¿Qué son las operaciones vinculadas?
Las operaciones vinculadas son transacciones realizadas entre entidades o personas que tienen una relación de vinculación definida en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Los supuestos más comunes de vinculación son: socio con participación igual o superior al 25% y su sociedad; administrador y la sociedad que administra; dos sociedades pertenecientes al mismo grupo; cónyuge o familiares hasta tercer grado con la sociedad del otro cónyuge.
La norma fiscal española exige que estas operaciones se valoren a precio de mercado (valor de libre competencia o arm’s length), es decir, al precio que habrían acordado partes independientes en condiciones normales de mercado. El objetivo es impedir que los grupos empresariales trasladen artificialmente beneficios entre entidades para reducir la factura fiscal global.
Métodos de valoración admitidos
La Ley del IS recoge, siguiendo las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia, los siguientes métodos para determinar el valor de mercado de las operaciones vinculadas:
- Método del precio libre comparable (CUP): compara el precio de la operación vinculada con el precio de operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes. Es el método preferente cuando existen comparables fiables.
- Método del coste incrementado (cost plus): calcula el precio añadiendo un margen de beneficio apropiado al coste del proveedor vinculado. Útil para operaciones de manufactura o prestación de servicios.
- Método del precio de reventa: parte del precio de venta a terceros independientes y deduce el margen del revendedor. Aplicable en distribución.
- Método del margen neto operacional (TNMM): compara el margen neto de la entidad testada con el de entidades comparables independientes. El más utilizado en la práctica por su flexibilidad.
- Método de la distribución del resultado: distribuye el beneficio conjunto de la operación entre las partes vinculadas en función de su contribución relativa. Para operaciones muy integradas.
Obligaciones de documentación
Las entidades con operaciones vinculadas que superen determinados umbrales deben mantener una documentación específica a disposición de la AEAT:
- Documentación del grupo (Master File o «DG»): información sobre el grupo multinacional: estructura, actividades, activos intangibles, financiación intergrupo y posiciones fiscales.
- Documentación de la entidad (Local File o «DE»): información detallada sobre las operaciones vinculadas de la entidad española: descripción, importe, método de valoración, análisis de comparabilidad y justificación del precio.
- Informe país por país (CbCR): para grupos con cifra de negocios consolidada superior a 750 millones de euros.
Las entidades con cifra de negocios inferior a 45 millones de euros tienen obligaciones de documentación simplificadas, aunque siguen estando obligadas a valorar a precio de mercado.
Riesgos ante la inspección tributaria
Las operaciones vinculadas son uno de los focos principales de atención de la AEAT en sus actuaciones inspectoras. Los ajustes por operaciones vinculadas valoradas incorrectamente pueden generar liquidaciones muy elevadas: la diferencia entre el precio declarado y el valor de mercado determinado por la inspección se integra en la base imponible del IS, con los correspondientes intereses de demora y, en su caso, sanciones.
La sanción por falta de documentación es de 1.000 euros por cada dato omitido (con un mínimo de 10.000 euros y un máximo del 10% del importe de las operaciones no documentadas). Si hay ajuste valorativo sin documentación, la sanción puede alcanzar el 15% del ajuste practicado.
Acuerdos previos de valoración (APAs)
Una alternativa para eliminar la incertidumbre en la valoración de operaciones vinculadas relevantes es la solicitud de un Acuerdo Previo de Valoración (APA) ante la AEAT. El APA es un acuerdo vinculante entre el contribuyente y la Administración que determina el método de valoración aplicable para un período máximo de cuatro años (ampliable). Los APAs bilaterales, suscritos entre las Administraciones de dos países, eliminan además el riesgo de doble imposición.
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