Inspección a una inmobiliaria: blanqueo, efectivo y defensa jurídica

Mazo y libros de derecho que representan la actuación de un perito judicial tributario

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Una agencia inmobiliaria o una promotora trabaja con importes altos, anticipos, depósitos y, a veces, efectivo. Cada compraventa deja rastro en la escritura notarial, el Registro de la Propiedad, el Catastro y los índices que el notario comunica a la Administración, y esa trazabilidad hace que cualquier comisión no facturada o precio que no encaje se detecte con rapidez. Este artículo aborda la inspección a inmobiliarias desde el ángulo jurídico: qué se discute, qué derechos asisten al obligado tributario, cómo se combate una regularización y qué recursos existen. Para el análisis material de los impuestos, puede acudir a nuestra guía sobre la fiscalidad de inmobiliarias: IVA, blanqueo e inspecciones. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente a inmobiliarias y las defendemos en inspecciones.

Qué cruza Hacienda y de dónde parte la inspección

Además de los datos notariales y registrales, la Administración dispone del modelo 347 de operaciones con terceros y de los controles sobre medios de pago. Con esa información detecta con facilidad una comisión que no aparece en la contabilidad, un anticipo no declarado o una venta cuyo precio no coincide con la realidad. Los focos habituales son estos:

  • Comisiones cobradas y no facturadas, detectadas por cruces con notarías y clientes.
  • Diferencias entre el precio escriturado y el real, con pagos en efectivo o fuera de escritura.
  • Deducción de IVA soportado en gastos no vinculados a la actividad.
  • Depósitos y arras tratados como pasivo cuando eran ingresos, o al revés.
  • Reclasificación de inmuebles de existencias a inmovilizado, o viceversa.
  • Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo y del límite de efectivo.

Plazos y derechos del obligado tributario

El derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años (art. 66 LGT). Las actuaciones inspectoras tienen un plazo general de 18 meses, ampliado a 27 en los supuestos del art. 150 de la Ley General Tributaria, y rebasarlo no genera caducidad, pero las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora durante ese tiempo. La inmobiliaria tiene derecho a conocer el alcance de las actuaciones, a actuar mediante representante, a ser asistida por un asesor, a alegar y aportar pruebas antes de la liquidación y a obtener copia de las diligencias y actas que firme.

Primera discusión: comisión, precio y circuito del dinero

La comisión de intermediación es una prestación de servicios sujeta a IVA al tipo general del 21 %, aunque la compraventa subyacente esté exenta. La inspección comprueba que cada comisión esté facturada, que el IVA se devengue correctamente, incluso en los pagos anticipados por el importe percibido, y que se impute en el ejercicio que corresponde. Cuando intervienen varias agencias, cada una debe facturar su parte, y repartir el cobro sin facturar es un clásico de las actas. La defensa consiste en reconstruir el flujo del dinero de cada operación con documentos bancarios, contratos de mediación y hojas de encargo, y en demostrar que el desfase entre la firma de la escritura y el cobro explica la imputación temporal.

Segunda discusión: efectivo, arras y depósitos

El límite general de pagos en efectivo es de 1.000 euros cuando alguna de las partes es empresario o profesional, y de 10.000 euros para ciertas personas físicas con domicilio fiscal fuera de España que no actúan como empresarios. Una comisión o una señal abonadas en metálico por encima del límite constituyen una infracción que alcanza a quien paga y a quien cobra, con una sanción del 25 % de la cuantía pagada. En cuanto a arras y depósitos, conviene distinguir su naturaleza: una señal a cuenta del precio es un pago anticipado, mientras que un depósito fiduciario son fondos recibidos por cuenta de clientes que no constituyen ingreso propio y deben mantenerse separados de la tesorería de la agencia. Mezclarlos con la caja puede llevar a la Administración a considerarlos ingresos no declarados, además del riesgo evidente de apropiación indebida. Por eso los pagos deben canalizarse por cuenta bancaria y quedar identificados en la escritura.

Tercera discusión: existencias o inmovilizado

Si la sociedad adquiere un inmueble para venderlo en el curso de su actividad, es existencia: no se amortiza, la venta es un ingreso de explotación y el deterioro puede ser deducible. Si lo destina a uso propio o a alquiler, es inmovilizado o inversión inmobiliaria: se amortiza y el deterioro del inmovilizado no es deducible conforme al art. 13.2 de la Ley 27/2014. Una compraventa habitual reclasificada por Hacienda como actividad empresarial puede arrastrar IVA no repercutido, un Impuesto sobre Sociedades más alto y recargos. Documentar la intención de reventa y una contabilización coherente desde el primer día es la mejor defensa. Cuando el debate gira en torno al valor de un inmueble, un informe pericial de ValiTax Informes Periciales puede ser decisivo.

Prevención de blanqueo: un frente administrativo distinto

La Ley 10/2010 incluye entre los sujetos obligados a los promotores inmobiliarios y a quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles. Eso implica identificar al cliente y al titular real, analizar las operaciones inusuales, comunicar los indicios al SEPBLAC, conservar la documentación, aprobar procedimientos internos y formar al personal. Una agencia que nunca ha documentado estas políticas se expone a sanciones administrativas con independencia de que exista un delito de fondo. Es un procedimiento distinto del tributario, con su propia tramitación y sus recursos, y conviene no confundirlos en la estrategia de defensa.

Sanciones, actas y recursos

La liquidación y la sanción son actos distintos, y la sanción exige culpabilidad: no hay responsabilidad cuando se ha puesto la diligencia necesaria. Al cierre, el acta puede firmarse en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si se cumplen los requisitos, y la disconformidad abre el trámite de alegaciones. Notificada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, con un plazo general de un mes desde el día siguiente a la notificación, y después la vía judicial. Liquidación y sanción se recurren por separado.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si Hacienda detecta comisiones no facturadas?

Puede regularizar el IVA y el impuesto directo con intereses y, en su caso, sanción. La defensa consiste en reconstruir el flujo del dinero de cada operación con contratos de mediación y documentos bancarios, y en acreditar la imputación temporal correcta.

¿Puedo mezclar los depósitos de clientes con la caja de la agencia?

No. Los depósitos fiduciarios son fondos recibidos por cuenta de clientes y deben mantenerse separados de la tesorería de la agencia. Mezclarlos puede llevar a considerarlos ingresos no declarados y supone un riesgo de apropiación indebida.

¿Cuánto tiempo tengo para recurrir una liquidación?

Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Liquidación y sanción se recurren por separado y puede pedirse la suspensión de la ejecución.

Si su inmobiliaria o promotora ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal al sector inmobiliario y en defensa en inspecciones fiscales. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.