Inspección a operadores petrolíferos: responsabilidad, prueba y recursos

Mazo y libros de derecho que representan la actuación de un perito judicial tributario

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En el sector de los hidrocarburos, la inspección tributaria rara vez es un asunto de una sola cuota. Las mismas operaciones se comprueban a la vez desde el Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA y, cuando procede, la normativa aduanera, y la discusión jurídica gira en torno a la prueba, a quién responde de qué y a si la Administración ha motivado correctamente su pretensión. Este artículo aborda la inspección a operadores petrolíferos desde el ángulo del procedimiento y la defensa. Para el análisis material de los tributos, puede consultar nuestra guía sobre la fiscalidad de operadores petrolíferos e inspecciones fiscales. En LRB Tax & Legal asesoramos fiscalmente al sector y defendemos a operadores en inspecciones tributarias.

Por qué la prueba documental lo decide todo

La clave de la fiscalidad del sector es la distinción entre salida a consumo y salida en suspensión. Mientras el producto circula en régimen suspensivo no se paga el impuesto, pero el operador asume la obligación de acreditar su llegada a un destino autorizado. Si esa llegada no se justifica, la salida se considera irregular y el devengo se produce con sus consecuencias. En consecuencia, la inspección se centra en lo que el operador puede demostrar: documentos de circulación, existencias, garantías y proveedores.

Qué comprueba la Administración

La Agencia Tributaria combina cruces de DAE con la contabilidad de existencias, inspecciones en depósitos, actuaciones simultáneas en estaciones de servicio, análisis de marcadores y trazadores y control del despacho aduanero. Los puntos que más regularizaciones generan son los siguientes:

  • Diferencias de existencias o mermas superiores a las admisibles en el depósito fiscal, que se interpretan como producto salido a consumo sin tributar.
  • DAE cerrados fuera de plazo, sin recepción o con cambios de destino sin documentar.
  • Compras a operadores que no constan en el listado de la CNMC o con precios anormalmente bajos.
  • Garantías insuficientes, caducadas o no ajustadas al volumen real de operaciones.
  • Falta de acreditación del último depositante ante el titular del depósito antes de la extracción.
  • Presencia en el carburante de productos distintos de los marcadores y trazadores autorizados.

Plazos, derechos y calendario del procedimiento

El art. 150 de la Ley General Tributaria establece un plazo general de 18 meses para las actuaciones inspectoras, ampliado a 27 cuando concurren circunstancias como superar el umbral que obliga a auditar las cuentas. Rebasarlo no produce caducidad, pero las actuaciones realizadas fuera de plazo no interrumpen la prescripción y no se exigen intereses de demora durante ese tiempo. La prescripción general es de cuatro años. El operador tiene derecho a conocer el alcance de las actuaciones, a actuar mediante representante, a ser asistido por un asesor, a alegar y aportar pruebas antes de la liquidación y a recibir copia de lo que firme. Antes de aportar documentación, conviene revisar la competencia del órgano, los plazos y la motivación de la propuesta.

Responsabilidades: quién responde de qué

Último depositante y titular del depósito

Tras la reforma de la Ley 7/2024, la ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero se entiende realizada por el último depositante del producto extraído del depósito fiscal, que debe liquidar el IVA de la operación asimilada a una importación y garantizar el de las entregas posteriores, salvo que sea operador económico autorizado o confiable. Quien permite la salida del carburante sin la acreditación debida puede responder solidariamente de la deuda de IVA de la entrega posterior. Para el titular del depósito, esto convierte la comprobación previa a la extracción en una cuestión de defensa.

Precio anómalo y listado de la CNMC

El art. 87.5 de la Ley del IVA hace responder subsidiariamente al destinatario que debía presumir razonablemente que el impuesto no se ingresaría, lo que se presume cuando paga un precio notoriamente anómalo. Además, tras la reforma, una factura o documento de circulación no acredita el pago del Impuesto sobre Hidrocarburos si se compró a operadores que no figuran en el listado de la CNMC o si se detectan en el carburante productos distintos de los marcadores y trazadores autorizados. Comprar a un proveedor no inscrito deja al adquirente sin prueba del pago. La defensa se construye con diligencia documentada: comprobación del proveedor en el listado, contratos, justificantes de pago y análisis del precio de mercado.

Sanciones y riesgo penal

Las sanciones tributarias se gradúan según la ocultación y la cuantía de la cuota, y exigen culpabilidad: no hay responsabilidad cuando se ha puesto la diligencia necesaria. Pero en un sector con cuotas elevadas, la estrategia debe tener en cuenta el umbral penal. El art. 305 del Código Penal tipifica el delito fiscal cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, y esa circunstancia aconseja diseñar la defensa desde el primer día para no perjudicar la posición posterior. Una explicación incompleta ante la inspección puede condicionar el procedimiento penal si llega a abrirse.

Actas, alegaciones y recursos

El acta puede firmarse en conformidad, en disconformidad o con acuerdo si se cumplen los requisitos. La disconformidad abre el trámite de alegaciones. Notificada la liquidación, cabe la reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes desde la notificación, y después la vía contenciosa. Liquidación y sanción se recurren por separado. Cuando el debate es cuantitativo, como una merma, un precio o un margen, un informe pericial independiente aporta una base objetiva que el tribunal económico-administrativo o el juez pueden contrastar. Es el terreno de ValiTax Informes Periciales.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si no puedo acreditar la llegada de un producto en suspensión?

La salida se considera irregular y se produce el devengo del impuesto con sus consecuencias. Por eso conviene conciliar los DAE emitidos y recibidos con la contabilidad de existencias y conservar la documentación de cada movimiento.

¿Puedo responder por las deudas de IVA de un proveedor?

Sí, de forma subsidiaria si debía presumir razonablemente que el impuesto no se ingresaría, lo que se presume cuando se paga un precio notoriamente anómalo (art. 87.5 de la Ley del IVA). La defensa se apoya en la diligencia documentada.

¿Cuándo hay riesgo de delito fiscal?

Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, según el art. 305 del Código Penal. En ese caso la estrategia de defensa debe diseñarse desde el primer requerimiento para no perjudicar la posición posterior.

Si su empresa ha recibido un requerimiento o una comunicación de inicio en materia de impuestos especiales o IVA, consulte con LRB Tax & Legal, despacho experto en asesoramiento fiscal al sector petrolífero y en defensa en inspecciones fiscales. Contenido informativo y orientativo, que no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.