Etiqueta: carga de la prueba

  • Gastos deducibles en inspección: cómo acreditar su necesidad

    Gastos deducibles en inspección: cómo acreditar su necesidad

    Para defender los gastos deducibles en una inspección, debes acreditar que el gasto es real, está documentado y guarda correlación con los ingresos de la actividad. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa de la necesidad del gasto frente al criterio de la Agencia Tributaria.

    ¿Por qué Hacienda cuestiona un gasto deducible?

    Hacienda cuestiona un gasto cuando duda de su realidad, de su documentación o de su relación con la actividad. En el Impuesto sobre Sociedades, el resultado contable se corrige con los ajustes que fija la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y su artículo 15 enumera gastos que no son deducibles.

    En la práctica, la discusión rara vez es teórica. Los inspectores revisan facturas, contratos, pagos y justificantes, y comparan el gasto con la actividad real de la empresa. Si no entienden para qué sirvió el servicio o por qué se pagó ese importe, tienden a negar la deducción y a regularizar la diferencia.

    Las categorías más frecuentes de gastos discutidos son los servicios entre empresas vinculadas, los honorarios de profesionales y consultores, los gastos de representación y atenciones, los vehículos y gastos mixtos, y las retribuciones a socios o administradores. En todos ellos pesa el mismo triángulo: realidad, justificación y necesidad.

    ¿Qué debe probar el contribuyente para deducir un gasto?

    La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece como regla general que quien hace valer un derecho debe probar los hechos que lo constituyen. Aplicado a un gasto, el contribuyente debe acreditar su existencia, su importe y su vinculación con la actividad, y debe contar con la documentación que la norma exige.

    • Realidad: el servicio o bien se recibió efectivamente, y existe evidencia de su prestación.
    • Justificación documental: factura, contrato y pago coherentes entre sí y con la contabilidad.
    • Correlación con los ingresos: el gasto se vincula razonablemente con la obtención de los ingresos de la actividad.
    • Necesidad: el gasto responde a una finalidad empresarial y no a una liberalidad o a un uso personal.
    • Importe razonable: el precio se corresponde con el de mercado, sobre todo entre partes vinculadas.

    La correlación con los ingresos es un criterio que la Administración y los tribunales aplican con frecuencia al analizar la deducibilidad. Conviene comprobar su alcance exacto en la doctrina y la jurisprudencia vigentes para cada tipo de gasto, porque los matices varían según el impuesto y el supuesto.

    ¿Qué puede acreditar un informe pericial sobre un gasto?

    Un informe pericial es un medio de prueba regulado en los artículos 335 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En materia de gastos, permite poner en orden los hechos y explicar técnicamente por qué una partida era necesaria para la actividad.

    No sustituye a las facturas ni a los contratos. Los complementa, de manera que la Administración o el tribunal puedan seguir el hilo desde el gasto hasta el ingreso. Un buen informe reconstruye esa cadena con datos y con una explicación comprensible.

    • Análisis de la actividad: cómo funciona el negocio y qué función cumple el gasto.
    • Trazabilidad: relación entre el gasto, los servicios recibidos y los ingresos generados.
    • Comparación de precios: contraste con valores de mercado cuando se discute el importe.
    • Revisión contable: coherencia del registro, de la imputación temporal y de los pagos.
    • Respuesta a los argumentos de la inspección con datos concretos del expediente.

    Ejemplo ilustrativo: servicios de gestión entre empresas del mismo grupo

    Ejemplo ilustrativo e hipotético, con cifras redondas. Una sociedad operativa paga 100.000 euros anuales a su matriz por servicios de gestión. En la inspección, el actuario sostiene que no hay prueba de que los servicios se prestaran ni de que beneficiaran a la actividad, y propone eliminar el gasto.

    La sociedad encarga un informe pericial que describe las funciones realizadas, recopila los entregables y comunicaciones, y relaciona los servicios con las necesidades de la actividad. También contrasta el precio con alternativas de mercado. La defensa presenta así una explicación estructurada de la necesidad del gasto y de su importe, en lugar de depender de afirmaciones genéricas.

    El resultado no está garantizado, porque depende de las pruebas reales del caso. Pero este planteamiento da a la Administración elementos objetivos para revisar su criterio y, si no lo hace, deja preparada la prueba para la reclamación económico-administrativa o el recurso judicial.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios están visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal y perito judicial. El visado refuerza la admisibilidad y el peso del informe frente a un informe interno sin visar.

    Ante una inspección que cuestiona gastos, un informe pericial de ValiTax revisa la documentación, analiza la necesidad y la correlación de cada partida y expone sus conclusiones de forma ordenada para las alegaciones. Puedes ver el servicio en la página de defensa ante inspección de Hacienda y prueba pericial y en la de finalidades del informe pericial.

    Como referencia, un informe estándar requiere de 10 a 15 días hábiles, uno complejo de 20 a 30 y uno de urgencia de 3 a 5, plazos que se confirman en cada encargo. Si el plazo de alegaciones está próximo a vencer, existe el informe exprés. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto es a medida.

    ¿Informe interno o informe pericial visado de ValiTax?

    AspectoInforme interno o de parteInforme pericial visado de ValiTax
    AutoríaContabilidad o dirección de la empresaPerito avalado por Luis Miguel Larriba
    VisadoNoVisado por ASPEJURE
    EnfoqueExplicación del propio gastoAnálisis contrastado de necesidad y correlación
    Precio de mercadoEstimación propiaComparación con fuentes verificables
    Fase de usoLimitadaAlegaciones, recursos y vía judicial

    Errores frecuentes al defender gastos en una inspección

    • Aportar solo la factura sin contrato, entregables ni explicación de la finalidad empresarial.
    • Contestar con argumentos genéricos como «es necesario para la actividad» sin datos.
    • Descuidar la coherencia contable entre el registro, el pago y la fecha del servicio.
    • Ignorar el precio de mercado en operaciones con partes vinculadas.
    • Dejar la prueba pericial para tarde, cuando el plazo de alegaciones apenas permite prepararla.

    Si estás en medio de una comprobación, conviene ordenar la estrategia desde el principio. Puedes ver cómo se desarrolla en nuestra guía de la inspección tributaria a grandes empresas y en la página de LRB Tax & Legal sobre defensa en comprobaciones e inspecciones tributarias.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué requisitos debe cumplir un gasto para ser deducible?

    Debe ser real, estar justificado documentalmente, estar correctamente contabilizado y guardar relación con la actividad que genera los ingresos. No puede ser una liberalidad ni un gasto expresamente no deducible. Cuando lo cuestiona Hacienda, el contribuyente debe aportar la prueba que respalde cada uno de esos elementos.

    ¿Conviene aportar un informe pericial cuando Hacienda cuestiona un gasto?

    Conviene cuando la discusión es técnica, como la necesidad del servicio o su precio de mercado. Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los de ValiTax, ordena los hechos, contrasta importes y vincula el gasto con los ingresos, lo que refuerza la defensa en las alegaciones y en los recursos.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en una inspección sobre gastos?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes, visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, aportan prueba técnica independiente sobre la necesidad, la correlación con los ingresos y el importe de los gastos que la inspección cuestiona.

    ¿Quién debe probar que un gasto es deducible?

    En general, corresponde al contribuyente probar los hechos que sustentan la deducción. Por eso debe conservar facturas, contratos, justificantes de pago y evidencias de la prestación. La Administración, por su parte, debe motivar las razones por las que rechaza el gasto y no limitarse a afirmaciones genéricas.

    ¿Se puede presentar el informe pericial con el plazo de alegaciones a punto de vencer?

    Sí, es posible mediante un informe exprés. ValiTax trabaja con plazos de urgencia de 3 a 5 días hábiles, que se confirman en cada encargo según la complejidad. Conviene contactar cuanto antes y reunir la documentación esencial para que el informe pueda prepararse a tiempo.

    Conclusión: reúne la prueba del gasto antes de contestar

    Defender un gasto deducible exige demostrar su realidad, su documentación y su relación con los ingresos. Cuando la discusión es técnica, un informe pericial ordena los hechos y refuerza la posición del contribuyente. Si necesitas un informe pericial tributario de ValiTax, escribe a Contacto@LRB.es, llama al +34 684 234 831 o solicita presupuesto en la página de contacto de ValiTax.

    Actualizado en octubre de 2026. Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Inspección tributaria a influencers: defensa jurídica

    Inspección tributaria a influencers: defensa jurídica

    La inspección tributaria a influencers se defiende con documentación ordenada, control de plazos y una estrategia fijada desde el primer requerimiento. El creador debe responder a Hacienda con prueba sobre plataformas y colaboraciones, alegar en el trámite de audiencia y recurrir lo que no comparta. La Administración debe probar los hechos que invoca; el contribuyente, los que alega.

    Esta guía se centra en el procedimiento: qué pide la Agencia Tributaria, cómo contestar, qué ocurre al cerrar las actuaciones y qué recursos existen. Para el análisis de los impuestos que afectan a este sector, puede consultarse el artículo sobre la fiscalidad de las influencers y creadores de contenido.

    Por qué Hacienda investiga a los creadores de contenido

    El Plan de Control Tributario 2026 señala los nuevos modelos de negocio surgidos en torno a las redes sociales. Cita expresamente el marketing de influencia: publicaciones patrocinadas, reseñas y eventos promocionales. Anuncia, además, que verificará su correcta tributación.

    A ese interés se suma el cruce de datos. El modelo 238 (DAC7) es una declaración informativa que presentan los operadores de plataforma sobre los vendedores que operan en ellas. Permite a la AEAT contrastar los ingresos que un creador percibe a través de plataformas con lo que declara.

    Hacienda sostiene también que cambiar la residencia a Andorra o Dubái no elimina la obligación de tributar en España si el centro de intereses económicos sigue vinculado a España. Quien se ha mudado debe prepararse para acreditar su situación real.

    Requerimientos de información sobre plataformas y colaboraciones

    Muchas inspecciones comienzan con un requerimiento de información o con una comunicación de inicio de actuaciones. Las obligaciones de información y colaboración con la Administración se regulan en la Ley General Tributaria. Responder tarde o de forma incompleta empeora la posición del contribuyente.

    En el caso de un creador, el requerimiento suele pedir los siguientes datos:

    • Contratos y presupuestos con marcas, agencias y plataformas.
    • Facturas emitidas y cobros recibidos, con sus justificantes bancarios.
    • Liquidaciones de las plataformas en las que se publica o se vende.
    • Detalle de canjes: productos, estancias o cenas entregados por las marcas.
    • Gastos que se han deducido y su vinculación con la actividad.

    Antes de contestar conviene revisar qué se pide exactamente y por qué periodos. Lo prudente es entregar lo solicitado, de forma ordenada y con un índice, y no ofrecer documentación que nadie ha reclamado. Cada documento debe poder explicarse.

    Toda respuesta debe quedar registrada. Se recomienda presentar los escritos por la sede electrónica y conservar el justificante, porque el calendario del procedimiento depende de las fechas de notificación y de contestación.

    Cómo documentar ingresos, canjes y facturación

    Los puntos débiles de un creador suelen repetirse. El primero son los canjes. Los productos, estancias o cenas que una marca entrega como contraprestación no dineraria son ingreso y se valoran por su valor normal de mercado. La operación está sujeta aunque no medie dinero, así que debe documentarse el valor y emitirse factura.

    El segundo es la facturación. Quien desarrolla una actividad económica es empresario o profesional a efectos del IVA y tiene las obligaciones del artículo 164.Uno de la Ley del IVA: censo, facturación, contabilidad y declaraciones. Los servicios de publicidad y colaboración con marcas tributan, con carácter general, al tipo del 21 % (artículo 90.Uno).

    El tercero son los cobros desde el extranjero. Según la consulta DGT V0773-22, un servicio de publicidad prestado a un empresario establecido fuera del territorio de aplicación del impuesto no está sujeto por la regla general del artículo 69.Uno. Sin embargo, la cláusula de utilización o explotación efectiva del artículo 70.Dos puede localizar el servicio en España cuando se difunde desde aquí.

    Esa localización es una cuestión de hecho que se valora caso por caso con la prueba aportada. Por eso conviene conservar los contratos, las audiencias, los destinos de la campaña y cualquier dato que acredite dónde se utiliza el servicio. Además, debe expedirse factura aunque la operación no esté sujeta.

    La propia Ley General Tributaria exige sistemas de facturación íntegros y trazables (artículo 29.2.j). Un registro de ingresos coherente reduce el riesgo de que el inspector estime importes por su cuenta.

    Trámite de audiencia: el momento de alegar

    Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad, el artículo 157.1 de la Ley General Tributaria obliga a conceder al interesado un trámite de audiencia para que alegue lo que convenga a su derecho. Es la oportunidad de corregir errores de hecho, aportar la prueba que faltaba y plantear el criterio jurídico propio. No es un trámite menor: lo que no se alega aquí puede resultar más difícil de introducir después.

    Un buen escrito de alegaciones distingue tres planos. El primero es el hecho: qué cobró el creador, de quién y por qué. El segundo es la prueba: qué documento respalda cada hecho. El tercero es la norma: por qué la calificación de la inspección no es la correcta. Cada alegación debe ir numerada y enlazada con el documento que la sostiene.

    Los plazos pesan tanto como el fondo. Si la inspección solicita información adicional, el influencer debe medir lo que entrega, porque cada entrega alimenta la propuesta final. Las dilaciones imputables al contribuyente pueden afectar al cómputo de la duración, tal como explica la guía sobre los plazos y derechos en la inspección tributaria.

    Actas de la inspección: conformidad, acuerdo y disconformidad

    Cuando termina la comprobación, la inspección documenta el resultado en un acta. Puede ser un acta con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. La decisión de firmar no es automática: firmar de conformidad cierra discusiones que quizá convenía mantener abiertas.

    Si el creador no está de acuerdo con la propuesta, puede no suscribir el acta o manifestar su disconformidad, y dispone de 15 días desde que se extiende el acta o se le notifica para alegar ante el órgano competente para liquidar (art. 157.3 de la Ley General Tributaria). El órgano competente resuelve después y dicta la liquidación. Antes de firmar, conviene hacerse tres preguntas:

    • ¿La regularización se basa en hechos probados o en estimaciones?
    • ¿Se han valorado los canjes y los ingresos extranjeros con criterios razonables?
    • ¿Se propone sanción y con qué fundamento?

    La sanción por dejar de ingresar oscila entre el 50 % y el 150 % de la cuota (artículo 191 de la Ley General Tributaria). Precisamente por su cuantía, la culpabilidad debe motivarse expresamente. No basta con que exista una diferencia de cuota.

    Carga de la prueba en la inspección tributaria a influencers

    La regla general está en el artículo 105 de la Ley General Tributaria: quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo. Esto significa que ambas partes soportan carga de la prueba. La Administración debe acreditar los hechos que fundamentan su liquidación, y el contribuyente, los de sus deducciones y exenciones.

    En la práctica, la inspección dispone de los datos de plataformas y bancos, y el creador aporta los contratos y la explicación económica. La prueba no se limita a documentos: son válidos los medios admitidos en derecho, como el informe pericial, que debe valorarse con el mismo rigor que la opinión del inspector.

    Un informe pericial para influencers puede aclarar, por ejemplo, la valoración de un canje, el reparto de ingresos entre varias plataformas o la vinculación de un gasto con la actividad. Cuando la discrepancia es técnica, ese informe sitúa el debate sobre datos contrastables. La guía sobre el informe pericial en inspección tributaria explica cómo presentarlo.

    Recursos tras la liquidación

    Si el acuerdo de liquidación mantiene la regularización, existen dos vías principales. La primera es el recurso de reposición, que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. La segunda es la reclamación económico-administrativa ante el tribunal competente. En ambos casos el plazo es de un mes contado desde el día siguiente a la notificación (artículos 223 y 235 de la Ley General Tributaria).

    Agotada la vía administrativa, queda la vía contencioso-administrativa. Cada fase exige un escrito razonado que complete el expediente. Por eso la defensa debe diseñarse como un recorrido completo desde el primer requerimiento, y no como una reacción aislada ante la liquidación.

    En la reclamación económico-administrativa, el artículo 233 de la Ley General Tributaria prevé la suspensión automática si se garantiza el importe de la deuda; si lo impugnado es una sanción, queda suspendida sin necesidad de aportar garantías. También puede solicitarse, en su caso, el aplazamiento de la deuda. La estrategia de pago debe valorarse en paralelo a la estrategia de recursos.

    Duración, prescripción y calendario de la defensa

    El procedimiento inspector tiene una duración de 18 meses, ampliable conforme al artículo 150 de la Ley General Tributaria. La prescripción general es de cuatro años, y sus interrupciones se detallan en la guía sobre la prescripción tributaria de cuatro años.

    Un calendario interno evita sorpresas: fecha de inicio, fechas de cada requerimiento, vencimiento de plazos y fecha límite de la inspección. Si la actuación excede el plazo sin causa válida, deben analizarse sus efectos sobre la prescripción.

    Una defensa serena y bien preparada

    Una inspección es un procedimiento regulado en el que la Administración es una parte más. Tiene facultades, pero también cargas: motivar, probar y respetar los derechos del contribuyente. Quien llega con su documentación en orden, sus plazos controlados y su prueba preparada puede discutir con firmeza cada ajuste.

    En consecuencia, la mejor defensa se construye antes de que llegue el requerimiento: contratos claros, facturas completas, canjes valorados y un archivo cronológico. Si ya ha llegado, conviene actuar con método y con asesoramiento especializado, como el que ofrece LRB en materia de defensa fiscal con LRB.

    Preguntas frecuentes sobre la inspección tributaria a influencers

    ¿Qué pide Hacienda a un influencer en una inspección?

    Hacienda suele pedir contratos, facturas, cobros, liquidaciones de plataformas, detalle de canjes y justificantes de gastos. El requerimiento fija el periodo y el plazo de contestación. Conviene entregar lo solicitado de forma ordenada, con un índice, y conservar el justificante de presentación de cada escrito.

    ¿Los canjes con marcas tributan aunque no haya dinero?

    Sí, los productos, estancias o cenas que entrega una marca como contraprestación son ingreso y se valoran por su valor normal de mercado. La operación está sujeta aunque no medie dinero, así que debe documentarse el valor y emitirse factura. Así se evita una valoración unilateral por parte de la inspección.

    ¿Quién tiene que probar los hechos en una inspección?

    Ambas partes soportan carga de la prueba, según el artículo 105 de la Ley General Tributaria. Hacienda debe acreditar los hechos de su liquidación y el contribuyente los de sus deducciones. Un informe pericial es prueba válida y debe valorarse con la misma consideración que la opinión del inspector.

    ¿Conviene firmar el acta de conformidad?

    Solo si la regularización es correcta en hechos y derecho, porque firmar de conformidad cierra discusiones. Si hay discrepancias, puede firmarse en disconformidad y presentar alegaciones. Antes de decidir, conviene revisar la prueba, la sanción propuesta y los plazos del procedimiento con un asesor especializado.

    ¿Qué plazo hay para recurrir una liquidación?

    El plazo es de un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Pasado ese plazo, el acto adquiere firmeza. Por eso conviene controlar la fecha de notificación y preparar el recurso desde la fase de alegaciones.

    ¿Cuánto puede durar la inspección?

    El procedimiento dura 18 meses, ampliables conforme al artículo 150 de la Ley General Tributaria. Aun así, el derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años. Un calendario interno con las fechas de inicio y de cada requerimiento ayuda a detectar incumplimientos de plazo.

    Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal. Contenido informativo, actualizado a 15 de octubre de 2026.

  • Inspección tributaria empresas de eventos: cómo defenderse

    Inspección tributaria empresas de eventos: cómo defenderse

    Una inspección tributaria en empresas de eventos se defiende con prueba y método, no con improvisación: la Administración debe motivar cada ajuste y el contribuyente puede contradecirlo con contratos, facturas, justificantes de ejecución e informes periciales. Conocer las fases del procedimiento, los plazos y el reparto de la carga de la prueba permite contestar cada requerimiento con criterio jurídico.

    Este artículo no repasa los riesgos fiscales del sector, que se analizan en el trabajo de referencia sobre el asesoramiento fiscal a empresas de eventos. Aquí se explica otra cosa: cómo se desarrolla el procedimiento inspector y qué decisiones de defensa jurídica corresponden a cada fase.

    Por qué las empresas de eventos son un objetivo de comprobación

    Las empresas de organización de eventos combinan factores que la Administración suele seleccionar para comprobar. Facturan servicios complejos, subcontratan a muchos proveedores, repercuten gastos a clientes y trabajan con anticipos y plazos muy ajustados a la fecha del evento.

    La Dirección General de Tributos considera que la organización de eventos es un servicio complejo que no procede fraccionar. Esa premisa condiciona la calificación de la operación, el lugar de realización y el tipo de IVA. Por eso una discrepancia con la Inspección casi siempre empieza en la calificación jurídica y no en una cifra concreta.

    Comprender este punto de partida es útil. Si la controversia es de calificación, la defensa debe construirse con contratos, memorias del evento y trazabilidad de los servicios, y no solo con asientos contables.

    Inspección tributaria empresas de eventos: las fases del procedimiento

    El procedimiento de inspección sigue un recorrido ordenado por la Ley General Tributaria. Entender cada fase evita errores de plazo y permite decidir cuándo conviene aportar documentación, cuándo discutir y cuándo negociar.

    Comunicación de inicio y alcance

    La inspección comienza con una comunicación que indica los tributos y periodos afectados y si el alcance es general o parcial. Conviene leerla con detalle. El alcance delimita lo que la Inspección puede regularizar y condiciona el efecto interruptor de la prescripción, que en materia tributaria es de cuatro años.

    La duración ordinaria de las actuaciones es de 18 meses, ampliable en los supuestos que prevé el texto de la Ley General Tributaria en su artículo 150. Llevar un control propio de fechas, diligencias y dilaciones es una tarea básica de la defensa.

    Requerimientos de información

    Los requerimientos piden contratos, facturas, justificantes de pago, presupuestos aceptados y detalle de proveedores. Una empresa de eventos genera mucha documentación dispersa entre departamentos, plataformas y subcontratistas, y reunirla con orden es la primera tarea.

    Cada respuesta debe ser completa, congruente con la contabilidad y coherente entre sí. Una contestación incompleta no suspende nada y puede alimentar una propuesta de regularización. Conviene dejar constancia escrita de lo entregado y de la fecha.

    Diligencias, comparecencias y visitas

    Las diligencias recogen hechos y manifestaciones. Lo que firma el representante de la empresa tendrá peso después, de modo que debe revisarse antes de suscribirlo. Si no coincide con lo ocurrido, se pide su corrección o se formulan observaciones por escrito.

    Propuesta, trámite de audiencia y actas

    Antes de extender el acta, la Inspección da audiencia al contribuyente para que examine el expediente y alegue. Es el momento más rentable de la defensa, porque permite rectificar la calificación o aportar la prueba que faltaba antes de que la propuesta se consolide.

    El acta puede firmarse con acuerdo, en conformidad o en disconformidad. La elección depende de la solidez de la prueba y del coste de litigar. Un acta de disconformidad abre un periodo de alegaciones antes de que el órgano competente dicte la liquidación.

    Liquidación, sanción y recursos

    Dictada la liquidación, caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, y después la vía contencioso-administrativa. La sanción por dejar de ingresar oscila entre el 50 % y el 150 % de la cuota según el artículo 191 de la Ley General Tributaria. Se tramita aparte y se impugna con argumentos propios, como la ausencia de culpabilidad o la interpretación razonable de la norma.

    Para un análisis más general de plazos y derechos puede consultarse la guía sobre plazos y derechos en la inspección.

    La carga de la prueba: ambas partes deben probar

    Existe una idea extendida y errónea: que ante Hacienda el contribuyente siempre parte en desventaja. La regla general es otra. Quien hace valer un derecho debe probar los hechos que lo fundamentan, y eso obliga a la Administración respecto de sus propios ajustes.

    La Inspección debe acreditar los hechos que justifican la regularización y motivar su calificación. La empresa, por su parte, debe probar los gastos que deduce y las operaciones que declara. Ambas partes soportan, por tanto, su propia carga probatoria.

    En el sector de eventos la prueba útil es muy concreta:

    • Contrato o presupuesto firmado que describa el servicio completo y su destinatario.
    • Evidencias de ejecución: programas, listados de asistentes, fotografías, correspondencia con el cliente.
    • Pruebas del pago efectivo a proveedores y de la prestación recibida.
    • Justificación de lo repercutido como suplido y de lo facturado en nombre propio.

    La conservación ordenada de estos documentos conecta con otra obligación. La propia Ley General Tributaria exige sistemas de facturación íntegros y trazables, una exigencia que la normativa de facturación electrónica y de sistemas informáticos refuerza.

    Puntos de discusión frecuentes en el sector

    Algunas regularizaciones se repiten y conviene anticiparlas. La primera es la localización del servicio a efectos de IVA, que depende de si se trata de un servicio de organización o del mero acceso al evento. Las reglas de la Ley del IVA distinguen ambos supuestos y la prueba del destinatario resulta decisiva.

    La segunda es el tipo aplicable. El tipo reducido del 10 % alcanza solo al acceso a determinados espectáculos y a servicios como la hostelería, pero no a todo el servicio de organización, que tributa al tipo general del 21 % salvo que concurra un supuesto específico.

    La tercera es la diferencia entre suplido y repercusión de gasto. La Inspección examina si la empresa actúa en nombre propio, en cuyo caso se entiende que presta el servicio por sí misma, o como mero intermediario. Quien organiza un evento en nombre propio difícilmente podrá tratar sus costes como suplidos.

    La cuarta afecta al Impuesto sobre Sociedades: las atenciones a clientes tienen un límite de deducibilidad del 1 % de la cifra de negocios, conforme a la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La discusión se centra en distinguir un gasto de atención a clientes de un coste necesario para prestar el servicio contratado.

    También se revisan los pagos en efectivo, limitados a 1.000 euros entre empresarios, y las retenciones practicadas a artistas, ponentes o proveedores no residentes. Un error de forma aquí repercute en deducibilidad y en sanciones.

    El informe pericial como prueba que merece la misma consideración

    El informe pericial es un medio de prueba válido. Cuando la discusión trata sobre valoración, reparto de márgenes entre servicios o la realidad económica de una operación, la opinión técnica de un perito debe recibir la misma consideración que el criterio del actuario de la Inspección.

    Esto no significa que el informe obligue a la Administración, sino que esta debe valorarlo y razonar si lo rechaza. Una negativa sin motivación es un argumento de impugnación. Un informe pericial para empresas de eventos bien fundado, aportado en el momento oportuno, refuerza el expediente.

    Sobre su uso en el procedimiento puede consultarse la guía del informe pericial en la inspección.

    Pautas prácticas durante las actuaciones

    • Designar un interlocutor único y documentar cada entrega con fecha.
    • Revisar cada diligencia antes de firmarla y formular observaciones por escrito.
    • Mantener la calificación jurídica coherente en todos los escritos.
    • Aportar prueba pericial antes de que se cierre el trámite de audiencia.
    • Valorar cada recurso por separado: liquidación y sanción son decisiones distintas.

    La Administración es una parte más del procedimiento. Tiene potestades, pero también deberes de motivación y prueba. Una defensa rigurosa, que no teme a Hacienda y trabaja con documentos, es la mejor garantía de un resultado ajustado a derecho. En ese enfoque trabaja la defensa fiscal con LRB en el sector.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto dura una inspección tributaria a una empresa de eventos?

    El plazo general de las actuaciones inspectoras es de 18 meses desde la notificación de inicio. Puede ampliarse en los supuestos previstos en el artículo 150 de la Ley General Tributaria, y las dilaciones imputables al contribuyente no computan. Por eso conviene llevar un calendario propio de requerimientos y diligencias.

    ¿Quién tiene la carga de la prueba en una inspección?

    Cada parte debe probar los hechos que invoca. La Administración acredita los presupuestos de sus ajustes y la empresa justifica los gastos y operaciones que declara. Ninguna parte queda eximida: por eso la documentación contractual y de ejecución del evento resulta tan relevante en la defensa.

    ¿Conviene firmar el acta en conformidad o en disconformidad?

    Depende de la solidez de la prueba y del coste de litigar. La conformidad cierra la discusión sobre la liquidación, mientras que la disconformidad permite alegar y recurrir. Antes de decidir, conviene valorar con un abogado tributarista el riesgo de cada postura y la sanción asociada.

    ¿Qué sanción puede imponerse por dejar de ingresar?

    El artículo 191 de la Ley General Tributaria fija una multa de entre el 50 % y el 150 % de la cuota dejada de ingresar. La graduación depende de la calificación de la infracción. La sanción se impugna de forma independiente de la liquidación y exige acreditar la culpabilidad.

    ¿Puede aportarse un informe pericial durante la inspección?

    Sí, el informe pericial es un medio de prueba válido y puede aportarse durante las actuaciones, preferiblemente antes del trámite de audiencia. La Inspección debe valorarlo y motivar su rechazo, sin dar por sentado que su criterio prevalece sobre el del perito.

    Para una visión general del procedimiento, véase también la guía sobre cómo funciona la inspección de Hacienda.

    Contenido informativo, actualizado a 15 de octubre de 2026. Autor: Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal.