Categoría: Impuestos

Guías prácticas sobre fiscalidad española escritas por abogados tributaristas: IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, herencias, inspecciones de Hacienda, recursos, holdings y fiscalidad internacional.

  • Inspección fiscal a un club deportivo: derechos del retenedor y defensa

    Inspección fiscal a un club deportivo: derechos del retenedor y defensa

    Cuando la Agencia Tributaria llama a la puerta de un club deportivo, casi nunca pregunta por el jugador: pregunta por el club. Es el retenedor, el pagador y quien responde de lo que se retuvo, o se dejó de retener, en cada nómina. Este artículo se centra en el ángulo jurídico: cómo se desarrolla el procedimiento inspector, qué derechos asisten al club, qué sanciones se pueden imponer y qué recursos existen. Si necesita el análisis material de la fiscalidad de los clubs deportivos como retenedores y de los contratos en neto, lo encontrará desarrollado en esa guía. Aquí hablamos de defensa, y en LRB Tax & Legal llevamos años asesorando fiscalmente a entidades deportivas y defendiéndolas en inspecciones.

    Por qué el riesgo jurídico recae sobre el club

    La obligación de retener e ingresar a cuenta del IRPF es autónoma respecto de la obligación tributaria del jugador. En la práctica, esto significa que Hacienda puede reclamar al club la retención no practicada aunque el deportista haya declarado correctamente su renta. El jugador, por su parte, puede deducirse lo que debió retenerse cuando la omisión sea imputable exclusivamente al retenedor (art. 99.5 LIRPF), con sus requisitos. El resultado es una asimetría que conviene tener presente desde el primer requerimiento: el club asume el ingreso, los intereses y, si procede, la sanción.

    Cómo se desarrolla el procedimiento inspector

    El procedimiento de inspección se inicia con una comunicación que identifica los tributos y los periodos comprobados. A partir de ahí se suceden requerimientos de documentación, visitas o comparecencias y, finalmente, una propuesta de regularización que se documenta en un acta. En un club, lo habitual es que se revisen conjuntamente retenciones de IRPF, retenciones a no residentes, IVA e Impuesto sobre Sociedades.

    Duración de las actuaciones

    El art. 150 de la Ley General Tributaria fija un plazo general de 18 meses para concluir las actuaciones, que pasa a 27 meses cuando concurren determinadas circunstancias, entre ellas que la cifra anual de negocios alcance el umbral que obliga a auditar las cuentas. Superar el plazo no produce la caducidad del procedimiento, pero tiene efectos: las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora desde el incumplimiento hasta que termine el procedimiento. Controlar el calendario es, por tanto, una herramienta de defensa y no una mera formalidad.

    Las actas: conformidad, disconformidad y acuerdo

    Al cierre, el club puede firmar el acta en conformidad, en disconformidad o, cuando se cumplen los requisitos legales, suscribir un acta con acuerdo. Firmar en disconformidad no es un gesto de hostilidad: abre el trámite de alegaciones y permite discutir la liquidación con todos los argumentos. La decisión debe tomarse con el cálculo del bruteo y de las retenciones ya cuantificado, porque aceptar una propuesta sin entender su base equivale a asumir un error ajeno.

    Derechos del club durante la inspección

    El obligado tributario no está indefenso. La Ley General Tributaria reconoce un catálogo de derechos que el club debe ejercer de forma activa:

    • Ser informado del alcance de las actuaciones, de los tributos y periodos afectados y de sus derechos y obligaciones.
    • Ser asistido por un asesor y actuar a través de representante.
    • Ser tratado con respeto y diligencia, y que las actuaciones se desarrollen en el plazo legal.
    • Formular alegaciones y aportar documentos en el trámite de audiencia, antes de que se dicte la liquidación.
    • Conocer el estado de tramitación del procedimiento y obtener copia de lo que se firma.
    • Que la información aportada se utilice solo para los fines previstos y con la debida reserva.

    Ejercer estos derechos exige método: designar a un único interlocutor, registrar cada entrega de documentación con su inventario y responder siempre por escrito y dentro de plazo.

    Qué suele discutirse: contratos en neto y derechos de imagen

    En un contrato pactado en neto, el impuesto que asume el club es a su vez retribución del jugador, y por eso el bruto necesario se calcula dividiendo el neto entre uno menos el tipo efectivo. El error que más se regulariza es calcular la nómina sobre una cifra inferior al bruto real que resulta del pacto, lo que produce una retención insuficiente. La discusión jurídica gira entonces en torno a tres cuestiones: qué se pactó realmente, qué retribuciones forman parte de la base y si el cálculo del club es razonable y está documentado.

    Los pagos a sociedades por derechos de imagen son otro foco. Si la Administración recalifica parte de esos pagos como retribución del trabajo, aparece una retención no practicada sobre esos importes. La defensa pasa por acreditar la realidad de la cesión, su valoración y la tributación de la sociedad perceptora. Cuando la discusión es cuantitativa, un informe pericial independiente, como los que elabora ValiTax, ofrece una base técnica sólida tanto ante la inspección como en vía de recurso.

    Sanciones: la culpabilidad debe probarse

    La liquidación de la deuda y la sanción son cosas distintas. La sanción exige que la Administración acredite la culpabilidad, y el propio régimen sancionador de la Ley General Tributaria excluye la responsabilidad cuando el obligado ha puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones. Un club que puede demostrar una metodología reproducible para el cálculo del neto, contratos claros y coherencia entre nóminas, modelos y certificados está en mejor posición para discutir la imposición de multas. La documentación previa es, en realidad, la mejor defensa sancionadora.

    Recursos disponibles frente a la liquidación y la sanción

    Una vez notificada la liquidación, el club puede interponer recurso de reposición, potestativo y previo, o acudir directamente a la reclamación económico-administrativa. En ambos casos el plazo general es de un mes desde el día siguiente a la notificación, por lo que conviene no agotarlo sin tener el escrito preparado. Agotada la vía económico-administrativa, queda abierta la vía contencioso-administrativa. La liquidación y la sanción se impugnan por separado, con argumentos propios, y es posible solicitar la suspensión de la ejecución en los términos que prevé la normativa, con las garantías exigibles.

    Cómo prepararse antes del primer requerimiento

    La mejor inspección es la que llega a un club con el trabajo hecho. Recomendamos tener preparados el cálculo del bruto de cada contrato en neto, la conciliación entre contratos, nóminas, modelos 111, 190 y 216 y certificados, el soporte de los derechos de imagen y un archivo ordenado por temporada. Esa disciplina reduce el riesgo de regularización y, si esta llega, acelera la respuesta y fortalece las alegaciones.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puede Hacienda sancionar al club aunque el jugador haya declarado?

    Puede regularizar la retención no practicada porque la obligación de retener es autónoma. La sanción, en cambio, exige que se acredite la culpabilidad, y una actuación diligente y documentada del club es un argumento relevante para combatirla.

    ¿Cuánto dura una inspección a un club deportivo?

    El plazo general de las actuaciones inspectoras es de 18 meses, ampliado a 27 en los supuestos del art. 150 de la Ley General Tributaria, como superar el umbral de auditoría. Si se rebasa, no hay caducidad, pero las actuaciones posteriores no interrumpen la prescripción y no se devengan intereses de demora.

    ¿Qué plazo hay para recurrir una liquidación a un club?

    Con carácter general, un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. La liquidación y la sanción se recurren por separado.

    Si su club ha recibido una comunicación de inicio o un requerimiento, o quiere revisar sus contratos en neto antes de que llegue, hable con LRB Tax & Legal: asesoramos fiscalmente al sector deportivo y defendemos a clubs y entidades en inspecciones tributarias. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

  • Inspección tributaria a influencers: defensa jurídica

    Inspección tributaria a influencers: defensa jurídica

    La inspección tributaria a influencers se defiende con documentación ordenada, control de plazos y una estrategia fijada desde el primer requerimiento. El creador debe responder a Hacienda con prueba sobre plataformas y colaboraciones, alegar en el trámite de audiencia y recurrir lo que no comparta. La Administración debe probar los hechos que invoca; el contribuyente, los que alega.

    Esta guía se centra en el procedimiento: qué pide la Agencia Tributaria, cómo contestar, qué ocurre al cerrar las actuaciones y qué recursos existen. Para el análisis de los impuestos que afectan a este sector, puede consultarse el artículo sobre la fiscalidad de las influencers y creadores de contenido.

    Por qué Hacienda investiga a los creadores de contenido

    El Plan de Control Tributario 2026 señala los nuevos modelos de negocio surgidos en torno a las redes sociales. Cita expresamente el marketing de influencia: publicaciones patrocinadas, reseñas y eventos promocionales. Anuncia, además, que verificará su correcta tributación.

    A ese interés se suma el cruce de datos. El modelo 238 (DAC7) es una declaración informativa que presentan los operadores de plataforma sobre los vendedores que operan en ellas. Permite a la AEAT contrastar los ingresos que un creador percibe a través de plataformas con lo que declara.

    Hacienda sostiene también que cambiar la residencia a Andorra o Dubái no elimina la obligación de tributar en España si el centro de intereses económicos sigue vinculado a España. Quien se ha mudado debe prepararse para acreditar su situación real.

    Requerimientos de información sobre plataformas y colaboraciones

    Muchas inspecciones comienzan con un requerimiento de información o con una comunicación de inicio de actuaciones. Las obligaciones de información y colaboración con la Administración se regulan en la Ley General Tributaria. Responder tarde o de forma incompleta empeora la posición del contribuyente.

    En el caso de un creador, el requerimiento suele pedir los siguientes datos:

    • Contratos y presupuestos con marcas, agencias y plataformas.
    • Facturas emitidas y cobros recibidos, con sus justificantes bancarios.
    • Liquidaciones de las plataformas en las que se publica o se vende.
    • Detalle de canjes: productos, estancias o cenas entregados por las marcas.
    • Gastos que se han deducido y su vinculación con la actividad.

    Antes de contestar conviene revisar qué se pide exactamente y por qué periodos. Lo prudente es entregar lo solicitado, de forma ordenada y con un índice, y no ofrecer documentación que nadie ha reclamado. Cada documento debe poder explicarse.

    Toda respuesta debe quedar registrada. Se recomienda presentar los escritos por la sede electrónica y conservar el justificante, porque el calendario del procedimiento depende de las fechas de notificación y de contestación.

    Cómo documentar ingresos, canjes y facturación

    Los puntos débiles de un creador suelen repetirse. El primero son los canjes. Los productos, estancias o cenas que una marca entrega como contraprestación no dineraria son ingreso y se valoran por su valor normal de mercado. La operación está sujeta aunque no medie dinero, así que debe documentarse el valor y emitirse factura.

    El segundo es la facturación. Quien desarrolla una actividad económica es empresario o profesional a efectos del IVA y tiene las obligaciones del artículo 164.Uno de la Ley del IVA: censo, facturación, contabilidad y declaraciones. Los servicios de publicidad y colaboración con marcas tributan, con carácter general, al tipo del 21 % (artículo 90.Uno).

    El tercero son los cobros desde el extranjero. Según la consulta DGT V0773-22, un servicio de publicidad prestado a un empresario establecido fuera del territorio de aplicación del impuesto no está sujeto por la regla general del artículo 69.Uno. Sin embargo, la cláusula de utilización o explotación efectiva del artículo 70.Dos puede localizar el servicio en España cuando se difunde desde aquí.

    Esa localización es una cuestión de hecho que se valora caso por caso con la prueba aportada. Por eso conviene conservar los contratos, las audiencias, los destinos de la campaña y cualquier dato que acredite dónde se utiliza el servicio. Además, debe expedirse factura aunque la operación no esté sujeta.

    La propia Ley General Tributaria exige sistemas de facturación íntegros y trazables (artículo 29.2.j). Un registro de ingresos coherente reduce el riesgo de que el inspector estime importes por su cuenta.

    Trámite de audiencia: el momento de alegar

    Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad, el artículo 157.1 de la Ley General Tributaria obliga a conceder al interesado un trámite de audiencia para que alegue lo que convenga a su derecho. Es la oportunidad de corregir errores de hecho, aportar la prueba que faltaba y plantear el criterio jurídico propio. No es un trámite menor: lo que no se alega aquí puede resultar más difícil de introducir después.

    Un buen escrito de alegaciones distingue tres planos. El primero es el hecho: qué cobró el creador, de quién y por qué. El segundo es la prueba: qué documento respalda cada hecho. El tercero es la norma: por qué la calificación de la inspección no es la correcta. Cada alegación debe ir numerada y enlazada con el documento que la sostiene.

    Los plazos pesan tanto como el fondo. Si la inspección solicita información adicional, el influencer debe medir lo que entrega, porque cada entrega alimenta la propuesta final. Las dilaciones imputables al contribuyente pueden afectar al cómputo de la duración, tal como explica la guía sobre los plazos y derechos en la inspección tributaria.

    Actas de la inspección: conformidad, acuerdo y disconformidad

    Cuando termina la comprobación, la inspección documenta el resultado en un acta. Puede ser un acta con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. La decisión de firmar no es automática: firmar de conformidad cierra discusiones que quizá convenía mantener abiertas.

    Si el creador no está de acuerdo con la propuesta, puede no suscribir el acta o manifestar su disconformidad, y dispone de 15 días desde que se extiende el acta o se le notifica para alegar ante el órgano competente para liquidar (art. 157.3 de la Ley General Tributaria). El órgano competente resuelve después y dicta la liquidación. Antes de firmar, conviene hacerse tres preguntas:

    • ¿La regularización se basa en hechos probados o en estimaciones?
    • ¿Se han valorado los canjes y los ingresos extranjeros con criterios razonables?
    • ¿Se propone sanción y con qué fundamento?

    La sanción por dejar de ingresar oscila entre el 50 % y el 150 % de la cuota (artículo 191 de la Ley General Tributaria). Precisamente por su cuantía, la culpabilidad debe motivarse expresamente. No basta con que exista una diferencia de cuota.

    Carga de la prueba en la inspección tributaria a influencers

    La regla general está en el artículo 105 de la Ley General Tributaria: quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo. Esto significa que ambas partes soportan carga de la prueba. La Administración debe acreditar los hechos que fundamentan su liquidación, y el contribuyente, los de sus deducciones y exenciones.

    En la práctica, la inspección dispone de los datos de plataformas y bancos, y el creador aporta los contratos y la explicación económica. La prueba no se limita a documentos: son válidos los medios admitidos en derecho, como el informe pericial, que debe valorarse con el mismo rigor que la opinión del inspector.

    Un informe pericial para influencers puede aclarar, por ejemplo, la valoración de un canje, el reparto de ingresos entre varias plataformas o la vinculación de un gasto con la actividad. Cuando la discrepancia es técnica, ese informe sitúa el debate sobre datos contrastables. La guía sobre el informe pericial en inspección tributaria explica cómo presentarlo.

    Recursos tras la liquidación

    Si el acuerdo de liquidación mantiene la regularización, existen dos vías principales. La primera es el recurso de reposición, que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. La segunda es la reclamación económico-administrativa ante el tribunal competente. En ambos casos el plazo es de un mes contado desde el día siguiente a la notificación (artículos 223 y 235 de la Ley General Tributaria).

    Agotada la vía administrativa, queda la vía contencioso-administrativa. Cada fase exige un escrito razonado que complete el expediente. Por eso la defensa debe diseñarse como un recorrido completo desde el primer requerimiento, y no como una reacción aislada ante la liquidación.

    En la reclamación económico-administrativa, el artículo 233 de la Ley General Tributaria prevé la suspensión automática si se garantiza el importe de la deuda; si lo impugnado es una sanción, queda suspendida sin necesidad de aportar garantías. También puede solicitarse, en su caso, el aplazamiento de la deuda. La estrategia de pago debe valorarse en paralelo a la estrategia de recursos.

    Duración, prescripción y calendario de la defensa

    El procedimiento inspector tiene una duración de 18 meses, ampliable conforme al artículo 150 de la Ley General Tributaria. La prescripción general es de cuatro años, y sus interrupciones se detallan en la guía sobre la prescripción tributaria de cuatro años.

    Un calendario interno evita sorpresas: fecha de inicio, fechas de cada requerimiento, vencimiento de plazos y fecha límite de la inspección. Si la actuación excede el plazo sin causa válida, deben analizarse sus efectos sobre la prescripción.

    Una defensa serena y bien preparada

    Una inspección es un procedimiento regulado en el que la Administración es una parte más. Tiene facultades, pero también cargas: motivar, probar y respetar los derechos del contribuyente. Quien llega con su documentación en orden, sus plazos controlados y su prueba preparada puede discutir con firmeza cada ajuste.

    En consecuencia, la mejor defensa se construye antes de que llegue el requerimiento: contratos claros, facturas completas, canjes valorados y un archivo cronológico. Si ya ha llegado, conviene actuar con método y con asesoramiento especializado, como el que ofrece LRB en materia de defensa fiscal con LRB.

    Preguntas frecuentes sobre la inspección tributaria a influencers

    ¿Qué pide Hacienda a un influencer en una inspección?

    Hacienda suele pedir contratos, facturas, cobros, liquidaciones de plataformas, detalle de canjes y justificantes de gastos. El requerimiento fija el periodo y el plazo de contestación. Conviene entregar lo solicitado de forma ordenada, con un índice, y conservar el justificante de presentación de cada escrito.

    ¿Los canjes con marcas tributan aunque no haya dinero?

    Sí, los productos, estancias o cenas que entrega una marca como contraprestación son ingreso y se valoran por su valor normal de mercado. La operación está sujeta aunque no medie dinero, así que debe documentarse el valor y emitirse factura. Así se evita una valoración unilateral por parte de la inspección.

    ¿Quién tiene que probar los hechos en una inspección?

    Ambas partes soportan carga de la prueba, según el artículo 105 de la Ley General Tributaria. Hacienda debe acreditar los hechos de su liquidación y el contribuyente los de sus deducciones. Un informe pericial es prueba válida y debe valorarse con la misma consideración que la opinión del inspector.

    ¿Conviene firmar el acta de conformidad?

    Solo si la regularización es correcta en hechos y derecho, porque firmar de conformidad cierra discusiones. Si hay discrepancias, puede firmarse en disconformidad y presentar alegaciones. Antes de decidir, conviene revisar la prueba, la sanción propuesta y los plazos del procedimiento con un asesor especializado.

    ¿Qué plazo hay para recurrir una liquidación?

    El plazo es de un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Pasado ese plazo, el acto adquiere firmeza. Por eso conviene controlar la fecha de notificación y preparar el recurso desde la fase de alegaciones.

    ¿Cuánto puede durar la inspección?

    El procedimiento dura 18 meses, ampliables conforme al artículo 150 de la Ley General Tributaria. Aun así, el derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años. Un calendario interno con las fechas de inicio y de cada requerimiento ayuda a detectar incumplimientos de plazo.

    Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal. Contenido informativo, actualizado a 15 de octubre de 2026.

  • Inspección tributaria empresas de eventos: cómo defenderse

    Inspección tributaria empresas de eventos: cómo defenderse

    Una inspección tributaria en empresas de eventos se defiende con prueba y método, no con improvisación: la Administración debe motivar cada ajuste y el contribuyente puede contradecirlo con contratos, facturas, justificantes de ejecución e informes periciales. Conocer las fases del procedimiento, los plazos y el reparto de la carga de la prueba permite contestar cada requerimiento con criterio jurídico.

    Este artículo no repasa los riesgos fiscales del sector, que se analizan en el trabajo de referencia sobre el asesoramiento fiscal a empresas de eventos. Aquí se explica otra cosa: cómo se desarrolla el procedimiento inspector y qué decisiones de defensa jurídica corresponden a cada fase.

    Por qué las empresas de eventos son un objetivo de comprobación

    Las empresas de organización de eventos combinan factores que la Administración suele seleccionar para comprobar. Facturan servicios complejos, subcontratan a muchos proveedores, repercuten gastos a clientes y trabajan con anticipos y plazos muy ajustados a la fecha del evento.

    La Dirección General de Tributos considera que la organización de eventos es un servicio complejo que no procede fraccionar. Esa premisa condiciona la calificación de la operación, el lugar de realización y el tipo de IVA. Por eso una discrepancia con la Inspección casi siempre empieza en la calificación jurídica y no en una cifra concreta.

    Comprender este punto de partida es útil. Si la controversia es de calificación, la defensa debe construirse con contratos, memorias del evento y trazabilidad de los servicios, y no solo con asientos contables.

    Inspección tributaria empresas de eventos: las fases del procedimiento

    El procedimiento de inspección sigue un recorrido ordenado por la Ley General Tributaria. Entender cada fase evita errores de plazo y permite decidir cuándo conviene aportar documentación, cuándo discutir y cuándo negociar.

    Comunicación de inicio y alcance

    La inspección comienza con una comunicación que indica los tributos y periodos afectados y si el alcance es general o parcial. Conviene leerla con detalle. El alcance delimita lo que la Inspección puede regularizar y condiciona el efecto interruptor de la prescripción, que en materia tributaria es de cuatro años.

    La duración ordinaria de las actuaciones es de 18 meses, ampliable en los supuestos que prevé el texto de la Ley General Tributaria en su artículo 150. Llevar un control propio de fechas, diligencias y dilaciones es una tarea básica de la defensa.

    Requerimientos de información

    Los requerimientos piden contratos, facturas, justificantes de pago, presupuestos aceptados y detalle de proveedores. Una empresa de eventos genera mucha documentación dispersa entre departamentos, plataformas y subcontratistas, y reunirla con orden es la primera tarea.

    Cada respuesta debe ser completa, congruente con la contabilidad y coherente entre sí. Una contestación incompleta no suspende nada y puede alimentar una propuesta de regularización. Conviene dejar constancia escrita de lo entregado y de la fecha.

    Diligencias, comparecencias y visitas

    Las diligencias recogen hechos y manifestaciones. Lo que firma el representante de la empresa tendrá peso después, de modo que debe revisarse antes de suscribirlo. Si no coincide con lo ocurrido, se pide su corrección o se formulan observaciones por escrito.

    Propuesta, trámite de audiencia y actas

    Antes de extender el acta, la Inspección da audiencia al contribuyente para que examine el expediente y alegue. Es el momento más rentable de la defensa, porque permite rectificar la calificación o aportar la prueba que faltaba antes de que la propuesta se consolide.

    El acta puede firmarse con acuerdo, en conformidad o en disconformidad. La elección depende de la solidez de la prueba y del coste de litigar. Un acta de disconformidad abre un periodo de alegaciones antes de que el órgano competente dicte la liquidación.

    Liquidación, sanción y recursos

    Dictada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, y después la vía contencioso-administrativa. La sanción por dejar de ingresar oscila entre el 50 % y el 150 % de la cuota según el artículo 191 de la Ley General Tributaria. Se tramita aparte y se impugna con argumentos propios, como la ausencia de culpabilidad o la interpretación razonable de la norma.

    Para un análisis más general de plazos y derechos puede consultarse la guía sobre plazos y derechos en la inspección.

    La carga de la prueba: ambas partes deben probar

    Existe una idea extendida y errónea: que ante Hacienda el contribuyente siempre parte en desventaja. La regla general es otra. Quien hace valer un derecho debe probar los hechos que lo fundamentan, y eso obliga a la Administración respecto de sus propios ajustes.

    La Inspección debe acreditar los hechos que justifican la regularización y motivar su calificación. La empresa, por su parte, debe probar los gastos que deduce y las operaciones que declara. Ambas partes soportan, por tanto, su propia carga probatoria.

    En el sector de eventos la prueba útil es muy concreta:

    • Contrato o presupuesto firmado que describa el servicio completo y su destinatario.
    • Evidencias de ejecución: programas, listados de asistentes, fotografías, correspondencia con el cliente.
    • Pruebas del pago efectivo a proveedores y de la prestación recibida.
    • Justificación de lo repercutido como suplido y de lo facturado en nombre propio.

    La conservación ordenada de estos documentos conecta con otra obligación. La propia Ley General Tributaria exige sistemas de facturación íntegros y trazables, una exigencia que la normativa de facturación electrónica y de sistemas informáticos refuerza.

    Puntos de discusión frecuentes en el sector

    Algunas regularizaciones se repiten y conviene anticiparlas. La primera es la localización del servicio a efectos de IVA, que depende de si se trata de un servicio de organización o del mero acceso al evento. Las reglas de la Ley del IVA distinguen ambos supuestos y la prueba del destinatario resulta decisiva.

    La segunda es el tipo aplicable. El tipo reducido del 10 % alcanza solo al acceso a determinados espectáculos y a servicios como la hostelería, pero no a todo el servicio de organización, que tributa al tipo general del 21 % salvo que concurra un supuesto específico.

    La tercera es la diferencia entre suplido y repercusión de gasto. La Inspección examina si la empresa actúa en nombre propio, en cuyo caso se entiende que presta el servicio por sí misma, o como mero intermediario. Quien organiza un evento en nombre propio difícilmente podrá tratar sus costes como suplidos.

    La cuarta afecta al Impuesto sobre Sociedades: las atenciones a clientes tienen un límite de deducibilidad del 1 % de la cifra de negocios, conforme a la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La discusión se centra en distinguir un gasto de atención a clientes de un coste necesario para prestar el servicio contratado.

    También se revisan los pagos en efectivo, limitados a 1.000 euros entre empresarios, y las retenciones practicadas a artistas, ponentes o proveedores no residentes. Un error de forma aquí repercute en deducibilidad y en sanciones.

    El informe pericial como prueba que merece la misma consideración

    El informe pericial es un medio de prueba válido. Cuando la discusión trata sobre valoración, reparto de márgenes entre servicios o la realidad económica de una operación, la opinión técnica de un perito debe recibir la misma consideración que el criterio del actuario de la Inspección.

    Esto no significa que el informe obligue a la Administración, sino que esta debe valorarlo y razonar si lo rechaza. Una negativa sin motivación es un argumento de impugnación. Un informe pericial para empresas de eventos bien fundado, aportado en el momento oportuno, refuerza el expediente.

    Sobre su uso en el procedimiento puede consultarse la guía del informe pericial en la inspección.

    Pautas prácticas durante las actuaciones

    • Designar un interlocutor único y documentar cada entrega con fecha.
    • Revisar cada diligencia antes de firmarla y formular observaciones por escrito.
    • Mantener la calificación jurídica coherente en todos los escritos.
    • Aportar prueba pericial antes de que se cierre el trámite de audiencia.
    • Valorar cada recurso por separado: liquidación y sanción son decisiones distintas.

    La Administración es una parte más del procedimiento. Tiene potestades, pero también deberes de motivación y prueba. Una defensa rigurosa, que no teme a Hacienda y trabaja con documentos, es la mejor garantía de un resultado ajustado a derecho. En ese enfoque trabaja la defensa fiscal con LRB en el sector.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto dura una inspección tributaria a una empresa de eventos?

    El plazo general de las actuaciones inspectoras es de 18 meses desde la notificación de inicio. Puede ampliarse en los supuestos previstos en el artículo 150 de la Ley General Tributaria, y las dilaciones imputables al contribuyente no computan. Por eso conviene llevar un calendario propio de requerimientos y diligencias.

    ¿Quién tiene la carga de la prueba en una inspección?

    Cada parte debe probar los hechos que invoca. La Administración acredita los presupuestos de sus ajustes y la empresa justifica los gastos y operaciones que declara. Ninguna parte queda eximida: por eso la documentación contractual y de ejecución del evento resulta tan relevante en la defensa.

    ¿Conviene firmar el acta en conformidad o en disconformidad?

    Depende de la solidez de la prueba y del coste de litigar. La conformidad cierra la discusión sobre la liquidación, mientras que la disconformidad permite alegar y recurrir. Antes de decidir, conviene valorar con un abogado tributarista el riesgo de cada postura y la sanción asociada.

    ¿Qué sanción puede imponerse por dejar de ingresar?

    El artículo 191 de la Ley General Tributaria fija una multa de entre el 50 % y el 150 % de la cuota dejada de ingresar. La graduación depende de la calificación de la infracción. La sanción se impugna de forma independiente de la liquidación y exige acreditar la culpabilidad.

    ¿Puede aportarse un informe pericial durante la inspección?

    Sí, el informe pericial es un medio de prueba válido y puede aportarse durante las actuaciones, preferiblemente antes del trámite de audiencia. La Inspección debe valorarlo y motivar su rechazo, sin dar por sentado que su criterio prevalece sobre el del perito.

    Para una visión general del procedimiento, véase también la guía sobre cómo funciona la inspección de Hacienda.

    Contenido informativo, actualizado a 15 de octubre de 2026. Autor: Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal.

  • Inspección tributaria a una funeraria: defensa jurídica

    Inspección tributaria a una funeraria: defensa jurídica

    Por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal · Actualizado: octubre de 2026

    Ante una inspección tributaria a una funeraria, la defensa eficaz combina tres elementos: conocer las fases del procedimiento y los derechos del obligado, documentar con rigor el efectivo, los suplidos y el IVA del 21 %, y decidir con criterio si firmar el acta en conformidad o discutirla en disconformidad y recurrir.

    El sector funerario tiene particularidades que atraen la atención de la Administración: muchos cobros en el momento del servicio, gastos de terceros que se adelantan por cuenta de la familia, relación con aseguradoras de decesos y mezcla de servicios y ventas accesorias. Este artículo se centra en la perspectiva jurídica de la defensa. Para el panorama general de impuestos del sector, puede consultarse nuestra guía sobre la fiscalidad de las empresas funerarias.

    Fases de una inspección tributaria a una funeraria

    El procedimiento de inspección se regula en la Ley General Tributaria (LGT). Aunque cada caso es distinto, suele seguir un recorrido reconocible.

    1. Comunicación de inicio

    La inspección comienza con una comunicación que identifica los impuestos y periodos afectados (el alcance, general o parcial) y la documentación que se requiere. Conviene revisar con cuidado el alcance: delimita qué puede comprobarse y condiciona la estrategia de defensa.

    2. Requerimientos y actuaciones

    Durante la fase de comprobación se solicitan contabilidad, facturas, libros de IVA, contratos con aseguradoras, justificantes de cobros y pagos, y detalle de suplidos. En una funeraria es habitual que se pidan también los expedientes de servicio, uno por cada familia, para contrastar lo facturado con lo realmente prestado.

    3. Trámite de audiencia y propuesta

    Antes de cerrar, el inspector pone de manifiesto el expediente y concede un trámite de audiencia para alegar y aportar pruebas. Es el momento clave para corregir errores, aportar justificantes que faltaban y plantear una valoración técnica distinta.

    4. Acta y liquidación

    La fase termina con un acta de conformidad, de disconformidad o con acuerdo, seguida de la liquidación y, en su caso, del expediente sancionador.

    Plazos y prescripción: dos pilares de la defensa

    • Duración: las actuaciones inspectoras tienen como regla general una duración máxima de 18 meses, ampliable a 27 en casos de especial complejidad o de grupos (art. 150 LGT).
    • Prescripción: el derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años (art. 66 LGT), salvo interrupciones. Conviene comprobar qué ejercicios se están revisando realmente.

    Un incumplimiento de plazos o una prescripción mal calculada puede cambiar por completo el resultado. Para profundizar, puede verse nuestra guía sobre plazos y derechos en la inspección tributaria y la dedicada a la prescripción tributaria.

    Derechos del obligado tributario

    El obligado no es un mero espectador. Entre sus derechos más útiles en la práctica se encuentran:

    • Ser asistido y representado por un asesor durante todo el procedimiento.
    • Conocer el estado de tramitación y la identidad de las autoridades que intervienen.
    • Ser informado de sus derechos y obligaciones, y de que las actuaciones se desarrollen de la forma que le resulte menos gravosa.
    • Alegar y aportar documentos en el trámite de audiencia, que deben ser tenidos en cuenta.
    • No aportar documentos que ya obren en poder de la Administración, en los términos que prevé la normativa.

    Ejercerlos con orden evita que la empresa responda de forma improvisada a los requerimientos y deja constancia de cada paso. Nuestra guía general sobre cómo funciona la inspección de Hacienda amplía este punto.

    Actas: conformidad, disconformidad y con acuerdo

    Tipo de actaQué implicaCuándo suele convenir
    De conformidadEl obligado acepta la propuesta; la liquidación se entiende dictada si no hay rectificación posterior.Cuando la regularización es técnicamente correcta y se busca reducir la sanción.
    De disconformidadNo se acepta la propuesta; se abre un plazo para alegar antes de la liquidación.Cuando existen argumentos jurídicos o probatorios sólidos.
    Con acuerdoProcede en supuestos concretos (valoración, estimación o cuantificación de conceptos de difícil determinación).Cuando hay incertidumbre sobre hechos que pueden pactarse.

    Firmar en conformidad puede conllevar una reducción de la sanción, pero cierra puertas: la liquidación derivada de un acta de conformidad tiene un margen de impugnación más limitado. Por eso conviene valorar con detenimiento el importe, la sanción propuesta y las posibilidades reales de éxito antes de firmar. Conviene verificar siempre los porcentajes y plazos vigentes en la LGT y su reglamento.

    Recursos y reclamación económico-administrativa

    Si la liquidación no se comparte, existen dos vías principales frente al acto de liquidación:

    1. Recurso de reposición ante el propio órgano que dictó el acto, con carácter potestativo.
    2. Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo competente, con carácter previo a la vía contencioso-administrativa.

    Los plazos son breves (en general, un mes desde la notificación), por lo que conviene anticipar la estrategia desde el acta. También debe valorarse la suspensión de la ejecución de la deuda, que normalmente exige garantías. Agotada la vía económico-administrativa, queda la jurisdicción contencioso-administrativa. Puede consultarse nuestro artículo sobre cómo proteger una sociedad ante la AEAT.

    Riesgos típicos del sector funerario

    Efectivo y limitación de pagos

    Las familias pagan a menudo en el momento del servicio. La Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo (1.000 € con carácter general; 10.000 € si el pagador es no residente) y prevé una sanción del 25 % de la cuantía pagada, con responsabilidad solidaria de pagador y receptor (Ley 7/2012). Conviene fijar un protocolo de cobro y conservar justificantes.

    Suplidos

    Los suplidos no integran la base imponible del IVA si se cumplen los requisitos del art. 78.Tres.3º de la Ley del IVA: pago en nombre y por cuenta del cliente y justificación documental. Cuando la funeraria contrata en su propio nombre, la Inspección puede tratar la partida como parte de la contraprestación. La documentación de cada gasto (cementerio, licencias, tasas) es la mejor defensa.

    IVA al 21 %

    Los servicios funerarios tributan al 21 % desde septiembre de 2012, tras haber estado sujetos al tipo reducido del 8 %. La clasificación de las entregas accesorias importa: una consulta de la DGT (V0784/2016) distingue las entregas vinculadas a un servicio funerario único, como las flores, de la venta autónoma, que se trata por separado. La regulación completa está en la Ley del IVA.

    Prepagos y devengo

    En los pagos anticipados de servicios funerarios, el art. 75.Dos de la Ley del IVA sitúa el devengo en el momento del cobro por el importe percibido. Un error de calendario puede generar diferencias en varios periodos.

    Aseguradoras de decesos

    Las aseguradoras ofrecen servicios funerarios y las funerarias trabajan con ellas. Conviene documentar quién factura a quién y con qué contraprestación. Si hay comisiones de mediación, están exentas (art. 20.Uno.16º de la Ley del IVA) y pueden afectar a la prorrata del IVA soportado.

    Otras áreas de revisión

    • Atenciones a clientes y proveedores, con límite del 1 % de la cifra de negocios (art. 15.e LIS).
    • Operaciones vinculadas (art. 18 LIS), frecuentes en grupos familiares.
    • Coherencia del modelo 347 con la contabilidad.
    • Encuadre en el IAE (epígrafe 979.1, pompas fúnebres).

    Estimación indirecta y prueba pericial

    Si la Administración considera que la contabilidad es insuficiente, puede acudir a la estimación indirecta (art. 53 LGT). En ese escenario, la prueba pericial es decisiva para rebatir los cálculos. Sobre este punto puede consultarse el análisis de ValiTax sobre el peritaje en la estimación indirecta de bases imponibles. Además, nuestro artículo sobre el informe pericial en inspección tributaria detalla su uso.

    Sanciones y cómo afrontarlas

    La infracción por dejar de ingresar (art. 191 LGT) parte del 50 % de la cuota no ingresada, con posibles agravantes y reducciones. Se puede defender la ausencia de culpabilidad cuando existe una interpretación razonable de la norma, algo especialmente relevante en materias donde la doctrina de la DGT es cambiante. Conviene verificar siempre los criterios vigentes antes de tomar decisiones.

    Recomendaciones prácticas

    • Centralizar la interlocución con la Inspección en una única persona o asesor.
    • Conservar un expediente completo por cada servicio funerario.
    • Revisar la política de cobros en efectivo antes de que llegue el requerimiento.
    • Responder en plazo y dejar constancia escrita de cada actuación.
    • Evaluar la sanción, no solo la cuota, antes de decidir sobre el acta.

    En LRB Tax & Legal acompañamos a empresas del sector en este tipo de procedimientos; puede ampliarse información en nuestras páginas de inspecciones tributarias y de asesoramiento legal y fiscal para el sector funerario.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto puede durar una inspección tributaria a una funeraria?

    Con carácter general, hasta 18 meses, ampliables a 27 en casos de especial complejidad o grupos (art. 150 LGT).

    ¿Conviene firmar el acta en conformidad?

    Depende. Puede reducir la sanción, pero limita la impugnación posterior. Conviene analizar cuota, sanción y argumentos antes de firmar.

    ¿Qué riesgo supone cobrar en efectivo en una funeraria?

    La Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo a 1.000 euros con carácter general; la sanción es del 25 % de lo pagado y responden pagador y receptor.

    ¿Los suplidos tributan por IVA?

    No integran la base imponible si se pagan en nombre y por cuenta del cliente y se justifican documentalmente (art. 78.Tres.3º LIVA).

    ¿Cómo se recurre una liquidación de la Inspección?

    Mediante recurso de reposición potestativo o directamente reclamación económico-administrativa, en general en el plazo de un mes desde la notificación.

    Contenido informativo y orientativo; no sustituye el asesoramiento profesional sobre un caso concreto.

  • Cláusula de salario neto en contratos de jugadores profesionales

    Cláusula de salario neto en contratos de jugadores profesionales

    La cláusula de salario neto obliga al club a pagar al jugador una cantidad libre de impuestos y a hacerse cargo de la retención y de las cotizaciones correspondientes. Jurídicamente no elimina la obligación tributaria del deportista: solo reparte el coste entre las partes. Lo decisivo es redactarla con precisión, porque el impuesto asumido por el club es retribución adicional y las sanciones son siempre personales.

    Qué es y qué efectos tiene la cláusula de neto

    En los contratos de futbolistas y baloncestistas, la retribución suele expresarse en términos netos anuales. Entre las partes, la cláusula funciona como un pacto de asunción de cargas: el club se compromete a que el jugador perciba esa cifra, cualquiera que sea la carga fiscal que genere. Frente a la Administración tributaria, en cambio, el pacto no tiene eficacia liberatoria: Hacienda no queda vinculada por lo que acuerden las partes.

    Esta distinción explica la mayoría de los conflictos. El jugador sigue siendo el contribuyente y debe incluir en su declaración la retribución íntegra, es decir, el neto más el impuesto que el club paga por él. Cuando el contrato guarda silencio sobre estos extremos, la discusión llega tarde: tras una comprobación o tras un cambio de club.

    El club como retenedor: artículo 99 de la LIRPF

    El artículo 99 de la LIRPF regula la obligación de retener e ingresar a cuenta del IRPF. Quien paga rendimientos del trabajo, en este caso el club, es el sujeto obligado a practicar la retención y a ingresarla. Si el club asume además el impuesto del jugador, la base de la retención debe incluir esa cantidad adicional, de modo que el cálculo exige determinar el bruto real antes de nómina.

    Aquí nace un riesgo clásico: retener sobre el neto o sobre una cifra inferior al bruto correcto. La diferencia genera una regularización con cuota, intereses y posible sanción. El contrato debería, por tanto, imponer al club la obligación de documentar el cálculo y de entregar al jugador la certificación de retenciones en plazo.

    Relación laboral especial: Real Decreto 1006/1985

    El Real Decreto 1006/1985 regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. En ese marco, las partes tienen amplia libertad para pactar la retribución, incluido el neto, pero esa libertad no altera las normas tributarias. Un contrato que fije el neto sin concretar qué conceptos incluye (salario base, primas, derechos de imagen, vivienda o vehículo) deja abierta una fuente de litigios sobre qué se compromete a pagar el club.

    Quién asume los cambios normativos

    Un contrato plurianual cruza ejercicios en los que pueden variar los tipos, las deducciones o el régimen aplicable. Si nada se pacta, la interpretación habitual es que el club garantiza el neto durante toda la vigencia, pero esa solución no siempre se acepta sin discusión. Un ejemplo claro es el régimen del artículo 93 de la LIRPF: tras la Ley 26/2014, la «ley Beckham» dejó de estar disponible para los deportistas profesionales, de modo que un contrato firmado con esa expectativa es muy vulnerable.

    La cláusula debe decir expresamente si el neto está garantizado frente a incrementos de tipos, cambios de residencia y modificaciones legales, o si el club puede reajustar el bruto a partir de determinada fecha. Lo prudente es una fórmula objetiva: el club asume los cambios normativos generales, y el jugador, los derivados de decisiones personales como un cambio de residencia.

    Sanciones personales: cada parte responde de lo suyo

    El régimen sancionador tributario es personal. Si el club no retiene o ingresa menos de lo debido, responde como retenedor. Si el jugador declara incorrectamente, responde por su propia declaración. Pactar que el club «asumirá cualquier sanción» tiene valor entre las partes como obligación de reembolso, pero no traslada la responsabilidad frente a la Administración, y puede ser difícil de exigir si la infracción proviene de la conducta del propio deportista.

    Contenido recomendable de la cláusula

    • Definición de los conceptos que se pactan en neto: salario, primas, bonus y otros.
    • Declaración de la residencia fiscal del jugador y deber de comunicar sus cambios.
    • Método de cálculo del bruto y obligación del club de documentarlo.
    • Reparto de riesgos por cambios normativos durante la vigencia del contrato.
    • Régimen de reembolso en caso de regularización, intereses o sanciones.
    • Deber de colaboración en inspecciones y entrega de certificados de retenciones.

    Qué ocurre ante una inspección

    En una comprobación, la Inspección parte de la retribución íntegra: neto, impuesto asumido y cotizaciones. El club y el jugador pueden recibir liquidaciones distintas por el mismo hecho, cada una con su procedimiento y sus plazos. Coordinar la defensa y conservar los cálculos del bruto evita contradicciones que luego se vuelven en contra de ambas partes. Nuestro análisis completo está en el artículo sobre el salario neto de futbolistas y baloncestistas.

    Cuando el contrato ya está firmado y presenta lagunas, LRB Tax & Legal, despacho experto en asesorar a jugadores y en inspecciones fiscales de deportistas, puede revisar la cláusula, recalcular el bruto y proponer una adenda que reparta los riesgos de forma equilibrada.

    Preguntas frecuentes

    ¿Libera al jugador de sus obligaciones fiscales la cláusula de neto?

    No. La cláusula solo reparte el coste entre club y jugador. Frente a Hacienda, el jugador sigue siendo contribuyente y debe declarar la retribución íntegra, incluido el impuesto que el club paga por él.

    ¿Puede el club trasladar al jugador una sanción tributaria?

    Las sanciones tributarias son personales: cada parte responde de su propia infracción ante la Administración. Entre ellas se puede pactar un reembolso, pero ese pacto no cambia quién es el responsable frente a Hacienda.

    ¿Quién paga si cambian las normas durante el contrato?

    Depende de lo pactado. Si el contrato no lo regula, suele entenderse que el club garantiza el neto, pero es una fuente de conflicto. Por eso conviene fijar expresamente quién asume los cambios normativos y los derivados de decisiones personales del jugador.

    Si vas a firmar o ya tienes un contrato en neto, solicita un asesoramiento fiscal a jugadores profesionales antes de aceptar la redacción de la cláusula. Este contenido es informativo y no sustituye a un análisis del contrato concreto.

  • Valor fiscal mínimo al vender participaciones no cotizadas

    Valor fiscal mínimo al vender participaciones no cotizadas

    El valor fiscal mínimo es el importe por debajo del cual la Administración no admite, a efectos del IRPF, que se haya transmitido una acción o participación no admitida a negociación en un mercado regulado. El artículo 37.1.b de la Ley del IRPF establece que el valor de transmisión no puede ser inferior al mayor de dos importes: el valor teórico contable que resulte del último balance aprobado y el resultado de capitalizar al 20 por ciento la media de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados anteriores a la fecha del devengo.

    Esta regla, aparentemente sencilla, tiene consecuencias importantes. Si una persona física vende participaciones de su sociedad por un precio inferior a ese mínimo, la ganancia patrimonial se calcula sobre el valor mínimo y no sobre el precio efectivamente pactado. De ahí que calcularlo con cuidado antes de cerrar la operación, y entender cuándo conviene acreditar un valor distinto, forme parte de una buena planificación. Un informe de valoración de empresas y activos resulta decisivo en estos supuestos.

    Qué dice la norma y cómo se aplica

    El precepto parte de la regla general de que el valor de transmisión es el importe real por el que la enajenación se hubiera efectuado, cuando no sea inferior al valor de mercado. Para las acciones y participaciones no cotizadas introduce un criterio específico: el valor de transmisión no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes.

    • Valor teórico contable resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto. Si el balance ha sido aprobado y, en su caso, auditado, se utiliza ese; si no, el criterio exige atender a la información disponible conforme a la norma.
    • Capitalización al 20 por ciento del promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados anteriores al devengo. Los beneficios medios se capitalizan, es decir, se dividen entre el 0,20.

    El valor teórico contable se obtiene dividiendo el patrimonio neto entre el número de participaciones, de modo que refleja la parte de los fondos propios que corresponde a cada título. La capitalización, por el contrario, atiende a la capacidad de la empresa para generar beneficios. El mayor de ambos es el piso.

    Cuándo importa en la práctica

    Esta regla tiene relevancia especialmente en las siguientes situaciones:

    • Ventas a precio simbólico o reducido, por ejemplo entre familiares o dentro de un grupo, donde el precio pactado puede ser muy inferior al valor mínimo.
    • Ventas de sociedades con reservas acumuladas, en las que el patrimonio neto es elevado y por tanto el valor teórico contable también.
    • Sociedades con beneficios recurrentes y patrimonio pequeño, donde la capitalización de resultados supera al valor contable.
    • Transmisiones en el marco de una reestructuración, cuando hay aportaciones, canjes o reducciones de capital que modifican la estructura patrimonial.

    Cómo calcular el valor mínimo paso a paso

    1. Identificar la fecha de devengo (normalmente la de la transmisión) y los ejercicios cerrados de referencia.
    2. Obtener el patrimonio neto del último balance cerrado y dividirlo entre el número total de participaciones o acciones.
    3. Calcular el promedio de resultados de los tres últimos ejercicios cerrados, atendiendo a la definición que corresponda según la norma.
    4. Capitalizar ese promedio al 20 por ciento y repartirlo entre los títulos.
    5. Comparar ambos importes y quedarse con el mayor.
    6. Contrastar con el precio real y determinar el valor de transmisión a efectos fiscales.

    Ejemplo numérico ilustrativo

    Supongamos una sociedad limitada con 1.000 participaciones, un patrimonio neto de 600.000 euros en el último balance y unos resultados de 90.000, 110.000 y 100.000 euros en los tres últimos ejercicios. Los datos son inventados y solo sirven para mostrar la mecánica.

    Concepto Cálculo Resultado por participación
    Valor teórico contable 600.000 / 1.000 600 euros
    Media de resultados (90.000 + 110.000 + 100.000) / 3 = 100.000 –
    Capitalización al 20 % 100.000 / 0,20 = 500.000; entre 1.000 participaciones 500 euros
    Valor mínimo El mayor de ambos 600 euros

    Si el socio vende cada participación por 400 euros, a efectos del IRPF su valor de transmisión se computará en 600 euros, y la ganancia patrimonial se calculará con arreglo a esa cifra. El efecto fiscal es el de tributar por un importe que no ha cobrado. Por eso es importante calcularlo antes y valorar si el precio debe ajustarse o si existen circunstancias que justifiquen otro tratamiento.

    Qué puede hacer el contribuyente si discrepa

    La regla funciona como un mínimo, pero ello no impide que el contribuyente documente la realidad económica de la operación. Si el precio pactado es superior al valor mínimo, prevalecerá el precio. Si es inferior, el valor mínimo se impone como regla de cálculo. En todo caso, un informe pericial que explique cómo se ha calculado el valor mínimo, que verifique los datos contables de partida y que identifique posibles errores en la liquidación puede ser clave en la defensa frente a una comprobación de la AEAT.

    Hay además cuestiones accesorias en las que el análisis técnico aporta valor: la depuración de partidas del patrimonio neto, el tratamiento de resultados extraordinarios, la coherencia entre balances aprobados y presentados, o la correcta determinación del número de títulos afectados por la operación. Los informes periciales tributarios de ValiTax incluyen precisamente este tipo de revisión técnica.

    Errores habituales

    • Usar un balance que no corresponde al último ejercicio cerrado antes del devengo.
    • Calcular la media de resultados con ejercicios incorrectos o sin atender a su definición.
    • Olvidar que son dos cálculos alternativos y quedarse solo con uno.
    • No actualizar el cálculo cuando cambian las cuentas anuales aprobadas.
    • Confundir el valor mínimo del IRPF con el valor de las participaciones en otros impuestos, que se rigen por reglas propias.

    Relación con otras normas de valoración

    Es importante no extrapolar. El valor de las participaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el de Sucesiones o en las operaciones societarias responde a normas distintas. Una herencia de participaciones, por ejemplo, plantea cuestiones propias que hemos tratado en este blog al analizar la valoración de participaciones sociales para herencias y sucesiones. Y para operaciones de reestructuración, la valoración de participaciones en el canje de valores tiene sus propias exigencias.

    Si la operación es relevante, conviene que un equipo de asesoría legal y fiscal revise el efecto conjunto en todos los impuestos afectados antes de firmar.

    Conclusión

    El valor fiscal mínimo del artículo 37.1.b de la LIRPF obliga a pensar la venta de participaciones no cotizadas con una calculadora y no solo con el contrato. Calcularlo con rigor, contrastarlo con el precio y documentar el análisis es la manera de evitar liquidaciones inesperadas. Y si surge una discrepancia, un informe técnico bien construido pone la discusión en el terreno que debe ocupar: el de los datos y los criterios de cálculo.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se aplica el valor mínimo a todas las ventas de participaciones?

    Se aplica a la transmisión de acciones y participaciones de entidades que no cotizan en un mercado regulado, por parte de personas físicas, a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF.

    ¿Qué ocurre si el precio real es superior al valor mínimo?

    Prevalece el precio real, porque el valor mínimo opera como suelo y no como tope.

    ¿Qué balance hay que utilizar?

    El del último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo. Conviene verificar que está formulado y aprobado conforme a la normativa mercantil.

    ¿Puede generarse una pérdida patrimonial al aplicar el mínimo?

    El valor mínimo opera sobre el valor de transmisión, por lo que reduce o elimina la posibilidad de computar pérdidas derivadas de un precio artificialmente bajo. El resultado depende del valor de adquisición y del resto de circunstancias.

    ¿Es recomendable un informe pericial para calcularlo?

    No siempre es imprescindible, pero resulta útil cuando las cifras contables son complejas, cuando el importe es elevado o cuando se prevé una comprobación administrativa.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Alquiler vacacional en el IRPF: servicios hoteleros, reducción del 60% y plataformas digitales

    El alquiler vacacional ha experimentado un auge espectacular en España en los últimos años, pero también ha atraído la atención de la AEAT sobre los propietarios que obtienen rendimientos por esta vía. Los ingresos del alquiler vacacional tienen un tratamiento fiscal específico en el IRPF que muchos propietarios desconocen o aplican incorrectamente.

    Alquiler vacacional vs alquiler de temporada

    El alquiler vacacional (turístico) se caracteriza por la prestación de servicios propios de la industria hotelera: limpieza periódica, cambio de ropa de cama, recepción. Si se prestan estos servicios, los rendimientos son de actividad económica, no de capital inmobiliario, y el propietario debe darse de alta como autónomo. Si se alquila sin servicios hoteleros, son rendimientos del capital inmobiliario, deduciéndose los gastos proporcionalmente a los días alquilados.

    La reducción del 60%: no aplica al alquiler vacacional

    La reducción del 60% sobre el rendimiento neto del capital inmobiliario solo aplica cuando el inmueble se alquila para satisfacer necesidades permanentes de vivienda del arrendatario. El alquiler vacacional —por días o semanas, para turismo— no genera derecho a la reducción del 60%, aunque muchos propietarios la aplican incorrectamente.

    Las plataformas digitales y la información a la AEAT

    Airbnb, Booking y otras plataformas están obligadas a comunicar a la AEAT los ingresos de los propietarios que ofrecen alojamiento a través de ellas. La AEAT cruza esa información con las declaraciones del IRPF y detecta a los propietarios que no declaran o subdeclaran sus ingresos.

    Los especialistas en fiscalidad del alquiler vacacional de LRB Tax & Legal asesoran sobre la correcta declaración y la deducción de gastos. Contáctenos en Contacto@LRB.es.

    Conclusión

    El alquiler vacacional con servicios hoteleros genera rendimientos de actividad económica; sin servicios, de capital inmobiliario. La reducción del 60% no aplica. Las plataformas comunican los ingresos a la AEAT, haciendo que la falta de declaración sea fácilmente detectable.

  • Valoración de empresa: métodos y cuándo usar cada uno

    Valoración de empresa: métodos y cuándo usar cada uno

    La valoración de una empresa se realiza principalmente con tres familias de métodos: el descuento de flujos de caja, los múltiplos de mercado y los métodos patrimoniales. No existe un método universalmente correcto; la elección depende de la finalidad de la valoración, de la naturaleza del negocio y de la información disponible. Lo que sí es exigible es que el método se justifique, que las hipótesis se expliquen y que el resultado pueda reproducirse y contrastarse.

    Cuando una empresa se vende, se hereda, se aporta a otra sociedad o se discute ante la Administración, alguien tiene que poner una cifra al negocio. Esa cifra rara vez surge por consenso espontáneo. Suele proceder de un informe de valoración de empresas en el que el perito explica qué método ha aplicado, por qué y con qué datos. Entender las diferencias entre métodos ayuda tanto a encargar un buen informe como a interpretar el que se recibe.

    Primero, la finalidad: ¿para qué se valora?

    Antes de hablar de métodos hay que fijar para qué sirve la valoración. Valorar para negociar una venta, para fijar el valor de una herencia, para justificar una aportación no dineraria o para defender un valor frente a una comprobación administrativa no es lo mismo. Cada finalidad condiciona el concepto de valor (razonable, de mercado, de liquidación, fiscal), la fecha de referencia y el nivel de detalle exigible. Un informe sin finalidad definida es un informe a medio construir.

    Método del descuento de flujos de caja

    Consiste en proyectar los flujos de caja que la empresa generará en el futuro y descontarlos a una tasa que refleja el riesgo del negocio, para obtener su valor actual. Se completa con un valor residual que representa los flujos posteriores al periodo de proyección explícita.

    Cuándo resulta adecuado

    • Empresas en funcionamiento con capacidad de generar caja de forma recurrente.
    • Negocios con previsiones razonablemente estimables: contratos, cartera, estacionalidad conocida.
    • Situaciones en las que el valor depende más del futuro que del patrimonio actual, como compañías de servicios o tecnológicas.

    Principales cautelas

    • Es muy sensible a la tasa de descuento y al crecimiento a largo plazo; pequeñas variaciones pueden alterar mucho el resultado.
    • Exige proyecciones coherentes con el histórico y con el entorno; unas previsiones optimistas sin soporte restan credibilidad.
    • Requiere explicar las hipótesis, de manera que quien lea el informe pueda cuestionarlas con conocimiento.

    Método de múltiplos

    Parte de la observación de cómo se valoran empresas comparables, ya sea por cotización (múltiplos de compañías cotizadas) o por transacciones recientes. Se aplica después un múltiplo, por ejemplo sobre ventas, resultado operativo o resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, a las magnitudes de la empresa valorada.

    Cuándo resulta adecuado

    • Sectores con empresas comparables y operaciones documentadas.
    • Contraste del resultado obtenido con otros métodos.
    • Valoraciones orientativas en fases tempranas de negociación.

    Principales cautelas

    • La comparabilidad es el punto crítico: tamaño, mercado, mezcla de productos, geografía o estructura financiera pueden distorsionar el múltiplo.
    • Una pyme familiar no cotizada difícilmente es comparable de forma directa a una gran compañía, por lo que suelen aplicarse ajustes por tamaño y por liquidez.
    • El múltiplo refleja las condiciones del momento en que se observó; puede no ser representativo si el mercado ha cambiado.

    Métodos patrimoniales

    Valoran la empresa a partir de su balance. El más sencillo toma el patrimonio neto contable. Otras variantes lo ajustan a valores razonables (patrimonio neto ajustado), o calculan el valor de liquidación, es decir, lo que se obtendría vendiendo los activos y pagando las deudas.

    Cuándo resulta adecuado

    • Sociedades patrimoniales, tenedoras de inmuebles o de participaciones, donde el valor reside en sus activos.
    • Empresas con resultados débiles o en dificultades, en las que el valor de liquidación actúa de suelo.
    • Referencia o contraste en cualquier valoración, para comprobar que el valor obtenido no es incoherente con el patrimonio.

    Principales cautelas

    • El balance contable puede diferir mucho del valor real de los activos, sobre todo inmuebles, intangibles y existencias.
    • Ignora el valor del negocio en marcha, el fondo de comercio generado internamente y la capacidad de generar beneficios.
    • Por sí solo suele resultar insuficiente para empresas operativas con buena rentabilidad.

    Comparativa resumida

    Método Fortaleza Limitación Uso habitual
    Descuento de flujos Refleja la capacidad de generar caja Sensible a hipótesis y tasa de descuento Negocios operativos recurrentes
    Múltiplos Conecta con el mercado Depende de la comparabilidad Contraste y negociación
    Patrimonial Objetivo y verificable No capta el negocio en marcha Patrimoniales y empresas en dificultad

    Combinar métodos y justificar la elección

    En la práctica profesional lo habitual no es aplicar un único método, sino emplear uno como principal y los demás como contraste. Si los resultados son muy dispares, el perito debe explicar el motivo y, en su caso, ponderarlos con criterios razonados. Presentar una cifra sin explicar por qué se descartan otras aproximaciones es una debilidad que un revisor atento detectará de inmediato.

    Un informe pericial tributario bien documentado recoge precisamente este razonamiento. Es frecuente expresar el resultado como un rango, acompañado de un valor central y de un análisis de sensibilidad. Esto transmite mejor la incertidumbre inherente a toda valoración y facilita la discusión con la otra parte, que puede centrarse en las hipótesis relevantes en lugar de en la cifra final.

    Ejemplo práctico ilustrativo

    Dos hermanos heredan por mitades una sociedad que explota una pequeña cadena de establecimientos de restauración. Uno desea vender su parte al otro y necesitan acordar un precio. El perito observa que el negocio genera caja de forma estable, que posee algunos inmuebles en propiedad y que existen operaciones de compraventa de negocios similares en la zona.

    Aplica como método principal el descuento de flujos sobre las proyecciones razonables del negocio, contrasta con múltiplos de operaciones comparables y calcula el patrimonio neto ajustado, incorporando la diferencia entre el valor contable y el razonable de los inmuebles. Obtiene un rango y explica por qué ha dado más peso al método de flujos. Los hermanos negocian con una referencia objetiva en lugar de con intuiciones enfrentadas. Es un caso ficticio con fines explicativos.

    La valoración en el ámbito fiscal

    En materia tributaria, la valoración tiene particularidades: algunas normas imponen reglas de valor mínimo o criterios específicos, y la Administración puede comprobar valores con los medios previstos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria. Cuando el contribuyente discrepa, un informe de valoración que explique método y datos es su principal instrumento de defensa ante la Inspección. En este blog hemos abordado, desde esta perspectiva, la guía del informe de valoración de empresa y participaciones y la forma de valorar fiscalmente una compañía con un informe pericial.

    Para operaciones complejas o con implicaciones fiscales relevantes, una asesoría legal y fiscal que acompañe la valoración con el análisis jurídico y tributario de la operación evita sorpresas posteriores.

    Conclusión

    La valoración de empresa es un ejercicio técnico y, a la vez, un ejercicio de juicio. Conocer las ventajas y límites de cada método permite exigir informes bien razonados y leerlos con sentido crítico. Ningún método da una verdad única; lo que da fuerza a una valoración es la coherencia entre finalidad, método, hipótesis y conclusiones.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuál es el mejor método para valorar una empresa?

    No hay uno mejor en abstracto. Para negocios operativos suele priorizarse el descuento de flujos, contrastado con múltiplos y con el valor patrimonial; para sociedades patrimoniales, el enfoque basado en activos.

    ¿Por qué dos valoraciones del mismo negocio pueden dar cifras distintas?

    Porque pueden partir de finalidades, fechas, hipótesis o métodos diferentes. Lo relevante es que cada una explique con claridad su planteamiento y que las diferencias puedan analizarse.

    ¿Cuándo es necesario un informe de valoración independiente?

    Siempre que haya partes con intereses contrapuestos, que deba defenderse un valor ante la Administración o ante un tribunal, o que se quiera documentar una decisión relevante con criterio técnico.

    ¿Sirve el valor contable como valor de la empresa?

    Solo en determinados casos, como referencia o en sociedades patrimoniales. En empresas con negocio en marcha, el valor contable suele infravalorar o sobrevalorar el valor real.

    ¿Qué información necesita el perito para valorar?

    Cuentas anuales de varios ejercicios, plan de negocio o previsiones, contratos relevantes, relación de activos y deudas, información sobre el mercado y cualquier hecho singular que afecte al negocio.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Casos prácticos de holdings familiares y sucesión empresarial

    La holding no es solo una herramienta para grandes corporaciones: en la empresa familiar española es, con frecuencia, la pieza central de una sucesión bien planificada. Estos casos prácticos ilustran cómo se aplica realmente en distintos escenarios de traspaso generacional.

    Caso 1: dos hermanos, una empresa, caminos distintos

    Dos hermanos heredan una empresa familiar consolidada, pero uno quiere continuar el negocio y el otro prefiere desvincularse y recibir liquidez. Constituir una holding permite separar la propiedad de la gestión: uno mantiene su participación en la holding mientras el otro puede ser recomprado o compensado con otros activos del grupo, sin necesidad de vender la empresa operativa completa a un tercero.

    Caso 2: incorporación progresiva de la siguiente generación

    Un fundador quiere incorporar gradualmente a sus hijos a la propiedad de la empresa sin perder el control durante la transición. Una holding con distintas clases de participaciones (con o sin derecho de voto, por ejemplo) permite diseñar una entrada progresiva de la siguiente generación, ajustando el ritmo de la sucesión a la madurez y preparación real de cada heredero.

    Caso 3: protocolo familiar como complemento a la holding

    Una familia empresaria con varias ramas familiares implicadas en el negocio constituye una holding y, en paralelo, redacta un protocolo familiar que regula aspectos como la incorporación de familiares políticos, la política de dividendos, o el mecanismo de valoración en caso de que un socio quiera salir. La holding aporta la estructura societaria; el protocolo aporta las reglas de convivencia familiar en torno a esa estructura.

    Caso 4: preparación de la empresa para una venta futura

    Una familia empresaria no tiene sucesión generacional clara y empieza a valorar una venta a medio plazo. Constituir la holding con antelación suficiente (y no justo antes de la operación) permite beneficiarse de la exención de plusvalías en la eventual venta de la participación, siempre que se documente adecuadamente el motivo económico de la reestructuración desde el principio.

    Qué tienen en común estos casos

    • La holding no resuelve por sí sola los conflictos familiares, pero aporta una estructura societaria que facilita soluciones ordenadas.
    • La planificación anticipada (años antes de la sucesión efectiva) da más margen para diseñar soluciones fiscalmente eficientes.
    • Combinar la holding con otras herramientas (protocolo familiar, pactos de socios, testamento) da un resultado mucho más sólido que aplicar una sola de estas piezas de forma aislada.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es necesario un protocolo familiar si ya existe una holding?
    No es obligatorio, pero aporta un marco de reglas de convivencia y gobierno que la holding, como mera estructura societaria, no resuelve por sí sola.

    ¿Puede una holding tener varios tipos de participaciones para distintos herederos?
    Sí, es una de las ventajas de diseñar bien la estructura societaria: permitir distintos derechos económicos y políticos según el papel de cada heredero en el proyecto empresarial.

    Cada familia empresaria tiene una situación distinta, y no existe una plantilla única de holding que sirva para todos los casos. Para diseñar una asesoría en régimen FEAC adaptada a tu situación familiar concreta, planificar con años de antelación es la mejor garantía de una sucesión ordenada y fiscalmente eficiente.

  • Liquidación de una sociedad: tributación en el IS y en el IRPF de los socios

    La liquidación de una sociedad implica una serie de obligaciones tributarias específicas que deben gestionarse correctamente para evitar responsabilidades para los socios y liquidadores. El proceso de liquidación no es una simple cancelación registral: incluye la determinación de las rentas generadas en la liquidación, su tributación en el IS de la sociedad y, en caso de distribución a los socios, la tributación en el IRPF o el IS de éstos.

    Tributación de la sociedad en la liquidación

    En el período de liquidación, la sociedad sigue obligada a presentar el IS. Las rentas de la liquidación incluyen: las plusvalías por la transmisión de activos a valor de mercado (la sociedad tributa como si hubiera vendido todos sus activos), los resultados del período de liquidación y la diferencia entre el valor de los activos transmitidos a los socios y su valor contable en la sociedad. Este «IS de liquidación» puede ser significativo si la sociedad tiene inmuebles u otros activos con grandes plusvalías latentes.

    Tributación de los socios en la liquidación

    La cuota de liquidación que recibe el socio (el importe distribuido en la liquidación) puede tener dos partes: la recuperación de la inversión original (que no tributa) y la ganancia patrimonial (que tributa en la base del ahorro del IRPF al 19-30%). Si el socio es otra sociedad, aplica la exención del artículo 21 LIS si se cumplen los requisitos.

    Los especialistas en liquidación y disolución de sociedades de LRB Tax & Legal gestionan todo el proceso tributario de la liquidación. Contáctenos en Contacto@LRB.es.

    Conclusión

    La liquidación de una sociedad tiene consecuencias tributarias tanto para la sociedad (IS sobre plusvalías latentes) como para los socios (ganancia patrimonial en el IRPF o exención bajo el artículo 21 LIS). Planificar el proceso con antelación puede reducir significativamente la carga fiscal total de la operación.