En el comercio de materiales, la inspección tributaria rara vez se queda en la lectura de las autoliquidaciones. El inspector pide el inventario, los listados de ventas y compras y los cierres de caja, y reconstruye el negocio. Cuando los números no cuadran, la discusión se traslada a un terreno jurídico muy concreto: si la Administración puede estimar las ventas de forma indirecta, con qué método, con qué motivación y con qué consecuencias sancionadoras. Este artículo aborda la inspección a una ferretería o tienda de bricolaje desde ese enfoque. Para el análisis material de los impuestos del sector, puede leer nuestra guía sobre la fiscalidad de bricolaje y ferretería. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente a comercios y defendemos a sus titulares en inspecciones fiscales.
De dónde parte la inspección en un comercio con stock
El inventario es la primera prueba. Si las existencias contables no coinciden con las físicas, Hacienda puede concluir que hay ventas no declaradas, compras sin factura o gastos ajenos a la actividad. A ello se suma el contraste entre cobros por TPV, caja y ventas contabilizadas, el análisis del margen bruto y la revisión de descuentos y devoluciones. Una diferencia sin explicar suele interpretarse en contra del contribuyente, por eso la primera tarea de la defensa es explicarla con datos.
Plazos y derechos durante el procedimiento
El art. 150 de la Ley General Tributaria establece un plazo general de 18 meses para las actuaciones inspectoras, ampliado a 27 en los casos que prevé la norma, como superar el umbral que obliga a auditar las cuentas. No hay caducidad si se rebasa, pero las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora durante ese tiempo. Las actuaciones pueden afectar, con carácter general, a los cuatro últimos ejercicios no prescritos.
- Conocer el alcance de la inspección y los periodos y tributos comprobados.
- Ser asistido por un asesor y actuar mediante representante.
- Alegar y aportar pruebas en el trámite de audiencia, antes de la liquidación.
- Recibir copia de las diligencias y actas que se firmen.
- Ser tratado con respeto y que el procedimiento se desarrolle en plazo.
La estimación indirecta: un método excepcional que debe motivarse
Cuando la contabilidad es insuficiente o poco fiable, la Administración puede recurrir a la estimación indirecta del art. 53 de la Ley General Tributaria. Es un método excepcional: debe estar motivado y no puede reducirse a un promedio sectorial aplicado sin más. Los tribunales exigen que el método sea razonable y que se acredite por qué no era posible determinar la base con datos ciertos. Esa exigencia es la palanca principal de la defensa.
En la práctica, la estrategia combina tres movimientos:
- Cuestionar los presupuestos: ¿realmente falta contabilidad fiable o la inspección discrepa solo de algunas partidas?
- Aportar una reconstrucción propia de ventas, por familias de producto, con precios de compra y de venta, descuentos y mermas.
- Impugnar la motivación del método: si se aplicó un margen genérico, debe justificarse por qué es representativo de este comercio concreto.
Cuando la discusión es técnica o de valoración, un informe pericial que respalde las cifras aporta una base independiente. Es el terreno de ValiTax Informes Periciales, que reconstruye márgenes y cuantifica regularizaciones.
Caja, TPV y la multa por pagos en efectivo
El efectivo atrae la atención porque es la vía clásica de ocultación. Además de su valor como indicio, tiene una consecuencia sancionadora propia. Según el art. 7 de la Ley 7/2012, no pueden pagarse en efectivo operaciones de 1.000 euros o más en las que intervenga un empresario o profesional, y el umbral sube a 10.000 euros cuando el pagador es un particular sin domicilio fiscal en España que no actúa como empresario. La infracción es grave, la multa es del 25 % del importe pagado en efectivo y responden de forma solidaria pagador y cobrador. Afecta tanto a las ventas al mostrador como al pago a proveedores, y se tramita con independencia de la liquidación tributaria.
La defensa pasa por demostrar que el cierre de caja diario llega a la contabilidad y al banco: arqueos, numeración correlativa de tickets, conciliación de los cierres del TPV con el extracto bancario y control de los accesos que permiten modificar o borrar ventas.
Facturación y software: un riesgo sancionador añadido
La Ley General Tributaria prevé una multa fija de 50.000 euros por ejercicio para quien produzca o tenga sistemas informáticos que permitan alterar u ocultar ventas. En cuanto al calendario de Verifactu, el vigente conforme al Real Decreto-ley 15/2025 es el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto. El 5 de octubre de 2026 Hacienda anunció que prevé ampliar el plazo, pero esa ampliación no está formalizada, por lo que conviene seguir el calendario vigente hasta que se publique una norma. En todo caso, el comerciante debe exigir a su proveedor la declaración responsable del software y comprobar que cubre TPV, facturación y devoluciones.
Sanciones: tipo, graduación y diligencia
Si se aprecia infracción por dejar de ingresar, la sanción oscila entre el 50 % y el 150 % de la cuota, según la gravedad, además de los intereses de demora. Pero la sanción requiere culpabilidad, y el régimen sancionador excluye la responsabilidad cuando se ha puesto la diligencia necesaria. Un comercio con inventarios periódicos, bajas documentadas y criterios uniformes de descuento puede discutir tanto la cuota como la multa con mejores argumentos que otro que no conserva soporte alguno.
Actas y recursos
Al cierre puede firmarse el acta en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si se cumplen los requisitos. La disconformidad abre el trámite de alegaciones. Dictada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa ante el TEAR, con un plazo general de un mes desde el día siguiente a la notificación, y después la vía contencioso-administrativa. La liquidación y la sanción se recurren por separado, y puede solicitarse la suspensión de la ejecución con las garantías que prevé la normativa.
Preguntas frecuentes
Cuando la contabilidad es insuficiente o poco fiable y no puede determinarse la base con datos ciertos. Es un método excepcional que debe estar motivado, y los tribunales exigen que sea razonable y no un simple promedio sectorial.
Según el art. 7 de la Ley 7/2012, la infracción es grave y la multa es del 25 % del importe pagado en efectivo, con responsabilidad solidaria de pagador y cobrador. Se tramita con independencia de la liquidación tributaria.
Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Conviene preparar el escrito con antelación y valorar la suspensión de la ejecución.
Si su ferretería o tienda de bricolaje ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal al comercio y en defensa en inspecciones fiscales. Contenido informativo, actualizado a 15 de octubre de 2026, que no sustituye al asesoramiento individualizado.

