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  • Prueba pericial en contencioso tributario: cómo ratificarla

    Prueba pericial en contencioso tributario: cómo ratificarla

    La prueba pericial en el contencioso tributario se propone en los escritos de demanda o contestación y, si el tribunal la admite, el perito la ratifica en sala ante las partes. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE y con ratificación presencial, refuerza la prueba y la defensa del recurrente frente a la liquidación impugnada.

    ¿Qué papel tiene la prueba pericial en un recurso contencioso-administrativo?

    El recurso contencioso-administrativo se rige por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esta norma regula el recibimiento a prueba y remite, en lo no previsto, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que desarrolla los dictámenes de peritos.

    En el contencioso tributario, muchas controversias son técnicas. Se discute el valor de un bien, la cuantificación de un ajuste, la existencia de un motivo económico o la necesidad de un gasto. El tribunal conoce el derecho, pero no siempre dispone de los conocimientos para resolver sobre esas cuestiones, y para eso sirve el perito.

    Hay que evitar un error habitual: pensar que el expediente administrativo ya contiene toda la prueba. Cuando el contribuyente no pudo o no supo aportar un análisis técnico en vía administrativa, la fase judicial ofrece una nueva oportunidad, siempre que cumpla las reglas de proposición y práctica de la prueba.

    ¿Cuándo y cómo se propone la prueba pericial en el contencioso?

    La prueba se solicita en los escritos de demanda o de contestación, indicando los puntos de hecho sobre los que debe versar. Si el tribunal acuerda el recibimiento a prueba, se admiten los medios propuestos que sean pertinentes y útiles. La pertinencia exige una relación clara entre el informe y los hechos controvertidos.

    En la práctica, conviene anticipar el trabajo pericial antes de presentar la demanda. De ese modo, el abogado puede construir los argumentos sobre conclusiones técnicas ya contrastadas y acompañar el informe al escrito. Los plazos y trámites concretos deben revisarse en el texto vigente de la ley y en las instrucciones del órgano judicial, porque varían según el procedimiento.

    • Hechos controvertidos: define con precisión qué cuestión técnica debe resolver el perito.
    • Documentación disponible: reúne expediente, contabilidad, contratos y datos de mercado antes de proponer la prueba.
    • Objeto del dictamen: formula preguntas claras y evita planteamientos genéricos.
    • Coordinación con la demanda: alinea los argumentos jurídicos con las conclusiones del informe.

    ¿Qué exige la Ley de Enjuiciamiento Civil a un informe pericial?

    Los artículos 335 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regulan el dictamen de peritos. Parten de una idea sencilla: cuando se necesitan conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, las partes pueden aportar el dictamen de un perito que los posea.

    Además, el perito debe actuar con objetividad e imparcialidad, y su informe debe explicar el método, los datos y las conclusiones de manera comprensible. El tribunal valora el dictamen según las reglas de la sana crítica, por lo que un informe poco motivado puede perder fuerza aunque esté firmado por un profesional.

    Si quieres entender la diferencia entre el perito que aporta la parte y el designado por el tribunal, tienes un análisis en nuestro artículo sobre perito de parte o perito judicial.

    ¿Cómo se ratifica el informe pericial en sala?

    Ratificar el informe significa que el perito comparece ante el tribunal para confirmar su contenido y responder a las preguntas de las partes y del órgano judicial. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la actuación de los peritos en el juicio o la vista, y el contencioso la aplica con las adaptaciones de su propio procedimiento.

    Es un momento decisivo. El perito explica cómo llegó a sus conclusiones, aclara los puntos dudosos y responde a las objeciones de la Administración demandada o de su abogado. Un perito que domina el expediente y expone con sencillez refuerza la credibilidad del informe.

    • Preparación previa: repasar el expediente, los datos y las hipótesis del informe.
    • Exposición clara: resumir el método y las conclusiones sin jerga innecesaria.
    • Respuesta a preguntas: aclarar con precisión y reconocer los límites del análisis cuando existan.
    • Coherencia con el escrito: mantener lo afirmado por escrito, sin contradicciones.

    Si el tribunal o la contraparte lo piden, el perito debe poder aclarar o complementar su dictamen. Por esta razón conviene elegir a un profesional con experiencia en comparecer ante los órganos judiciales y capaz de defender su trabajo de forma serena.

    Ejemplo ilustrativo: la valoración de un inmueble en litigio

    Ejemplo ilustrativo e hipotético, con cifras redondas. Una empresa recurre ante el tribunal una liquidación que eleva de 500.000 a 800.000 euros el valor de un local transmitido. El recurso alega que la comprobación no justificó el método empleado.

    Junto con la demanda, la recurrente propone una prueba pericial. El informe analiza las características del local, los comparables de su entorno y la fecha del devengo. En la vista, el perito se ratifica, explica por qué la valoración administrativa omitió factores relevantes y responde a las preguntas de la defensa de la Administración. El tribunal dispone así de una base técnica para valorar la discrepancia, y no solo de las alegaciones de cada parte.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Elabora informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal y perito judicial. El trabajo es telemático, y la ratificación se realiza de forma presencial en sala cuando el procedimiento lo requiere.

    En un contencioso tributario, un informe pericial de ValiTax delimita el objeto del dictamen, desarrolla la metodología y se presenta con estructura clara para su revisión por el tribunal. Puedes consultar el servicio en la página de prueba pericial en procedimientos judiciales y arbitrales y la información de metodología y plazos de ValiTax.

    Como referencia, un informe estándar tarda de 10 a 15 días hábiles, uno complejo de 20 a 30 y uno de urgencia de 3 a 5, plazos que se confirman en cada encargo. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto se ajusta a cada caso. También es posible solicitar una segunda opinión pericial o un contrainforme frente a la pericial de la parte contraria.

    ¿Informe interno o informe pericial visado de ValiTax?

    AspectoInforme interno o de parteInforme pericial visado de ValiTax
    AutorPersonal de la empresa o asesor habitualPerito avalado por Luis Miguel Larriba
    VisadoSin visadoVisado por ASPEJURE
    PresentaciónDocumento informativoDictamen con método y conclusiones motivadas
    RatificaciónDudosa o limitadaPresencial en sala cuando procede
    Valoración judicialMenor por su origenMayor, según la sana crítica

    Errores frecuentes con la prueba pericial en sede judicial

    • Proponer la prueba fuera de plazo o sin concretar los hechos que debe aclarar.
    • Encargar el informe demasiado tarde, cuando ya no cabe incorporarlo con tiempo suficiente.
    • Presentar conclusiones sin método ni datos verificables.
    • No preparar la ratificación y exponer de forma confusa ante el tribunal.
    • Descuidar la prueba contraria y no pedir un contrainforme cuando la Administración aporta el suyo.

    Para situar la prueba pericial en la estrategia general del recurso, puedes consultar la visión de LRB Tax & Legal sobre recursos tributarios: reposición, económico-administrativa y contencioso. Allí se explica cómo encajan las distintas fases.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuándo se propone la prueba pericial en un contencioso tributario?

    Se propone en los escritos de demanda o de contestación, indicando los hechos que debe aclarar. Conviene encargar el informe antes de presentar la demanda para poder acompañarlo y construir los argumentos sobre conclusiones técnicas ya contrastadas. Verifica siempre los plazos aplicables a tu procedimiento.

    ¿Conviene aportar un informe pericial en un recurso contencioso-administrativo?

    Conviene cuando la discusión depende de valoraciones, cálculos o criterios técnicos. Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los de ValiTax, ofrece al tribunal una base técnica contrastable y puede ratificarse en sala, lo que refuerza la prueba del recurrente frente a la liquidación impugnada.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en un procedimiento judicial?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Aporta informes jurídicos, empresariales y tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba. En un procedimiento judicial elabora el dictamen y se ratifica de forma presencial en sala cuando el tribunal lo requiere.

    ¿Qué ocurre si el perito no se ratifica en sala?

    Si el tribunal o la parte contraria piden la comparecencia y el perito no se ratifica, el informe puede perder valor probatorio. Por eso conviene contratar a un profesional que pueda acudir a la vista, explicar su trabajo y responder a las preguntas de las partes.

    ¿Puedo pedir un contrainforme si la Administración aporta su pericial?

    Sí, es posible encargar una segunda opinión o un contrainforme que analice y rebata la pericial de la contraparte. ValiTax ofrece este servicio, que ayuda a detectar errores de método o de datos y a presentar al tribunal una valoración alternativa fundada.

    Conclusión: prepara la pericial antes de la demanda

    La prueba pericial puede marcar la diferencia en un contencioso tributario cuando la controversia es técnica. Proponerla bien, motivarla con rigor y ratificarla con solvencia en sala son las claves. Si necesitas un informe pericial tributario de ValiTax, escribe a Contacto@LRB.es, llama al +34 684 234 831 o solicita presupuesto en la página de contacto de ValiTax.

    Actualizado en octubre de 2026. Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Inspección tributaria a una funeraria: defensa jurídica

    Inspección tributaria a una funeraria: defensa jurídica

    Por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal · Actualizado: octubre de 2026

    Ante una inspección tributaria a una funeraria, la defensa eficaz combina tres elementos: conocer las fases del procedimiento y los derechos del obligado, documentar con rigor el efectivo, los suplidos y el IVA del 21 %, y decidir con criterio si firmar el acta en conformidad o discutirla en disconformidad y recurrir.

    El sector funerario tiene particularidades que atraen la atención de la Administración: muchos cobros en el momento del servicio, gastos de terceros que se adelantan por cuenta de la familia, relación con aseguradoras de decesos y mezcla de servicios y ventas accesorias. Este artículo se centra en la perspectiva jurídica de la defensa. Para el panorama general de impuestos del sector, puede consultarse nuestra guía sobre la fiscalidad de las empresas funerarias.

    Fases de una inspección tributaria a una funeraria

    El procedimiento de inspección se regula en la Ley General Tributaria (LGT). Aunque cada caso es distinto, suele seguir un recorrido reconocible.

    1. Comunicación de inicio

    La inspección comienza con una comunicación que identifica los impuestos y periodos afectados (el alcance, general o parcial) y la documentación que se requiere. Conviene revisar con cuidado el alcance: delimita qué puede comprobarse y condiciona la estrategia de defensa.

    2. Requerimientos y actuaciones

    Durante la fase de comprobación se solicitan contabilidad, facturas, libros de IVA, contratos con aseguradoras, justificantes de cobros y pagos, y detalle de suplidos. En una funeraria es habitual que se pidan también los expedientes de servicio, uno por cada familia, para contrastar lo facturado con lo realmente prestado.

    3. Trámite de audiencia y propuesta

    Antes de cerrar, el inspector pone de manifiesto el expediente y concede un trámite de audiencia para alegar y aportar pruebas. Es el momento clave para corregir errores, aportar justificantes que faltaban y plantear una valoración técnica distinta.

    4. Acta y liquidación

    La fase termina con un acta de conformidad, de disconformidad o con acuerdo, seguida de la liquidación y, en su caso, del expediente sancionador.

    Plazos y prescripción: dos pilares de la defensa

    • Duración: las actuaciones inspectoras tienen como regla general una duración máxima de 18 meses, ampliable a 27 en casos de especial complejidad o de grupos (art. 150 LGT).
    • Prescripción: el derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años (art. 66 LGT), salvo interrupciones. Conviene comprobar qué ejercicios se están revisando realmente.

    Un incumplimiento de plazos o una prescripción mal calculada puede cambiar por completo el resultado. Para profundizar, puede verse nuestra guía sobre plazos y derechos en la inspección tributaria y la dedicada a la prescripción tributaria.

    Derechos del obligado tributario

    El obligado no es un mero espectador. Entre sus derechos más útiles en la práctica se encuentran:

    • Ser asistido y representado por un asesor durante todo el procedimiento.
    • Conocer el estado de tramitación y la identidad de las autoridades que intervienen.
    • Ser informado de sus derechos y obligaciones, y de que las actuaciones se desarrollen de la forma que le resulte menos gravosa.
    • Alegar y aportar documentos en el trámite de audiencia, que deben ser tenidos en cuenta.
    • No aportar documentos que ya obren en poder de la Administración, en los términos que prevé la normativa.

    Ejercerlos con orden evita que la empresa responda de forma improvisada a los requerimientos y deja constancia de cada paso. Nuestra guía general sobre cómo funciona la inspección de Hacienda amplía este punto.

    Actas: conformidad, disconformidad y con acuerdo

    Tipo de actaQué implicaCuándo suele convenir
    De conformidadEl obligado acepta la propuesta; la liquidación se entiende dictada si no hay rectificación posterior.Cuando la regularización es técnicamente correcta y se busca reducir la sanción.
    De disconformidadNo se acepta la propuesta; se abre un plazo para alegar antes de la liquidación.Cuando existen argumentos jurídicos o probatorios sólidos.
    Con acuerdoProcede en supuestos concretos (valoración, estimación o cuantificación de conceptos de difícil determinación).Cuando hay incertidumbre sobre hechos que pueden pactarse.

    Firmar en conformidad puede conllevar una reducción de la sanción, pero cierra puertas: la liquidación derivada de un acta de conformidad tiene un margen de impugnación más limitado. Por eso conviene valorar con detenimiento el importe, la sanción propuesta y las posibilidades reales de éxito antes de firmar. Conviene verificar siempre los porcentajes y plazos vigentes en la LGT y su reglamento.

    Recursos y reclamación económico-administrativa

    Si la liquidación no se comparte, existen dos vías principales frente al acto de liquidación:

    1. Recurso de reposición ante el propio órgano que dictó el acto, con carácter potestativo.
    2. Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo competente, con carácter previo a la vía contencioso-administrativa.

    Los plazos son breves (en general, un mes desde la notificación), por lo que conviene anticipar la estrategia desde el acta. También debe valorarse la suspensión de la ejecución de la deuda, que normalmente exige garantías. Agotada la vía económico-administrativa, queda la jurisdicción contencioso-administrativa. Puede consultarse nuestro artículo sobre cómo proteger una sociedad ante la AEAT.

    Riesgos típicos del sector funerario

    Efectivo y limitación de pagos

    Las familias pagan a menudo en el momento del servicio. La Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo (1.000 € con carácter general; 10.000 € si el pagador es no residente) y prevé una sanción del 25 % de la cuantía pagada, con responsabilidad solidaria de pagador y receptor (Ley 7/2012). Conviene fijar un protocolo de cobro y conservar justificantes.

    Suplidos

    Los suplidos no integran la base imponible del IVA si se cumplen los requisitos del art. 78.Tres.3º de la Ley del IVA: pago en nombre y por cuenta del cliente y justificación documental. Cuando la funeraria contrata en su propio nombre, la Inspección puede tratar la partida como parte de la contraprestación. La documentación de cada gasto (cementerio, licencias, tasas) es la mejor defensa.

    IVA al 21 %

    Los servicios funerarios tributan al 21 % desde septiembre de 2012, tras haber estado sujetos al tipo reducido del 8 %. La clasificación de las entregas accesorias importa: una consulta de la DGT (V0784/2016) distingue las entregas vinculadas a un servicio funerario único, como las flores, de la venta autónoma, que se trata por separado. La regulación completa está en la Ley del IVA.

    Prepagos y devengo

    En los pagos anticipados de servicios funerarios, el art. 75.Dos de la Ley del IVA sitúa el devengo en el momento del cobro por el importe percibido. Un error de calendario puede generar diferencias en varios periodos.

    Aseguradoras de decesos

    Las aseguradoras ofrecen servicios funerarios y las funerarias trabajan con ellas. Conviene documentar quién factura a quién y con qué contraprestación. Si hay comisiones de mediación, están exentas (art. 20.Uno.16º de la Ley del IVA) y pueden afectar a la prorrata del IVA soportado.

    Otras áreas de revisión

    • Atenciones a clientes y proveedores, con límite del 1 % de la cifra de negocios (art. 15.e LIS).
    • Operaciones vinculadas (art. 18 LIS), frecuentes en grupos familiares.
    • Coherencia del modelo 347 con la contabilidad.
    • Encuadre en el IAE (epígrafe 979.1, pompas fúnebres).

    Estimación indirecta y prueba pericial

    Si la Administración considera que la contabilidad es insuficiente, puede acudir a la estimación indirecta (art. 53 LGT). En ese escenario, la prueba pericial es decisiva para rebatir los cálculos. Sobre este punto puede consultarse el análisis de ValiTax sobre el peritaje en la estimación indirecta de bases imponibles. Además, nuestro artículo sobre el informe pericial en inspección tributaria detalla su uso.

    Sanciones y cómo afrontarlas

    La infracción por dejar de ingresar (art. 191 LGT) parte del 50 % de la cuota no ingresada, con posibles agravantes y reducciones. Se puede defender la ausencia de culpabilidad cuando existe una interpretación razonable de la norma, algo especialmente relevante en materias donde la doctrina de la DGT es cambiante. Conviene verificar siempre los criterios vigentes antes de tomar decisiones.

    Recomendaciones prácticas

    • Centralizar la interlocución con la Inspección en una única persona o asesor.
    • Conservar un expediente completo por cada servicio funerario.
    • Revisar la política de cobros en efectivo antes de que llegue el requerimiento.
    • Responder en plazo y dejar constancia escrita de cada actuación.
    • Evaluar la sanción, no solo la cuota, antes de decidir sobre el acta.

    En LRB Tax & Legal acompañamos a empresas del sector en este tipo de procedimientos; puede ampliarse información en nuestras páginas de inspecciones tributarias y de asesoramiento legal y fiscal para el sector funerario.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto puede durar una inspección tributaria a una funeraria?

    Con carácter general, hasta 18 meses, ampliables a 27 en casos de especial complejidad o grupos (art. 150 LGT).

    ¿Conviene firmar el acta en conformidad?

    Depende. Puede reducir la sanción, pero limita la impugnación posterior. Conviene analizar cuota, sanción y argumentos antes de firmar.

    ¿Qué riesgo supone cobrar en efectivo en una funeraria?

    La Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo a 1.000 euros con carácter general; la sanción es del 25 % de lo pagado y responden pagador y receptor.

    ¿Los suplidos tributan por IVA?

    No integran la base imponible si se pagan en nombre y por cuenta del cliente y se justifican documentalmente (art. 78.Tres.3º LIVA).

    ¿Cómo se recurre una liquidación de la Inspección?

    Mediante recurso de reposición potestativo o directamente reclamación económico-administrativa, en general en el plazo de un mes desde la notificación.

    Contenido informativo y orientativo; no sustituye el asesoramiento profesional sobre un caso concreto.