Etiqueta: influencers

  • Inspección tributaria a influencers: defensa jurídica

    Inspección tributaria a influencers: defensa jurídica

    La inspección tributaria a influencers se defiende con documentación ordenada, control de plazos y una estrategia fijada desde el primer requerimiento. El creador debe responder a Hacienda con prueba sobre plataformas y colaboraciones, alegar en el trámite de audiencia y recurrir lo que no comparta. La Administración debe probar los hechos que invoca; el contribuyente, los que alega.

    Esta guía se centra en el procedimiento: qué pide la Agencia Tributaria, cómo contestar, qué ocurre al cerrar las actuaciones y qué recursos existen. Para el análisis de los impuestos que afectan a este sector, puede consultarse el artículo sobre la fiscalidad de las influencers y creadores de contenido.

    Por qué Hacienda investiga a los creadores de contenido

    El Plan de Control Tributario 2026 señala los nuevos modelos de negocio surgidos en torno a las redes sociales. Cita expresamente el marketing de influencia: publicaciones patrocinadas, reseñas y eventos promocionales. Anuncia, además, que verificará su correcta tributación.

    A ese interés se suma el cruce de datos. El modelo 238 (DAC7) es una declaración informativa que presentan los operadores de plataforma sobre los vendedores que operan en ellas. Permite a la AEAT contrastar los ingresos que un creador percibe a través de plataformas con lo que declara.

    Hacienda sostiene también que cambiar la residencia a Andorra o Dubái no elimina la obligación de tributar en España si el centro de intereses económicos sigue vinculado a España. Quien se ha mudado debe prepararse para acreditar su situación real.

    Requerimientos de información sobre plataformas y colaboraciones

    Muchas inspecciones comienzan con un requerimiento de información o con una comunicación de inicio de actuaciones. Las obligaciones de información y colaboración con la Administración se regulan en la Ley General Tributaria. Responder tarde o de forma incompleta empeora la posición del contribuyente.

    En el caso de un creador, el requerimiento suele pedir los siguientes datos:

    • Contratos y presupuestos con marcas, agencias y plataformas.
    • Facturas emitidas y cobros recibidos, con sus justificantes bancarios.
    • Liquidaciones de las plataformas en las que se publica o se vende.
    • Detalle de canjes: productos, estancias o cenas entregados por las marcas.
    • Gastos que se han deducido y su vinculación con la actividad.

    Antes de contestar conviene revisar qué se pide exactamente y por qué periodos. Lo prudente es entregar lo solicitado, de forma ordenada y con un índice, y no ofrecer documentación que nadie ha reclamado. Cada documento debe poder explicarse.

    Toda respuesta debe quedar registrada. Se recomienda presentar los escritos por la sede electrónica y conservar el justificante, porque el calendario del procedimiento depende de las fechas de notificación y de contestación.

    Cómo documentar ingresos, canjes y facturación

    Los puntos débiles de un creador suelen repetirse. El primero son los canjes. Los productos, estancias o cenas que una marca entrega como contraprestación no dineraria son ingreso y se valoran por su valor normal de mercado. La operación está sujeta aunque no medie dinero, así que debe documentarse el valor y emitirse factura.

    El segundo es la facturación. Quien desarrolla una actividad económica es empresario o profesional a efectos del IVA y tiene las obligaciones del artículo 164.Uno de la Ley del IVA: censo, facturación, contabilidad y declaraciones. Los servicios de publicidad y colaboración con marcas tributan, con carácter general, al tipo del 21 % (artículo 90.Uno).

    El tercero son los cobros desde el extranjero. Según la consulta DGT V0773-22, un servicio de publicidad prestado a un empresario establecido fuera del territorio de aplicación del impuesto no está sujeto por la regla general del artículo 69.Uno. Sin embargo, la cláusula de utilización o explotación efectiva del artículo 70.Dos puede localizar el servicio en España cuando se difunde desde aquí.

    Esa localización es una cuestión de hecho que se valora caso por caso con la prueba aportada. Por eso conviene conservar los contratos, las audiencias, los destinos de la campaña y cualquier dato que acredite dónde se utiliza el servicio. Además, debe expedirse factura aunque la operación no esté sujeta.

    La propia Ley General Tributaria exige sistemas de facturación íntegros y trazables (artículo 29.2.j). Un registro de ingresos coherente reduce el riesgo de que el inspector estime importes por su cuenta.

    Trámite de audiencia: el momento de alegar

    Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad, el artículo 157.1 de la Ley General Tributaria obliga a conceder al interesado un trámite de audiencia para que alegue lo que convenga a su derecho. Es la oportunidad de corregir errores de hecho, aportar la prueba que faltaba y plantear el criterio jurídico propio. No es un trámite menor: lo que no se alega aquí puede resultar más difícil de introducir después.

    Un buen escrito de alegaciones distingue tres planos. El primero es el hecho: qué cobró el creador, de quién y por qué. El segundo es la prueba: qué documento respalda cada hecho. El tercero es la norma: por qué la calificación de la inspección no es la correcta. Cada alegación debe ir numerada y enlazada con el documento que la sostiene.

    Los plazos pesan tanto como el fondo. Si la inspección solicita información adicional, el influencer debe medir lo que entrega, porque cada entrega alimenta la propuesta final. Las dilaciones imputables al contribuyente pueden afectar al cómputo de la duración, tal como explica la guía sobre los plazos y derechos en la inspección tributaria.

    Actas de la inspección: conformidad, acuerdo y disconformidad

    Cuando termina la comprobación, la inspección documenta el resultado en un acta. Puede ser un acta con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. La decisión de firmar no es automática: firmar de conformidad cierra discusiones que quizá convenía mantener abiertas.

    Si el creador no está de acuerdo con la propuesta, puede no suscribir el acta o manifestar su disconformidad, y dispone de 15 días desde que se extiende el acta o se le notifica para alegar ante el órgano competente para liquidar (art. 157.3 de la Ley General Tributaria). El órgano competente resuelve después y dicta la liquidación. Antes de firmar, conviene hacerse tres preguntas:

    • ¿La regularización se basa en hechos probados o en estimaciones?
    • ¿Se han valorado los canjes y los ingresos extranjeros con criterios razonables?
    • ¿Se propone sanción y con qué fundamento?

    La sanción por dejar de ingresar oscila entre el 50 % y el 150 % de la cuota (artículo 191 de la Ley General Tributaria). Precisamente por su cuantía, la culpabilidad debe motivarse expresamente. No basta con que exista una diferencia de cuota.

    Carga de la prueba en la inspección tributaria a influencers

    La regla general está en el artículo 105 de la Ley General Tributaria: quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo. Esto significa que ambas partes soportan carga de la prueba. La Administración debe acreditar los hechos que fundamentan su liquidación, y el contribuyente, los de sus deducciones y exenciones.

    En la práctica, la inspección dispone de los datos de plataformas y bancos, y el creador aporta los contratos y la explicación económica. La prueba no se limita a documentos: son válidos los medios admitidos en derecho, como el informe pericial, que debe valorarse con el mismo rigor que la opinión del inspector.

    Un informe pericial para influencers puede aclarar, por ejemplo, la valoración de un canje, el reparto de ingresos entre varias plataformas o la vinculación de un gasto con la actividad. Cuando la discrepancia es técnica, ese informe sitúa el debate sobre datos contrastables. La guía sobre el informe pericial en inspección tributaria explica cómo presentarlo.

    Recursos tras la liquidación

    Si el acuerdo de liquidación mantiene la regularización, existen dos vías principales. La primera es el recurso de reposición, que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. La segunda es la reclamación económico-administrativa ante el tribunal competente. En ambos casos el plazo es de un mes contado desde el día siguiente a la notificación (artículos 223 y 235 de la Ley General Tributaria).

    Agotada la vía administrativa, queda la vía contencioso-administrativa. Cada fase exige un escrito razonado que complete el expediente. Por eso la defensa debe diseñarse como un recorrido completo desde el primer requerimiento, y no como una reacción aislada ante la liquidación.

    En la reclamación económico-administrativa, el artículo 233 de la Ley General Tributaria prevé la suspensión automática si se garantiza el importe de la deuda; si lo impugnado es una sanción, queda suspendida sin necesidad de aportar garantías. También puede solicitarse, en su caso, el aplazamiento de la deuda. La estrategia de pago debe valorarse en paralelo a la estrategia de recursos.

    Duración, prescripción y calendario de la defensa

    El procedimiento inspector tiene una duración de 18 meses, ampliable conforme al artículo 150 de la Ley General Tributaria. La prescripción general es de cuatro años, y sus interrupciones se detallan en la guía sobre la prescripción tributaria de cuatro años.

    Un calendario interno evita sorpresas: fecha de inicio, fechas de cada requerimiento, vencimiento de plazos y fecha límite de la inspección. Si la actuación excede el plazo sin causa válida, deben analizarse sus efectos sobre la prescripción.

    Una defensa serena y bien preparada

    Una inspección es un procedimiento regulado en el que la Administración es una parte más. Tiene facultades, pero también cargas: motivar, probar y respetar los derechos del contribuyente. Quien llega con su documentación en orden, sus plazos controlados y su prueba preparada puede discutir con firmeza cada ajuste.

    En consecuencia, la mejor defensa se construye antes de que llegue el requerimiento: contratos claros, facturas completas, canjes valorados y un archivo cronológico. Si ya ha llegado, conviene actuar con método y con asesoramiento especializado, como el que ofrece LRB en materia de defensa fiscal con LRB.

    Preguntas frecuentes sobre la inspección tributaria a influencers

    ¿Qué pide Hacienda a un influencer en una inspección?

    Hacienda suele pedir contratos, facturas, cobros, liquidaciones de plataformas, detalle de canjes y justificantes de gastos. El requerimiento fija el periodo y el plazo de contestación. Conviene entregar lo solicitado de forma ordenada, con un índice, y conservar el justificante de presentación de cada escrito.

    ¿Los canjes con marcas tributan aunque no haya dinero?

    Sí, los productos, estancias o cenas que entrega una marca como contraprestación son ingreso y se valoran por su valor normal de mercado. La operación está sujeta aunque no medie dinero, así que debe documentarse el valor y emitirse factura. Así se evita una valoración unilateral por parte de la inspección.

    ¿Quién tiene que probar los hechos en una inspección?

    Ambas partes soportan carga de la prueba, según el artículo 105 de la Ley General Tributaria. Hacienda debe acreditar los hechos de su liquidación y el contribuyente los de sus deducciones. Un informe pericial es prueba válida y debe valorarse con la misma consideración que la opinión del inspector.

    ¿Conviene firmar el acta de conformidad?

    Solo si la regularización es correcta en hechos y derecho, porque firmar de conformidad cierra discusiones. Si hay discrepancias, puede firmarse en disconformidad y presentar alegaciones. Antes de decidir, conviene revisar la prueba, la sanción propuesta y los plazos del procedimiento con un asesor especializado.

    ¿Qué plazo hay para recurrir una liquidación?

    El plazo es de un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Pasado ese plazo, el acto adquiere firmeza. Por eso conviene controlar la fecha de notificación y preparar el recurso desde la fase de alegaciones.

    ¿Cuánto puede durar la inspección?

    El procedimiento dura 18 meses, ampliables conforme al artículo 150 de la Ley General Tributaria. Aun así, el derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años. Un calendario interno con las fechas de inicio y de cada requerimiento ayuda a detectar incumplimientos de plazo.

    Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal. Contenido informativo, actualizado a 15 de octubre de 2026.