto a la finalidad y subjetiva en cuanto a quién presta el servicio: no basta con que el acto lo realice un médico, es necesario que responda a un propósito terapéutico.

    Para la cirugía y la medicina estética, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-91/12, PFC Clinic, es la referencia habitual: las intervenciones de embellecimiento sin finalidad terapéutica quedan fuera de la exención. En la práctica, un dermatólogo puede facturar sin IVA el tratamiento de una dermatitis y, en cambio, repercutir el 21 % por un peeling cosmético solicitado por razones de imagen.

    Cómo acreditar la finalidad terapéutica

    La carga de la prueba recae sobre quien aplica la exención. Una clínica que factura sin IVA debe poder justificar cada acto con una historia clínica coherente. Los elementos que suelen valorarse son los siguientes:

    • Diagnóstico o motivo de consulta registrado antes del tratamiento.
    • Informe del especialista que recomiende el procedimiento.
    • Consentimiento informado que describa el objetivo clínico.
    • Correspondencia entre el concepto de la factura y el acto realizado.

    Cuando la descripción de la factura es genérica (por ejemplo, «tratamiento facial») y la historia clínica es escueta, la Administración tiene argumentos para recalificar el servicio como gravado. Conviene que la facturación desglose cada concepto y que no mezcle actos exentos y gravados en una sola línea.

    Actividades gravadas y actividades exentas en una misma clínica

    Una clínica de dermatología rara vez presta solo servicios exentos. La venta de cosmética, los tratamientos estéticos y ciertos servicios no asistenciales tributan al tipo general. Esa mezcla tiene una consecuencia directa en el derecho a deducir el IVA soportado, regulado en los artículos 93 y siguientes de la Ley del IVA.

    Actividad Tratamiento habitual en IVA
    Consulta y tratamiento de patologías cutáneas Exento si hay finalidad terapéutica acreditada
    Cirugía menor dermatológica con indicación clínica Exento
    Peelings, láser o rellenos con finalidad cosmética Gravado al 21 %
    Venta de cosmética y parafarmacia Gravado, con tipo según producto
    Docencia o informes periciales Tratamiento propio, a analizar caso por caso

    Prorrata y sectores diferenciados

    Si la clínica realiza operaciones con derecho a deducción y operaciones exentas sin derecho, aplica la regla de la prorrata. El IVA soportado en gastos comunes (alquiler, suministros, software) solo se deduce en el porcentaje que resulte. Esto afecta de forma especial a las inversiones: un equipo láser de alto coste genera una cuota de IVA soportado cuya deducción puede quedar muy limitada si la mayor parte de la facturación es exenta.

    El artículo 9.1.c de la Ley del IVA permite considerar sectores diferenciados cuando las actividades tienen regímenes de deducción distintos y se cumplen los requisitos de la norma, entre ellos una contabilidad separada. La separación puede mejorar la deducción, pero exige orden documental desde el inicio: asignar cada factura a su sector, aplicar criterios de reparto coherentes y mantenerlos en el tiempo. Un error frecuente es cambiar de criterio de un ejercicio a otro sin justificación. Sobre esta cuestión conviene consultar nuestro análisis de la prorrata en una inspección de IVA, que explica cómo suele revisarla la Inspección en otro sector con operaciones exentas.

    Impuesto sobre Sociedades en la clínica dermatológica

    Si la actividad se ejerce a través de sociedad, el Impuesto sobre Sociedades introduce varios frentes de revisión. El primero es la amortización del equipamiento. Los equipos médicos de alto coste, como láseres, dermatoscopios digitales o sistemas de fototerapia, se amortizan con los coeficientes de la tabla oficial del artículo 12 de la Ley del Impuesto, con un máximo del 15 % anual y un periodo máximo de 14 años según el grupo. Una amortización superior a la admitida, o aplicada a un bien no afecto, es una regularización habitual.

    El segundo frente son las operaciones vinculadas del artículo 18 de la misma Ley. Cuando el dermatólogo es socio y a la vez presta servicios a la sociedad, o cuando el inmueble es de su titularidad y se alquila a la clínica, el precio debe ser el de mercado y estar documentado. Una retribución desproporcionada, tanto al alza como a la baja, puede dar lugar a ajustes. Es recomendable un contrato escrito, una justificación del precio y coherencia entre lo pactado y lo efectivamente cobrado.

    Retribución del socio profesional

    La decisión entre ejercer como autónomo o a través de sociedad tiene consecuencias en IRPF y en Sociedades. Además, la Ley del IRPF y su régimen de operaciones vinculadas permiten a la Administración analizar si la retribución que el socio percibe se corresponde con el trabajo efectivamente prestado. Esta cuestión se aborda mejor antes de constituir la sociedad que después de recibir un requerimiento.

    Cobros en efectivo, pacientes extranjeros y otros riesgos

    En clínicas con tratamientos de importe medio-alto es frecuente el pago al contado. Conviene recordar que existe un límite de 1.000 euros para pagos en efectivo cuando intervienen empresarios o profesionales. Más allá de la sanción específica, los ingresos en efectivo no bancarizados o no facturados son uno de los elementos que la Inspección contrasta con la capacidad de producción de la clínica: número de sesiones, horas de cabina, consumos de producto y agenda.

    Los pacientes de otros países no alteran, por sí solos, la tributación de servicios prestados en territorio español. Lo que cambia es la documentación: identificación, facturación con datos completos y trazabilidad del cobro. Las intermediaciones con terceros que captan pacientes exigen analizar quién presta el servicio, quién factura y cuál es la base imponible.

    Comprobación e inspección: plazos y defensa

    Las actuaciones inspectoras tienen, con carácter general, una duración máxima de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos que prevé la Ley General Tributaria. El exceso de duración sin causa justificada tiene efectos sobre el cómputo de la prescripción y sobre los intereses, por lo que el control de los plazos es parte de la estrategia de defensa. La experiencia en otros sectores con riesgos similares se recoge en el artículo sobre la defensa en una inspección tributaria sectorial.

    Si la discusión gira en torno a la finalidad terapéutica de los actos o al reparto de cuotas deducibles, la prueba técnica pesa mucho. Un informe pericial tributario elaborado por un perito independiente puede ordenar los datos, reconstruir la prorrata y explicar al órgano revisor por qué cada acto fue calificado de una manera concreta. Cuanto antes se incorpore a la defensa, mayor es su utilidad.

    Buenas prácticas para una clínica de dermatología

    • Desglosar en factura cada acto o producto y su tratamiento en IVA.
    • Documentar la finalidad clínica de cada procedimiento exento.
    • Llevar contabilidad separada si se opta por sectores diferenciados.
    • Revisar cada ejercicio el cálculo de la prorrata y su regularización.
    • Formalizar por escrito las relaciones con socios y partes vinculadas.
    • Conservar agenda, consumos y registros que permitan reconstruir la actividad.

    Preguntas frecuentes

    ¿Está exento de IVA todo lo que hace un dermatólogo?

    No. Solo están exentos los actos con finalidad de diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades. Los tratamientos estéticos, la cosmética y otros servicios sin fin terapéutico tributan, en general, al 21 %. La clínica debe poder justificar cada caso con la historia clínica.

    ¿Puede deducir el IVA una clínica con servicios exentos?

    Solo en la parte que corresponda a operaciones con derecho a deducción. Si mezcla actividades exentas y gravadas, aplica la prorrata o, si cumple los requisitos, sectores diferenciados. El IVA de gastos exclusivos de actividad exenta no es deducible.

    ¿Cómo se amortiza un equipo láser?

    Según las tablas oficiales del Impuesto sobre Sociedades, con un coeficiente máximo del 15 % anual y un periodo máximo de 14 años en el grupo que corresponda. El bien debe estar afecto a la actividad y contabilizado de forma coherente.

    ¿Qué plazo tiene la Inspección para actuar?

    Con carácter general, 18 meses, ampliables a 27 en los casos previstos por la Ley General Tributaria. El derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años, plazo que puede interrumpirse. Conviene controlar ambos cómputos desde la primera notificación.

    ¿Se puede recurrir una recalificación a gravado?

    Sí. Tras la liquidación cabe reclamación económico-administrativa y, después, recurso contencioso-administrativo. La clave es aportar prueba de la finalidad terapéutica y de la correcta imputación de cuotas en cada fase del procedimiento.

    Por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal. Contenido informativo.

    Si su clínica ha recibido un requerimiento o desea revisar su tratamiento de IVA y Sociedades, puede contactar en Contacto@LRB.es o en el teléfono +34 684 234 831.

  • Inspección a programadores y empresas de IA: defensa y recursos

    Inspección a programadores y empresas de IA: defensa y recursos

    Los desarrolladores y las empresas de inteligencia artificial disfrutan de incentivos potentes, pero también de focos de revisión muy concretos: la calificación de la relación con el cliente, los gastos, la deducción por I+D+i, el IVA de los servicios a clientes extranjeros y los pagos a no residentes. Este artículo se centra en la defensa jurídica: cómo se desarrolla una inspección, qué derechos asisten al contribuyente y qué vías de recurso existen cuando la liquidación llega. Para el análisis de los impuestos y los incentivos, puede consultar nuestra guía sobre la fiscalidad de programadores y empresas de IA. En LRB Tax & Legal asesoramos a desarrolladores y empresas tecnológicas y les defendemos ante la Agencia Tributaria.

    Cómo se desarrolla la inspección y qué plazos se aplican

    La inspección comienza con una comunicación de inicio y suele continuar con requerimientos de documentación y, a veces, visitas. Las actuaciones tienen un plazo general de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos del art. 150 de la Ley General Tributaria, y el derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años (art. 66 LGT). Superar el plazo no produce caducidad, pero las actuaciones practicadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se devengan intereses de demora durante ese periodo. Conviene controlar las fechas desde el primer día.

    La defensa empieza con el primer requerimiento: ordenar la documentación, contestar en plazo y no aportar nada sin revisarlo. Después llegan el trámite de audiencia y, en su caso, el acta. Estos son los derechos básicos del obligado tributario durante todo el procedimiento:

    • Conocer el alcance y la naturaleza de las actuaciones y su estado de tramitación.
    • Actuar mediante representante y ser asistido por un asesor en las comparecencias.
    • Alegar y aportar pruebas, incluida la prueba pericial, antes de la propuesta de liquidación.
    • Obtener copia de las diligencias y actas que se firmen.
    • Que las actuaciones se desarrollen en plazo y sin molestias innecesarias.

    Primer foco: la calificación laboral del programador

    El programador que trabaja para un único cliente, con horario, herramientas y jefe de proyecto de la empresa, se arriesga a que se le califique como trabajador por cuenta ajena. La Inspección de Trabajo y la Tesorería pueden levantar acta, dar de alta de oficio y reclamar cuotas con recargos, y la Agencia Tributaria puede reclasificar los pagos como rendimientos del trabajo con sus retenciones. Si más del 75 % de los ingresos procede de un mismo cliente, puede tratarse de un autónomo económicamente dependiente, con un régimen propio que debe formalizarse por escrito.

    La defensa se construye con hechos: contratos mercantiles coherentes, facturación a varios clientes, autonomía en la organización del trabajo, medios propios y ausencia de dependencia jerárquica. Un error habitual en el sector es constituir una sociedad y seguir facturando a título personal al mismo cliente, lo que genera dudas sobre quién presta realmente el servicio y atrae la atención de la Inspección.

    Segundo foco: la deducción por I+D+i

    La deducción del art. 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades reduce una cuota alta, y por eso se revisa con frecuencia. La discusión suele girar en torno a si el proyecto es realmente I+D, innovación tecnológica o simple desarrollo rutinario. En inteligencia artificial, entrenar un modelo propio con incertidumbre técnica real y documentada se acerca al concepto de I+D, mientras que integrar una API de terceros en un producto, no. La frontera exige análisis proyecto a proyecto.

    Qué vincula el informe motivado y qué hay que probar

    La empresa puede solicitar un informe motivado al Ministerio competente o al CDTI. Ese informe vincula a la AEAT en la calificación de la actividad como I+D o innovación tecnológica, pero no en la realidad ni en la cuantía de los gastos. Esa segunda cuestión se discute con prueba: imputación horaria del personal, contratos, facturas y memoria técnica. Cuando la controversia es técnica, un informe pericial especializado, como el que ofrece ValiTax Informes Periciales, refuerza la posición del contribuyente en el trámite de audiencia y en la vía de recurso.

    Tercer foco: IVA internacional y pagos a no residentes

    Cuando el cliente es un empresario o profesional, el servicio se entiende prestado donde radica su sede, y la factura se emite sin IVA español. El riesgo está en la prueba: sin dirección del cliente, número de IVA validado o contrato, la Inspección puede sostener que el servicio se prestó en España y liquidar el IVA no repercutido. Conservar esa documentación desde el primer encargo es la mejor defensa, y también lo es contar con el alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios cuando procede.

    En sentido contrario, si una empresa española paga un canon a un no residente, debe practicar retención o ingreso a cuenta salvo que se acredite una exención o un tipo reducido, para lo cual hacen falta el certificado de residencia fiscal del perceptor y, en ciertos casos, acreditar que es el beneficiario efectivo. Si no se practicó la retención cuando procedía, responde el pagador. Por eso conviene distinguir bien entre la venta de una copia, la cesión del derecho de explotación y el servicio de acceso, porque cada figura tiene un tratamiento distinto.

    Cuarto foco: operaciones vinculadas

    Las operaciones entre el socio y su sociedad, o entre sociedades del mismo grupo, se valoran por su valor normal de mercado (art. 18 LIS). Son habituales en el sector el fundador que cede a su sociedad el código desarrollado antes de constituirla, la filial extranjera que presta servicios de desarrollo a la matriz o la matriz que cobra un canon por el uso del software. La Administración puede ajustar el precio si no es de mercado, con efectos para ambas partes. Para defenderlo se necesitan un contrato, un análisis de comparables, un método de valoración válido y la documentación específica exigida a partir de determinados umbrales. Cuando hay que valorar código, modelos entrenados o bases de datos, un informe pericial de valoración aporta una prueba técnica reconocida.

    Sanciones, actas y recursos

    Liquidación y sanción son actos distintos, y la sanción exige culpabilidad: la diligencia o una interpretación razonable de la norma pueden excluirla, algo especialmente relevante en materias donde la calificación es discutible, como la frontera entre I+D e innovación. El acta puede firmarse en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si se cumplen los requisitos, y la conformidad y el pronto pago reducen la sanción. Notificada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, con un plazo general de un mes desde el día siguiente a la notificación, y después la vía contencioso-administrativa. Liquidación y sanción se recurren por separado.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puede Hacienda calificar a un programador autónomo como trabajador por cuenta ajena?

    Sí, si la relación presenta rasgos de dependencia, como un único cliente, horario, herramientas y jefe de proyecto de la empresa. La defensa se basa en probar la autonomía real con contratos mercantiles, varios clientes y medios propios.

    ¿Qué pruebas necesito si Hacienda discute mi deducción por I+D+i?

    El informe motivado vincula a la AEAT en la calificación de la actividad, pero no en la realidad ni en la cuantía de los gastos. Para esa parte hay que aportar imputación horaria, contratos, facturas y memoria técnica, y puede ser útil un informe pericial.

    ¿Cuánto tiempo tengo para recurrir una liquidación?

    Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Liquidación y sanción se recurren por separado y puede solicitarse la suspensión de la ejecución.

    Si es desarrollador o dirige una empresa de inteligencia artificial y ha recibido una comunicación de inicio o un requerimiento, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal al sector tecnológico y en defensa en inspecciones fiscales. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

  • Inspección a una inmobiliaria: blanqueo, efectivo y defensa jurídica

    Inspección a una inmobiliaria: blanqueo, efectivo y defensa jurídica

    Una agencia inmobiliaria o una promotora trabaja con importes altos, anticipos, depósitos y, a veces, efectivo. Cada compraventa deja rastro en la escritura notarial, el Registro de la Propiedad, el Catastro y los índices que el notario comunica a la Administración, y esa trazabilidad hace que cualquier comisión no facturada o precio que no encaje se detecte con rapidez. Este artículo aborda la inspección a inmobiliarias desde el ángulo jurídico: qué se discute, qué derechos asisten al obligado tributario, cómo se combate una regularización y qué recursos existen. Para el análisis material de los impuestos, puede acudir a nuestra guía sobre la fiscalidad de inmobiliarias: IVA, blanqueo e inspecciones. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente a inmobiliarias y las defendemos en inspecciones.

    Qué cruza Hacienda y de dónde parte la inspección

    Además de los datos notariales y registrales, la Administración dispone del modelo 347 de operaciones con terceros y de los controles sobre medios de pago. Con esa información detecta con facilidad una comisión que no aparece en la contabilidad, un anticipo no declarado o una venta cuyo precio no coincide con la realidad. Los focos habituales son estos:

    • Comisiones cobradas y no facturadas, detectadas por cruces con notarías y clientes.
    • Diferencias entre el precio escriturado y el real, con pagos en efectivo o fuera de escritura.
    • Deducción de IVA soportado en gastos no vinculados a la actividad.
    • Depósitos y arras tratados como pasivo cuando eran ingresos, o al revés.
    • Reclasificación de inmuebles de existencias a inmovilizado, o viceversa.
    • Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo y del límite de efectivo.

    Plazos y derechos del obligado tributario

    El derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años (art. 66 LGT). Las actuaciones inspectoras tienen un plazo general de 18 meses, ampliado a 27 en los supuestos del art. 150 de la Ley General Tributaria, y rebasarlo no genera caducidad, pero las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora durante ese tiempo. La inmobiliaria tiene derecho a conocer el alcance de las actuaciones, a actuar mediante representante, a ser asistida por un asesor, a alegar y aportar pruebas antes de la liquidación y a obtener copia de las diligencias y actas que firme.

    Primera discusión: comisión, precio y circuito del dinero

    La comisión de intermediación es una prestación de servicios sujeta a IVA al tipo general del 21 %, aunque la compraventa subyacente esté exenta. La inspección comprueba que cada comisión esté facturada, que el IVA se devengue correctamente, incluso en los pagos anticipados por el importe percibido, y que se impute en el ejercicio que corresponde. Cuando intervienen varias agencias, cada una debe facturar su parte, y repartir el cobro sin facturar es un clásico de las actas. La defensa consiste en reconstruir el flujo del dinero de cada operación con documentos bancarios, contratos de mediación y hojas de encargo, y en demostrar que el desfase entre la firma de la escritura y el cobro explica la imputación temporal.

    Segunda discusión: efectivo, arras y depósitos

    El límite general de pagos en efectivo es de 1.000 euros cuando alguna de las partes es empresario o profesional, y de 10.000 euros para ciertas personas físicas con domicilio fiscal fuera de España que no actúan como empresarios. Una comisión o una señal abonadas en metálico por encima del límite constituyen una infracción que alcanza a quien paga y a quien cobra, con una sanción del 25 % de la cuantía pagada. En cuanto a arras y depósitos, conviene distinguir su naturaleza: una señal a cuenta del precio es un pago anticipado, mientras que un depósito fiduciario son fondos recibidos por cuenta de clientes que no constituyen ingreso propio y deben mantenerse separados de la tesorería de la agencia. Mezclarlos con la caja puede llevar a la Administración a considerarlos ingresos no declarados, además del riesgo evidente de apropiación indebida. Por eso los pagos deben canalizarse por cuenta bancaria y quedar identificados en la escritura.

    Tercera discusión: existencias o inmovilizado

    Si la sociedad adquiere un inmueble para venderlo en el curso de su actividad, es existencia: no se amortiza, la venta es un ingreso de explotación y el deterioro puede ser deducible. Si lo destina a uso propio o a alquiler, es inmovilizado o inversión inmobiliaria: se amortiza y el deterioro del inmovilizado no es deducible conforme al art. 13.2 de la Ley 27/2014. Una compraventa habitual reclasificada por Hacienda como actividad empresarial puede arrastrar IVA no repercutido, un Impuesto sobre Sociedades más alto y recargos. Documentar la intención de reventa y una contabilización coherente desde el primer día es la mejor defensa. Cuando el debate gira en torno al valor de un inmueble, un informe pericial de ValiTax Informes Periciales puede ser decisivo.

    Prevención de blanqueo: un frente administrativo distinto

    La Ley 10/2010 incluye entre los sujetos obligados a los promotores inmobiliarios y a quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles. Eso implica identificar al cliente y al titular real, analizar las operaciones inusuales, comunicar los indicios al SEPBLAC, conservar la documentación, aprobar procedimientos internos y formar al personal. Una agencia que nunca ha documentado estas políticas se expone a sanciones administrativas con independencia de que exista un delito de fondo. Es un procedimiento distinto del tributario, con su propia tramitación y sus recursos, y conviene no confundirlos en la estrategia de defensa.

    Sanciones, actas y recursos

    La liquidación y la sanción son actos distintos, y la sanción exige culpabilidad: no hay responsabilidad cuando se ha puesto la diligencia necesaria. Al cierre, el acta puede firmarse en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si se cumplen los requisitos, y la disconformidad abre el trámite de alegaciones. Notificada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, con un plazo general de un mes desde el día siguiente a la notificación, y después la vía judicial. Liquidación y sanción se recurren por separado.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué ocurre si Hacienda detecta comisiones no facturadas?

    Puede regularizar el IVA y el impuesto directo con intereses y, en su caso, sanción. La defensa consiste en reconstruir el flujo del dinero de cada operación con contratos de mediación y documentos bancarios, y en acreditar la imputación temporal correcta.

    ¿Puedo mezclar los depósitos de clientes con la caja de la agencia?

    No. Los depósitos fiduciarios son fondos recibidos por cuenta de clientes y deben mantenerse separados de la tesorería de la agencia. Mezclarlos puede llevar a considerarlos ingresos no declarados y supone un riesgo de apropiación indebida.

    ¿Cuánto tiempo tengo para recurrir una liquidación?

    Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Liquidación y sanción se recurren por separado y puede pedirse la suspensión de la ejecución.

    Si su inmobiliaria o promotora ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal al sector inmobiliario y en defensa en inspecciones fiscales. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

  • Inspección a una gasolinera: conciliación de existencias y defensa jurídica

    Inspección a una gasolinera: conciliación de existencias y defensa jurídica

    Una gasolinera mueve grandes importes con un margen unitario pequeño, y por eso la inspección tributaria parte de una pregunta sencilla: ¿cuadran los litros comprados, los litros vendidos y los ingresos declarados? Responderla con documentos es, en esencia, la defensa. Este artículo aborda la inspección a una estación de servicio desde el ángulo jurídico: derechos del obligado tributario, conciliación de existencias, prueba de las mermas, calificación del contrato con el operador, sanciones y recursos. Para el análisis material de los impuestos, puede consultar nuestra guía sobre la fiscalidad de gasolineras, IVA, Verifactu e inspecciones. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente a estaciones de servicio y las defendemos en inspecciones tributarias.

    Qué cruza la Administración en el sector

    La Agencia Tributaria dispone de datos fáciles de contrastar: compras de carburante a un único proveedor, cobros con tarjeta comunicados por las entidades financieras y lecturas de contadores de los surtidores. Un error de pocos céntimos por litro, repetido durante años, se convierte en una regularización muy elevada, de modo que la inspección se prepara con una lógica de reconstrucción: lo comprado, más lo almacenado, menos lo que queda en tanques, frente a lo vendido.

    Plazos y derechos del obligado tributario

    Las actuaciones inspectoras tienen un plazo general de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos del art. 150 de la Ley General Tributaria, y la prescripción general es de cuatro años. Rebasar el plazo no produce caducidad, pero las actuaciones realizadas fuera de él no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora durante ese tiempo. Durante el procedimiento, la estación tiene derecho a:

    • Conocer el alcance de las actuaciones, los tributos y los periodos comprobados.
    • Actuar mediante representante y ser asistida por un asesor.
    • Alegar y aportar pruebas en el trámite de audiencia, antes de la liquidación.
    • Obtener copia de las diligencias y actas que firme.
    • Ser tratada con respeto y que el procedimiento se desarrolle en plazo.

    La conciliación litro a litro: dónde se gana o se pierde

    Se parte de las existencias iniciales, se suman las compras y se restan las existencias finales para obtener las ventas teóricas, que se comparan con las lecturas de los totalizadores de los surtidores y con las ventas contabilizadas. Cualquier diferencia exige una explicación. Las mermas pueden ser reales, por variaciones de temperatura, evaporación o errores de medición y calibración de los equipos. Lo que no basta es alegarlas sin respaldo. Conviene aclarar que no hemos podido verificar un porcentaje legal único aplicable a la estación minorista, de modo que la defensa se apoya en la prueba técnica concreta y no en una cifra genérica.

    • Mediciones periódicas de cada tanque y registro de las diferencias.
    • Informes del sistema de control de inventario y de los surtidores, conservados por fecha.
    • Registro de calibraciones, revisiones y averías de los equipos de despacho.
    • Albaranes de entrega con medición en recepción y acta de cualquier discrepancia.
    • Procedimiento escrito de cierre diario y de arqueo de caja.

    Cuando la discusión es cuantitativa, un informe pericial puede reconstruir la conciliación y cuantificar el efecto de cada partida. Es el terreno de ValiTax Informes Periciales.

    Comisión o compraventa: una discusión sobre la calificación del contrato

    En el suministro con compraventa, la estación compra el carburante, asume el riesgo y vende en nombre propio: su ingreso es el precio de venta y su margen la diferencia con el coste. En la comisión, el gestor actúa por cuenta del operador, que sigue siendo titular del producto, y el ingreso del gestor es la comisión. La Administración atiende a la realidad económica y no a la denominación. Si el contrato dice comisión pero la estación asume el riesgo de las existencias, o al revés, la calificación puede discutirse, con consecuencias en el IVA, en el impuesto directo y en la obligación de conservar inventarios. La defensa pasa por analizar las cláusulas reales sobre titularidad, riesgo, precio y liquidación.

    Cobros, efectivo y tarjetas de flota

    Las operaciones en las que alguna parte actúe como empresario o profesional no pueden pagarse en metálico por importes de 1.000 euros o más; la sanción es del 25 % de lo pagado y responden solidariamente pagador y receptor. Además, una diferencia entre los cobros por tarjeta y las ventas declaradas es una de las señales de riesgo más claras, por lo que conviene conciliar mensualmente TPV, caja y contabilidad. Las tarjetas de flota añaden una capa más: el repostaje lo realiza un conductor, pero la factura se emite a la empresa titular o a la entidad emisora, según el contrato. Los desajustes entre lo repostado, lo facturado y lo cobrado al emisor se interpretan como ventas no declaradas si no se explican.

    Estimación indirecta y sanciones

    Si los registros no permiten determinar con exactitud las ventas, la Administración puede acudir a la estimación indirecta del art. 53 de la Ley General Tributaria. Es un método excepcional y las diferencias de inventario sin explicar son su principal argumento, por lo que la defensa consiste en demostrar que había datos suficientes para una determinación directa y en cuestionar la motivación del método. En cuanto a la sanción, requiere culpabilidad: una merma o un desajuste con causa acreditable permite impugnarla. Además, el art. 201 bis de la Ley General Tributaria castiga la tenencia de sistemas informáticos de facturación no certificados o alterados con una multa fija de 50.000 euros por ejercicio.

    Sobre el calendario de Verifactu, el vigente conforme al Real Decreto-ley 15/2025 es el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto. El aplazamiento a octubre de 2028 anunciado el 5 de octubre de 2026 está pendiente de formalizarse en una norma, y los requisitos técnicos no cambian.

    Actas, reducciones y recursos

    El acta puede firmarse en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si se cumplen los requisitos. Aceptar parte de la propuesta permite aprovechar las reducciones de sanción por conformidad y pronto pago, pero esa decisión debe tomarse con la conciliación ya reconstruida. La disconformidad abre el trámite de alegaciones. Notificada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, con un plazo general de un mes desde el día siguiente a la notificación, y después la vía contenciosa. Liquidación y sanción se recurren por separado.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cómo se justifica una merma de combustible ante la inspección?

    Con prueba técnica concreta: mediciones periódicas de tanques, informes del sistema de control, registros de calibración y averías, y albaranes con medición en recepción. No hay un porcentaje legal único verificado, así que la alegación genérica suele rechazarse.

    ¿Puede Hacienda recalificar mi contrato de comisión como compraventa?

    Puede discutir la calificación si la realidad económica no coincide con la denominación, por ejemplo si la estación asume el riesgo de las existencias. Tiene efectos en el IVA y en el impuesto directo, y la defensa se apoya en las cláusulas reales sobre titularidad, riesgo, precio y liquidación.

    ¿Cuánto tiempo tengo para recurrir una liquidación a mi estación de servicio?

    Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Liquidación y sanción se recurren por separado y puede solicitarse la suspensión de la ejecución.

    Si su gasolinera ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal a estaciones de servicio y en defensa en inspecciones fiscales. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

  • Inspección a operadores petrolíferos: responsabilidad, prueba y recursos

    Inspección a operadores petrolíferos: responsabilidad, prueba y recursos

    En el sector de los hidrocarburos, la inspección tributaria rara vez es un asunto de una sola cuota. Las mismas operaciones se comprueban a la vez desde el Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA y, cuando procede, la normativa aduanera, y la discusión jurídica gira en torno a la prueba, a quién responde de qué y a si la Administración ha motivado correctamente su pretensión. Este artículo aborda la inspección a operadores petrolíferos desde el ángulo del procedimiento y la defensa. Para el análisis material de los tributos, puede consultar nuestra guía sobre la fiscalidad de operadores petrolíferos e inspecciones fiscales. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente al sector y defendemos a operadores en inspecciones tributarias.

    Por qué la prueba documental lo decide todo

    La clave de la fiscalidad del sector es la distinción entre salida a consumo y salida en suspensión. Mientras el producto circula en régimen suspensivo no se paga el impuesto, pero el operador asume la obligación de acreditar su llegada a un destino autorizado. Si esa llegada no se justifica, la salida se considera irregular y el devengo se produce con sus consecuencias. En consecuencia, la inspección se centra en lo que el operador puede demostrar: documentos de circulación, existencias, garantías y proveedores.

    Qué comprueba la Administración

    La Agencia Tributaria combina cruces de DAE con la contabilidad de existencias, inspecciones en depósitos, actuaciones simultáneas en estaciones de servicio, análisis de marcadores y trazadores y control del despacho aduanero. Los puntos que más regularizaciones generan son los siguientes:

    • Diferencias de existencias o mermas superiores a las admisibles en el depósito fiscal, que se interpretan como producto salido a consumo sin tributar.
    • DAE cerrados fuera de plazo, sin recepción o con cambios de destino sin documentar.
    • Compras a operadores que no constan en el listado de la CNMC o con precios anormalmente bajos.
    • Garantías insuficientes, caducadas o no ajustadas al volumen real de operaciones.
    • Falta de acreditación del último depositante ante el titular del depósito antes de la extracción.
    • Presencia en el carburante de productos distintos de los marcadores y trazadores autorizados.

    Plazos, derechos y calendario del procedimiento

    El art. 150 de la Ley General Tributaria establece un plazo general de 18 meses para las actuaciones inspectoras, ampliado a 27 cuando concurren circunstancias como superar el umbral que obliga a auditar las cuentas. Rebasarlo no produce caducidad, pero las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora durante ese tiempo. La prescripción general es de cuatro años. El operador tiene derecho a conocer el alcance de las actuaciones, a actuar mediante representante, a ser asistido por un asesor, a alegar y aportar pruebas antes de la liquidación y a recibir copia de lo que firme. Antes de aportar documentación, conviene revisar la competencia del órgano, los plazos y la motivación de la propuesta.

    Responsabilidades: quién responde de qué

    Último depositante y titular del depósito

    Tras la reforma de la Ley 7/2024, la ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero se entiende realizada por el último depositante del producto extraído del depósito fiscal, que debe liquidar el IVA de la operación asimilada a una importación y garantizar el de las entregas posteriores, salvo que sea operador económico autorizado o confiable. Quien permite la salida del carburante sin la acreditación debida puede responder solidariamente de la deuda de IVA de la entrega posterior. Para el titular del depósito, esto convierte la comprobación previa a la extracción en una cuestión de defensa.

    Precio anómalo y listado de la CNMC

    El art. 87.5 de la Ley del IVA hace responder subsidiariamente al destinatario que debía presumir razonablemente que el impuesto no se ingresaría, lo que se presume cuando paga un precio notoriamente anómalo. Además, tras la reforma, una factura o documento de circulación no acredita el pago del Impuesto sobre Hidrocarburos si se compró a operadores que no figuran en el listado de la CNMC o si se detectan en el carburante productos distintos de los marcadores y trazadores autorizados. Comprar a un proveedor no inscrito deja al adquirente sin prueba del pago. La defensa se construye con diligencia documentada: comprobación del proveedor en el listado, contratos, justificantes de pago y análisis del precio de mercado.

    Sanciones y riesgo penal

    Las sanciones tributarias se gradúan según la ocultación y la cuantía de la cuota, y exigen culpabilidad: no hay responsabilidad cuando se ha puesto la diligencia necesaria. Pero en un sector con cuotas elevadas, la estrategia debe tener en cuenta el umbral penal. El art. 305 del Código Penal tipifica el delito fiscal cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, y esa circunstancia aconseja diseñar la defensa desde el primer día para no perjudicar la posición posterior. Una explicación incompleta ante la inspección puede condicionar el procedimiento penal si llega a abrirse.

    Actas, alegaciones y recursos

    El acta puede firmarse en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si se cumplen los requisitos. La disconformidad abre el trámite de alegaciones. Notificada la liquidación, cabe la reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes desde la notificación, y después la vía contenciosa. Liquidación y sanción se recurren por separado. Cuando el debate es cuantitativo, como una merma, un precio o un margen, un informe pericial independiente aporta una base objetiva que el tribunal económico-administrativo o el juez pueden contrastar. Es el terreno de ValiTax Informes Periciales.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué ocurre si no puedo acreditar la llegada de un producto en suspensión?

    La salida se considera irregular y se produce el devengo del impuesto con sus consecuencias. Por eso conviene conciliar los DAE emitidos y recibidos con la contabilidad de existencias y conservar la documentación de cada movimiento.

    ¿Puedo responder por las deudas de IVA de un proveedor?

    Sí, de forma subsidiaria si debía presumir razonablemente que el impuesto no se ingresaría, lo que se presume cuando se paga un precio notoriamente anómalo (art. 87.5 de la Ley del IVA). La defensa se apoya en la diligencia documentada.

    ¿Cuándo hay riesgo de delito fiscal?

    Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, según el art. 305 del Código Penal. En ese caso la estrategia de defensa debe diseñarse desde el primer requerimiento para no perjudicar la posición posterior.

    Si su empresa ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio en materia de impuestos especiales o IVA, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal al sector petrolífero y en defensa en inspecciones fiscales. Contenido informativo y orientativo, que no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

  • Inspección a una heladería: rendimientos, mermas y defensa jurídica

    Inspección a una heladería: rendimientos, mermas y defensa jurídica

    En una heladería, la inspección tributaria se decide casi siempre con una operación aritmética: lo comprado, multiplicado por un rendimiento, frente a lo declarado. Si el resultado supera las ventas, la diferencia se presume ingreso oculto. Por eso la defensa jurídica de un negocio estacional no consiste solo en entregar documentos, sino en rebatir esa reconstrucción con prueba propia. Este artículo aborda la inspección a una heladería desde el ángulo del procedimiento: derechos del obligado, observación presencial, discusión sobre rendimientos y mermas, sanciones y recursos. Para el análisis material de los impuestos, puede consultar nuestra guía sobre la fiscalidad de heladerías e inspecciones en hostelería estacional. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente a negocios de hostelería y defendemos a sus titulares en inspecciones fiscales.

    Cómo llega la inspección a un negocio estacional

    Una heladería concentra sus ingresos en pocos meses, vende producto de bajo importe a muchos clientes y cobra buena parte en el acto. Esa combinación permite a la Administración construir una comparación sencilla entre compras, producción y ventas declaradas. Además, las entidades financieras comunican a la Agencia Tributaria los cobros con tarjeta de cada establecimiento, de modo que una caja declarada muy inferior a lo cobrado por TPV salta de inmediato. El procedimiento empieza con una comunicación que fija los tributos y periodos comprobados, y se desarrolla con requerimientos y, con frecuencia, una visita al local.

    Plazos y derechos del obligado tributario

    El art. 150 de la Ley General Tributaria establece un plazo general de 18 meses para las actuaciones inspectoras, ampliado a 27 en los supuestos previstos, como superar el umbral que obliga a auditar las cuentas. Rebasarlo no genera caducidad, pero las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora durante ese tiempo.

    • Conocer el alcance de las actuaciones y los periodos y tributos afectados.
    • Actuar mediante representante y ser asistido por un asesor, también durante la visita al local.
    • Alegar y aportar pruebas en el trámite de audiencia, antes de la liquidación.
    • Obtener copia de las diligencias y actas que se firmen.
    • Recibir un trato respetuoso y que el procedimiento respete los plazos legales.

    La visita al local y la observación presencial

    En una visita, la Inspección puede pedir el cierre de caja del día, comparar la numeración de los tickets, buscar saltos o anulaciones y comprobar ventas sin registrar. También puede realizar observaciones presenciales, contando clientes y cobros durante varias horas, para cotejarlos con la caja declarada. Estas diligencias constan por escrito y servirán de prueba, por lo que conviene que el titular o su asesor estén presentes, revisen lo que se recoge y hagan constar cualquier discrepancia antes de firmar. Una observación puntual, hecha un día de máxima afluencia, no es representativa de una temporada completa, y ese argumento debe plantearse cuando se extrapole.

    Rendimientos y mermas: el núcleo de la discusión

    El inspector parte de las compras de leche, nata, azúcar, pasta, fruta, cucuruchos y tarrinas, aplica un rendimiento por kilo o por litro y calcula cuántos helados podrían haberse vendido. Si el resultado supera las ventas declaradas, la diferencia se considera ingreso no declarado. Para rebatirlo, el negocio necesita documentar tres elementos:

    • Recetas y rendimientos reales, medidos en el propio obrador y no tomados de promedios genéricos.
    • Inventario inicial y final de cada temporada, conservado junto a las facturas de compra.
    • Registro de mermas con su causa: producto caducado, roturas de frío, degustaciones, devoluciones o regalos de promoción.

    Una merma sin soporte no suele aceptarse; una merma documentada permite combatir el rendimiento teórico de la Administración. Cuando la discusión es cuantitativa, un informe pericial que mida el rendimiento real de la actividad ofrece una base técnica independiente. Es el terreno de ValiTax Informes Periciales.

    Estimación indirecta: un método excepcional

    Si la Administración considera que la contabilidad no es fiable, puede acudir a la estimación indirecta del art. 53 de la Ley General Tributaria. Es un método excepcional que debe estar motivado y que los tribunales exigen razonable. Un inventario riguroso, firmado y conservado con las facturas de compra es la mejor defensa frente a ella, porque demuestra que sí era posible determinar la base con datos ciertos.

    Facturación y Verifactu: una cautela sobre el calendario

    Para quien cobra con ticket en un mostrador, los sistemas de facturación son una cuestión de prueba. El calendario legal vigente conforme al Real Decreto-ley 15/2025 es el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto. El 5 de octubre de 2026 el Ministerio de Hacienda comunicó que prevé ampliar el plazo hasta octubre de 2028, pero esa previsión no está formalizada en una norma, así que conviene no planificar sobre ella. Un negocio estacional debería elegir su programa de caja antes de abrir la temporada, no durante ella.

    Sanciones y diligencia

    Si se concluye que hay ventas ocultas, la Administración regulariza IVA e IRPF o Impuesto sobre Sociedades, exige intereses de demora y propone una sanción que, según la Ley General Tributaria, puede oscilar entre el 50 % y el 150 % de la cuota cuando se aprecia ocultación. La sanción exige culpabilidad y no procede cuando se ha puesto la diligencia necesaria. Un negocio con cierres de caja diarios, registro de mermas y criterio uniforme de tipos de IVA tiene mejores argumentos para combatir la multa, incluso si no logra eliminar toda la regularización.

    Actas y recursos

    El acta puede firmarse en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si se cumplen los requisitos. La disconformidad abre el trámite de alegaciones. Notificada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, con un plazo general de un mes desde el día siguiente a la notificación, y después la vía contencioso-administrativa. Liquidación y sanción se recurren por separado, y puede solicitarse la suspensión de la ejecución con las garantías que prevé la normativa.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cómo puede Hacienda calcular las ventas ocultas de una heladería?

    Parte de las compras de materias primas, aplica un rendimiento por kilo o litro y compara el resultado con las ventas declaradas. También puede hacer observaciones presenciales en el local y contrastar los cobros por TPV.

    ¿Qué pruebas ayudan a defender las mermas?

    Recetas con rendimientos reales, inventario inicial y final de cada temporada y un registro de mermas con su causa, como producto caducado, roturas de frío, degustaciones o regalos de promoción. Una merma sin soporte no suele aceptarse.

    ¿Cuánto tiempo tengo para recurrir una liquidación a mi negocio?

    Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. La sanción se recurre por separado y puede pedirse la suspensión de la ejecución.

    Si su heladería o negocio de hostelería ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal al sector y en defensa en inspecciones fiscales. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.