Autor: admin

  • Inspección a una ferretería o tienda de bricolaje: estimación indirecta y defensa

    Inspección a una ferretería o tienda de bricolaje: estimación indirecta y defensa

    En el comercio de materiales, la inspección tributaria rara vez se queda en la lectura de las autoliquidaciones. El inspector pide el inventario, los listados de ventas y compras y los cierres de caja, y reconstruye el negocio. Cuando los números no cuadran, la discusión se traslada a un terreno jurídico muy concreto: si la Administración puede estimar las ventas de forma indirecta, con qué método, con qué motivación y con qué consecuencias sancionadoras. Este artículo aborda la inspección a una ferretería o tienda de bricolaje desde ese enfoque. Para el análisis material de los impuestos del sector, puede leer nuestra guía sobre la fiscalidad de bricolaje y ferretería. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente a comercios y defendemos a sus titulares en inspecciones fiscales.

    De dónde parte la inspección en un comercio con stock

    El inventario es la primera prueba. Si las existencias contables no coinciden con las físicas, Hacienda puede concluir que hay ventas no declaradas, compras sin factura o gastos ajenos a la actividad. A ello se suma el contraste entre cobros por TPV, caja y ventas contabilizadas, el análisis del margen bruto y la revisión de descuentos y devoluciones. Una diferencia sin explicar suele interpretarse en contra del contribuyente, por eso la primera tarea de la defensa es explicarla con datos.

    Plazos y derechos durante el procedimiento

    El art. 150 de la Ley General Tributaria establece un plazo general de 18 meses para las actuaciones inspectoras, ampliado a 27 en los casos que prevé la norma, como superar el umbral que obliga a auditar las cuentas. No hay caducidad si se rebasa, pero las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora durante ese tiempo. Las actuaciones pueden afectar, con carácter general, a los cuatro últimos ejercicios no prescritos.

    • Conocer el alcance de la inspección y los periodos y tributos comprobados.
    • Ser asistido por un asesor y actuar mediante representante.
    • Alegar y aportar pruebas en el trámite de audiencia, antes de la liquidación.
    • Recibir copia de las diligencias y actas que se firmen.
    • Ser tratado con respeto y que el procedimiento se desarrolle en plazo.

    La estimación indirecta: un método excepcional que debe motivarse

    Cuando la contabilidad es insuficiente o poco fiable, la Administración puede recurrir a la estimación indirecta del art. 53 de la Ley General Tributaria. Es un método excepcional: debe estar motivado y no puede reducirse a un promedio sectorial aplicado sin más. Los tribunales exigen que el método sea razonable y que se acredite por qué no era posible determinar la base con datos ciertos. Esa exigencia es la palanca principal de la defensa.

    En la práctica, la estrategia combina tres movimientos:

    1. Cuestionar los presupuestos: ¿realmente falta contabilidad fiable o la inspección discrepa solo de algunas partidas?
    2. Aportar una reconstrucción propia de ventas, por familias de producto, con precios de compra y de venta, descuentos y mermas.
    3. Impugnar la motivación del método: si se aplicó un margen genérico, debe justificarse por qué es representativo de este comercio concreto.

    Cuando la discusión es técnica o de valoración, un informe pericial que respalde las cifras aporta una base independiente. Es el terreno de ValiTax Informes Periciales, que reconstruye márgenes y cuantifica regularizaciones.

    Caja, TPV y la multa por pagos en efectivo

    El efectivo atrae la atención porque es la vía clásica de ocultación. Además de su valor como indicio, tiene una consecuencia sancionadora propia. Según el art. 7 de la Ley 7/2012, no pueden pagarse en efectivo operaciones de 1.000 euros o más en las que intervenga un empresario o profesional, y el umbral sube a 10.000 euros cuando el pagador es un particular sin domicilio fiscal en España que no actúa como empresario. La infracción es grave, la multa es del 25 % del importe pagado en efectivo y responden de forma solidaria pagador y cobrador. Afecta tanto a las ventas al mostrador como al pago a proveedores, y se tramita con independencia de la liquidación tributaria.

    La defensa pasa por demostrar que el cierre de caja diario llega a la contabilidad y al banco: arqueos, numeración correlativa de tickets, conciliación de los cierres del TPV con el extracto bancario y control de los accesos que permiten modificar o borrar ventas.

    Facturación y software: un riesgo sancionador añadido

    La Ley General Tributaria prevé una multa fija de 50.000 euros por ejercicio para quien produzca o tenga sistemas informáticos que permitan alterar u ocultar ventas. En cuanto al calendario de Verifactu, el vigente conforme al Real Decreto-ley 15/2025 es el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto. El 5 de octubre de 2026 Hacienda anunció que prevé ampliar el plazo, pero esa ampliación no está formalizada, por lo que conviene seguir el calendario vigente hasta que se publique una norma. En todo caso, el comerciante debe exigir a su proveedor la declaración responsable del software y comprobar que cubre TPV, facturación y devoluciones.

    Sanciones: tipo, graduación y diligencia

    Si se aprecia infracción por dejar de ingresar, la sanción oscila entre el 50 % y el 150 % de la cuota, según la gravedad, además de los intereses de demora. Pero la sanción requiere culpabilidad, y el régimen sancionador excluye la responsabilidad cuando se ha puesto la diligencia necesaria. Un comercio con inventarios periódicos, bajas documentadas y criterios uniformes de descuento puede discutir tanto la cuota como la multa con mejores argumentos que otro que no conserva soporte alguno.

    Actas y recursos

    Al cierre puede firmarse el acta en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si se cumplen los requisitos. La disconformidad abre el trámite de alegaciones. Dictada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa ante el TEAR, con un plazo general de un mes desde el día siguiente a la notificación, y después la vía contencioso-administrativa. La liquidación y la sanción se recurren por separado, y puede solicitarse la suspensión de la ejecución con las garantías que prevé la normativa.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuándo puede Hacienda usar la estimación indirecta en una ferretería?

    Cuando la contabilidad es insuficiente o poco fiable y no puede determinarse la base con datos ciertos. Es un método excepcional que debe estar motivado, y los tribunales exigen que sea razonable y no un simple promedio sectorial.

    ¿Qué multa hay por cobrar en efectivo más de 1.000 euros a un profesional?

    Según el art. 7 de la Ley 7/2012, la infracción es grave y la multa es del 25 % del importe pagado en efectivo, con responsabilidad solidaria de pagador y cobrador. Se tramita con independencia de la liquidación tributaria.

    ¿Cuánto tiempo tengo para recurrir una liquidación de Hacienda?

    Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Conviene preparar el escrito con antelación y valorar la suspensión de la ejecución.

    Si su ferretería o tienda de bricolaje ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal al comercio y en defensa en inspecciones fiscales. Contenido informativo, actualizado a 15 de octubre de 2026, que no sustituye al asesoramiento individualizado.

  • Inspección tributaria a una imprenta: derechos, prueba y recursos

    Inspección tributaria a una imprenta: derechos, prueba y recursos

    Las imprentas y empresas de artes gráficas llegan a una inspección con un perfil muy reconocible: varios tipos de IVA según el producto, maquinaria cara, un inventario de papel difícil de controlar y una cadena de subcontratación intensa. Cuando la Agencia Tributaria abre un procedimiento, la discusión no es solo técnica; es también procesal. Importa quién prueba qué, en qué momento se alega y qué vía de recurso se activa. Este artículo repasa esas cuestiones desde la perspectiva de la defensa. Para el análisis material de los impuestos del sector, puede consultar nuestra guía sobre la fiscalidad de imprentas y artes gráficas. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente a empresas industriales y las defendemos en inspecciones tributarias.

    El primer paso: entender el alcance de la inspección

    El procedimiento comienza con una comunicación que delimita los tributos y los periodos que se van a comprobar. Es el documento que marca el perímetro de la actuación y conviene leerlo con atención: define qué ejercicios se revisan, qué información se puede pedir y cuándo empieza a correr el plazo. A partir de ahí llegan los requerimientos de documentación, que en una imprenta suelen incluir pedidos, albaranes, partes de producción, facturas de compra de papel, contratos con talleres externos y el registro de inmovilizado.

    El art. 150 de la Ley General Tributaria fija un plazo general de 18 meses para las actuaciones, que se amplía a 27 cuando la cifra anual de negocios alcanza el umbral que obliga a auditar las cuentas o concurren otras circunstancias previstas en la norma. No hay caducidad por rebasarlo, pero las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora durante ese tiempo.

    Derechos del obligado tributario en el procedimiento

    • Ser informado sobre el alcance de las actuaciones y sobre sus derechos y obligaciones.
    • Designar representante y ser asistido por un asesor en cada comparecencia.
    • Ser tratado con respeto y que el procedimiento se desarrolle dentro del plazo legal.
    • Alegar y aportar pruebas en el trámite de audiencia, antes de la liquidación.
    • Obtener copia de lo que se firma y conocer el estado de tramitación del expediente.
    • Que los datos entregados se utilicen únicamente para los fines previstos.

    Una recomendación práctica: aporte solo lo que se pide, ordenado y con un inventario de lo entregado. En una imprenta, la trazabilidad entre el encargo, el consumo de papel y la factura es la mejor prueba, y conviene presentarla de forma que el inspector pueda seguirla sin reconstruirla.

    Los tres frentes que más se discuten

    El tipo de IVA y la prestación única

    El tipo superreducido del 4 % del art. 91.Dos de la Ley 37/1992 alcanza a los libros, periódicos y revistas que no sean única o fundamentalmente publicitarios. Folletos, catálogos, etiquetas o papelería corporativa tributan, con carácter general, al 21 %. El conflicto aparece en los casos intermedios. En la consulta vinculante V1431-22, la Dirección General de Tributos negó que los libros de actas fueran libros a efectos del 4 % y entendió que el diseño, la maquetación, la impresión y la encuadernación de unos libros de ordenanzas formaban una operación única que sigue el tipo de la operación principal.

    Procesalmente, esto significa que si la factura desglosa conceptos con tipos distintos sin justificación, Hacienda puede unificar el tipo en inspección. La defensa se apoya en el presupuesto y en el contrato, que deben dejar claro qué se contrató y si se trata de un servicio único o de prestaciones separables. Una doctrina administrativa, además, orienta pero no vincula a los tribunales, y puede discutirse con argumentos propios.

    Existencias, mermas y papel de clientes

    La inspección compara el stock contable con el físico y revisa los costes de producción imputados. Un cierto desperdicio en el arranque de máquina o en el corte es normal, pero una merma excesiva o sin justificar puede interpretarse como ventas no declaradas o gasto no deducible. La defensa necesita porcentajes habituales por tipo de trabajo, partes de producción y regularizaciones de inventario documentadas. También hay que separar el papel entregado por el cliente del papel propio: si aparece en el balance como existencia, se infla el inventario y se altera la base imponible.

    Subcontratación y responsabilidad subsidiaria

    Plegado, barnizado, troquelado, encuadernado o transporte suelen externalizarse. Un foco de regularización son las facturas de subcontratistas inexistentes o desproporcionadas. Además, quien contrata servicios correspondientes a su actividad principal puede ser responsable subsidiario de las deudas del subcontratista por tributos repercutidos y cantidades retenidas, según el art. 43.1.f de la Ley General Tributaria. El certificado de contratistas y subcontratistas de la Agencia Tributaria, con vigencia de 12 meses, protege cuando es positivo, de modo que conviene solicitarlo y conservarlo antes de cada pago relevante.

    Sanciones y diligencia

    La liquidación y la sanción son actos distintos. Para sancionar, la Administración debe acreditar la culpabilidad, y el régimen sancionador excluye la responsabilidad cuando se ha puesto la diligencia necesaria. Una imprenta que aplicó un tipo de IVA con base en una interpretación razonable, documentada en su presupuesto y coherente en todas sus facturas, está en una posición mucho mejor para combatir la multa que otra que no puede explicar su criterio.

    Actas, alegaciones y recursos

    Al cierre, la empresa puede firmar el acta en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si procede. La disconformidad abre el trámite de alegaciones, el momento para presentar doctrina de la Dirección General de Tributos y jurisprudencia. Si se dicta liquidación, cabe el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, con un plazo general de un mes desde el día siguiente a la notificación, y después la vía contencioso-administrativa. Cuando la discusión es de valoración, por ejemplo de maquinaria o de existencias, un informe pericial aporta una base técnica independiente.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puede Hacienda cambiar el tipo de IVA que aplica mi imprenta?

    Sí, en una inspección puede regularizar el tipo si considera que el producto no encaja en el concepto de libro, periódico o revista del tipo del 4 %. La defensa se apoya en el contrato, el presupuesto y la naturaleza real del producto, y la doctrina de la DGT puede discutirse.

    ¿Qué ocurre si la inspección supera el plazo máximo?

    No hay caducidad, pero las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora desde el incumplimiento hasta que finalice el procedimiento, según el art. 150 de la Ley General Tributaria.

    ¿Puedo ser responsable de las deudas de un subcontratista?

    Sí, de forma subsidiaria, por los tributos repercutidos y las cantidades retenidas, según el art. 43.1.f de la Ley General Tributaria. El certificado de contratistas y subcontratistas de la Agencia Tributaria, vigente 12 meses, protege frente a esa responsabilidad cuando es positivo.

    Si su imprenta o empresa de artes gráficas ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal al sector y en defensa en inspecciones fiscales. Si necesita un informe pericial para respaldar una valoración de maquinaria o de existencias, puede acudir a ValiTax. Contenido informativo, sin carácter de asesoramiento individualizado.

  • Inspección a una agencia de viajes: procedimiento, derechos y recursos

    Inspección a una agencia de viajes: procedimiento, derechos y recursos

    Una agencia de viajes que recibe una comunicación de inicio de actuaciones inspectoras suele hacerse la misma pregunta: ¿qué van a revisar y qué puedo hacer yo? La respuesta jurídica empieza por entender que casi todo gira alrededor del régimen especial de las agencias de viajes (REAV) y de si el margen declarado se corresponde con la realidad. Este artículo aborda la inspección desde el lado del procedimiento: sus fases, los derechos del obligado tributario, el modo de discutir una estimación, las sanciones y los recursos. Para el análisis material del régimen, remitimos a nuestra guía sobre la inspección fiscal a agencias de viajes y el REAV. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente al sector turístico y defendemos a las agencias en inspecciones.

    Por qué el margen es el centro de la discusión jurídica

    El REAV, regulado en los artículos 141 a 147 de la Ley 37/1992 del IVA, grava el margen bruto de la agencia y no el precio del viaje. Eso traslada la carga de la prueba a un terreno muy concreto: la agencia debe poder demostrar, operación por operación, qué cobró y qué costes de terceros benefician directamente al viajero. Cuando la inspección sostiene que el margen es mayor, el debate deja de ser abstracto y se convierte en una cuestión de calificación jurídica de cada operación, de prueba documental y de motivación de la propuesta de regularización.

    Fases del procedimiento inspector

    La actuación comienza con una comunicación o un requerimiento que delimita los impuestos y los periodos afectados. La inspección pide contratos con proveedores, facturas emitidas y recibidas, extractos bancarios, justificantes de cobro de anticipos y la documentación que acredita el lugar de prestación de los servicios. Después contrasta el margen declarado con la contabilidad y con información de terceros, y cierra con una propuesta que se documenta en un acta.

    Plazo de las actuaciones

    El art. 150 de la Ley General Tributaria establece un plazo general de 18 meses, que se eleva a 27 cuando, por ejemplo, la cifra anual de negocios alcanza el umbral que obliga a auditar las cuentas. Rebasarlo no genera caducidad, pero las actuaciones practicadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y dejan de devengarse intereses de demora hasta la finalización. Llevar un control del calendario desde el primer día es parte de la estrategia.

    Acta de conformidad, de disconformidad o con acuerdo

    La agencia puede firmar en conformidad, en disconformidad o, si se dan los requisitos, suscribir un acta con acuerdo. Si el acta se firma en disconformidad, se abre un trámite de alegaciones antes de la liquidación, y después caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa. Elegir bien exige haber cuantificado antes el efecto de cada alternativa sobre el margen y sobre las operaciones de ejercicios sucesivos, porque un criterio aceptado hoy se aplicará mañana.

    Derechos de la agencia durante la inspección

    • Conocer el alcance de las actuaciones, los tributos y los periodos comprobados.
    • Actuar mediante representante y ser asistida por un asesor en las comparecencias.
    • Recibir un trato respetuoso y que el procedimiento se resuelva dentro de los plazos legales.
    • Aportar documentos y alegar en el trámite de audiencia, antes de que se dicte la liquidación.
    • Obtener copia de las diligencias y actas que se firmen y conocer el estado del expediente.
    • Exigir confidencialidad sobre la información aportada, que solo puede usarse para los fines previstos.

    En la práctica, estos derechos se ejercen mejor con una disciplina sencilla: un interlocutor único, un inventario de cada documento entregado y respuestas escritas dentro de plazo.

    Cómo se discute una estimación del margen

    Una explicación ordenada del método de cálculo, con un cuadro que vincule cada ingreso con sus costes, reduce el riesgo de que la inspección sustituya el cálculo de la agencia por una estimación propia más gravosa. Si aun así lo hace, la defensa puede articularse en tres planos:

    • Calificación: si la agencia actuó en nombre propio con servicios de terceros, aplica el REAV; si solo medió por cuenta ajena, tributa por su comisión con las reglas generales. Separar bien ambos tipos de operación es la primera línea de defensa.
    • Prueba: la exención de los servicios prestados fuera de la Unión Europea, y su prorrateo en los viajes mixtos, requiere acreditar dónde se prestó cada servicio.
    • Método: cuando es difícil conocer el coste efectivo de cada operación, la Administración admite la determinación global del margen, con un porcentaje provisional y una regularización en la última autoliquidación del ejercicio. Exige coherencia contable y documentación.

    Aquí es donde un informe pericial independiente que reconstruya el margen operación por operación suele aportar un valor probatorio decisivo. Es el terreno de ValiTax Informes Periciales, que prepara este tipo de informes para la fase de inspección y para la vía de recurso.

    Sanciones: no toda diferencia es una infracción

    Una regularización de cuota no implica automáticamente una sanción. La imposición de multas exige que la Administración acredite la culpabilidad, y el régimen sancionador de la Ley General Tributaria excluye la responsabilidad cuando se ha puesto la diligencia necesaria. En el REAV, un criterio razonable, documentado y aplicado de forma coherente es un argumento sólido contra la sanción, incluso cuando la discusión técnica sobre la cuota se pierde. Además, corregir de forma voluntaria una autoliquidación errónea antes de que llegue el requerimiento reduce el riesgo sancionador.

    Recursos tras la liquidación

    Notificada la liquidación, la agencia puede interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, con un plazo general de un mes desde el día siguiente a la notificación. Tras esa vía se abre la contencioso-administrativa. La liquidación y la sanción se impugnan por separado, y conviene valorar la suspensión de la ejecución para no ingresar mientras se resuelve el recurso, con las garantías que prevé la normativa. Preparar el escrito con antelación evita agotar el plazo sin una argumentación completa.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué documentación suele pedir la inspección a una agencia de viajes?

    Contratos con proveedores, facturas emitidas y recibidas, extractos bancarios, justificantes de cobro de anticipos y la documentación que acredita el lugar de prestación de los servicios, para contrastar el margen declarado con la contabilidad.

    ¿Puedo firmar el acta en disconformidad?

    Sí. Firmar en disconformidad abre el trámite de alegaciones y permite impugnar después la liquidación mediante recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. Conviene decidirlo con el efecto económico de cada opción ya cuantificado.

    ¿Una regularización del IVA implica siempre una sanción?

    No. La sanción exige que se acredite la culpabilidad, y no hay responsabilidad cuando el obligado ha puesto la diligencia necesaria. Un criterio razonable y documentado sobre el cálculo del margen es un argumento relevante frente a la multa.

    Si su agencia ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio, o quiere revisar su cálculo del margen antes de que llegue, consulte con LRB Tax & Legal: somos un despacho experto en asesoramiento fiscal al sector turístico y en defensa en inspecciones fiscales. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento personalizado.

  • Inspección fiscal a un club deportivo: derechos del retenedor y defensa

    Inspección fiscal a un club deportivo: derechos del retenedor y defensa

    Cuando la Agencia Tributaria llama a la puerta de un club deportivo, casi nunca pregunta por el jugador: pregunta por el club. Es el retenedor, el pagador y quien responde de lo que se retuvo, o se dejó de retener, en cada nómina. Este artículo se centra en el ángulo jurídico: cómo se desarrolla el procedimiento inspector, qué derechos asisten al club, qué sanciones se pueden imponer y qué recursos existen. Si necesita el análisis material de la fiscalidad de los clubs deportivos como retenedores y de los contratos en neto, lo encontrará desarrollado en esa guía. Aquí hablamos de defensa, y en LRB Tax & Legal llevamos años asesorando fiscalmente a entidades deportivas y defendiéndolas en inspecciones.

    Por qué el riesgo jurídico recae sobre el club

    La obligación de retener e ingresar a cuenta del IRPF es autónoma respecto de la obligación tributaria del jugador. En la práctica, esto significa que Hacienda puede reclamar al club la retención no practicada aunque el deportista haya declarado correctamente su renta. El jugador, por su parte, puede deducirse lo que debió retenerse cuando la omisión sea imputable exclusivamente al retenedor (art. 99.5 LIRPF), con sus requisitos. El resultado es una asimetría que conviene tener presente desde el primer requerimiento: el club asume el ingreso, los intereses y, si procede, la sanción.

    Cómo se desarrolla el procedimiento inspector

    El procedimiento de inspección se inicia con una comunicación que identifica los tributos y los periodos comprobados. A partir de ahí se suceden requerimientos de documentación, visitas o comparecencias y, finalmente, una propuesta de regularización que se documenta en un acta. En un club, lo habitual es que se revisen conjuntamente retenciones de IRPF, retenciones a no residentes, IVA e Impuesto sobre Sociedades.

    Duración de las actuaciones

    El art. 150 de la Ley General Tributaria fija un plazo general de 18 meses para concluir las actuaciones, que pasa a 27 meses cuando concurren determinadas circunstancias, entre ellas que la cifra anual de negocios alcance el umbral que obliga a auditar las cuentas. Superar el plazo no produce la caducidad del procedimiento, pero tiene efectos: las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora desde el incumplimiento hasta que termine el procedimiento. Controlar el calendario es, por tanto, una herramienta de defensa y no una mera formalidad.

    Las actas: conformidad, disconformidad y acuerdo

    Al cierre, el club puede firmar el acta en conformidad, en disconformidad o, cuando se cumplen los requisitos legales, suscribir un acta con acuerdo. Firmar en disconformidad no es un gesto de hostilidad: abre el trámite de alegaciones y permite discutir la liquidación con todos los argumentos. La decisión debe tomarse con el cálculo del bruteo y de las retenciones ya cuantificado, porque aceptar una propuesta sin entender su base equivale a asumir un error ajeno.

    Derechos del club durante la inspección

    El obligado tributario no está indefenso. La Ley General Tributaria reconoce un catálogo de derechos que el club debe ejercer de forma activa:

    • Ser informado del alcance de las actuaciones, de los tributos y periodos afectados y de sus derechos y obligaciones.
    • Ser asistido por un asesor y actuar a través de representante.
    • Ser tratado con respeto y diligencia, y que las actuaciones se desarrollen en el plazo legal.
    • Formular alegaciones y aportar documentos en el trámite de audiencia, antes de que se dicte la liquidación.
    • Conocer el estado de tramitación del procedimiento y obtener copia de lo que se firma.
    • Que la información aportada se utilice solo para los fines previstos y con la debida reserva.

    Ejercer estos derechos exige método: designar a un único interlocutor, registrar cada entrega de documentación con su inventario y responder siempre por escrito y dentro de plazo.

    Qué suele discutirse: contratos en neto y derechos de imagen

    En un contrato pactado en neto, el impuesto que asume el club es a su vez retribución del jugador, y por eso el bruto necesario se calcula dividiendo el neto entre uno menos el tipo efectivo. El error que más se regulariza es calcular la nómina sobre una cifra inferior al bruto real que resulta del pacto, lo que produce una retención insuficiente. La discusión jurídica gira entonces en torno a tres cuestiones: qué se pactó realmente, qué retribuciones forman parte de la base y si el cálculo del club es razonable y está documentado.

    Los pagos a sociedades por derechos de imagen son otro foco. Si la Administración recalifica parte de esos pagos como retribución del trabajo, aparece una retención no practicada sobre esos importes. La defensa pasa por acreditar la realidad de la cesión, su valoración y la tributación de la sociedad perceptora. Cuando la discusión es cuantitativa, un informe pericial independiente, como los que elabora ValiTax, ofrece una base técnica sólida tanto ante la inspección como en vía de recurso.

    Sanciones: la culpabilidad debe probarse

    La liquidación de la deuda y la sanción son cosas distintas. La sanción exige que la Administración acredite la culpabilidad, y el propio régimen sancionador de la Ley General Tributaria excluye la responsabilidad cuando el obligado ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones. Un club que puede demostrar una metodología reproducible para el cálculo del neto, contratos claros y coherencia entre nóminas, modelos y certificados está en mejor posición para discutir la imposición de multas. La documentación previa es, en realidad, la mejor defensa sancionadora.

    Recursos disponibles frente a la liquidación y la sanción

    Una vez notificada la liquidación, el club puede interponer recurso de reposición, potestativo y previo, o acudir directamente a la reclamación económico-administrativa. En ambos casos el plazo general es de un mes desde el día siguiente a la notificación, por lo que conviene no agotarlo sin tener el escrito preparado. Agotada la vía económico-administrativa, queda abierta la vía contencioso-administrativa. La liquidación y la sanción se impugnan por separado, con argumentos propios, y es posible solicitar la suspensión de la ejecución en los términos que prevé la normativa, con las garantías exigibles.

    Cómo prepararse antes del primer requerimiento

    La mejor inspección es la que llega a un club con el trabajo hecho. Recomendamos tener preparados el cálculo del bruto de cada contrato en neto, la conciliación entre contratos, nóminas, modelos 111, 190 y 216 y certificados, el soporte de los derechos de imagen y un archivo ordenado por temporada. Esa disciplina reduce el riesgo de regularización y, si esta llega, acelera la respuesta y fortalece las alegaciones.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puede Hacienda sancionar al club aunque el jugador haya declarado?

    Puede regularizar la retención no practicada porque la obligación de retener es autónoma. La sanción, en cambio, exige que se acredite la culpabilidad, y una actuación diligente y documentada del club es un argumento relevante para combatirla.

    ¿Cuánto dura una inspección a un club deportivo?

    El plazo general de las actuaciones inspectoras es de 18 meses, ampliado a 27 en los supuestos del art. 150 de la Ley General Tributaria, como superar el umbral de auditoría. Si se rebasa, no hay caducidad, pero las actuaciones posteriores no interrumpen la prescripción y no se devengan intereses de demora.

    ¿Qué plazo hay para recurrir una liquidación a un club?

    Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. La liquidación y la sanción se recurren por separado.

    Si su club ha recibido una comunicación de inicio o un requerimiento, o quiere revisar sus contratos en neto antes de que llegue, hable con LRB Tax & Legal: asesoramos fiscalmente al sector deportivo y defendemos a clubs y entidades en inspecciones tributarias. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

  • Inspección tributaria a influencers: defensa jurídica

    Inspección tributaria a influencers: defensa jurídica

    La inspección tributaria a influencers se defiende con documentación ordenada, control de plazos y una estrategia fijada desde el primer requerimiento. El creador debe responder a Hacienda con prueba sobre plataformas y colaboraciones, alegar en el trámite de audiencia y recurrir lo que no comparta. La Administración debe probar los hechos que invoca; el contribuyente, los que alega.

    Esta guía se centra en el procedimiento: qué pide la Agencia Tributaria, cómo contestar, qué ocurre al cerrar las actuaciones y qué recursos existen. Para el análisis de los impuestos que afectan a este sector, puede consultarse el artículo sobre la fiscalidad de las influencers y creadores de contenido.

    Por qué Hacienda investiga a los creadores de contenido

    El Plan de Control Tributario 2026 señala los nuevos modelos de negocio surgidos en torno a las redes sociales. Cita expresamente el marketing de influencia: publicaciones patrocinadas, reseñas y eventos promocionales. Anuncia, además, que verificará su correcta tributación.

    A ese interés se suma el cruce de datos. El modelo 238 (DAC7) es una declaración informativa que presentan los operadores de plataforma sobre los vendedores que operan en ellas. Permite a la AEAT contrastar los ingresos que un creador percibe a través de plataformas con lo que declara.

    Hacienda sostiene también que cambiar la residencia a Andorra o Dubái no elimina la obligación de tributar en España si el centro de intereses económicos sigue vinculado a España. Quien se ha mudado debe prepararse para acreditar su situación real.

    Requerimientos de información sobre plataformas y colaboraciones

    Muchas inspecciones comienzan con un requerimiento de información o con una comunicación de inicio de actuaciones. Las obligaciones de información y colaboración con la Administración se regulan en la Ley General Tributaria. Responder tarde o de forma incompleta empeora la posición del contribuyente.

    En el caso de un creador, el requerimiento suele pedir los siguientes datos:

    • Contratos y presupuestos con marcas, agencias y plataformas.
    • Facturas emitidas y cobros recibidos, con sus justificantes bancarios.
    • Liquidaciones de las plataformas en las que se publica o se vende.
    • Detalle de canjes: productos, estancias o cenas entregados por las marcas.
    • Gastos que se han deducido y su vinculación con la actividad.

    Antes de contestar conviene revisar qué se pide exactamente y por qué periodos. Lo prudente es entregar lo solicitado, de forma ordenada y con un índice, y no ofrecer documentación que nadie ha reclamado. Cada documento debe poder explicarse.

    Toda respuesta debe quedar registrada. Se recomienda presentar los escritos por la sede electrónica y conservar el justificante, porque el calendario del procedimiento depende de las fechas de notificación y de contestación.

    Cómo documentar ingresos, canjes y facturación

    Los puntos débiles de un creador suelen repetirse. El primero son los canjes. Los productos, estancias o cenas que una marca entrega como contraprestación no dineraria son ingreso y se valoran por su valor normal de mercado. La operación está sujeta aunque no medie dinero, así que debe documentarse el valor y emitirse factura.

    El segundo es la facturación. Quien desarrolla una actividad económica es empresario o profesional a efectos del IVA y tiene las obligaciones del artículo 164.Uno de la Ley del IVA: censo, facturación, contabilidad y declaraciones. Los servicios de publicidad y colaboración con marcas tributan, con carácter general, al tipo del 21 % (artículo 90.Uno).

    El tercero son los cobros desde el extranjero. Según la consulta DGT V0773-22, un servicio de publicidad prestado a un empresario establecido fuera del territorio de aplicación del impuesto no está sujeto por la regla general del artículo 69.Uno. Sin embargo, la cláusula de utilización o explotación efectiva del artículo 70.Dos puede localizar el servicio en España cuando se difunde desde aquí.

    Esa localización es una cuestión de hecho que se valora caso por caso con la prueba aportada. Por eso conviene conservar los contratos, las audiencias, los destinos de la campaña y cualquier dato que acredite dónde se utiliza el servicio. Además, debe expedirse factura aunque la operación no esté sujeta.

    La propia Ley General Tributaria exige sistemas de facturación íntegros y trazables (artículo 29.2.j). Un registro de ingresos coherente reduce el riesgo de que el inspector estime importes por su cuenta.

    Trámite de audiencia: el momento de alegar

    Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad, el artículo 157.1 de la Ley General Tributaria obliga a conceder al interesado un trámite de audiencia para que alegue lo que convenga a su derecho. Es la oportunidad de corregir errores de hecho, aportar la prueba que faltaba y plantear el criterio jurídico propio. No es un trámite menor: lo que no se alega aquí puede resultar más difícil de introducir después.

    Un buen escrito de alegaciones distingue tres planos. El primero es el hecho: qué cobró el creador, de quién y por qué. El segundo es la prueba: qué documento respalda cada hecho. El tercero es la norma: por qué la calificación de la inspección no es la correcta. Cada alegación debe ir numerada y enlazada con el documento que la sostiene.

    Los plazos pesan tanto como el fondo. Si la inspección solicita información adicional, el influencer debe medir lo que entrega, porque cada entrega alimenta la propuesta final. Las dilaciones imputables al contribuyente pueden afectar al cómputo de la duración, tal como explica la guía sobre los plazos y derechos en la inspección tributaria.

    Actas de la inspección: conformidad, acuerdo y disconformidad

    Cuando termina la comprobación, la inspección documenta el resultado en un acta. Puede ser un acta con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. La decisión de firmar no es automática: firmar de conformidad cierra discusiones que quizá convenía mantener abiertas.

    Si el creador no está de acuerdo con la propuesta, puede no suscribir el acta o manifestar su disconformidad, y dispone de 15 días desde que se extiende el acta o se le notifica para alegar ante el órgano competente para liquidar (art. 157.3 de la Ley General Tributaria). El órgano competente resuelve después y dicta la liquidación. Antes de firmar, conviene hacerse tres preguntas:

    • ¿La regularización se basa en hechos probados o en estimaciones?
    • ¿Se han valorado los canjes y los ingresos extranjeros con criterios razonables?
    • ¿Se propone sanción y con qué fundamento?

    La sanción por dejar de ingresar oscila entre el 50 % y el 150 % de la cuota (artículo 191 de la Ley General Tributaria). Precisamente por su cuantía, la culpabilidad debe motivarse expresamente. No basta con que exista una diferencia de cuota.

    Carga de la prueba en la inspección tributaria a influencers

    La regla general está en el artículo 105 de la Ley General Tributaria: quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo. Esto significa que ambas partes soportan carga de la prueba. La Administración debe acreditar los hechos que fundamentan su liquidación, y el contribuyente, los de sus deducciones y exenciones.

    En la práctica, la inspección dispone de los datos de plataformas y bancos, y el creador aporta los contratos y la explicación económica. La prueba no se limita a documentos: son válidos los medios admitidos en derecho, como el informe pericial, que debe valorarse con el mismo rigor que la opinión del inspector.

    Un informe pericial para influencers puede aclarar, por ejemplo, la valoración de un canje, el reparto de ingresos entre varias plataformas o la vinculación de un gasto con la actividad. Cuando la discrepancia es técnica, ese informe sitúa el debate sobre datos contrastables. La guía sobre el informe pericial en inspección tributaria explica cómo presentarlo.

    Recursos tras la liquidación

    Si el acuerdo de liquidación mantiene la regularización, existen dos vías principales. La primera es el recurso de reposición, que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. La segunda es la reclamación económico-administrativa ante el tribunal competente. En ambos casos el plazo es de un mes contado desde el día siguiente a la notificación (artículos 223 y 235 de la Ley General Tributaria).

    Agotada la vía administrativa, queda la vía contencioso-administrativa. Cada fase exige un escrito razonado que complete el expediente. Por eso la defensa debe diseñarse como un recorrido completo desde el primer requerimiento, y no como una reacción aislada ante la liquidación.

    En la reclamación económico-administrativa, el artículo 233 de la Ley General Tributaria prevé la suspensión automática si se garantiza el importe de la deuda; si lo impugnado es una sanción, queda suspendida sin necesidad de aportar garantías. También puede solicitarse, en su caso, el aplazamiento de la deuda. La estrategia de pago debe valorarse en paralelo a la estrategia de recursos.

    Duración, prescripción y calendario de la defensa

    El procedimiento inspector tiene una duración de 18 meses, ampliable conforme al artículo 150 de la Ley General Tributaria. La prescripción general es de cuatro años, y sus interrupciones se detallan en la guía sobre la prescripción tributaria de cuatro años.

    Un calendario interno evita sorpresas: fecha de inicio, fechas de cada requerimiento, vencimiento de plazos y fecha límite de la inspección. Si la actuación excede el plazo sin causa válida, deben analizarse sus efectos sobre la prescripción.

    Una defensa serena y bien preparada

    Una inspección es un procedimiento regulado en el que la Administración es una parte más. Tiene facultades, pero también cargas: motivar, probar y respetar los derechos del contribuyente. Quien llega con su documentación en orden, sus plazos controlados y su prueba preparada puede discutir con firmeza cada ajuste.

    En consecuencia, la mejor defensa se construye antes de que llegue el requerimiento: contratos claros, facturas completas, canjes valorados y un archivo cronológico. Si ya ha llegado, conviene actuar con método y con asesoramiento especializado, como el que ofrece LRB en materia de defensa fiscal con LRB.

    Preguntas frecuentes sobre la inspección tributaria a influencers

    ¿Qué pide Hacienda a un influencer en una inspección?

    Hacienda suele pedir contratos, facturas, cobros, liquidaciones de plataformas, detalle de canjes y justificantes de gastos. El requerimiento fija el periodo y el plazo de contestación. Conviene entregar lo solicitado de forma ordenada, con un índice, y conservar el justificante de presentación de cada escrito.

    ¿Los canjes con marcas tributan aunque no haya dinero?

    Sí, los productos, estancias o cenas que entrega una marca como contraprestación son ingreso y se valoran por su valor normal de mercado. La operación está sujeta aunque no medie dinero, así que debe documentarse el valor y emitirse factura. Así se evita una valoración unilateral por parte de la inspección.

    ¿Quién tiene que probar los hechos en una inspección?

    Ambas partes soportan carga de la prueba, según el artículo 105 de la Ley General Tributaria. Hacienda debe acreditar los hechos de su liquidación y el contribuyente los de sus deducciones. Un informe pericial es prueba válida y debe valorarse con la misma consideración que la opinión del inspector.

    ¿Conviene firmar el acta de conformidad?

    Solo si la regularización es correcta en hechos y derecho, porque firmar de conformidad cierra discusiones. Si hay discrepancias, puede firmarse en disconformidad y presentar alegaciones. Antes de decidir, conviene revisar la prueba, la sanción propuesta y los plazos del procedimiento con un asesor especializado.

    ¿Qué plazo hay para recurrir una liquidación?

    El plazo es de un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Pasado ese plazo, el acto adquiere firmeza. Por eso conviene controlar la fecha de notificación y preparar el recurso desde la fase de alegaciones.

    ¿Cuánto puede durar la inspección?

    El procedimiento dura 18 meses, ampliables conforme al artículo 150 de la Ley General Tributaria. Aun así, el derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años. Un calendario interno con las fechas de inicio y de cada requerimiento ayuda a detectar incumplimientos de plazo.

    Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal. Contenido informativo, actualizado a 15 de octubre de 2026.

  • Inspección tributaria empresas de eventos: cómo defenderse

    Inspección tributaria empresas de eventos: cómo defenderse

    Una inspección tributaria en empresas de eventos se defiende con prueba y método, no con improvisación: la Administración debe motivar cada ajuste y el contribuyente puede contradecirlo con contratos, facturas, justificantes de ejecución e informes periciales. Conocer las fases del procedimiento, los plazos y el reparto de la carga de la prueba permite contestar cada requerimiento con criterio jurídico.

    Este artículo no repasa los riesgos fiscales del sector, que se analizan en el trabajo de referencia sobre el asesoramiento fiscal a empresas de eventos. Aquí se explica otra cosa: cómo se desarrolla el procedimiento inspector y qué decisiones de defensa jurídica corresponden a cada fase.

    Por qué las empresas de eventos son un objetivo de comprobación

    Las empresas de organización de eventos combinan factores que la Administración suele seleccionar para comprobar. Facturan servicios complejos, subcontratan a muchos proveedores, repercuten gastos a clientes y trabajan con anticipos y plazos muy ajustados a la fecha del evento.

    La Dirección General de Tributos considera que la organización de eventos es un servicio complejo que no procede fraccionar. Esa premisa condiciona la calificación de la operación, el lugar de realización y el tipo de IVA. Por eso una discrepancia con la Inspección casi siempre empieza en la calificación jurídica y no en una cifra concreta.

    Comprender este punto de partida es útil. Si la controversia es de calificación, la defensa debe construirse con contratos, memorias del evento y trazabilidad de los servicios, y no solo con asientos contables.

    Inspección tributaria empresas de eventos: las fases del procedimiento

    El procedimiento de inspección sigue un recorrido ordenado por la Ley General Tributaria. Entender cada fase evita errores de plazo y permite decidir cuándo conviene aportar documentación, cuándo discutir y cuándo negociar.

    Comunicación de inicio y alcance

    La inspección comienza con una comunicación que indica los tributos y periodos afectados y si el alcance es general o parcial. Conviene leerla con detalle. El alcance delimita lo que la Inspección puede regularizar y condiciona el efecto interruptor de la prescripción, que en materia tributaria es de cuatro años.

    La duración ordinaria de las actuaciones es de 18 meses, ampliable en los supuestos que prevé el texto de la Ley General Tributaria en su artículo 150. Llevar un control propio de fechas, diligencias y dilaciones es una tarea básica de la defensa.

    Requerimientos de información

    Los requerimientos piden contratos, facturas, justificantes de pago, presupuestos aceptados y detalle de proveedores. Una empresa de eventos genera mucha documentación dispersa entre departamentos, plataformas y subcontratistas, y reunirla con orden es la primera tarea.

    Cada respuesta debe ser completa, congruente con la contabilidad y coherente entre sí. Una contestación incompleta no suspende nada y puede alimentar una propuesta de regularización. Conviene dejar constancia escrita de lo entregado y de la fecha.

    Diligencias, comparecencias y visitas

    Las diligencias recogen hechos y manifestaciones. Lo que firma el representante de la empresa tendrá peso después, de modo que debe revisarse antes de suscribirlo. Si no coincide con lo ocurrido, se pide su corrección o se formulan observaciones por escrito.

    Propuesta, trámite de audiencia y actas

    Antes de extender el acta, la Inspección da audiencia al contribuyente para que examine el expediente y alegue. Es el momento más rentable de la defensa, porque permite rectificar la calificación o aportar la prueba que faltaba antes de que la propuesta se consolide.

    El acta puede firmarse con acuerdo, en conformidad o en disconformidad. La elección depende de la solidez de la prueba y del coste de litigar. Un acta de disconformidad abre un periodo de alegaciones antes de que el órgano competente dicte la liquidación.

    Liquidación, sanción y recursos

    Dictada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, y después la vía contencioso-administrativa. La sanción por dejar de ingresar oscila entre el 50 % y el 150 % de la cuota según el artículo 191 de la Ley General Tributaria. Se tramita aparte y se impugna con argumentos propios, como la ausencia de culpabilidad o la interpretación razonable de la norma.

    Para un análisis más general de plazos y derechos puede consultarse la guía sobre plazos y derechos en la inspección.

    La carga de la prueba: ambas partes deben probar

    Existe una idea extendida y errónea: que ante Hacienda el contribuyente siempre parte en desventaja. La regla general es otra. Quien hace valer un derecho debe probar los hechos que lo fundamentan, y eso obliga a la Administración respecto de sus propios ajustes.

    La Inspección debe acreditar los hechos que justifican la regularización y motivar su calificación. La empresa, por su parte, debe probar los gastos que deduce y las operaciones que declara. Ambas partes soportan, por tanto, su propia carga probatoria.

    En el sector de eventos la prueba útil es muy concreta:

    • Contrato o presupuesto firmado que describa el servicio completo y su destinatario.
    • Evidencias de ejecución: programas, listados de asistentes, fotografías, correspondencia con el cliente.
    • Pruebas del pago efectivo a proveedores y de la prestación recibida.
    • Justificación de lo repercutido como suplido y de lo facturado en nombre propio.

    La conservación ordenada de estos documentos conecta con otra obligación. La propia Ley General Tributaria exige sistemas de facturación íntegros y trazables, una exigencia que la normativa de facturación electrónica y de sistemas informáticos refuerza.

    Puntos de discusión frecuentes en el sector

    Algunas regularizaciones se repiten y conviene anticiparlas. La primera es la localización del servicio a efectos de IVA, que depende de si se trata de un servicio de organización o del mero acceso al evento. Las reglas de la Ley del IVA distinguen ambos supuestos y la prueba del destinatario resulta decisiva.

    La segunda es el tipo aplicable. El tipo reducido del 10 % alcanza solo al acceso a determinados espectáculos y a servicios como la hostelería, pero no a todo el servicio de organización, que tributa al tipo general del 21 % salvo que concurra un supuesto específico.

    La tercera es la diferencia entre suplido y repercusión de gasto. La Inspección examina si la empresa actúa en nombre propio, en cuyo caso se entiende que presta el servicio por sí misma, o como mero intermediario. Quien organiza un evento en nombre propio difícilmente podrá tratar sus costes como suplidos.

    La cuarta afecta al Impuesto sobre Sociedades: las atenciones a clientes tienen un límite de deducibilidad del 1 % de la cifra de negocios, conforme a la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La discusión se centra en distinguir un gasto de atención a clientes de un coste necesario para prestar el servicio contratado.

    También se revisan los pagos en efectivo, limitados a 1.000 euros entre empresarios, y las retenciones practicadas a artistas, ponentes o proveedores no residentes. Un error de forma aquí repercute en deducibilidad y en sanciones.

    El informe pericial como prueba que merece la misma consideración

    El informe pericial es un medio de prueba válido. Cuando la discusión trata sobre valoración, reparto de márgenes entre servicios o la realidad económica de una operación, la opinión técnica de un perito debe recibir la misma consideración que el criterio del actuario de la Inspección.

    Esto no significa que el informe obligue a la Administración, sino que esta debe valorarlo y razonar si lo rechaza. Una negativa sin motivación es un argumento de impugnación. Un informe pericial para empresas de eventos bien fundado, aportado en el momento oportuno, refuerza el expediente.

    Sobre su uso en el procedimiento puede consultarse la guía del informe pericial en la inspección.

    Pautas prácticas durante las actuaciones

    • Designar un interlocutor único y documentar cada entrega con fecha.
    • Revisar cada diligencia antes de firmarla y formular observaciones por escrito.
    • Mantener la calificación jurídica coherente en todos los escritos.
    • Aportar prueba pericial antes de que se cierre el trámite de audiencia.
    • Valorar cada recurso por separado: liquidación y sanción son decisiones distintas.

    La Administración es una parte más del procedimiento. Tiene potestades, pero también deberes de motivación y prueba. Una defensa rigurosa, que no teme a Hacienda y trabaja con documentos, es la mejor garantía de un resultado ajustado a derecho. En ese enfoque trabaja la defensa fiscal con LRB en el sector.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto dura una inspección tributaria a una empresa de eventos?

    El plazo general de las actuaciones inspectoras es de 18 meses desde la notificación de inicio. Puede ampliarse en los supuestos previstos en el artículo 150 de la Ley General Tributaria, y las dilaciones imputables al contribuyente no computan. Por eso conviene llevar un calendario propio de requerimientos y diligencias.

    ¿Quién tiene la carga de la prueba en una inspección?

    Cada parte debe probar los hechos que invoca. La Administración acredita los presupuestos de sus ajustes y la empresa justifica los gastos y operaciones que declara. Ninguna parte queda eximida: por eso la documentación contractual y de ejecución del evento resulta tan relevante en la defensa.

    ¿Conviene firmar el acta en conformidad o en disconformidad?

    Depende de la solidez de la prueba y del coste de litigar. La conformidad cierra la discusión sobre la liquidación, mientras que la disconformidad permite alegar y recurrir. Antes de decidir, conviene valorar con un abogado tributarista el riesgo de cada postura y la sanción asociada.

    ¿Qué sanción puede imponerse por dejar de ingresar?

    El artículo 191 de la Ley General Tributaria fija una multa de entre el 50 % y el 150 % de la cuota dejada de ingresar. La graduación depende de la calificación de la infracción. La sanción se impugna de forma independiente de la liquidación y exige acreditar la culpabilidad.

    ¿Puede aportarse un informe pericial durante la inspección?

    Sí, el informe pericial es un medio de prueba válido y puede aportarse durante las actuaciones, preferiblemente antes del trámite de audiencia. La Inspección debe valorarlo y motivar su rechazo, sin dar por sentado que su criterio prevalece sobre el del perito.

    Para una visión general del procedimiento, véase también la guía sobre cómo funciona la inspección de Hacienda.

    Contenido informativo, actualizado a 15 de octubre de 2026. Autor: Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal.

  • Inspección tributaria a una funeraria: defensa jurídica

    Inspección tributaria a una funeraria: defensa jurídica

    Por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal · Actualizado: octubre de 2026

    Ante una inspección tributaria a una funeraria, la defensa eficaz combina tres elementos: conocer las fases del procedimiento y los derechos del obligado, documentar con rigor el efectivo, los suplidos y el IVA del 21 %, y decidir con criterio si firmar el acta en conformidad o discutirla en disconformidad y recurrir.

    El sector funerario tiene particularidades que atraen la atención de la Administración: muchos cobros en el momento del servicio, gastos de terceros que se adelantan por cuenta de la familia, relación con aseguradoras de decesos y mezcla de servicios y ventas accesorias. Este artículo se centra en la perspectiva jurídica de la defensa. Para el panorama general de impuestos del sector, puede consultarse nuestra guía sobre la fiscalidad de las empresas funerarias.

    Fases de una inspección tributaria a una funeraria

    El procedimiento de inspección se regula en la Ley General Tributaria (LGT). Aunque cada caso es distinto, suele seguir un recorrido reconocible.

    1. Comunicación de inicio

    La inspección comienza con una comunicación que identifica los impuestos y periodos afectados (el alcance, general o parcial) y la documentación que se requiere. Conviene revisar con cuidado el alcance: delimita qué puede comprobarse y condiciona la estrategia de defensa.

    2. Requerimientos y actuaciones

    Durante la fase de comprobación se solicitan contabilidad, facturas, libros de IVA, contratos con aseguradoras, justificantes de cobros y pagos, y detalle de suplidos. En una funeraria es habitual que se pidan también los expedientes de servicio, uno por cada familia, para contrastar lo facturado con lo realmente prestado.

    3. Trámite de audiencia y propuesta

    Antes de cerrar, el inspector pone de manifiesto el expediente y concede un trámite de audiencia para alegar y aportar pruebas. Es el momento clave para corregir errores, aportar justificantes que faltaban y plantear una valoración técnica distinta.

    4. Acta y liquidación

    La fase termina con un acta de conformidad, de disconformidad o con acuerdo, seguida de la liquidación y, en su caso, del expediente sancionador.

    Plazos y prescripción: dos pilares de la defensa

    • Duración: las actuaciones inspectoras tienen como regla general una duración máxima de 18 meses, ampliable a 27 en casos de especial complejidad o de grupos (art. 150 LGT).
    • Prescripción: el derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años (art. 66 LGT), salvo interrupciones. Conviene comprobar qué ejercicios se están revisando realmente.

    Un incumplimiento de plazos o una prescripción mal calculada puede cambiar por completo el resultado. Para profundizar, puede verse nuestra guía sobre plazos y derechos en la inspección tributaria y la dedicada a la prescripción tributaria.

    Derechos del obligado tributario

    El obligado no es un mero espectador. Entre sus derechos más útiles en la práctica se encuentran:

    • Ser asistido y representado por un asesor durante todo el procedimiento.
    • Conocer el estado de tramitación y la identidad de las autoridades que intervienen.
    • Ser informado de sus derechos y obligaciones, y de que las actuaciones se desarrollen de la forma que le resulte menos gravosa.
    • Alegar y aportar documentos en el trámite de audiencia, que deben ser tenidos en cuenta.
    • No aportar documentos que ya obren en poder de la Administración, en los términos que prevé la normativa.

    Ejercerlos con orden evita que la empresa responda de forma improvisada a los requerimientos y deja constancia de cada paso. Nuestra guía general sobre cómo funciona la inspección de Hacienda amplía este punto.

    Actas: conformidad, disconformidad y con acuerdo

    Tipo de actaQué implicaCuándo suele convenir
    De conformidadEl obligado acepta la propuesta; la liquidación se entiende dictada si no hay rectificación posterior.Cuando la regularización es técnicamente correcta y se busca reducir la sanción.
    De disconformidadNo se acepta la propuesta; se abre un plazo para alegar antes de la liquidación.Cuando existen argumentos jurídicos o probatorios sólidos.
    Con acuerdoProcede en supuestos concretos (valoración, estimación o cuantificación de conceptos de difícil determinación).Cuando hay incertidumbre sobre hechos que pueden pactarse.

    Firmar en conformidad puede conllevar una reducción de la sanción, pero cierra puertas: la liquidación derivada de un acta de conformidad tiene un margen de impugnación más limitado. Por eso conviene valorar con detenimiento el importe, la sanción propuesta y las posibilidades reales de éxito antes de firmar. Conviene verificar siempre los porcentajes y plazos vigentes en la LGT y su reglamento.

    Recursos y reclamación económico-administrativa

    Si la liquidación no se comparte, existen dos vías principales frente al acto de liquidación:

    1. Recurso de reposición ante el propio órgano que dictó el acto, con carácter potestativo.
    2. Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo competente, con carácter previo a la vía contencioso-administrativa.

    Los plazos son breves (en general, un mes desde la notificación), por lo que conviene anticipar la estrategia desde el acta. También debe valorarse la suspensión de la ejecución de la deuda, que normalmente exige garantías. Agotada la vía económico-administrativa, queda la jurisdicción contencioso-administrativa. Puede consultarse nuestro artículo sobre cómo proteger una sociedad ante la AEAT.

    Riesgos típicos del sector funerario

    Efectivo y limitación de pagos

    Las familias pagan a menudo en el momento del servicio. La Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo (1.000 € con carácter general; 10.000 € si el pagador es no residente) y prevé una sanción del 25 % de la cuantía pagada, con responsabilidad solidaria de pagador y receptor (Ley 7/2012). Conviene fijar un protocolo de cobro y conservar justificantes.

    Suplidos

    Los suplidos no integran la base imponible del IVA si se cumplen los requisitos del art. 78.Tres.3º de la Ley del IVA: pago en nombre y por cuenta del cliente y justificación documental. Cuando la funeraria contrata en su propio nombre, la Inspección puede tratar la partida como parte de la contraprestación. La documentación de cada gasto (cementerio, licencias, tasas) es la mejor defensa.

    IVA al 21 %

    Los servicios funerarios tributan al 21 % desde septiembre de 2012, tras haber estado sujetos al tipo reducido del 8 %. La clasificación de las entregas accesorias importa: una consulta de la DGT (V0784/2016) distingue las entregas vinculadas a un servicio funerario único, como las flores, de la venta autónoma, que se trata por separado. La regulación completa está en la Ley del IVA.

    Prepagos y devengo

    En los pagos anticipados de servicios funerarios, el art. 75.Dos de la Ley del IVA sitúa el devengo en el momento del cobro por el importe percibido. Un error de calendario puede generar diferencias en varios periodos.

    Aseguradoras de decesos

    Las aseguradoras ofrecen servicios funerarios y las funerarias trabajan con ellas. Conviene documentar quién factura a quién y con qué contraprestación. Si hay comisiones de mediación, están exentas (art. 20.Uno.16º de la Ley del IVA) y pueden afectar a la prorrata del IVA soportado.

    Otras áreas de revisión

    • Atenciones a clientes y proveedores, con límite del 1 % de la cifra de negocios (art. 15.e LIS).
    • Operaciones vinculadas (art. 18 LIS), frecuentes en grupos familiares.
    • Coherencia del modelo 347 con la contabilidad.
    • Encuadre en el IAE (epígrafe 979.1, pompas fúnebres).

    Estimación indirecta y prueba pericial

    Si la Administración considera que la contabilidad es insuficiente, puede acudir a la estimación indirecta (art. 53 LGT). En ese escenario, la prueba pericial es decisiva para rebatir los cálculos. Sobre este punto puede consultarse el análisis de ValiTax sobre el peritaje en la estimación indirecta de bases imponibles. Además, nuestro artículo sobre el informe pericial en inspección tributaria detalla su uso.

    Sanciones y cómo afrontarlas

    La infracción por dejar de ingresar (art. 191 LGT) parte del 50 % de la cuota no ingresada, con posibles agravantes y reducciones. Se puede defender la ausencia de culpabilidad cuando existe una interpretación razonable de la norma, algo especialmente relevante en materias donde la doctrina de la DGT es cambiante. Conviene verificar siempre los criterios vigentes antes de tomar decisiones.

    Recomendaciones prácticas

    • Centralizar la interlocución con la Inspección en una única persona o asesor.
    • Conservar un expediente completo por cada servicio funerario.
    • Revisar la política de cobros en efectivo antes de que llegue el requerimiento.
    • Responder en plazo y dejar constancia escrita de cada actuación.
    • Evaluar la sanción, no solo la cuota, antes de decidir sobre el acta.

    En LRB Tax & Legal acompañamos a empresas del sector en este tipo de procedimientos; puede ampliarse información en nuestras páginas de inspecciones tributarias y de asesoramiento legal y fiscal para el sector funerario.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto puede durar una inspección tributaria a una funeraria?

    Con carácter general, hasta 18 meses, ampliables a 27 en casos de especial complejidad o grupos (art. 150 LGT).

    ¿Conviene firmar el acta en conformidad?

    Depende. Puede reducir la sanción, pero limita la impugnación posterior. Conviene analizar cuota, sanción y argumentos antes de firmar.

    ¿Qué riesgo supone cobrar en efectivo en una funeraria?

    La Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo a 1.000 euros con carácter general; la sanción es del 25 % de lo pagado y responden pagador y receptor.

    ¿Los suplidos tributan por IVA?

    No integran la base imponible si se pagan en nombre y por cuenta del cliente y se justifican documentalmente (art. 78.Tres.3º LIVA).

    ¿Cómo se recurre una liquidación de la Inspección?

    Mediante recurso de reposición potestativo o directamente reclamación económico-administrativa, en general en el plazo de un mes desde la notificación.

    Contenido informativo y orientativo; no sustituye el asesoramiento profesional sobre un caso concreto.

  • Cláusula de salario neto en contratos de jugadores profesionales

    Cláusula de salario neto en contratos de jugadores profesionales

    La cláusula de salario neto obliga al club a pagar al jugador una cantidad libre de impuestos y a hacerse cargo de la retención y de las cotizaciones correspondientes. Jurídicamente no elimina la obligación tributaria del deportista: solo reparte el coste entre las partes. Lo decisivo es redactarla con precisión, porque el impuesto asumido por el club es retribución adicional y las sanciones son siempre personales.

    Qué es y qué efectos tiene la cláusula de neto

    En los contratos de futbolistas y baloncestistas, la retribución suele expresarse en términos netos anuales. Entre las partes, la cláusula funciona como un pacto de asunción de cargas: el club se compromete a que el jugador perciba esa cifra, cualquiera que sea la carga fiscal que genere. Frente a la Administración tributaria, en cambio, el pacto no tiene eficacia liberatoria: Hacienda no queda vinculada por lo que acuerden las partes.

    Esta distinción explica la mayoría de los conflictos. El jugador sigue siendo el contribuyente y debe incluir en su declaración la retribución íntegra, es decir, el neto más el impuesto que el club paga por él. Cuando el contrato guarda silencio sobre estos extremos, la discusión llega tarde: tras una comprobación o tras un cambio de club.

    El club como retenedor: artículo 99 de la LIRPF

    El artículo 99 de la LIRPF regula la obligación de retener e ingresar a cuenta del IRPF. Quien paga rendimientos del trabajo, en este caso el club, es el sujeto obligado a practicar la retención y a ingresarla. Si el club asume además el impuesto del jugador, la base de la retención debe incluir esa cantidad adicional, de modo que el cálculo exige determinar el bruto real antes de nómina.

    Aquí nace un riesgo clásico: retener sobre el neto o sobre una cifra inferior al bruto correcto. La diferencia genera una regularización con cuota, intereses y posible sanción. El contrato debería, por tanto, imponer al club la obligación de documentar el cálculo y de entregar al jugador la certificación de retenciones en plazo.

    Relación laboral especial: Real Decreto 1006/1985

    El Real Decreto 1006/1985 regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. En ese marco, las partes tienen amplia libertad para pactar la retribución, incluido el neto, pero esa libertad no altera las normas tributarias. Un contrato que fije el neto sin concretar qué conceptos incluye (salario base, primas, derechos de imagen, vivienda o vehículo) deja abierta una fuente de litigios sobre qué se compromete a pagar el club.

    Quién asume los cambios normativos

    Un contrato plurianual cruza ejercicios en los que pueden variar los tipos, las deducciones o el régimen aplicable. Si nada se pacta, la interpretación habitual es que el club garantiza el neto durante toda la vigencia, pero esa solución no siempre se acepta sin discusión. Un ejemplo claro es el régimen del artículo 93 de la LIRPF: tras la Ley 26/2014, la «ley Beckham» dejó de estar disponible para los deportistas profesionales, de modo que un contrato firmado con esa expectativa es muy vulnerable.

    La cláusula debe decir expresamente si el neto está garantizado frente a incrementos de tipos, cambios de residencia y modificaciones legales, o si el club puede reajustar el bruto a partir de determinada fecha. Lo prudente es una fórmula objetiva: el club asume los cambios normativos generales, y el jugador, los derivados de decisiones personales como un cambio de residencia.

    Sanciones personales: cada parte responde de lo suyo

    El régimen sancionador tributario es personal. Si el club no retiene o ingresa menos de lo debido, responde como retenedor. Si el jugador declara incorrectamente, responde por su propia declaración. Pactar que el club «asumirá cualquier sanción» tiene valor entre las partes como obligación de reembolso, pero no traslada la responsabilidad frente a la Administración, y puede ser difícil de exigir si la infracción proviene de la conducta del propio deportista.

    Contenido recomendable de la cláusula

    • Definición de los conceptos que se pactan en neto: salario, primas, bonus y otros.
    • Declaración de la residencia fiscal del jugador y deber de comunicar sus cambios.
    • Método de cálculo del bruto y obligación del club de documentarlo.
    • Reparto de riesgos por cambios normativos durante la vigencia del contrato.
    • Régimen de reembolso en caso de regularización, intereses o sanciones.
    • Deber de colaboración en inspecciones y entrega de certificados de retenciones.

    Qué ocurre ante una inspección

    En una comprobación, la Inspección parte de la retribución íntegra: neto, impuesto asumido y cotizaciones. El club y el jugador pueden recibir liquidaciones distintas por el mismo hecho, cada una con su procedimiento y sus plazos. Coordinar la defensa y conservar los cálculos del bruto evita contradicciones que luego se vuelven en contra de ambas partes. Nuestro análisis completo está en el artículo sobre el salario neto de futbolistas y baloncestistas.

    Cuando el contrato ya está firmado y presenta lagunas, LRB Tax & Legal, despacho experto en asesorar a jugadores y en inspecciones fiscales de deportistas, puede revisar la cláusula, recalcular el bruto y proponer una adenda que reparta los riesgos de forma equilibrada.

    Preguntas frecuentes

    ¿Libera al jugador de sus obligaciones fiscales la cláusula de neto?

    No. La cláusula solo reparte el coste entre club y jugador. Frente a Hacienda, el jugador sigue siendo contribuyente y debe declarar la retribución íntegra, incluido el impuesto que el club paga por él.

    ¿Puede el club trasladar al jugador una sanción tributaria?

    Las sanciones tributarias son personales: cada parte responde de su propia infracción ante la Administración. Entre ellas se puede pactar un reembolso, pero ese pacto no cambia quién es el responsable frente a Hacienda.

    ¿Quién paga si cambian las normas durante el contrato?

    Depende de lo pactado. Si el contrato no lo regula, suele entenderse que el club garantiza el neto, pero es una fuente de conflicto. Por eso conviene fijar expresamente quién asume los cambios normativos y los derivados de decisiones personales del jugador.

    Si vas a firmar o ya tienes un contrato en neto, solicita un asesoramiento fiscal a jugadores profesionales antes de aceptar la redacción de la cláusula. Este contenido es informativo y no sustituye a un análisis del contrato concreto.

  • Valor fiscal mínimo al vender participaciones no cotizadas

    Valor fiscal mínimo al vender participaciones no cotizadas

    El valor fiscal mínimo es el importe por debajo del cual la Administración no admite, a efectos del IRPF, que se haya transmitido una acción o participación no admitida a negociación en un mercado regulado. El artículo 37.1.b de la Ley del IRPF establece que el valor de transmisión no puede ser inferior al mayor de dos importes: el valor teórico contable que resulte del último balance aprobado y el resultado de capitalizar al 20 por ciento la media de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados anteriores a la fecha del devengo.

    Esta regla, aparentemente sencilla, tiene consecuencias importantes. Si una persona física vende participaciones de su sociedad por un precio inferior a ese mínimo, la ganancia patrimonial se calcula sobre el valor mínimo y no sobre el precio efectivamente pactado. De ahí que calcularlo con cuidado antes de cerrar la operación, y entender cuándo conviene acreditar un valor distinto, forme parte de una buena planificación. Un informe de valoración de empresas y activos resulta decisivo en estos supuestos.

    Qué dice la norma y cómo se aplica

    El precepto parte de la regla general de que el valor de transmisión es el importe real por el que la enajenación se hubiera efectuado, cuando no sea inferior al valor de mercado. Para las acciones y participaciones no cotizadas introduce un criterio específico: el valor de transmisión no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes.

    • Valor teórico contable resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto. Si el balance ha sido aprobado y, en su caso, auditado, se utiliza ese; si no, el criterio exige atender a la información disponible conforme a la norma.
    • Capitalización al 20 por ciento del promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados anteriores al devengo. Los beneficios medios se capitalizan, es decir, se dividen entre el 0,20.

    El valor teórico contable se obtiene dividiendo el patrimonio neto entre el número de participaciones, de modo que refleja la parte de los fondos propios que corresponde a cada título. La capitalización, por el contrario, atiende a la capacidad de la empresa para generar beneficios. El mayor de ambos es el piso.

    Cuándo importa en la práctica

    Esta regla tiene relevancia especialmente en las siguientes situaciones:

    • Ventas a precio simbólico o reducido, por ejemplo entre familiares o dentro de un grupo, donde el precio pactado puede ser muy inferior al valor mínimo.
    • Ventas de sociedades con reservas acumuladas, en las que el patrimonio neto es elevado y por tanto el valor teórico contable también.
    • Sociedades con beneficios recurrentes y patrimonio pequeño, donde la capitalización de resultados supera al valor contable.
    • Transmisiones en el marco de una reestructuración, cuando hay aportaciones, canjes o reducciones de capital que modifican la estructura patrimonial.

    Cómo calcular el valor mínimo paso a paso

    1. Identificar la fecha de devengo (normalmente la de la transmisión) y los ejercicios cerrados de referencia.
    2. Obtener el patrimonio neto del último balance cerrado y dividirlo entre el número total de participaciones o acciones.
    3. Calcular el promedio de resultados de los tres últimos ejercicios cerrados, atendiendo a la definición que corresponda según la norma.
    4. Capitalizar ese promedio al 20 por ciento y repartirlo entre los títulos.
    5. Comparar ambos importes y quedarse con el mayor.
    6. Contrastar con el precio real y determinar el valor de transmisión a efectos fiscales.

    Ejemplo numérico ilustrativo

    Supongamos una sociedad limitada con 1.000 participaciones, un patrimonio neto de 600.000 euros en el último balance y unos resultados de 90.000, 110.000 y 100.000 euros en los tres últimos ejercicios. Los datos son inventados y solo sirven para mostrar la mecánica.

    Concepto Cálculo Resultado por participación
    Valor teórico contable 600.000 / 1.000 600 euros
    Media de resultados (90.000 + 110.000 + 100.000) / 3 = 100.000 –
    Capitalización al 20 % 100.000 / 0,20 = 500.000; entre 1.000 participaciones 500 euros
    Valor mínimo El mayor de ambos 600 euros

    Si el socio vende cada participación por 400 euros, a efectos del IRPF su valor de transmisión se computará en 600 euros, y la ganancia patrimonial se calculará con arreglo a esa cifra. El efecto fiscal es el de tributar por un importe que no ha cobrado. Por eso es importante calcularlo antes y valorar si el precio debe ajustarse o si existen circunstancias que justifiquen otro tratamiento.

    Qué puede hacer el contribuyente si discrepa

    La regla funciona como un mínimo, pero ello no impide que el contribuyente documente la realidad económica de la operación. Si el precio pactado es superior al valor mínimo, prevalecerá el precio. Si es inferior, el valor mínimo se impone como regla de cálculo. En todo caso, un informe pericial que explique cómo se ha calculado el valor mínimo, que verifique los datos contables de partida y que identifique posibles errores en la liquidación puede ser clave en la defensa frente a una comprobación de la AEAT.

    Hay además cuestiones accesorias en las que el análisis técnico aporta valor: la depuración de partidas del patrimonio neto, el tratamiento de resultados extraordinarios, la coherencia entre balances aprobados y presentados, o la correcta determinación del número de títulos afectados por la operación. Los informes periciales tributarios de ValiTax incluyen precisamente este tipo de revisión técnica.

    Errores habituales

    • Usar un balance que no corresponde al último ejercicio cerrado antes del devengo.
    • Calcular la media de resultados con ejercicios incorrectos o sin atender a su definición.
    • Olvidar que son dos cálculos alternativos y quedarse solo con uno.
    • No actualizar el cálculo cuando cambian las cuentas anuales aprobadas.
    • Confundir el valor mínimo del IRPF con el valor de las participaciones en otros impuestos, que se rigen por reglas propias.

    Relación con otras normas de valoración

    Es importante no extrapolar. El valor de las participaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el de Sucesiones o en las operaciones societarias responde a normas distintas. Una herencia de participaciones, por ejemplo, plantea cuestiones propias que hemos tratado en este blog al analizar la valoración de participaciones sociales para herencias y sucesiones. Y para operaciones de reestructuración, la valoración de participaciones en el canje de valores tiene sus propias exigencias.

    Si la operación es relevante, conviene que un equipo de asesoría legal y fiscal revise el efecto conjunto en todos los impuestos afectados antes de firmar.

    Conclusión

    El valor fiscal mínimo del artículo 37.1.b de la LIRPF obliga a pensar la venta de participaciones no cotizadas con una calculadora y no solo con el contrato. Calcularlo con rigor, contrastarlo con el precio y documentar el análisis es la manera de evitar liquidaciones inesperadas. Y si surge una discrepancia, un informe técnico bien construido pone la discusión en el terreno que debe ocupar: el de los datos y los criterios de cálculo.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se aplica el valor mínimo a todas las ventas de participaciones?

    Se aplica a la transmisión de acciones y participaciones de entidades que no cotizan en un mercado regulado, por parte de personas físicas, a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF.

    ¿Qué ocurre si el precio real es superior al valor mínimo?

    Prevalece el precio real, porque el valor mínimo opera como suelo y no como tope.

    ¿Qué balance hay que utilizar?

    El del último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo. Conviene verificar que está formulado y aprobado conforme a la normativa mercantil.

    ¿Puede generarse una pérdida patrimonial al aplicar el mínimo?

    El valor mínimo opera sobre el valor de transmisión, por lo que reduce o elimina la posibilidad de computar pérdidas derivadas de un precio artificialmente bajo. El resultado depende del valor de adquisición y del resto de circunstancias.

    ¿Es recomendable un informe pericial para calcularlo?

    No siempre es imprescindible, pero resulta útil cuando las cifras contables son complejas, cuando el importe es elevado o cuando se prevé una comprobación administrativa.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Alquiler vacacional en el IRPF: servicios hoteleros, reducción del 60% y plataformas digitales

    El alquiler vacacional ha experimentado un auge espectacular en España en los últimos años, pero también ha atraído la atención de la AEAT sobre los propietarios que obtienen rendimientos por esta vía. Los ingresos del alquiler vacacional tienen un tratamiento fiscal específico en el IRPF que muchos propietarios desconocen o aplican incorrectamente.

    Alquiler vacacional vs alquiler de temporada

    El alquiler vacacional (turístico) se caracteriza por la prestación de servicios propios de la industria hotelera: limpieza periódica, cambio de ropa de cama, recepción. Si se prestan estos servicios, los rendimientos son de actividad económica, no de capital inmobiliario, y el propietario debe darse de alta como autónomo. Si se alquila sin servicios hoteleros, son rendimientos del capital inmobiliario, deduciéndose los gastos proporcionalmente a los días alquilados.

    La reducción del 60%: no aplica al alquiler vacacional

    La reducción del 60% sobre el rendimiento neto del capital inmobiliario solo aplica cuando el inmueble se alquila para satisfacer necesidades permanentes de vivienda del arrendatario. El alquiler vacacional —por días o semanas, para turismo— no genera derecho a la reducción del 60%, aunque muchos propietarios la aplican incorrectamente.

    Las plataformas digitales y la información a la AEAT

    Airbnb, Booking y otras plataformas están obligadas a comunicar a la AEAT los ingresos de los propietarios que ofrecen alojamiento a través de ellas. La AEAT cruza esa información con las declaraciones del IRPF y detecta a los propietarios que no declaran o subdeclaran sus ingresos.

    Los especialistas en fiscalidad del alquiler vacacional de LRB Tax & Legal asesoran sobre la correcta declaración y la deducción de gastos. Contáctenos en Contacto@LRB.es.

    Conclusión

    El alquiler vacacional con servicios hoteleros genera rendimientos de actividad económica; sin servicios, de capital inmobiliario. La reducción del 60% no aplica. Las plataformas comunican los ingresos a la AEAT, haciendo que la falta de declaración sea fácilmente detectable.