Perito de parte o perito judicial: diferencias y cuál conviene en un litigio tributario

Mazo y libros de derecho que representan la actuación de un perito judicial tributario

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La diferencia esencial es quién encarga y quién elige al perito. El perito de parte lo contrata el interesado y su dictamen se aporta al proceso como prueba propia; el perito designado judicialmente lo nombra el tribunal, normalmente a solicitud de una parte o de oficio, y su informe se incorpora al procedimiento como una prueba que no pertenece a ninguna de las partes. Ambos deben actuar con objetividad, pero el momento procesal, el coste, la capacidad de preparación previa y el modo de valoración por el juez son distintos.

En litigios con componente tributario o económico, esta elección condiciona la estrategia. Quien tiene que defender una valoración, una operación o un criterio fiscal debe saber qué le conviene en cada fase, porque aportar un dictamen a tiempo suele ser más eficaz que esperar a una designación posterior. Un peritaje en la prueba pericial judicial bien planificado permite decidir con antelación qué tipo de perito necesita el caso.

Qué es un perito de parte

El perito de parte es el profesional que elabora un dictamen a petición de quien lo contrata, con el fin de aportarlo al procedimiento. En el proceso civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que las partes acompañen con la demanda o la contestación los dictámenes periciales de que dispongan, y el artículo 265 se refiere precisamente a los documentos y dictámenes que deben presentarse en esos escritos. Esa posibilidad de anticipar el informe es una de sus mayores ventajas.

Contratar a un perito de parte no significa que su opinión esté sesgada. La ley exige que el perito manifieste, bajo juramento o promesa, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Esa declaración, prevista en el artículo 335 de la LEC, vincula a todos los peritos con independencia de quién los haya elegido.

Qué es un perito designado judicialmente

El perito designado por el tribunal interviene cuando una parte solicita que el juzgado nombre uno, o cuando el propio tribunal lo considera necesario en los supuestos que la ley permite. La designación se realiza siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 339 y siguientes de la LEC, con listados que remiten los colegios profesionales o las entidades correspondientes, y el nombramiento suele hacerse por sorteo cuando hay varios candidatos posibles.

Su ventaja principal es la percepción de neutralidad: no depende de ninguna de las partes, y las dos pueden formularle preguntas en la vista o en el juicio. Su inconveniente es la menor capacidad de las partes para controlar el enfoque, el alcance y la calidad del trabajo. Además, el plazo de designación y emisión puede alargar el procedimiento, y la provisión de fondos suele repartirse conforme a lo que determine el tribunal.

Comparativa práctica

Aspecto Perito de parte Perito designado por el tribunal
Quién lo elige La parte interesada El tribunal, por sorteo o designación
Momento habitual Antes del procedimiento o con el primer escrito Durante el procedimiento, tras la solicitud
Control del contenido Alto: se define el encargo con el cliente Limitado: el tribunal fija el objeto
Percepción de neutralidad Debe demostrarse con método y transparencia Más alta por su origen
Preparación previa Permite anticipar la estrategia Escasa, depende de los tiempos del juzgado
Ratificación Se prepara con el cliente y el abogado Comparece a requerimiento del tribunal

Cómo valora el juez uno y otro

La ley establece que los jueces valoran los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica, tal como indica el artículo 348 de la LEC. No existe una presunción de que el informe del perito judicial pese más que el del perito de parte ni al revés. Lo que cuenta es la coherencia interna del dictamen, la solidez del método, la calidad de las fuentes y la capacidad de responder a las objeciones de la otra parte.

En la práctica, un informe de parte mal fundamentado queda debilitado frente a uno judicial; y, a la inversa, un perito designado que no ha profundizado en el expediente puede ser rebatido por un dictamen de parte bien elaborado. La calidad, no el origen, marca la diferencia. Por eso conviene que el perito de parte construya su informe de manera reproducible, con documentos verificables y declaración expresa de independencia, tal como se expone en la metodología de trabajo de ValiTax.

La vía contencioso-administrativa y la económico-administrativa

En materia tributaria, el contribuyente puede aportar prueba pericial en la reclamación económico-administrativa y, después, en el recurso contencioso-administrativo, donde la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa remite en lo no previsto a la LEC. La Administración es una parte más: su criterio no vincula al tribunal por el mero hecho de proceder de ella, y lo que se valora es la fuerza de los argumentos y de las pruebas.

En los procedimientos de inspección, además, el informe de parte puede presentarse en vía administrativa, en el trámite de alegaciones, lo que permite que conste en el expediente antes de cualquier litigio. Llegar a la vía judicial con un dictamen ya incorporado en el expediente suele reforzar la posición, porque demuestra que el contribuyente ofreció una explicación técnica desde el principio. Los servicios de ValiTax para despachos y asesores contemplan este tipo de colaboración con los profesionales que dirigen la defensa.

Cuándo conviene cada uno

  • Interesa un perito de parte cuando se quiere anticipar la prueba, controlar el enfoque del informe, preparar una negociación o aportar el dictamen en una fase administrativa.
  • Interesa solicitar un perito judicial cuando se busca reforzar la apariencia de imparcialidad, cuando la cuestión es muy técnica y se desea un informe sin vinculación con las partes, o cuando la contraparte ya ha aportado un informe propio.
  • Pueden combinarse: es habitual que una parte aporte su informe y solicite además la designación de un perito judicial, con lo que el tribunal contará con ambas perspectivas.

Ejemplo hipotético

Una sociedad discute con la Administración el valor de unas participaciones transmitidas. Antes de contestar a la propuesta de liquidación, encarga un informe a un perito de parte, que se presenta en el trámite de alegaciones. Más adelante, cuando la discusión llega al tribunal, la contraparte aporta una valoración distinta, y la sociedad solicita la designación de un perito judicial para contrastar ambas. Es un esquema ficticio, pero ilustra la secuencia habitual: primero el dictamen propio, que fija el marco técnico; después, si procede, la intervención judicial que arbitra entre posiciones.

Errores frecuentes

  • Esperar a que el tribunal designe perito sin haber preparado una posición técnica propia.
  • Elegir un perito de parte sin experiencia en ratificar informes ante un tribunal.
  • Confundir al perito con un abogado y esperar que defienda la tesis del cliente en lugar de explicar un criterio técnico.
  • No coordinar al perito con el equipo jurídico, con el consiguiente riesgo de contradicciones con los escritos de la defensa.
  • Aportar el informe fuera de plazo y perder la oportunidad procesal de incorporarlo.

La coordinación entre abogados y peritos es decisiva. Un equipo que integra ambas funciones, como una asesoría legal y fiscal con experiencia en procedimientos tributarios, ahorra tiempo y evita desajustes. En este blog hemos analizado también cuándo el juzgado exige un informe pericial tributario en un litigio mercantil, un caso donde la elección del perito resulta especialmente relevante.

Conclusión

No hay un perito mejor que otro por su origen. El perito de parte aporta anticipación y control; el perito judicial, imparcialidad percibida y autoridad ante el tribunal. Lo decisivo es elegir con criterio, preparar el dictamen con método y entender que la Administración es una parte más: su opinión se rebate con datos, no con meras afirmaciones. Bien combinados, ambos tipos de perito refuerzan la defensa del contribuyente.

Preguntas frecuentes

¿Puedo aportar un informe de parte y pedir además un perito judicial?

Sí. Es una práctica habitual que permite al tribunal contrastar perspectivas. Conviene coordinarla con el abogado para respetar los plazos procesales.

¿El perito de parte puede ser recusado?

Los peritos de parte pueden ser objeto de tacha en los términos previstos por la ley procesal. En la práctica, la contraparte cuestionará su independencia o su cualificación, por lo que deben documentarse ambas desde el inicio.

¿Quién paga al perito designado por el tribunal?

Depende de la resolución del tribunal y de quién haya solicitado la designación. Normalmente se exige una provisión de fondos y los honorarios se tienen en cuenta en las costas según lo que se resuelva.

¿Tiene más valor el informe del perito judicial?

No existe esa regla. El juez valora todos los dictámenes conforme a la sana crítica, atendiendo a su coherencia, método y fundamentación.

¿Se puede presentar un informe pericial en una inspección tributaria?

Sí. Puede aportarse en el trámite de alegaciones, de modo que forme parte del expediente administrativo y pueda utilizarse después en vía de recurso.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado