Categoría: Impuestos

Guías prácticas sobre fiscalidad española escritas por abogados tributaristas: IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, herencias, inspecciones de Hacienda, recursos, holdings y fiscalidad internacional.

  • Reducción de capital y tributación de los socios: devolución, reservas y operación acordeón

    La tributación de los socios en la reducción de capital depende de si la reducción se realiza con devolución de aportaciones o con cargo a reservas. En el primer caso, la cantidad recibida minora el valor de adquisición de las participaciones hasta cero (y solo el exceso tributa como ganancia patrimonial). En el segundo, la cantidad percibida tributa como dividendo desde el primer euro.

    Reducción de capital para compensar pérdidas

    La reducción de capital para compensar pérdidas no implica devolución de dinero a los socios: simplemente reduce el capital contable para dejarlo en línea con el patrimonio neto real. Esta operación no genera tributación en el IS ni en el IRPF de los socios, aunque sí reduce el valor de adquisición de las participaciones para futuras plusvalías.

    La operación acordeón

    La operación acordeón combina una reducción de capital a cero (para limpiar pérdidas) con una simultánea ampliación de capital (para recapitalizar la empresa). Es una solución habitual en empresas con patrimonio neto negativo. Fiscalmente, la reducción no genera renta para los socios; la ampliación genera un nuevo precio de adquisición de las nuevas participaciones igual al importe suscrito.

    Los especialistas en reestructuración financiera y societaria de LRB Tax & Legal asesoran sobre la tributación en reducciones de capital y operaciones acordeón. Contáctenos en Contacto@LRB.es.

    Conclusión

    La reducción de capital con devolución de aportaciones minora el valor de adquisición (solo el exceso es plusvalía). La reducción con cargo a reservas tributa como dividendo. La reducción para compensar pérdidas no genera tributación. La operación acordeón es la solución para empresas con patrimonio neto negativo.

  • Segunda opinión pericial sobre una propuesta de liquidación de Hacienda: cuándo pedirla

    Segunda opinión pericial sobre una propuesta de liquidación de Hacienda: cuándo pedirla

    Una segunda opinión pericial es el análisis independiente de una propuesta de liquidación o de regularización de Hacienda, encargado a un perito distinto de quien intervino hasta entonces, para comprobar si los importes, los criterios y la motivación de la Administración son correctos. Su utilidad es práctica: permite decidir con información si conviene firmar el acta, alegar, recurrir o negociar, y llegar al trámite de alegaciones con argumentos técnicos y cifras contrastadas en lugar de con una discrepancia genérica.

    Recibir una propuesta de liquidación genera inquietud, sobre todo si incluye cuota, intereses y sanción. Muchos contribuyentes la aceptan por cansancio, por desconocimiento o por el temor a que discutir empeore las cosas. Sin embargo, la propuesta es eso, una propuesta: la Administración debe motivarla y el contribuyente tiene derecho a contradecirla. Una segunda opinión experta sirve precisamente para saber, con rigor, qué parte de la propuesta resiste el análisis y cuál no.

    Qué se revisa en una propuesta de liquidación

    La revisión pericial no consiste en repetir el trabajo de la Administración, sino en someterlo a un examen crítico. En una propuesta de regularización derivada de una inspección o de una comprobación, conviene analizar al menos los siguientes aspectos:

    • Hechos. Si los hechos descritos en la propuesta coinciden con la documentación aportada y con la realidad de la operación.
    • Calificación jurídica. Si la operación se ha calificado correctamente y si existen interpretaciones alternativas razonables.
    • Valoraciones. Si los valores empleados, cuando los hay, se apoyan en un método adecuado y en datos verificables.
    • Cálculos. Si las bases, tipos, deducciones, compensaciones y retenciones se han aplicado de forma correcta.
    • Intereses de demora. Si el cómputo del periodo y del tipo es el que corresponde.
    • Sanciones. Si existe una conducta tipificada, si se aprecia culpabilidad y si la propuesta cumple los requisitos de motivación.

    Cada uno de estos puntos puede dar lugar a una alegación distinta. A veces la clave está en un error de cálculo; otras, en una valoración mal fundamentada; otras, en una calificación jurídica discutible. Detectar dónde está el problema exige tiempo y método, de ahí la utilidad de una revisión específica.

    Cuándo se presenta la propuesta y qué plazos hay

    El momento en que se recibe la propuesta depende del procedimiento. En un procedimiento de inspección que termina con acta de disconformidad, la Ley General Tributaria, en su artículo 157, permite formular alegaciones en el plazo de quince días desde la fecha del acta, antes de que se dicte el acuerdo de liquidación. En los procedimientos de gestión, como la comprobación limitada, la propuesta de liquidación va acompañada de un trámite de audiencia cuyo plazo se indica en la notificación, que en general oscila entre diez y quince días.

    Estos plazos son cortos y no suelen ampliarse con facilidad. Por eso el perito debe intervenir cuanto antes, con acceso al expediente y a la documentación. Un informe presentado dentro del trámite de alegaciones se incorpora al expediente y la Administración debe valorarlo al dictar el acuerdo. Si más adelante se recurre, el informe forma parte de la prueba disponible en vía económico-administrativa o contenciosa.

    Qué aporta una segunda opinión frente a la primera

    Quien ha intervenido desde el inicio, ya sea un asesor, una gestoría o el propio contribuyente, tiene a veces una visión condicionada por lo que ha hecho. Un perito externo ve el asunto con distancia, sin compromiso con las decisiones anteriores y con la libertad de señalar fallos que otros podrían dudar en reconocer. Esa independencia es parte de su valor.

    Además, una segunda opinión sirve para evaluar la fortaleza real de la posición del contribuyente. A veces el análisis confirma que la propuesta es correcta en lo esencial, lo que permite considerar una conformidad con una reducción de sanción o, según el caso, un acuerdo. Otras veces revela errores relevantes que justifican una oposición firme. En ambos supuestos, la decisión se toma con información fiable, que es lo que realmente aporta valor.

    Cómo se desarrolla el trabajo

    1. Acceso a la documentación. Se solicita la propuesta, el acta o la notificación, el expediente disponible, las declaraciones, los requerimientos y las respuestas.
    2. Delimitación de las cuestiones. Se identifican los puntos discutibles, separando lo técnico de lo jurídico.
    3. Análisis y recálculo. Se verifican las cifras, se reconstruyen los cálculos y, cuando procede, se elabora una valoración alternativa.
    4. Conclusiones razonadas. El informe indica qué partes de la propuesta son correctas, cuáles son discutibles y cuál sería, en su caso, la cuantía alternativa.
    5. Coordinación con la defensa. Se integra el resultado en las alegaciones y se prepara, si hace falta, la ratificación del perito.

    Ejemplo hipotético

    La Administración propone regularizar a una sociedad por considerar no deducible una parte de sus gastos de servicios, con una cuota, intereses y sanción. Un perito externo revisa el expediente y comprueba que los contratos, las facturas y la correspondencia acreditan la prestación efectiva de los servicios y su vinculación con la actividad. También detecta que la propuesta aplica el tipo de gravamen sin tener en cuenta una deducción debidamente practicada. El informe, incorporado a las alegaciones, cuantifica el efecto y respalda la petición de que se rectifique la propuesta. Todos los datos son ficticios y solo ilustran el método.

    La importancia de la motivación

    La Administración está obligada a motivar sus actos. En materia sancionadora, el principio de culpabilidad exige que se acredite la existencia de una conducta tipificada y la concurrencia de dolo o negligencia, sin que baste una referencia genérica. La carga de probar los hechos constitutivos recae sobre quien los afirma, conforme a los artículos 105 y 106 de la Ley General Tributaria. Una revisión pericial puede mostrar que la motivación es insuficiente o que los hechos no se corresponden con la documentación aportada.

    La Administración es una parte más del procedimiento: sus conclusiones deben fundarse en pruebas y razonamientos verificables, y el contribuyente tiene derecho a oponer los suyos. Para ejercer ese derecho en igualdad de condiciones, el apoyo técnico es esencial. Un peritaje en la defensa de la inspección de la AEAT permite integrar el informe en la estrategia desde las primeras alegaciones.

    Qué hacer después del informe

    Con las conclusiones en la mano, el contribuyente y su equipo jurídico pueden elegir. Cabe aportar el informe en las alegaciones y pedir la rectificación de la propuesta; firmar el acta con conformidad si el análisis la respalda; o prepararse para recurrir el acuerdo de liquidación si no se atienden los argumentos. En este último caso, el siguiente paso suele ser el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, ambos en el plazo de un mes desde la notificación. En este blog hemos descrito cómo impugnar una liquidación de Hacienda paso a paso, un buen complemento de lo expuesto aquí.

    Cuando el asunto es complejo o la cuantía elevada, resulta recomendable que la defensa jurídica y el análisis pericial estén coordinados desde el principio. La asesoría legal y fiscal que dirige la estrategia puede apoyarse en el informe para decidir la línea más adecuada, y el informe pericial tributario aporta la base técnica que sostiene esa línea.

    Conclusión

    Una propuesta de liquidación no es una sentencia: es el planteamiento de una de las partes de un procedimiento. Pedir una segunda opinión pericial antes de contestar ayuda a distinguir lo correcto de lo discutible, a elegir la estrategia y a presentar alegaciones fundadas. El tiempo es limitado, pero un análisis técnico a tiempo cambia la calidad de la defensa y la capacidad de negociar con seguridad.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo pedir una segunda opinión si ya he firmado el acta?

    Si se firmó en conformidad, las posibilidades de impugnación son limitadas. Si se firmó en disconformidad, todavía cabe alegar antes de la liquidación. Conviene consultar el caso concreto cuanto antes.

    ¿La segunda opinión sustituye a mi asesor actual?

    No. Complementa su trabajo con una revisión independiente. Lo ideal es que ambos colaboren y compartan la información.

    ¿Cuánto tiempo necesita el perito?

    Depende de la complejidad y de la rapidez con que se facilite la documentación. Dado que los plazos de alegaciones son breves, conviene contactar de inmediato.

    ¿Qué ocurre si el informe confirma la propuesta de Hacienda?

    Es información valiosa: permite valorar la conformidad con reducción de sanción o negociar el pago, evitando litigios con pocas posibilidades de éxito.

    ¿El informe se puede usar después en un recurso?

    Sí. Si se incorpora al expediente o se aporta como prueba, puede utilizarse en la reclamación económico-administrativa y en la vía contenciosa, donde el perito podrá ser llamado a ratificarlo.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Guía completa de la inspección tributaria a grandes empresas

    Las grandes empresas y grupos multinacionales están sujetos a un nivel de escrutinio fiscal distinto al de una pyme convencional, gestionado en España a través de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT. Esta guía completa repasa las particularidades de estas inspecciones y cómo prepararse ante ellas.

    Qué hace distinta a una inspección de grandes empresas

    Los grupos que superan determinados umbrales de facturación quedan adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, un órgano especializado de la AEAT con equipos dedicados a sectores concretos y mayor capacidad técnica para analizar operaciones complejas: precios de transferencia, reestructuraciones societarias, operaciones internacionales y estructuras de financiación intragrupo.

    Áreas de especial atención en estas inspecciones

    • Precios de transferencia: revisión exhaustiva de la documentación de operaciones vinculadas, con capacidad de la AEAT para cuestionar metodologías y proponer ajustes basados en comparables propios.
    • Establecimientos permanentes: análisis de si la actividad de entidades del grupo en España genera presencia fiscal suficiente para tributar aquí por rentas no declaradas.
    • Deducibilidad de gastos financieros: revisión de los límites a la deducibilidad de gastos financieros en operaciones de financiación intragrupo o adquisiciones apalancadas.
    • Operaciones de reestructuración: comprobación del motivo económico válido en fusiones, escisiones y aportaciones acogidas al régimen FEAC.

    Cómo se desarrolla el procedimiento

    Al igual que en cualquier inspección, existen fases de inicio, desarrollo, acta e informe, y liquidación. La diferencia sustancial está en la duración habitual (mayor, dada la complejidad de la documentación a analizar) y en el nivel de especialización de los equipos actuantes, lo que exige una respuesta igualmente especializada por parte de la empresa inspeccionada.

    La importancia de la documentación previa

    Las grandes empresas deben mantener documentación robusta y actualizada sobre sus políticas de precios de transferencia (master file y local file), sus decisiones de reestructuración societaria (con el motivo económico debidamente justificado desde el momento de la operación), y sus estructuras de financiación intragrupo. Esta documentación, preparada con antelación y no de forma reactiva ante el requerimiento, es la principal defensa frente a una comprobación de este tipo.

    El papel del peritaje técnico en estas inspecciones

    Dada la complejidad técnica de las cuestiones que suelen plantearse (valoración de intangibles, análisis de comparables para precios de transferencia, valoración de reestructuraciones), el peritaje tributario especializado juega un papel central en la defensa de estas empresas, complementando el trabajo jurídico del equipo de abogados con el respaldo técnico-cuantitativo necesario.

    Preguntas frecuentes

    ¿A partir de qué facturación se considera «gran empresa» a estos efectos?
    Existen distintos umbrales según el tipo de obligación (adscripción a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, obligaciones reforzadas de documentación de precios de transferencia, información país por país), por lo que conviene verificar cuál aplica a cada grupo concreto.

    ¿Estas inspecciones tardan más que las de una pyme?
    Habitualmente sí, dada la mayor complejidad de la documentación y operaciones a analizar, aunque los plazos legales máximos son los mismos que para cualquier inspección, con las ampliaciones que correspondan por complejidad.

    Las inspecciones a grandes empresas exigen un nivel de preparación y respuesta muy superior al de una comprobación estándar. Para una defensa fiscal con LRB en procedimientos de esta envergadura, contar con un equipo con experiencia real en grupos multinacionales es determinante para el resultado del procedimiento.

  • Informe pericial de valoración en el concurso de acreedores: activos y créditos fiscales

    La gestión de activos en el concurso de acreedores requiere una comprensión precisa del valor real de los bienes de la empresa concursada. El informe pericial de valoración es una pieza fundamental en los procesos concursales: lo solicitan el administrador concursal para valorar la masa activa, los acreedores para impugnar valoraciones, los socios para defender su posición en el orden de pagos y los jueces para tomar decisiones sobre la enajenación de activos.

    Qué valora el perito tributario en un concurso

    • Participaciones en sociedades filiales del deudor concursado.
    • Activos intangibles (marcas, patentes, software) con valor de mercado diferente al contable.
    • Activos inmobiliarios con plusvalías o minusvalías latentes significativas.
    • Créditos fiscales pendientes de aplicar (bases negativas, deducciones) con valor real de utilización.

    El perito tributario como apoyo al administrador concursal

    El administrador concursal necesita conocer no solo el valor contable de los activos sino su valor fiscal: qué plusvalías latentes generarían si se vendieran (con el correspondiente IS), qué bases negativas son compensables y cómo afectan a la valoración global del activo concursal. El perito tributario proporciona esa perspectiva fiscal complementaria a la valoración contable.

    Los peritos judiciales tributarios acreditados de LRB Tax & Legal elaboran informes periciales de valoración para procesos concursales. Contáctenos en Contacto@LRB.es.

    Conclusión

    El concurso de acreedores genera múltiples necesidades de valoración especializada: masa activa, participaciones en filiales, intangibles y créditos fiscales. El perito tributario aporta la perspectiva fiscal que completa la visión contable del administrador concursal y puede ser determinante para el resultado del proceso.

  • Valoración de empresa en una compraventa: due diligence fiscal y precio de la operación

    Valoración de empresa en una compraventa: due diligence fiscal y precio de la operación

    En una compraventa de empresa, la valoración fija el precio de referencia y la due diligence fiscal comprueba que el negocio no arrastra contingencias que lo hagan valer menos. Son dos trabajos distintos pero complementarios: el primero responde a cuánto vale la empresa; el segundo, a qué riesgos tributarios heredará quien la compre y cómo deben reflejarse en el precio y en el contrato. Comprador y vendedor que los combinan negocian con datos, no con intuiciones.

    La transmisión de una sociedad o de un negocio es una de las decisiones más importantes en la vida de un empresario, y también una de las más expuestas a errores fiscales. Una due diligence fiscal realizada a tiempo permite detectar deudas latentes, criterios discutibles y obligaciones incumplidas, y valorar cuánto puede costar resolverlos. Sin ese análisis, el precio pactado puede incorporar riesgos que nadie ha cuantificado.

    Qué valora y qué revisa cada trabajo

    La valoración de empresa estima el valor económico de la compañía, de una participación o de una unidad productiva a una fecha determinada. Tiene en cuenta la capacidad de generar flujos, los activos y pasivos, el mercado y las condiciones de la operación. La due diligence fiscal, en cambio, revisa el cumplimiento tributario histórico y presente: declaraciones, libros, conciliaciones, operaciones vinculadas, créditos fiscales, retenciones y relaciones con la Administración.

    El resultado de la segunda alimenta a la primera. Una contingencia fiscal relevante reduce el valor neto que el comprador está dispuesto a pagar o se traduce en garantías contractuales. Y a la inversa, un crédito fiscal bien documentado, como unas bases imponibles negativas pendientes de compensar, puede ser un activo que merezca tratamiento específico en la negociación.

    Métodos habituales de valoración en una compraventa

    • Descuento de flujos de caja. Estima el valor presente de los flujos futuros. Es el método más usado cuando la empresa tiene previsiones fiables y se espera continuidad.
    • Múltiplos de transacciones y de compañías comparables. Sirven de contraste de mercado, aunque exigen cuidado al elegir referencias y al ajustar por tamaño o liquidez.
    • Valor patrimonial ajustado. Parte del patrimonio neto, con ajustes a valor razonable de activos y pasivos. Útil en empresas con mucho activo y poca rentabilidad recurrente.
    • Combinación de métodos. Lo habitual es utilizar uno como principal y otro como contraste, explicando las diferencias.

    En operaciones concretas, hay que distinguir entre valor de empresa (enterprise value) y valor de los fondos propios (equity value), pasando de uno a otro mediante la deuda financiera neta y otros ajustes. Esa conciliación, el llamado puente de valor, suele ser uno de los puntos más discutidos entre las partes, y debe documentarse con criterios claros.

    Dónde suelen esconderse las contingencias fiscales

    Una due diligence fiscal bien planteada revisa, entre otras, estas áreas:

    • Impuesto sobre Sociedades. Gastos deducibles cuestionables, provisiones, amortizaciones, deducciones aplicadas y aplicación de bases imponibles negativas.
    • IVA. Operaciones exentas o sujetas con criterios dudosos, prorrata, rectificaciones y facturación.
    • Retenciones y cotizaciones. Retribuciones en especie, pagos a administradores, relaciones con autónomos dependientes.
    • Operaciones vinculadas. Precios y documentación entre empresas del mismo grupo o con socios.
    • Reestructuraciones previas. Aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones y canjes de valores, con sus requisitos y plazos.
    • Procedimientos abiertos. Inspecciones, comprobaciones, requerimientos, recursos y sanciones.

    La Ley General Tributaria fija en cuatro años el plazo general de prescripción de la acción de la Administración para determinar la deuda, según su artículo 66. Eso significa que el comprador debe mirar, como mínimo, los ejercicios no prescritos, y también los que, estándolo, pudieran verse afectados por bases imponibles negativas compensadas que la Administración puede comprobar dentro de los plazos legales.

    Compra de acciones o participaciones frente a compra de activos

    La estructura de la operación cambia el reparto de riesgos. En una compra de participaciones, la sociedad sigue siendo la misma y con ella pasan al comprador sus contingencias pasadas, que no desaparecen por el cambio de dueño. En una compra de activos o de una unidad productiva, el comprador adquiere bienes y contratos concretos, pero puede asumir responsabilidades en determinados supuestos. El artículo 42.1.c de la Ley General Tributaria prevé la responsabilidad solidaria de quienes sucedan en la titularidad o ejercicio de explotaciones económicas, con el límite del valor de los bienes adquiridos, y el artículo 175.2 permite solicitar un certificado de deudas para acotar ese riesgo.

    Estas reglas explican por qué la revisión fiscal forma parte natural de cualquier proceso serio de compraventa. No se trata de desconfiar de la otra parte, sino de conocer con precisión lo que se adquiere y de asignar el riesgo a quien corresponda mediante cláusulas, garantías, retenciones de precio o seguros específicos.

    Del hallazgo a la negociación

    Los resultados de la due diligence suelen clasificarse según su probabilidad e impacto. Las contingencias probables y cuantificables pueden traducirse en un ajuste de precio. Las posibles, pero inciertas, suelen cubrirse con declaraciones y garantías, indemnizaciones específicas o retenciones de parte del precio durante un periodo. Las remotas se documentan, pero no siempre se compensan. Esta clasificación es útil para ambas partes porque convierte una lista de riesgos en una conversación estructurada.

    Para el vendedor, adelantar una revisión fiscal (lo que se conoce como vendor due diligence) tiene también ventajas: permite corregir problemas antes de salir al mercado y evita que el comprador los descubra tarde y los use como palanca de negociación. Un informe de valoración de empresas y activos preparado por un tercero independiente refuerza esa posición.

    Ejemplo hipotético

    Una sociedad se vende por un precio basado en múltiplos de resultado. Durante la revisión se detecta que ha deducido durante varios ejercicios gastos de dudosa vinculación con la actividad, cuyo importe acumulado, de ser regularizado, supondría una cuota y unos intereses relevantes. El comprador lo cuantifica en el rango de lo probable. Las partes acuerdan una retención de parte del precio hasta que prescriban los ejercicios afectados, y una cláusula de indemnización específica. Es un caso hipotético: las cifras, los plazos y los mecanismos reales dependen de cada operación.

    Papel del perito y del asesor

    Un perito independiente aporta credibilidad ante terceros, como entidades financieras, socios o tribunales, y permite documentar la razonabilidad del precio. Además, si la Administración cuestionara después el valor de la transmisión (por ejemplo, al comprobar la ganancia patrimonial del vendedor o el valor de una aportación), disponer de un informe previo evita improvisaciones. El asesor fiscal y jurídico coordina las implicaciones de la operación: estructura, régimen aplicable, cláusulas y calendario. La asesoría legal y fiscal adecuada integra ambos planos.

    En este blog hemos explicado también cómo se construye la valoración de empresas y participaciones en operaciones de venta y M&A, con especial atención a la fijación del precio. Para definir con claridad qué se espera de cada informe, conviene revisar las finalidades de los informes periciales de ValiTax, que distinguen los usos habituales: negociación, defensa fiscal, procedimientos judiciales o decisiones internas.

    Buenas prácticas antes de firmar

    • Definir desde el principio el alcance de la revisión y los ejercicios que se analizarán.
    • Fijar una fecha de referencia para la valoración y el cierre de las cuentas.
    • Pedir a la contraparte toda la documentación fiscal relevante y verificar que esté completa.
    • Coordinar al equipo fiscal, jurídico y financiero para evitar contradicciones entre informes.
    • Reflejar en el contrato las contingencias identificadas y los mecanismos de protección acordados.
    • Conservar toda la documentación de soporte, por si la Administración revisa la operación más adelante.

    Conclusión

    La valoración fija el precio y la due diligence fiscal comprueba que ese precio es razonable teniendo en cuenta los riesgos. Las dos, hechas con método y antes de firmar, reducen sorpresas y mejoran la posición negociadora de ambas partes. La Administración es una parte más en el futuro de la operación: contar desde el principio con un soporte técnico sólido es la mejor garantía de poder explicar y defender lo pactado.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es obligatoria una due diligence fiscal al comprar una empresa?

    No lo es por ley, pero es una práctica muy extendida porque permite conocer las contingencias heredadas y ajustar el precio y las garantías del contrato.

    ¿Cuánto tiempo puede mirar atrás Hacienda?

    El plazo general de prescripción es de cuatro años, aunque existen supuestos específicos, como la comprobación de bases imponibles negativas, que se rigen por reglas propias.

    ¿Quién debe encargar la valoración, el comprador o el vendedor?

    Cualquiera de los dos puede hacerlo. Es frecuente que cada parte tenga su propio análisis, o que ambas acuerden un perito independiente para reducir la discusión sobre el precio.

    ¿Puede responder el comprador de deudas fiscales del vendedor?

    En ciertos supuestos, como la sucesión en la explotación económica, la ley prevé responsabilidad con límites y mecanismos para acotarla, como el certificado de deudas.

    ¿Qué se hace con las contingencias detectadas?

    Se cuantifican, se clasifican por probabilidad y se gestionan mediante ajuste de precio, retenciones, indemnizaciones específicas o garantías contractuales, según el caso.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Canje de valores para crear una holding: régimen FEAC y exención de dividendos

    El canje de valores es la operación de reestructuración por la que los socios de una sociedad aportan sus participaciones a una holding a cambio de acciones de esta última. Es la vía más utilizada para crear estructuras holding sobre empresas operativas ya existentes, y puede realizarse con neutralidad fiscal bajo el régimen FEAC si se cumplen los requisitos del artículo 76.5 LIS.

    Requisitos del canje de valores FEAC

    • La sociedad adquirente (la holding) debe obtener una participación mayoritaria en la sociedad adquirida (más del 50% de los derechos de voto).
    • La contraprestación entregada a los socios que aportan deben ser exclusivamente acciones o participaciones de la holding (o numerario por un máximo del 10% del valor nominal de las acciones recibidas).
    • Deben existir motivos económicos válidos para la operación.

    Cuándo es especialmente útil

    El canje de valores es útil cuando los socios quieren seguir controlando la empresa operativa pero desde una holding que concentre la propiedad y permita diversificar inversiones, proteger el patrimonio y planificar la sucesión. Con la holding constituida mediante canje FEAC, los dividendos de la operativa a la holding están exentos al 95% (artículo 21 LIS) y la venta de la operativa puede quedar exenta de plusvalías en la holding.

    Los especialistas en canje de valores y estructuras holding de LRB Tax & Legal diseñan y ejecutan el canje con plenas garantías fiscales. Contáctenos en Contacto@LRB.es.

    Conclusión

    El canje de valores FEAC es la vía más eficiente para crear una holding sobre una empresa operativa sin tributar por las plusvalías de las participaciones. Una vez constituida la holding, los flujos de dividendos y plusvalías quedan protegidos por la exención del artículo 21 LIS.

  • Cómo impugnar una comprobación de valores: tasación pericial contradictoria paso a paso

    Cómo impugnar una comprobación de valores: tasación pericial contradictoria paso a paso

    Para impugnar una comprobación de valores de Hacienda existen dos grandes caminos: recurrir la liquidación, discutiendo la motivación y el método del valor asignado por la Administración, o instar la tasación pericial contradictoria prevista en el artículo 135 de la Ley General Tributaria, que permite contraponer la valoración de un perito propio. Ambas vías pueden combinarse, pero tienen plazos y efectos distintos, y la elección debe hacerse a tiempo, porque en este terreno el calendario procesal pesa tanto como los argumentos de fondo.

    La comprobación de valores es una de las actuaciones más frecuentes en transmisiones de inmuebles, herencias, donaciones y operaciones societarias. Cuando el valor que fija la Administración es superior al declarado, el contribuyente recibe una liquidación complementaria con una base imponible mayor. No debe aceptarla sin examinar antes cómo se ha llegado a esa cifra: un informe pericial en la defensa frente a la inspección puede demostrar que el valor propuesto es excesivo o que la motivación es insuficiente.

    Cuándo puede comprobar valores la Administración

    El artículo 57 de la Ley General Tributaria enumera los medios de comprobación de valores: la estimación por referencia a valores catastrales, el precio medio de mercado, los dictámenes de peritos de la Administración, la tasación pericial contradictoria, entre otros. Cada medio tiene sus requisitos, y la Administración debe elegir el adecuado y justificar su aplicación. No basta con anunciar un valor; hay que explicar cómo se obtiene y con qué datos.

    La jurisprudencia de los tribunales ha insistido en que la comprobación debe estar motivada de forma suficiente para que el contribuyente pueda conocer las razones y contradecirlas. Una motivación genérica, que se limita a invocar un coeficiente o un método sin concretar su aplicación al bien afectado, abre la puerta a la anulación de la liquidación. Revisar este punto es el primer paso en cualquier estrategia de impugnación.

    Dos vías para oponerse al valor

    Recurso de reposición o reclamación económico-administrativa

    La liquidación que contiene el nuevo valor puede recurrirse mediante recurso de reposición, potestativo, o reclamación económico-administrativa. En ambos casos el plazo ordinario es de un mes desde la notificación. En el escrito se pueden alegar defectos de motivación, errores de hecho, aplicación incorrecta del método o falta de correspondencia entre el valor y las características reales del bien. Este camino exige argumentar con rigor y, siempre que sea posible, apoyar los motivos en un informe técnico que cuantifique el error.

    Tasación pericial contradictoria

    El artículo 135 de la Ley General Tributaria permite a los obligados tributarios que no estén conformes con el resultado de la comprobación promover una tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación utilizados, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación. El contribuyente designa a su propio perito, que valora el bien y emite su tasación. Si hay discrepancia con la valoración de la Administración, se compara una con otra.

    El procedimiento tiene efectos importantes. La presentación de la solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para interponer recurso o reclamación contra ella. Una vez concluida la tasación, se notifica la liquidación que proceda y se abre un nuevo plazo. Es decir, el contribuyente no pierde su derecho a recurrir; lo aplaza hasta conocer el resultado de la valoración pericial.

    Cómo funciona la comparación de tasaciones

    Si la diferencia entre la tasación del perito del contribuyente y la de la Administración no alcanza los umbrales que fija el artículo 135 de la ley, que se refieren a 120.000 euros y al 10 % de la tasación practicada por la Administración, la propia ley determina cuál de las dos tasaciones sirve de base para la liquidación, sin necesidad de un tercer dictamen. Si la diferencia sí alcanza esos umbrales, se designa un perito tercero, que emite una tercera tasación. Esa valoración, en los términos previstos por la norma, determina el valor que servirá de base para practicar la liquidación definitiva.

    Esto convierte a la tasación pericial contradictoria en un procedimiento con una dinámica propia, en el que el dictamen del perito del contribuyente es decisivo. Un informe técnico sólido puede acortar distancias con la Administración y, si no se logra, abrir la puerta a la intervención del tercero. Por eso la elección del perito y la calidad de su dictamen determinan en gran medida el resultado.

    Qué debe contener la tasación que presente el contribuyente

    • Identificación precisa del bien, con su situación jurídica, cargas y estado real a la fecha de devengo.
    • Fecha de valoración, que debe coincidir con la que corresponde al impuesto de que se trate.
    • Método empleado y razones de su elección frente a otros posibles.
    • Comparables utilizados, con su origen y los ajustes aplicados por superficie, ubicación, antigüedad o estado.
    • Crítica razonada de la valoración de la Administración, señalando errores concretos.
    • Declaración de independencia y objetividad del perito, y su cualificación.
    • Anexos documentales que permitan reproducir los cálculos.

    Un dictamen que se limita a dar un número sin explicar el camino pierde fuerza. La fortaleza proviene de que cada cifra pueda verificarse y de que cada discrepancia con la valoración administrativa esté justificada con datos. La metodología del perito debe poder explicarse ante un tribunal, porque si el asunto llega allí tendrá que ratificarla. El informe pericial de ValiTax se estructura con ese criterio, de modo que cada conclusión sea reproducible.

    Ejemplo hipotético

    Un contribuyente compra un local y declara un valor de transmisión según la escritura. La Administración, mediante un dictamen de su perito, fija un valor superior y gira una liquidación complementaria. El contribuyente encarga a su perito un informe que analiza comparables con superficie y estado similares, detecta que el dictamen administrativo omite una carga arrendaticia que reduce el valor y cuantifica el efecto. Con ese informe promueve la tasación pericial contradictoria en plazo. Si la diferencia entre ambas valoraciones supera los umbrales legales, se designará un perito tercero; si no los supera, la valoración se resolverá conforme a las reglas del artículo 135. Los datos son ficticios y solo sirven para ilustrar el método.

    Errores que conviene evitar

    • Dejar pasar el plazo de un mes: la tasación pericial contradictoria debe instarse dentro del plazo del primer recurso o reclamación.
    • Designar un perito sin experiencia en la materia concreta o sin conocimiento del procedimiento tributario.
    • Impugnar solo por razones generales de justicia, sin cuantificar la diferencia de valor.
    • Ignorar la motivación de la Administración: un defecto de motivación puede ser, por sí solo, causa de anulación.
    • Mezclar la discusión de valor con otras cuestiones sin separar bien los argumentos.

    Cómo coordinar perito y abogado

    La impugnación de una comprobación de valores suele exigir una estrategia en dos planos: el técnico, que aporta la valoración alternativa, y el jurídico, que cuestiona la motivación y el procedimiento. Cuando ambos equipos trabajan coordinados, se evitan duplicidades y se refuerza la coherencia de los escritos. La defensa fiscal con LRB integra ese enfoque en un único planteamiento. Sobre el mismo asunto, en este blog analizamos cómo defenderte de una tasación excesiva en una comprobación de valores, con el planteamiento general del procedimiento.

    La Administración es una parte más del procedimiento. Esto no es una frase retórica: significa que su valoración debe someterse al mismo escrutinio que cualquier otra prueba y que el contribuyente tiene derecho a contradecirla con medios técnicos equivalentes. Aprovechar ese derecho, y hacerlo dentro de plazo, es la esencia de la tasación pericial contradictoria.

    Conclusión

    Ante una comprobación de valores no hay que aceptar la cifra de la Administración como definitiva. Existen vías para discutirla, con plazos concretos y efectos suspensivos. Elegir entre recurrir directamente o promover la tasación pericial contradictoria depende de si el problema es la motivación o el valor mismo. En ambos casos, un informe pericial tributario riguroso transforma una discrepancia de opiniones en una discusión sobre datos.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué plazo tengo para pedir la tasación pericial contradictoria?

    El que corresponda al primer recurso o reclamación contra la liquidación, que por regla general es de un mes desde la notificación. Conviene comprobar el plazo exacto en la propia notificación.

    ¿La solicitud suspende el pago de la liquidación?

    La presentación de la solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir, hasta que se resuelva la tasación y se notifique la liquidación que proceda.

    ¿Puedo recurrir la liquidación y pedir la tasación a la vez?

    La ley configura la tasación como una alternativa que suspende el plazo del recurso, por lo que conviene decidir la estrategia con el abogado antes de actuar.

    ¿Quién designa al tercer perito?

    Cuando la diferencia entre tasaciones supera los umbrales legales, se designa conforme al procedimiento previsto en el artículo 135 de la ley, con las garantías que éste establece.

    ¿Se puede discutir el valor si el bien ya se vendió?

    Sí, siempre que se actúe dentro de plazo. El valor se refiere a la fecha de devengo del impuesto, de modo que la posterior venta no impide impugnar la comprobación.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Casos prácticos de tasación pericial contradictoria

    Cuando Hacienda comprueba el valor de un bien (un inmueble, una participación, un vehículo) y el contribuyente no está de acuerdo, existe un mecanismo específico para impugnar esa valoración: la tasación pericial contradictoria. Estos casos prácticos muestran cómo se aplica realmente este procedimiento.

    Caso 1: comprobación de valor en la compraventa de un inmueble

    Un contribuyente compra un inmueble por un precio que Hacienda considera inferior al valor real a efectos del ITP. La Administración notifica una comprobación de valores con su propia tasación. El contribuyente, en desacuerdo, solicita la tasación pericial contradictoria, aportando un perito propio que emite una valoración distinta, fundamentada en comparables de mercado y en las características específicas del inmueble que la valoración administrativa no había considerado adecuadamente.

    Caso 2: valoración de un inmueble heredado

    En una herencia, Hacienda valora un inmueble a efectos del Impuesto de Sucesiones por encima del valor que los herederos consideran correcto, afectando directamente a la cuota a pagar. La tasación pericial contradictoria permite aportar un informe alternativo, y si persiste la discrepancia entre ambos peritos, se designa un tercer perito dirimente cuya valoración resulta decisiva para el procedimiento.

    Caso 3: comprobación de valor de participaciones sociales

    En la transmisión de participaciones de una empresa no cotizada, Hacienda aplica un método de valoración que el contribuyente considera inadecuado para el tipo de negocio concreto. La tasación pericial contradictoria permite plantear una metodología alternativa (por ejemplo, basada en flujos de caja futuros en lugar de valor contable simple) cuando esta se ajusta mejor a la realidad económica de la empresa valorada.

    Cómo se tramita el procedimiento

    • El contribuyente debe solicitar expresamente la tasación pericial contradictoria dentro del plazo del recurso o reclamación correspondiente contra la liquidación que incorpora la comprobación de valores.
    • Se designa un perito por parte del contribuyente, que emite su propia valoración.
    • Si la diferencia entre ambas valoraciones (la de la Administración y la del perito del contribuyente) supera el margen legalmente establecido, se designa un tercer perito, generalmente por insaculación entre profesionales colegiados, cuya valoración final resulta vinculante para ambas partes.

    Qué determina el resultado de estos casos

    La calidad técnica del informe pericial aportado por el contribuyente es determinante: un informe que se limite a plantear un valor distinto sin justificar adecuadamente la metodología empleada tiene escaso peso frente a la valoración administrativa. En cambio, un informe bien fundamentado, con comparables reales y metodología reconocida, tiene muchas más probabilidades de prevalecer, ya sea directamente o a través del tercer perito dirimente.

    Preguntas frecuentes

    ¿Tengo que pagar el coste del tercer perito?
    El coste se reparte generalmente entre las partes según reglas específicas relacionadas con la diferencia entre las valoraciones iniciales, aunque conviene verificar el reparto exacto en cada procedimiento concreto.

    ¿Puedo pedir la tasación pericial contradictoria en cualquier tributo?
    Es aplicable en aquellos tributos donde la comprobación de valores forma parte del procedimiento de liquidación, como ITP, Sucesiones y Donaciones, o determinados aspectos del IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

    La tasación pericial contradictoria es una herramienta de defensa muy eficaz cuando se dispone de un informe técnico sólido. Los informes periciales tributarios bien fundamentados marcan, en la práctica, la diferencia entre aceptar una valoración desfavorable o conseguir revertirla mediante este procedimiento específico.

  • Fraude carrusel en el IVA intracomunitario: cómo proteger tu empresa

    El fraude en el IVA intracomunitario es uno de los tipos de defraudación fiscal que más preocupa a la AEAT y a las autoridades fiscales europeas. El esquema más habitual es el llamado fraude carrusel: una empresa A vende a una empresa B con IVA (que B deduce), B revende a una empresa C sin IVA (exportación intracomunitaria), y A desaparece sin ingresar el IVA cobrado. El resultado es que B deduce un IVA que nunca llegó a ingresar A. La AEAT puede regularizar a B si demuestra que conocía o debía conocer la operativa fraudulenta.

    Cómo protegerse ante el fraude en el IVA intracomunitario

    • Verificar que el NIF-IVA del proveedor intracomunitario está activo en el sistema VIES antes de cada operación.
    • Comprobar la existencia real del proveedor (sede física, web, referencias comerciales).
    • Conservar documentación completa: contrato, albaranes, documentos de transporte, facturas y justificante del pago.
    • Desconfiar de precios anormalmente bajos o condiciones de pago inusuales.

    Los especialistas en defensa en inspecciones de IVA intracomunitario de LRB Tax & Legal asesoran a empresas que han sido afectadas por regularizaciones de IVA vinculadas al fraude carrusel. Contáctenos en Contacto@LRB.es.

    Conclusión

    El fraude carrusel en el IVA intracomunitario puede afectar a empresas que no participan conscientemente en el fraude si la AEAT demuestra que debían saber que formaban parte de la cadena. La debida diligencia en la verificación de proveedores es la principal defensa.

  • Perito de parte o perito judicial: diferencias y cuál conviene en un litigio tributario

    Perito de parte o perito judicial: diferencias y cuál conviene en un litigio tributario

    La diferencia esencial es quién encarga y quién elige al perito. El perito de parte lo contrata el interesado y su dictamen se aporta al proceso como prueba propia; el perito designado judicialmente lo nombra el tribunal, normalmente a solicitud de una parte o de oficio, y su informe se incorpora al procedimiento como una prueba que no pertenece a ninguna de las partes. Ambos deben actuar con objetividad, pero el momento procesal, el coste, la capacidad de preparación previa y el modo de valoración por el juez son distintos.

    En litigios con componente tributario o económico, esta elección condiciona la estrategia. Quien tiene que defender una valoración, una operación o un criterio fiscal debe saber qué le conviene en cada fase, porque aportar un dictamen a tiempo suele ser más eficaz que esperar a una designación posterior. Un peritaje en la prueba pericial judicial bien planificado permite decidir con antelación qué tipo de perito necesita el caso.

    Qué es un perito de parte

    El perito de parte es el profesional que elabora un dictamen a petición de quien lo contrata, con el fin de aportarlo al procedimiento. En el proceso civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que las partes acompañen con la demanda o la contestación los dictámenes periciales de que dispongan, y el artículo 265 se refiere precisamente a los documentos y dictámenes que deben presentarse en esos escritos. Esa posibilidad de anticipar el informe es una de sus mayores ventajas.

    Contratar a un perito de parte no significa que su opinión esté sesgada. La ley exige que el perito manifieste, bajo juramento o promesa, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Esa declaración, prevista en el artículo 335 de la LEC, vincula a todos los peritos con independencia de quién los haya elegido.

    Qué es un perito designado judicialmente

    El perito designado por el tribunal interviene cuando una parte solicita que el juzgado nombre uno, o cuando el propio tribunal lo considera necesario en los supuestos que la ley permite. La designación se realiza siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 339 y siguientes de la LEC, con listados que remiten los colegios profesionales o las entidades correspondientes, y el nombramiento suele hacerse por sorteo cuando hay varios candidatos posibles.

    Su ventaja principal es la percepción de neutralidad: no depende de ninguna de las partes, y las dos pueden formularle preguntas en la vista o en el juicio. Su inconveniente es la menor capacidad de las partes para controlar el enfoque, el alcance y la calidad del trabajo. Además, el plazo de designación y emisión puede alargar el procedimiento, y la provisión de fondos suele repartirse conforme a lo que determine el tribunal.

    Comparativa práctica

    Aspecto Perito de parte Perito designado por el tribunal
    Quién lo elige La parte interesada El tribunal, por sorteo o designación
    Momento habitual Antes del procedimiento o con el primer escrito Durante el procedimiento, tras la solicitud
    Control del contenido Alto: se define el encargo con el cliente Limitado: el tribunal fija el objeto
    Percepción de neutralidad Debe demostrarse con método y transparencia Más alta por su origen
    Preparación previa Permite anticipar la estrategia Escasa, depende de los tiempos del juzgado
    Ratificación Se prepara con el cliente y el abogado Comparece a requerimiento del tribunal

    Cómo valora el juez uno y otro

    La ley establece que los jueces valoran los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica, tal como indica el artículo 348 de la LEC. No existe una presunción de que el informe del perito judicial pese más que el del perito de parte ni al revés. Lo que cuenta es la coherencia interna del dictamen, la solidez del método, la calidad de las fuentes y la capacidad de responder a las objeciones de la otra parte.

    En la práctica, un informe de parte mal fundamentado queda debilitado frente a uno judicial; y, a la inversa, un perito designado que no ha profundizado en el expediente puede ser rebatido por un dictamen de parte bien elaborado. La calidad, no el origen, marca la diferencia. Por eso conviene que el perito de parte construya su informe de manera reproducible, con documentos verificables y declaración expresa de independencia, tal como se expone en la metodología de trabajo de ValiTax.

    La vía contencioso-administrativa y la económico-administrativa

    En materia tributaria, el contribuyente puede aportar prueba pericial en la reclamación económico-administrativa y, después, en el recurso contencioso-administrativo, donde la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa remite en lo no previsto a la LEC. La Administración es una parte más: su criterio no vincula al tribunal por el mero hecho de proceder de ella, y lo que se valora es la fuerza de los argumentos y de las pruebas.

    En los procedimientos de inspección, además, el informe de parte puede presentarse en vía administrativa, en el trámite de alegaciones, lo que permite que conste en el expediente antes de cualquier litigio. Llegar a la vía judicial con un dictamen ya incorporado en el expediente suele reforzar la posición, porque demuestra que el contribuyente ofreció una explicación técnica desde el principio. Los servicios de ValiTax para despachos y asesores contemplan este tipo de colaboración con los profesionales que dirigen la defensa.

    Cuándo conviene cada uno

    • Interesa un perito de parte cuando se quiere anticipar la prueba, controlar el enfoque del informe, preparar una negociación o aportar el dictamen en una fase administrativa.
    • Interesa solicitar un perito judicial cuando se busca reforzar la apariencia de imparcialidad, cuando la cuestión es muy técnica y se desea un informe sin vinculación con las partes, o cuando la contraparte ya ha aportado un informe propio.
    • Pueden combinarse: es habitual que una parte aporte su informe y solicite además la designación de un perito judicial, con lo que el tribunal contará con ambas perspectivas.

    Ejemplo hipotético

    Una sociedad discute con la Administración el valor de unas participaciones transmitidas. Antes de contestar a la propuesta de liquidación, encarga un informe a un perito de parte, que se presenta en el trámite de alegaciones. Más adelante, cuando la discusión llega al tribunal, la contraparte aporta una valoración distinta, y la sociedad solicita la designación de un perito judicial para contrastar ambas. Es un esquema ficticio, pero ilustra la secuencia habitual: primero el dictamen propio, que fija el marco técnico; después, si procede, la intervención judicial que arbitra entre posiciones.

    Errores frecuentes

    • Esperar a que el tribunal designe perito sin haber preparado una posición técnica propia.
    • Elegir un perito de parte sin experiencia en ratificar informes ante un tribunal.
    • Confundir al perito con un abogado y esperar que defienda la tesis del cliente en lugar de explicar un criterio técnico.
    • No coordinar al perito con el equipo jurídico, con el consiguiente riesgo de contradicciones con los escritos de la defensa.
    • Aportar el informe fuera de plazo y perder la oportunidad procesal de incorporarlo.

    La coordinación entre abogados y peritos es decisiva. Un equipo que integra ambas funciones, como una asesoría legal y fiscal con experiencia en procedimientos tributarios, ahorra tiempo y evita desajustes. En este blog hemos analizado también cuándo el juzgado exige un informe pericial tributario en un litigio mercantil, un caso donde la elección del perito resulta especialmente relevante.

    Conclusión

    No hay un perito mejor que otro por su origen. El perito de parte aporta anticipación y control; el perito judicial, imparcialidad percibida y autoridad ante el tribunal. Lo decisivo es elegir con criterio, preparar el dictamen con método y entender que la Administración es una parte más: su opinión se rebate con datos, no con meras afirmaciones. Bien combinados, ambos tipos de perito refuerzan la defensa del contribuyente.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo aportar un informe de parte y pedir además un perito judicial?

    Sí. Es una práctica habitual que permite al tribunal contrastar perspectivas. Conviene coordinarla con el abogado para respetar los plazos procesales.

    ¿El perito de parte puede ser recusado?

    Los peritos de parte pueden ser objeto de tacha en los términos previstos por la ley procesal. En la práctica, la contraparte cuestionará su independencia o su cualificación, por lo que deben documentarse ambas desde el inicio.

    ¿Quién paga al perito designado por el tribunal?

    Depende de la resolución del tribunal y de quién haya solicitado la designación. Normalmente se exige una provisión de fondos y los honorarios se tienen en cuenta en las costas según lo que se resuelva.

    ¿Tiene más valor el informe del perito judicial?

    No existe esa regla. El juez valora todos los dictámenes conforme a la sana crítica, atendiendo a su coherencia, método y fundamentación.

    ¿Se puede presentar un informe pericial en una inspección tributaria?

    Sí. Puede aportarse en el trámite de alegaciones, de modo que forme parte del expediente administrativo y pueda utilizarse después en vía de recurso.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado